¿Cómo mejoramos la Carrera Judicial?

La opinión del Presidente  de la Asociación de Servidores del Órgano Judicial de Panamá (ASOJUP)…..

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RICARDO  FULLER  YERO

Soy de la opinión que la Carrera Judicial, al igual que el resto de las carreras públicas, busca regular científicamente la forma de lograr que en la administración de justicia, ingresen y se mantengan las personas más aptas y honestas.

Entendiendo que ésta es la finalidad de la Carrera Judicial, y conociendo a profundidad la realidad que vive el Órgano Judicial, considero que los problemas centrales que padece la administración de justicia panameña, y que debemos reformar, son los siguientes:

1. Debemos mejorar los procedimientos de ingreso y ascenso en el Órgano Judicial. Con tristeza debo admitir que el sistema de Carrera imperante, ha provocado una persecución febril de títulos académicos, con el objeto de alcanzar “ altos puntajes ” en los concursos para vacantes en el Órgano Judicial, sin que, en muchos casos, los certificados académicos obtenidos sean el reflejo de los conocimientos que el aspirante dice poseer. Por tal razón, manteniendo las convocatorias a concursos internos y mixtos, sin límites de categorías o niveles, el sistema debe propender a colocar en una balanza, todos los aspectos que se requieren para captar al “ mejor talento ” como lo son: conocimientos —tanto teóricos como prácticos—, experiencia, pruebas psicológicas, de ortografía y redacción, entre otras; y una vez superadas todas estas evaluaciones, la autoridad nominadora, posterior a la entrevista de los mejores aspirantes, pueda decidir quién es el más apto para el cargo.

2. Establecer fórmulas para evaluar el desempeño del funcionario del Órgano Judicial. El actual sistema de Carrera Judicial contempla la realización de evaluaciones de desempeño periódicas. Sin embargo, hasta donde tengo conocimiento, nunca pudo concretarse institucionalmente la materialización de las evaluaciones de desempeño, lo cual impide conocer la eficacia y eficiencia del funcionariado de la institución. Convencido de la certeza de la máxima que reza: “ lo que no se mide, no mejora ”, considero que la implementación de evaluaciones de desempeño habituales, es el elemento determinante del éxito del sistema de Carrera, porque es la única manera de reconocer y distinguir a los buenos funcionarios, del servidor mediocre o deficiente.

3. Adoptar un listado único de faltas y establecer un solo procedimiento para su juzgamiento. Actualmente, existen dos tipos de procedimientos contra los funcionarios del Órgano Judicial, con tramitación y sanciones disímiles: los procesos por faltas disciplinarias, contenidos en los artículos 286 y siguientes del Código Judicial, y los procesos por faltas a la ética, contemplados en el artículo 447 y siguientes del mismo cuerpo legal. La existencia de dos procedimientos para juzgar faltas, que en algunos casos son muy similares, genera confusión y violenta la garantía del debido proceso. Esta preocupación ha quedado planteada en los tribunales, puesto que, en algunas ocasiones, se iniciaron procesos contra funcionarios, por supuestamente infringir prohibiciones disciplinarias, y, sin embargo, terminaron siendo sancionados por haber cometido faltas a la ética. La razón es muy sencilla: en los procesos por faltas a la ética se puede destituir al funcionario investigado, mientras que en los procesos disciplinarios no. Por eso, estoy a favor de establecer un único listado de faltas y un solo procedimiento disciplinario, que incluyese las faltas a la ética. El otro aspecto que produce inconvenientes y disconformidades en este punto, es la demora en resolverse las causas disciplinarias o por faltas a la ética de los servidores del Órgano Judicial. Soy del criterio que el problema de la mora, tanto en estas causas como en las demás que se llevan a los tribunales de justicia, se soluciona con la implementación de evaluaciones de desempeño periódicas, debido a que con su establecimiento, el superior jerárquico, que es y debe ser la persona encargada de juzgar estas causas, tendrá la obligación de establecer fórmulas organizativas para dar la respuesta que de él se requiere; de lo contrario, sufrir las consecuencias de su omisión.

4. Consignar en forma expresa y explícita, los derechos que tienen los funcionarios del Órgano Judicial. En un artículo de opinión anterior comentaba que, lamentablemente, los funcionarios del Órgano Judicial no tienen derecho a otros beneficios que sí les asisten a los funcionarios de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, como lo son, por ejemplo, el derecho a un seguro colectivo, a la indemnización por antigüedad o por fallecimiento, o a un porcentaje de las multas que cobra la institución a favor del Tesoro Nacional.

De hecho, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado clara y expresamente, que si una ley de carrera pública especial no contempla estos u otros derechos para los funcionarios, no pueden aplicarse supletoriamente los beneficios que le brinda la Ley de Carrera Administrativa a los servidores públicos del Gobierno Central.

Por ello, abogo por la inclusión expresa de los derechos que deben asistirle a los servidores del Órgano Judicial. Recordemos que el buen recurso humano cuesta, y el Estado, en este caso por conducto del Órgano Judicial, debe invertir para captar y mantener el talento que existe en nuestra sociedad, si desea que en esta institución estén los mejores funcionarios.

A mi juicio, estos son los problemas centrales del sistema judicial panameño, razón por la cual sostengo, que ésta debe ser la base que inicie la discusión sobre la reforma integral a la institución encargada de administrar justicia, puesto que la solución no está en ubicar “ en la interinidad ” a todos o a determinados funcionarios de este Órgano del Estado.

Concluyo por recordar que las bases de la democracia y el éxito de un país se miden en función de la solidez de todo su sistema judicial; he ahí la importancia de analizar a profundidad, con objetividad e inteligencia nuestro sistema de Carrera Judicial. El Órgano Judicial, sus servidores y el país lo necesitan. <>

Publicado el  21  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Perfil de los Magistrados que el país necesita

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La opinión del Presidente de la Asociación de Servidores del Órgano Judicial de Panamá

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RICARDO FULLER YERO
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He tomado la decisión de incursionar en tan sensitivo tema, pues considero justo que la ciudadanía conozca la opinión de un funcionario común del Órgano Judicial, sobre lo que debe ser el perfil de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

 

Es del caso recordar que en diciembre de este año vence el período constitucional de los magistrados Esmeralda Arosemena de Troitiño y Adán Arjona, y le corresponde a los órganos Ejecutivo y Legislativo designar y ratificar a los ciudadanos que deben reemplazarlos en tan distinguidos cargos.

Sobre el perfil que deben tener los aspirantes, se han esgrimido todo tipo de consideraciones: que deben ser especialistas en el área del derecho de la Sala de la Corte a la cual pertenecerán; de probidad u honestidad comprobada; sin nexos o afiliaciones político—partidistas; de excelente trayectoria pública, entre otros requisitos, adicionales a los que nuestra Constitución Política exige.

La experiencia acumulada en mis años de servicio en el Órgano Judicial me permite manifestar que además de los requerimientos constitucionalmente exigidos, la o el futuro magistrado de la Corte Suprema de Justicia debe poseer las siguientes cualidades:

1. Ser un permanente estudioso del derecho y un arduo trabajador. El que conoce la labor que desarrolla un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sabe que el magistrado no solo debe ser especialista en el área del derecho que corresponde a su Sala, sino que debe manejar todas las competencias y disciplinas jurídicas existentes. En virtud de las acciones constitucionales, o por impedimentos de otros magistrados que integran la Corte, estará obligado a conocer de asuntos civiles, penales, de familia, de niñez y adolescencia, marítimos, agrarios, contencioso—administrativos, laborales, comerciales, derechos humanos, por citar solo algunas materias.

Por tal razón, quien únicamente exija como elemento primordial que la o el magistrado a designar sea especialista en la rama del derecho que corresponde a su Sala ignora la realidad de las exigencias intelectuales que debe poseer el aspirante. Por ello, sostengo que más que ser un especialista en una materia determinada, debe ser un permanente estudioso del derecho, y una persona de pensamiento lógico.

Adicionalmente, he señalado que debe ser arduamente trabajador, porque la cantidad de negocios que le corresponderá atender es elevada. Por ejemplo, al mes de noviembre del año 2009, se han presentado ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia más de 980 causas, las cuales son del conocimiento de los nueve magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Si a ello le adicionamos los expedientes que le corresponde conocer al magistrado por la Sala a la que pertenece, el resultado es sin duda abrumador: el magistrado deberá atender más de 1200 negocios jurídicos anualmente, sin mencionar las labores administrativas propias del cargo.

Por tanto, la persona que aspire a ser magistrado de la Corte debe tener claro que le espera mucho, pero mucho, trabajo.

2. Debe ser valiente, pensar en la institucionalidad y en el país. El cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia impone que la persona que ejerce dicha posición sea valiente para tomar decisiones que muchas veces son incomprendidas, impopulares, política y socialmente difíciles y censuradas con mucha vehemencia por la sociedad, principalmente por los medios de comunicación. Sin embargo, son decisiones que, aunque parezcan insólitas, se hacen necesarias en aras de defender las libertades ciudadanas, tutelar el Estado de Derecho, la institucionalidad y la justicia, siempre pensando en el país.

Por eso estimo poco factible que se excluya de la posibilidad de aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia a aquellas personas que han tenido nexos o afiliaciones político—partidistas, porque en muchos casos los ciudadanos que se han preocupado públicamente por el país se han servido de la plataforma de las organizaciones políticas para hacer sentir su opinión en pro de los mejores intereses de la patria. De ahí que existan muchos panameños “ de excelente trayectoria pública ”, que alguna vez tuvieron una participación o simpatizaron con una ideología “ político—partidista ”.

Por tanto, considero que la participación política no es óbice para servir fielmente a la patria, con plena objetividad, desde la magistratura. Por el contrario, creo que en lugar de cercenarle la oportunidad, es preferible cuestionar a los aspirantes sus consideraciones sobre distintos temas de honda importancia para la sociedad panameña; por ejemplo, qué piensa sobre el derecho a adopción o matrimonio de homosexuales; si estima que los jubilados pueden o no seguir laborando para el Estado después de percibido este derecho; qué opina sobre condenar al Estado por la mala prestación de servicios públicos o la forma de ejecutar dichas sentencias, entre otros tópicos, para conocer si la o el aspirante da luces de esa independencia de criterio, valentía y visión de país que estimo indispensable.

Y respecto a la institucionalidad, el Órgano Judicial requiere magistrados que se preocupen por lograr mejores días para quienes laboramos en el Poder Judicial y que deseen trabajar de manera recta, democrática, con objetividad e inteligencia, para lograr los cambios que la administración de justicia necesita.

Espero que estos comentarios aporten otra visión del perfil que necesitamos, deseando que Dios ilumine a los encargados de esta tarea, para que realicen las mejores elecciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Panamá y el Órgano Judicial lo necesitan.
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Publicado el 26  de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

¿Qué es más importante para el país?

La opinión del  presidente de la Asociación de Servidores del Órgano Judicial de Panamá….

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RICARDO FULLER YERO

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¿Qué es más importante para el país?


En los próximos meses, la República de Panamá, a través de los respectivos Órganos del Estado, debe decidir quiénes serán las dos personas que reemplazarán a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Esmeralda Arosemena de Troitiño y Adán Arnulfo Arjona, y pareciera que para la sociedad civil organizada y la mayoría de los medios de comunicación, ésta es la tarea más importante de este año, en lo que a la administración de justicia se refiere.

.Es indiscutible que la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tiene gran relevancia y significado para el país, pues pasarán a integrar un cuerpo colegiado que dirige el Órgano del Estado encargado de impartir y administrar justicia. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme: ¿La escogencia de estos dos nuevos funcionarios es realmente más importante para el país que la redefinición, de una vez por todas, de una Ley de Carrera en el Órgano Judicial?

Conversando con una compañera que ha trabajado muchos años en el Órgano Judicial, ella me explicaba que la gente está confundida, porque se piensa que el Órgano Judicial son solo los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, meditando a profundidad lo que mi compañera me exponía, me di cuenta de que lo que ella dice es cierto, toda vez que existe la errada percepción popular de que el Órgano Judicial son solo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando en realidad la institución es más que eso: Somos más de 3,000 servidores a nivel nacional, que contribuimos en la resolución de las causas y conflictos de la mayoría de los panameños.

El hecho de que la sociedad civil y la mayoría de los medios de comunicación hayan restado importancia a los proyectos de ley que pretenden reformar la Carrera en el Órgano Judicial, y que fueron recientemente presentados ante la Asamblea Nacional de Diputados, pareciera significar que han relegado a un segundo plano la mejora integral del sistema judicial panameño, para erigirse en protagonistas decisores en la escogencia de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Por el contrario, yo estoy convencido de que el debate sobre lo que debe ser la Ley de Carrera Judicial es la tarea más importante de este año para fortalecer todo el Órgano Judicial, asegurando entre otros aspectos, la independencia de la función judicial, y la eficacia en la prestación del servicio de administrar justicia, toda vez que a diecisiete años de su implementación, la Carrera Judicial no es eficiente ni efectiva para cubrir las necesidades de la institución, ni cumplir con las exigencias que reclama la sociedad.

Soy de la opinión que tanto los funcionarios, como las autoridades judiciales y los ciudadanos, tenemos una aspiración común: que todos los cargos del Órgano Judicial estén ocupados por los mejores funcionarios, los más honestos y capaces; y que el propio sistema que les garantiza estabilidad por su correcto y eficiente desempeño, evalúe su ejercicio y les exija responsabilidades cuando se aparten de los postulados que están obligados a cumplir. En este sentido, hay que tener presente que las bases de la democracia y del éxito —tanto social como económico— de un país se miden a través de la solidez de todo su sistema judicial.

De allí que considere que la ciudadanía debe ver con mayor interés la idea de lograr una Ley de Carrera en el Órgano Judicial, que realmente asegure que se administre justicia de calidad, pronta y cumplida, y no concentrar todos sus esfuerzos y preocupaciones única y exclusivamente, en la escogencia de los nuevos magistrados.

En momentos en que la sociedad en general busca efectuar los cambios necesarios en todas las instituciones del Estado, la discusión sobre la reforma al Sistema de Carrera Judicial es el acontecimiento más importante de fortalecimiento institucional para el sector justicia de este año, pues será el marco que redefina el ingreso, permanencia, promoción, evaluación de desempeño, incentivos, beneficios y expulsión de los funcionarios del Órgano Judicial, herramientas necesarias para garantizar una administración de justicia de calidad y efectiva, en todos sus niveles.

No podemos seguir esperando ni perder el enfoque de lo que es verdaderamente importante: un nuevo sistema de Carrera en el Órgano Judicial.

Llegó la hora de abocarnos a la discusión seria y profunda de lo que queremos, teniendo como horizonte un objetivo único y fundamental: lograr una mejor administración de justicia, en beneficio no solo de quienes laboramos en el Órgano Judicial, sino de todo el país.

Panamá se lo merece.

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Publicado el 5 de octubre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

“Beneficios” de ser un servidor del Órgano Judicial

“Beneficios” de ser un servidor del Órgano Judicial
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La opinión del Presidente de la Asociación de Servidores del Organo Judicial de Panamá…

RICARDO FULLER YERO

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Conversando con un amigo de la infancia que está desempleado, él me preguntaba si yo le podía “conseguir trabajo” en el Órgano Judicial.   Si bien es cierto, yo no le puedo “conseguir trabajo” en la institución y conociendo que él había laborado tanto en la empresa privada como en el Gobierno Central, le seguí “la corriente” y le consulté sobre qué puesto deseaba.

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Él me dijo que le interesaba un cargo promedio, nada rimbombante, con el suficiente dinero para ganarse la vida, como unos B/.600.00 mensuales, eso sí, complementado con los “incentivos” que la institución brindaba y de los cuales tanto se habla en los medios de comunicación y en la sociedad.

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Tan pronto me dijo eso, solté la carcajada puesto que él no tenía la más remota idea de lo que es laborar en el Órgano Judicial.
Inicié por aclararle que si hay algo que sobra en el Órgano Judicial es trabajo, no importa el nivel jurisdiccional o área administrativa en la que te encuentres, siempre hay bastante que hacer.

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Teniendo claro esto, le expliqué que por disposición constitucional, quien labore en el Órgano Judicial no puede tener otro trabajo o negocio.   No importa la posición que ocupara, fuese juez, secretario, electricista o conductor,  no debía tener lo que en la jerga popular panameña conocemos como “camarones” ,  por lo que tendría que conformarse exclusivamente con el sueldo que percibiere.

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Asimismo, le dije que el único incremento que recibiría en su sueldo sería cada cuatro años, en concepto de sobresueldo, al cual solo tienen derecho los funcionarios que perciban un sueldo inferior a B/.1,500.00.   Como se mostró interesado por el tema económico, le expresé que la fórmula matemática para el cálculo de lo que se recibe en concepto de sobresueldo en ningún caso supera los B/.15.00 mensuales. Por ejemplo, si él percibía un sueldo mensual de B/.600.00 (monto al que aspiraba), recibiría cada cuatro años, como incremento a su sueldo, la suma de B/.6.00 mensuales en concepto de sobresueldo.. Debo confesar que la expresión de desánimo iluminaba su rostro.

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También le indiqué que a diferencia de otras carreras públicas, en el Órgano Judicial no está contemplada la bonificación de indemnización por antigüedad ni la bonificación por fallecimiento que se aplican, por ejemplo, en la Carrera Administrativa o en la Carrera de Servicio Legislativo.

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Dicho lo anterior, él me preguntó escéptico que dónde estaban los incentivos de exoneración de vehículos, gasolina, pago de telefonía celular, entre otros beneficios de que tanto se habla en los medios de comunicación, a lo cual le contesté que dichos beneficios, que las personas piensan que son para todos los servidores del Órgano Judicial, solo los perciben específicos funcionarios, por el estatus y la labor que realizan, compañeros que en su totalidad no superan los cincuenta servidores, de una población laboral de más de 3,000 funcionarios.

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Todavía desconfiado me consultó por los altos sueldos a los que tanta publicidad les da sociedad, a lo que manifesté que solo el 35% de los servidores del Órgano Judicial gana más de B/.1,000.00,   y que de ese 35%, solo el 8% percibe un sueldo superior a B/.3,000.00.

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Incrédulo por lo que le indicaba, y poniendo a prueba la certeza de lo que le narraba, me pidió que le listara cuáles son los beneficios que percibe un funcionario promedio del Órgano Judicial, a lo cual le enuncié los derechos o beneficios que les asisten:

1. A percibir un sueldo por el servicio prestado.

2. A participar en los concursos para ocupar otro cargo; aunque le advertí que desde el año 2005, por haberse acordado en el Pacto de Estado por la Justicia, no se ha dado apertura de puestos a concurso.

3. A vacaciones, permisos y licencias.

4. Si percibe un sueldo mensual superior a B/.480.00 e inferior a B/.1,500.00, al 1% de incremento en concepto de sobresueldo. Si gana más de B/.1,500.00, únicamente percibiría su sueldo.

5. A la remuneración del XIII mes, que se calcula, si gana más de     B/.400.00, en la suma neta de B/.123.33.

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Asimismo, le aclaré que para un funcionario del Órgano Judicial no hay seguro colectivo ni jubilaciones especiales, y además le recordé que tampoco existe la indemnización por antigüedad ni por fallecimiento.

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Entonces, me cuestionó el porqué las personas deciden quedarse laborando en el Órgano Judicial tanto tiempo, a lo que respondí que era por vocación de servicio al país, porque nos gusta lo que hacemos, aunque no seamos bien recompensados, y muchas veces seamos perseguidos y ofendidos, al tildarnos de corruptos en nuestra delicada labor de administrar justicia.

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Al terminar nuestra charla, me dijo que mejor lo olvidara, porque él puede conseguir “un mejor trabajo con más incentivos” en otro lugar, tanto en el Gobierno como en la empresa privada. Después de decir esto, se despidió y yo le desee mucha suerte.

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Mientras se alejaba, me senté a meditar lo conversado y concluí: “De verdad que estamos mal…. si los desempleados no quieren laborar en el Órgano Judicial,  ¿cuál será el sentir de los compañeros de la institución?”.
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Publicado el 22 de agosto de 2009 en el Diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

“¿Laboras en el Órgano Judicial?”

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“¿Laboras en el Órgano Judicial?”

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RICARDO FULLER YERO – Presidente de la Asoc. de Servidores del Organo Judicial de Panamá.

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En más de una ocasión me han hecho esta pregunta.
Una vez tomé un taxi para dirigirme al trabajo y le indiqué al señor taxista que mi destino era “más adelante del Gorgas”. En estos viajes siempre trato de “romper el hielo” y le converso al conductor sobre temas de actualidad, pues me gusta oír la sabiduría popular que desde joven mucho me ha enseñado. El señor taxista, muy cortés y amigablemente, me comentaba su parecer sobre específicos hechos que eran “noticia” ese día.

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Cerca del Instituto Conmemorativo Gorgas, le manifesté al conductor que me dirigía al Órgano Judicial, toda vez que era mi lugar de trabajo. El señor me miró con ojos de asombro y luego expresó con lástima: “¡Ay, hijo, usted tan serio y va a trabajar en esta institución de maleantes y corruptos, haga lo imposible por salir de ahí, no se nos vaya a dañar!”. Sorprendido por la intervención condescendiente del conductor, me despedí deseándole un buen día y mucha suerte. Camino a la oficina, pensé: “ahora sí, a los ojos de los ciudadanos, todo el que trabaja en el Órgano Judicial es corrupto”.

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Después de ese episodio, he vivido otras experiencias en las que me preguntan “¿Tú laboras en el Órgano Judicial?” y el desenlace es el mismo: la mayoría de las personas está convencida de que todo el que trabaja en el Órgano Judicial es un coimero y un corrupto.

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En mis más de siete años de laborar en el Órgano Judicial, en sus distintos niveles (Juzgados Circuitales, Tribunal Superior y una Sala de la Corte Suprema de Justicia) he oído muchos rumores de actos de corrupción; sin embargo, no he tenido conocimiento de que alguno haya sido corroborado.

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En días recientes, se suspendió a cuatro jueces por supuestos actos de corrupción; no obstante, ninguno de los procesos disciplinarios o por falta a la ética en mención han concluido con una condena por haberse impetrado un acto de corrupción. A pesar de ello, la mayoría de los medios de comunicación, a través de sus editoriales, sus periodistas, o por la participación de sus escritores, han aprovechado la oportunidad para hacer mella de la maltrecha imagen que lastimosamente posee el Órgano Judicial.

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Si bien es cierto, no pretendo hacerme de oídos sordos sobre los muchos rumores que corren por los distintos pasillos del Órgano Judicial, las opiniones vertidas en reuniones de abogados o comentarios del resto de los miembros de esta comunidad, deseo destacar en este artículo que la percepción de corrupción que tiene convencida a tanta gente, por la supuesta actuación deshonesta de unos pocos, afecta a los más de 3,000 funcionarios que laboramos en el Órgano Judicial.

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La mayoría de las personas que he escuchado, o que han escrito sobre el tema, han ensayado distintas fórmulas para “limpiar el Órgano Judicial”. Sin embargo, si analizamos cuidadosamente las normas que actualmente existen, y que debían servir como instrumento para la depuración del sistema judicial panameño, se darán cuenta de que ha faltado voluntad institucional, social y política para efectuar los verdaderos cambios que requiere el Órgano encargado de administrar justicia en el país.

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Desde enero del año 2007, un mes después de haberse presentado el proyecto de Ley que pretende reformar la Carrera en el Órgano Judicial, he participado como presidente de la Asociación de Servidores del Órgano Judicial de Panamá (ASOJUP), en cada foro o discusión que se pretende hacer sobre el tema. En mi actuar como dirigente de esta Asociación, junto a mis compañeros de la Junta Directiva, hemos enviado en multiplicidad de ocasiones notas tanto al Pleno de la Corte Suprema de Justicia como a la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Diputados, solicitándoles que nos abocáramos a una discusión seria y profunda sobre la Ley de “Carrera Judicial” , instrumento legal del cual deben nacer los cambios para depurar legalmente el sistema, peticiones que lamentablemente, hasta ahora, han sido depositadas en sacos rotos.

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Por otra parte, en las pocas reuniones efectuadas en la Comisión de Gobierno del Órgano Legislativo para la discusión de este proyecto, no se apersonaron (y estuve presente en todas las reuniones) los participantes del Pacto de Estado por la Justicia, o algunos de los miembros de la sociedad civil que tanto censuran o atacan al Órgano Judicial. Su participación frontal y activa en ese momento era vital.

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Tristemente, después de comentar mis anécdotas sobre lo mal vistos que estamos los que laboramos en el Órgano Judicial, me he sorprendido por la cantidad de compañeros que han sido, sin merecerlo, víctimas de la misma “percepción de corrupción” , tanto así que me cuentan que muchas veces han preferido mentir y decir que laboran en otro lugar, para no ser ofendidos o vilipendiados.

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En virtud de lo anterior, por el respeto y estima que nos merecemos todos los que trabajamos en la institución encargada de administrar justicia en el país; por los más de tres mil funcionarios que laboramos con honestidad, profesionalismo y esfuerzo por darle una respuesta jurídica a una población de más de tres millones de habitantes, hago un llamado para que se respete la honra e integridad de los servidores del Órgano Judicial, y que juntemos esfuerzos para lograr lo más pronto posible la consecución de una Ley de Carrera en el Órgano Judicial, paso firme y contundente para depurar el sistema judicial, no solo para el beneficio de sus funcionarios, o de la institucionalidad, sino para el bienestar de todos los ciudadanos del país.
Estoy convencido de que nos lo merecemos.

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Publicado el 1 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.