Gobernantes, gobernados y gobernabilidad (I)

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La opinión del Abogado, Político independiente…

Juan Manuel Castulovich

Los dos primeros términos no requieren ser definidos, aunque sí de algunas consideraciones y juicios valorativos para que todos podamos entendernos y, sobre todo, comportarnos de acuerdo a los derechos y las responsabilidades que nos corresponden. La gobernabilidad, en cambio, por ser mal interpretada por muchos, demanda de algunas precisiones y de mejor entendimiento, especialmente de quienes tienen la responsabilidad primaria de contribuir a que exista, y de garantizarla.

Por “Estado de Derecho”, universalmente se entiende que es aquél donde la Constitución y la Ley son el obligado marco de referencia para la conducta de todos, gobernantes y gobernados, o sea, aquél donde nadie está por encima de ellas y a todos se nos aplica por igual. El “Estado de Derecho” y la gobernabilidad están vinculados, de manera indisoluble. La gobernabilidad sólo puede existir en un “Estado de Derecho”.

El principal elemento del Estado es la población, el pueblo, única y legítima fuente del poder. Así lo reconoce y ratifica el Artículo 2 de la Constitución: “El poder público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado (entiéndase las instituciones que lo gobiernan) conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órgano Legislativos, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.”

La repartición del poder público en los tres órganos tradicionales supone que éstos deben actuar separadamente y cumplir funciones específicas y definidas: al Órgano Legislativo corresponde dictar las leyes o reformarlas; al Órgano Ejecutivo dirigir la Administración Pública, cumpliendo estrictamente con la Constitución y la Ley; y al Órgano Judicial administrar Justicia, interpretando y aplicando la Constitución y las leyes. El funcionamiento autónomo de cada uno de esos tres órganos básicos es la primera condición para que exista el “Estado de Derecho”, que supone que cada uno respeta y no se entromete en las competencias de los otros dos.

Los Órganos Legislativo y Ejecutivo (entiéndase el presidente) derivan su legitimidad y representación directamente del pueblo, pues ambos son producto directo de la voluntad popular que los elige; pero ese no es el caso del Órgano Judicial que se integra por la decisión concurrente del Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo (los magistrados son nombrado por acuerdo del Gabinete y ratificados por la Asamblea). Esta fórmula, puede comprometer gravemente la independencia del Órgano Judicial, si quienes detentan el control del Ejecutivo, principalmente de éste, y del Legislativo no resisten, como de hecho ha ocurrido en numerosas ocasiones, la tentación de favorecer a amigos o aliados políticos.

Aunque tradicionalmente se considera que son tres los órganos del Estado, también deben considerarse como tales a los tribunales electorales, la Contraloría General y el Ministerio Público. Estas instituciones son, o deben ser, absolutamente autónomas e independientes de los otros tres poderes. Pero las tres, al igual que el Órgano Judicial, se conforman de manera indirecta. Sus titulares son escogidos por la Asamblea, caso de la Contraloría o por la concurrencia de dos o de los tres órganos tradicionales, como sucede con las Procuradurías General y de la Administración y con el Tribunal Electoral.

 

(La segunda parte, el próximo martes).

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<>Artículo publicado el  28  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Ciclo social del Torrijismo

La opinión del Periodista y Docente Universitario…

DEMETRIO OLACIREGUI Q.

No están lejanos los tiempos en que Panamá fue convocado a un proyecto de gran envergadura como resultó la causa nacionalista de la recuperación del Canal.   Fue un ciclo que duró más que el relámpago en una tormenta y que tomó fuerza con la diaria resurrección de la épica batalla por la soberanía y la integridad territorial.

Agotada esa etapa, la tarea por delante es abrir un nuevo ciclo revolucionario de profundo contenido social y democrático. Ese es el planteamiento del politólogo Marcel Salamín, en un documento que circuló el pasado 11 de octubre, en ocasión del 42 aniversario de la gesta encabezada por Omar Torrijos.

La apertura de este ciclo social, tiene como contraparte el avance del modelo oligárquico de economía de mercado que pretende adueñarse del país, denunció Salamín. Para frenar la consolidación del nuevo ‘comando estratégico’, encabezado por el presidente Ricardo Martinelli, que busca recuperar la hegemonía económica, política, social y cultural existente antes de 1968, Salamín planteó la construcción de lo que denominó el ‘Poder Ciudadano’.

Lo concibió como el Cuarto Órgano Constitucional del Estado con características de espacios institucionalizados de concertación y de mecanismos de consenso abiertos, capaces de trabajar en igualdad de condiciones con los otros Órganos del Estado.

De acuerdo a Salamín, el Poder Ciudadano debería ser incluido dentro de una convocatoria a una Constituyente Paralela, basada en el Artículo 314, que adopte una nueva Constitución Nacional. La existente desde 1946, pese a las modificaciones registradas en medio siglo, es insuficiente como proyecto de libertad ciudadana, de separación de poderes y de colaboración armónica entre los Órganos del Estado, y para encauzar constructiva y democrática un nuevo Pacto Social. La convocatoria puede ser solicitada por 50000 electores.

Hace falta suscribir también un Pacto Fiscal, señaló Salamín, que sea consensuado entre todas las fuerzas sociales y económicas que contribuya a distribuir la riqueza nacional.

Para Salamín, una parte de la derrota electoral de mayo del 2009 se originó en la falta de comprensión de las consecuencias prácticas, doctrinales, programáticas y electorales de ese tránsito objetivo del ciclo nacionalista al ciclo social de la Nación panameña. La otra parte se debió al reagrupamiento electoral, accidental y todavía frágil de las fuerzas conservadoras del país.

‘El objetivo estratégico de este proyecto de poder es restarle a la política y a los partidos políticos toda autonomía frente al dinero y sentar las bases culturales, jurídicas e institucionales de una práctica de dominio verticalista, autoritaria, excluyente, represora y, por todo ello, corrupta’, advirtió.

Salamín reconoció que este nuevo ciclo social ha encontrado al PRD frente a un relegamiento de su plataforma doctrinal y con un procesamiento incorrecto de sus traumas históricos.

‘Cuando en el PRD el grueso de su energía se vuelca hacia la lucha interna, que es la lucha no de propuestas, sino de egos, ambiciones y prebendas personales, y todos luchan por el puesto de mando, aunque en la lucha destruyan al Partido, estamos abonando el terreno para los que, como fundamento de su proyecto autoritario y antidemocrático, claman por la desaparición de la política y los partidos’, subrayó Salamín.

Frente a esa realidad el PRD debe colocar la plataforma para su refundación revolucionaria y democrática.  El Partido no debe perder el control ni el liderazgo de aquellas metas de valor estratégicos que le son propias, que lo definen y distinguen frente a otros objetivos políticos en cualquier coyuntura específica, expresó Salamín.

Tender un puente para un debate respetuoso y fecundo con la izquierda contestataria y la burguesía nacional no oligárquica, debe ser, según Salamín, una iniciativa estratégica del PRD.

Salamín subrayó que este es el tiempo para que el PRD asuma la vanguardia política que le asigna la historia en la actual coyuntura que definirá el destino de la Nación, de su economía y la naturaleza futura de la sociedad panameña.

Es ahora o nunca. La oportunidad para construir una Patria con equidad y derrotar la pobreza con la riqueza del país, de la que pretende apropiarse una banda de corruptos que ha borrado la frontera entre lo público y lo privado, no se repetirá.

Por eso el llamado de Salamín a rescatar el vínculo entre ética y política. A despertar la vitalidad latente y el empeño de avanzar con decisión colectiva e individual. Si hubo una ocasión para recuperar el rumbo perdido fue en el ciclo nacionalista. El desafío por delante es abrir el nuevo ciclo social del Torrijismo con el mismo espíritu de rebeldía, de concertación y de victoria.

 

<> Artículo publicado el 14 de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

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Confesiones incómodas

La opinión de…

Jorge Gamboa Arosemena

“No hay independencia entre los órganos del Estado”. El matiz de urgencia notoria de los proyectos de ley es “generalmente para el Ejecutivo, no para el pueblo”. Estos fueron señalamientos contundentes y preocupantes revelados, en la columna “Knockout” de La Prensa del pasado 29 de agosto, por el entrevistado José Blandón Figueroa, uno de los cuadros más experimentados de la bancada panameñista.

La falta de independencia entre órganos es de una gravedad que nadie en este país puede ignorar. Aunque no es novedad, porque muchos ya hemos señalado que Legislativo y Judicial están controlados por el Ejecutivo, que lo diga uno de los políticos de los círculos gubernamentales políticamente es plena prueba, aunque antes de esto, ha sido copartícipe –por acción u omisión– de un sinfín de exabruptos gubernamentales, como la retroactividad de la ciudadanía de un nacionalizado gringo o aprobar el 7% que Ardito Barletta y Noriega, en plena dictadura, no pudieron.

La inexistencia de la separación de los órganos del Estado y que las urgencias notorias son para el Ejecutivo indican que vivimos una autocracia. ¿Y qué dice el resto de los miembros de la bancada panameñista? ¿Y la dirigencia partidaria? Mantienen una complicidad antidemocrática y hasta suicida, porque son condiciones que los esclavizan y su futuro político dependerá de lo que la autocracia les permita.

Pero las confesiones no terminaron allí, y respecto a milicos allegados a Noriega que están en cargos de relevancia, como Gustavo Pérez, entre otros, Blandón dijo:   “sí, me molesta ver a tantos militares en el Gobierno”.    Ligado con las actitudes represivas de los norieguistas, en Bocas del Toro, dijo que sintió “indignación”, sentimiento que experimentamos incontables panameños y que lo manifestamos inmediatamente.    Se acercó a lo que la mayoría de la población sensata dice, al sentenciar que este gobierno se equivoca cuando ataca a la sociedad civil. El presidente y su dupla, el vicepresidente, no deben estar nada a gusto.

Enhorabuena. Pero la cosa no termina ahí, también dijo que “hay señales” de que los de Cambio Democrático “no están dispuestos a mantener la alianza”.

Soy de la idea de que, como esta alianza Panameñista–CD es antinatura, debemos romperla nosotros, pero el diputado revela que serían los CD (entiéndase la voluntad hegemónica en ese partido) los que se desharían de nosotros, situación indignante pero merecida porque dice un refrán castizo que “así paga el diablo a quién bien le sirve”.

Como complemento de estas declaraciones, reiteró lo que ya él había expresado anteriormente, que la bendita “ley chorizo” tiene que ser derogada totalmente. Tenemos que reconocer que está enmendando sus pasos mal andados.

Ojalá se motive a seguir denunciando, porque este gobierno antinacional y antipopular no dejará de “meter la pata” y las sospechas hoy de “meter las manos”, seguro se confirmarán.

Veamos otra arista relacionada que no es otra que, con estas confesiones, se debió generar, en un partido sano, o en los partidos de una alianza honesta y coherente, reuniones de análisis y la toma de decisiones para definir si lo dicho es cierto o falso. Pero el panameñismo congelado, igual que los molirenas y los unionistas, no analizan ni proponen nada y el país al garete.

Lamentable, pero no tanto como que vivimos un proceso de rápida pérdida de los pocos elementos democráticos que a duras penas subsisten. Que los partidos desaparezcan o se minimicen no es lo que importa, porque ellos no son fin, sino instrumentos. Lo importante, el fin, es el país, este donde el sistema político no produce el bien común, sino que unos pocos se siguen haciendo más ricos y demasiados siguen en pobreza y pobreza extrema, evidenciando un deterioro generalizado, porque cuando lo político anda mal, nada puede andar bien.

Estas confesiones incómodas, junto a las ya reiteradas llamadas de atención de diferentes personas y organizaciones, deben ser una oportunidad de propiciar la búsqueda de lo correcto en la vida política de la nación.

<>Artículo publicado el 6 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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Martinelli, punto sin retorno

La opinión del Periodista….

DEMETRIO  OLACIREGUI  Q.


El haber forzado la destitución de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, y la saña con que ordenó aplastar el movimiento huelguístico de Changuinola, dos hechos gravísimos dentro de la cascada cotidiana de violaciones contra la institucionalidad y los derechos civiles, va cerrando el círculo totalitario en el que Ricardo Martinelli está sumiendo al país.   En forma precipitada su gobierno ha desnaturalizado la democracia panameña y pisoteado los Órganos del Estado para erigirse en el amo absoluto del país.

En el caso de Changuinola, Martinelli y su círculo de poder tratan de falsificar la historia para hacer creer al colectivo nacional que los trabajadores e indígenas fueron los responsables de una tragedia —condenada por la mayoría ciudadana como una acción fascista, genocida y racista—, cuyo único origen está en la imposición de una ley que atenta contra la convivencia pacífica y la estabilidad social.

Mientras una comisión nombrada en forma unilateral busca reforzar la teoría oficial de un movimiento anárquico encabezado por opositores, con el mayor cinismo el gobierno rehúsa responder por los muertos, los centenares de heridos y las decenas de ciegos de por vida.    Un diálogo engañoso concede, como gran aporte, descontinuar el bombardeo de la propaganda sobre las supuestas bondades de la ley que originó el masivo descontento social.

El escarnio al que fue sometida la ahora ex procuradora obedece al capricho de Martinelli y cinco magistrados del máximo Órgano de Justicia convertidos, como editorializó un diario nacional, en sus ‘mercenarios y mercaderes’.   Gómez, asediada y tratada en forma vulgar,   rechazó de plano violentar los procedimientos legales para detener a opositores políticos y empresarios.   Ante la acusación directa de pretender manosear la justicia,  Martinelli reaccionó colérico contra la ex procuradora.   ‘Puede decir misa’, rugió.

Acostumbrado a sus espectáculos mediáticos de mazazos, la condena de Gómez es un golpe contra la institucionalidad democrática. Sin embargo, la opinión pública sabe quién fue el titiritero que manejó los hilos para precipitar lo que ha significado su propia condena, ante una Nación que observa angustiada cómo ha cruzado el punto sin retorno de las transgresiones democráticas.

La democracia panameña ha sido violada por un gobernante empecinado en reducirla a su visión totalitaria. De nada vale que ponga cara de compungido y aparente humildad. Quienes lo conocen saben de las múltiples máscaras que responden a sus estados de ánimo cambiantes.

Martinelli es incapaz de encontrar un área del cerebro que le ayude a aprender de sus errores. Su pasión por el doble discurso está lejos de agotarse en las archiconocidas tergiversaciones oficiales. Los dardos martinellistas saturan la opinión pública para tratar de instalar su falsificación de la realidad. En sus fantasías mentales es ingenioso para imaginarse dueño absoluto de la verdad, porque jamás escucha otras campanas.

Al ser el gobierno de un comerciante, siempre anda de compra a través del miedo, del poder o del manejo extorsivo de los fondos públicos.   El suyo es un gobierno proclive al autismo político, dispuesto a sembrar cuanta discordia le valide su condición totalitaria. Al perder todo contacto con la realidad, no hay quien lo llame a la cordura.

Sin capacidad de reflexionar un gobernante es nada. A Martinelli, no obstante, le tiene sin cuidado no emplear un lenguaje decente y evitar confrontaciones inapropiadas. La secuencia de desplantes y estigmatización, de insultos y agravios contra los ciudadanos que no aceptan sus imposiciones, promueve la crispación y degrada la convivencia civilizada.

Por eso la democracia va de tumbo en tumbo, al compás de la voluntad iracunda de un gobernante que ha hecho de las amenazas, abiertas o encubiertas contra adversarios, una conducta. Todo eso es contrario al espíritu de la democracia, que ahora se encuentra degradada, en involución en términos de calidad institucional.

Hay signos de que la sociedad panameña está fatigándose con la receta de imposiciones y exabruptos martinellistas.   Su gobierno solo conoce la puerta de su negativa terca y su persistente despotismo convertido en epidemia. Si esa es la atmósfera interna, desde el exterior el mundo asiste al espectáculo de horror que representan Panamá y su gobernante.

El ejercicio de la democracia no puede funcionar cuando se aplican trabas y se actúa con impunidad. Lo que sucede con la justicia embadurna a toda la sociedad.  Lo importante es que el colectivo nacional se dé cuenta, por fin, que fue vilmente engañado y comience a discernir el ciclo martinellista que entró irremediablemente en un punto sin retorno.

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Este artículo fue publicado el  19 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Órganos del Estado coordinan acciones en beneficio del pueblo

Una reunión de coordinación realizó el Excelentísimo señor Presidente de la República, Ricardo Martinelli, con ministros, directores de instituciones autónomas y semiautónomas y con diputados de la Alianza por el Cambio, donde se evaluó la gestión gubernamental y se destacó la importancia de agilizar la ejecución presupuestaria que permita ejecutar los proyectos en beneficio de las comunidades.
Mas detalles y fotos  del evento  en la siguiente nota publicada en Facebook por la colaboradora de este medio y activista política…

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Jennie  Gonzalez

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En la reunión, realizada en la Casa Amarilla de la Presidencia, se abordaron mecanismos para una mayor coordinación entre los órganos Ejecutivo y Legislativo, con miras a trabajar y dar respuestas concretas a las comunidades, a nivel nacional, a fin de resolver los problemas de agua, seguridad, veredas y vivienda, entre otros.

Algunos diputados presentaron al Presidente de la República proyectos sociales que deben desarrollarse en comunidades, dirigidos a jóvenes y a madres de familia, principalmente.

Con esta reunión se consolida la alianza por el cambio, buscando coordinar acciones interinstitucionales que permitan el cambio propuesto por el Presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Se acordó realizar esta reunión mensualmente y evaluar la ejecución presupuestaria, el cual se centra, principalmente, en proyectos sociales.

GOBIERNO NACIONAL

¡JUNTOS HACIENDO UN MEJOR PANAMÁ!

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Nota publicada el 7 de agosto de 2010 en Facebook por la autora a quien damos todo el crédito, el mérito y la responsabilidad que le corresponde.

Un gobierno de espaldas al pueblo

“A los diputados se les acabaron las posibilidades de seguir mintiendo, pues todas las organizaciones que pasaron por ese recinto legislativo han exigido lo mismo: Derogatoria de la Ley 30. ” Conozcamos los planteamientos que expone, en el siguiente artículo de opinión,   el Secretario General del SUNTRACS-FRENADESO, el dirigente sindical….

GENARO  LÓPEZ

La sangrienta represión desatada contra la población de Bocas del Toro y la persecución desenfrenada contra la dirigencia del movimiento social panameño, no fueron pequeños errores o desinformación, como han pretendido hacer creer los gobernantes de turno, quienes continúan invirtiendo cifras millonarias en los medios de comunicación, con los impuestos del pueblo, para seguir mintiendo e intentar ocultar la verdad: El atropello, la persecución y muerte contra una población que defendía sus derechos humanos.

El querer presentar como comparables las muertes, pérdida de la vista y los cientos de heridos que produjo la represión despiadada de la Policía, amparados en la propia ‘Ley Chorizo’, con la pérdida de 34 millones de dólares que los gremios empresariales aducen que tuvieron, es una conducta inmoral y de total desprecio a la vida humana.   Este menosprecio es agravado por la incapacidad del presidente Martinelli para destituir a los ministros Alma Cortés y José Raúl Mulino, y al director de la Policía, Gustavo Peréz, todos responsables de la represión física y psicológica en Bocas del Toro y del desasosiego en que se mantiene al pueblo panameño.

A los diputados se les acabaron las posibilidades de seguir mintiendo, pues todas las organizaciones que pasaron por ese recinto legislativo han exigido lo mismo: Derogatoria de la Ley 30. Los autollamados ‘padres de la patria’, una vez más se convierten en los verdugos del pueblo, al imponer un proceso donde no se escucha el clamor de los diversos sectores, que exigen ‘muerte a la Ley 30’; donde lo único que pretendieron hacer fue una pantomima de discusión, cuyo único cambio es que cuando se impuso la Ley 30 solo permitieron participaciones de cinco minutos a los representantes del movimiento social y hoy dieron treinta, pero continuaron jugando con sus BlackBerry en medio de las intervenciones, pues ya tenían orden del Ejecutivo de no cambiar nada.

Frente a esta realidad, resulta absurdo que el Ejecutivo diga que se investigará ‘lo que sucedió en Bocas del Toro’.   Es irresponsable que el presidente Martinelli todavía no asuma, como jefe del gobierno, la responsabilidad de los hechos, y que los diputados y su presidente, José Muñoz, no comprendan que la imposición de la Ley 30 fue el detonante de la protesta en Bocas del Toro y el resto del país.

Es decir, los responsables de los asesinatos, los heridos, los lesionados de por vida, los encarcelados, los perseguidos, son los órganos Ejecutivo y Legislativo y el Ministerio Público, pues desconocieron la voluntad del pueblo, impusieron la ‘Ley Chorizo’, conculcando el derecho a la organización sindical, a huelga, a un ambiente sano y entregando facultades a la Policía, que atentan contra el derecho a la vida de la población.

Los diputados demostraron que no existe independencia de poderes entre los órganos de Gobierno, que la Asamblea está al servicio del presidente y no del pueblo.   Igual falta de independencia mostró el Ministerio Público, respondiendo a la persecución ordenada por el ministro Mulino contra los dirigentes sociales.

Se trata de un gobierno que está de espaldas al pueblo. Lo acontecido no se borra con la entrega de celulares, de becas de 20 balboas que financia el pueblo trabajador,  menos con campañas publicitarias mentirosas.

Nunca hemos rehusado a dialogar, siempre que se trate de un verdadero diálogo y no de diálogos de ‘Yo con Yo’, prácticas muy usuales de todos los gobiernos. El actual llamado del gobierno no parece ser la excepción, pues los diputados por segunda vez aprueban la Ley 30, pese al clamor popular de que se derogue. La experiencia de los supuestos diálogos de los gobernantes de turno confirman que solo buscan entretener y desmovilizar a la población para terminar imponiendo sus nefastas leyes.

La justicia en estos momentos solo es posible con la derogatoria de la Ley 30 y la conformación de una Comisión de la Verdad, que investigue y encarcele a los responsables de la masacre de Bocas del Toro.

Ante la terquedad gubernamental, al pueblo no le queda más que seguir en la lucha.

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Este artículo fue publicado el 1 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

El viaje a Israel

La opinión del Periodista……

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DEMETRIO  OLACIREGUI  Q.

Golpeado por la baja en su crédito político, el presidente Ricardo Martinelli, antes de su nuevo viaje al exterior, dejó en marcha una campaña propagandística para encubrir un operativo político que busca vender lo que no tiene.

El jefe de Estado ha ido en contra de la expectativa ciudadana y, en lugar de gobernar, se ha dedicado a suprimir a ese otro, identificado como la oposición política, la sociedad civil, sectores empresariales y la izquierda.   Sin ese otro, está de más el Poder Legislativo, Judicial y el Ministerio Público. No hace falta una Contraloría General de la República que, al igual que los medios de comunicación, posea independencia.

Martinelli ha demostrado, en forma consistente, que su estilo totalitario no conoce límites. Por eso, contra pronóstico,  emprendió un comprometedor viaje a Israel, con una escala de 16 horas en Qatar. Tan precipitada fue la inclusión de la visita al Estado qatarí que el avión presidencial —que realizó una sospechosa parada en Roma— no contaba con un plan de vuelo para aterrizar en Doha.

El resultado fue un atraso en el arribo con la consecuente alteración de la agenda oficial. La de Qatar fue una visita huérfana de logros significativos. La agencia oficial de noticias QNA no especificó si se retomó la construcción de una refinería en Puerto Armuelles, proyecto avanzado por el gobierno anterior.

No debió caer muy bien a la monarquía qatarí haber sido anfitriona de Martinelli en una gira cuya segunda escala es Israel, donde permanecerá hasta el viernes. Qatar es aliado, como parte de los Estados del Golfo Pérsico, de Dubái donde hace escasas semanas un comando del servicio extranjero israelí, el Mossad, asesinó a un alto dirigente de la organización palestina Hamas. La ejecución fue autorizada por el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Ese mismo Mossad es el que ha incursionado en forma abierta en Panamá, luego de un supuesto intento de secuestro de Martinelli.   Agentes de ese servicio secreto israelí fueron fotografiados custodiando al mandatario, lo que viola preceptos constitucionales y normas jurídicas. Se pone así en peligro el tradicional equilibrio y la atmósfera creada para que árabes, palestinos e israelíes convivan en pacífica armonía bajo el cielo patrio.

La visita de Martinelli a Israel, la primera de un mandatario panameño en casi tres décadas, es un desatino diplomático. Si hubiera sido su intención proyectar equilibrio,  el jefe de Estado habría incluido una visita a los territorios palestinos.   Pero el viaje no contribuye en nada a la paz y estabilidad de una de las regiones más volátiles del planeta.   Después de todo el estilo de Martinelli no es el de aportar soluciones a los conflictos, sino el de incubar crisis y tormentas continuas.

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Publicado el 4 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El respiro de la justicia

La opinión de….

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Paco Gómez Nadal


El sistema de la democracia occidental es imperfecto, como todos, pero hay que reconocerle algunos respiros que permiten a los ciudadanos dormir un poco más tranquilos.

La división de poderes es uno de esos “inventos” que en papel funciona bien y que en la realidad casi nunca funciona.

Ya es difícil recordar una Asamblea Nacional o Parlamento que haya hecho temblar al jefe del Ejecutivo con los votos de los diputados del partido de este. Eso debería ocurrir, ya que en teoría son órganos autónomos e independientes.

Sin embargo, las fórmulas que modifican los resultados electorales puros para provocar mayorías fuertes y dizque dar estabilidad política a los países han acabado con la credibilidad de los diputados, meros apéndices sin voz –y con el voto castrado– del presidente y del partido de turno.

Sin embargo, la justicia es el respiro de la democracia. Es posible que eso se deba a que normalmente los miembros de este poder del Estado no son políticos y no sienten obediencia al sistema de pleitesías que practican los miembros de los partidos.

Esto no ocurre en todos lados, por supuesto. Nadie va a juzgar en Cuba a Raúl Castro o a sus esbirros del aparato penitenciario por dejar morir –por decirlo con suavidad– amarrado a un camastro al activista y disidente Orlando Zapata Tamayo. A Berlusconi lo están dejando limpio en el caso al declarar prescrito el hecho de haber recibido cerca de un millón de dólares del primer ministro italiano por declarar a su favor. Tampoco veremos en un tribunal estadounidense a George W. Bush o a sus secuaces por mentir para guerrear, mandar a la muerte a miles de soldados de su país y matar a cientos de miles de civiles de otros (habría que pedir su extradición).

Pero hay respiros, sorpresas, como la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de cortar las ansias reeleccionistas de Álvaro Uribe. Las primeras reacciones de analistas y de políticos fue calificar el fallo de la Corte como oxígeno para la democracia colombiana, donde el control de los poderes por parte del presidente era casi total. Le quedó una brecha y la democracia tiene la mala costumbre de colarse por ella.

Nadie es imprescindible y menos un presidente que acumula casos de corrupción, de ajusticiamiento de jóvenes de barrios pobres para mostrarlos como guerrilleros, de relaciones dudosas con personajes de la calaña de David Murcia (uno de los financiadores de la campaña de recogida de firmas a favor de la segunda reelección), de invadir terceros países… como para llenar varios tomos. A Uribe se le ha querido presentar como la reencarnación del Divino Niño y ni él ni nadie puede serlo. Todos somos humanos y cuando se llega al poder el ego y la tentación de tener todas las soluciones aparecen casi de forma natural.

Pero ese no es el caso que me ocupa. Lo que quiero señalar es la importancia de la justicia independiente. El procurador general de Colombia, ficha personal de Uribe, ha hecho el ridículo al empeñarse en mantener que se puede violar la ley si es para respetar la “voluntad del pueblo” (en realidad de un 12% del pueblo).

En Panamá (nunca pensé que llegaría a afirmar esto) estamos peor que en Colombia en el Órgano Judicial. Tenemos un procurador temporal que recibe llamadas directas de Presidencia, una procuradora separada de su cargo al que probablemente no le dejarán volver, una Corte con magistrados en un buen porcentaje comprometidos con el partido en el gobierno y un presidente que quiere ser como Uribe, pero que no ha mostrado pruebas de tener la inteligencia y sagacidad de aquel.

No podemos olvidar la crisis de la justicia porque haya salido de las primeras planas de los diarios. Tuvimos dos semanas de infarto, con declaraciones, manifestaciones y demás. Ya nadie habla de ello. Martinelli no debe sentir ni el eco porque cuando no está enfermo está viajando (ahora va a salvar a Puerto Armuelles en Qatar): todo un dueño de empresa que para eso tiene su gerente general Demetrio, que se puede encargar de la minucia de gobernar a este país.

Necesitamos el respiro de la justicia y el aire está contaminado. Esperar a tiempos peores no parece buena técnica.

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Publicado el 2 de marzo de 2010  en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Democracia y separación de poderes

La opinión de……

Carlos Guevara Mann

En democracia se vive mejor. Al menos eso dicen las estadísticas. Por razones morales e instrumentales, vale la pena que defendamos y promovamos el sistema democrático.

El índice de desarrollo humano (IDH), un indicador que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo compila anualmente, intenta medir la capacidad de los Estados para crear un ambiente en que las personas “puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses”.

Los primeros 20 lugares del IDH 2009 –que corresponden a los países con mejores condiciones de vida– tienen en común regímenes democrático-liberales: Noruega, Australia, Islandia, Canadá, Irlanda, Holanda, Suecia, Francia, Suiza, Japón, Luxemburgo, Finlandia, Estados Unidos, Austria, España, Dinamarca, Bélgica, Italia, Liechtenstein y Nueva Zelanda. Si estamos en busca de modelos que seguir, es a esos países adonde debemos mirar, antes que a otros del vecindario, con menos desarrollo humano y contenido democrático que Panamá.

Un régimen democrático–liberal es aquel que, además de renovar sus autoridades regularmente mediante elecciones libres, garantiza la práctica de los derechos civiles, políticos y humanos y asegura el ejercicio constitucional y limitado del poder.

Freedom House, una ONG internacional dedicada a la promoción de la democracia liberal en todo el mundo, clasifica anualmente a los Estados, según su tipo de régimen, en tres categorías: Estados libres (democracias liberales), parcialmente libres (democracias electorales) y no libres (Estados autoritarios). La clasificación de Freedom House, que se lleva a cabo con base en criterios bastante rigurosos, tiene amplia aceptación mundial.

A pesar de todas las insuficiencias de su régimen político, plagado de clientelismo y corrupción, Panamá ha mantenido su lugar entre las democracias liberales del mundo, ininterrumpidamente, desde 1994. Se trata de un logro nada despreciable. No podemos darnos el lujo de perderlo.

Panamá tiene la cuarta democracia liberal más longeva de América Latina, después de Costa Rica, Uruguay y Chile. Otros países –como Colombia y Venezuela– instituyeron regímenes democráticos antes que Panamá, pero su contenido liberal –de respeto por las libertades ciudadanas y la separación de los poderes– sucumbió ante los embates de dirigencias autoritarias y liderazgos con inclinaciones absolutistas.

En los años transcurridos desde el desalojo de la dictadura militar, Panamá alcanzó rápidamente importantes metas democráticas. Desde entonces se ha respetado la alternancia en el ejercicio del poder ejecutivo, producto de elecciones populares. Si tomamos en cuenta que hasta el ocaso del militarismo el fraude electoral fue la tónica de nuestras elecciones presidenciales, se trata de una conquista significativa.

Las libertades ciudadanas –en particular la libertad de expresión– generalmente se respetan y las más flagrantes restricciones a su ejercicio, heredadas del período militar, han ido derogándose lentamente.

Estas observaciones no significan, en absoluto, que nuestro sistema político ha alcanzado su cenit evolutivo o que podemos dormirnos en los laureles. La democracia panameña está asentada sobre bases sumamente precarias, socavadas por la corrupción y una tendencia autocrática que prevalece en los sectores políticos.

Su marco jurídico, proveniente de la dictadura, es inadecuado a nuestras circunstancias e inconveniente al logro de mayores niveles de desarrollo. Las elecciones para diputados, alcaldes y concejales se caracterizan por su exagerado clientelismo y no están exentas de fraude.

La negación de derechos económicos, sociales y culturales es evidente. La concentración de facultades en el Ejecutivo es, más que inapropiada, altamente peligrosa.

Peor aún, los órganos constituidos para controlar el ejercicio del Poder Ejecutivo son bastante inoperantes. No hay control por los órganos paralelos del Estado, tales como la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

La única limitación al ejercicio del Poder Ejecutivo radica en las consultas populares, una vez cada cinco años o cuando al Presidente se le antoja convocar a un referéndum para reelegirse inmediatamente. Fue así, por ejemplo, como pudo el pueblo detener las ambiciones de un mandatario de perpetuarse en el poder, porque ni la Asamblea Nacional ni la Corte Suprema de Justicia se atrevieron a atajar sus pretensiones inconstitucionales.

Los sucesos acontecidos desde hace unas semanas indican que estamos en una coyuntura delicada. En aras de un mayor desarrollo para todos los panameños, a los gobernantes y a la ciudadanía compete defender el sistema democrático y sus principales instituciones, como la separación de poderes y las garantías constitucionales.

De lo contrario, corremos un riesgo muy serio de retroceder a un primitivismo político ya superado que, sin embargo, abunda en países vecinos y nos acecha permanentemente.

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Artículo publicado  el 17  de febrero de 2010  en el Diario La Prensa, a quien damos,

Cargos públicos, a merced de los políticos

Guillermo Roca Rivas

Los cargos públicos, desde el más alto hasta el más bajo dentro de la administración del Estado, están bajo la merced de los políticos, inclusive, el de Presidente de la República, al que se llega mediante el voto popular.

Todos los cargos de elección popular y los del resto de los funcionarios de engranaje estatal son dependientes de los políticos, es decir, los políticos tienen sus ponzoñas en todos los estamentos del gobierno central, en los municipios y en la asamblea de representantes de corregimientos y de diputados.

El Ejecutivo, de hecho, está comprometido con los partidos políticos y sus líderes más representativos, mediante los pactos electorales, aportes económicos y los acuerdos en sus campañas electorales.

También influyen en el poder Judicial y en el Ministerio Público. Aunque se diga que su procedimiento se basa en la Constitución Nacional, en la elección de sus representantes o en sus nombramientos se filtran el poder y las influencias de los políticos. Esto queda en evidencia cuando contradicen lo que dicta la Constitución para cumplir con los compromisos personales políticos.

Es decir, es la manipulación de los políticos en la administración pública, en donde se observa la corrupción en los diferentes órganos del Estado, con nombramientos no idóneos, con el tráfico de influencias, con la incapacidad profesional y con la falta de respuestas a la sociedad.

A pesar de que la política es el ente más importante e imprescindible en la vida de la Nación, los males y vicios de sus protagonistas han deformado su filosofía, a tal grado, de explotarla para su conveniencia, poniéndola a nivel del negocio de las drogas y del lavado de dinero.

Por otra parte, algunos de esos malos políticos en su época de poder se creyeron que la Nación era un patrimonio de familia, creando grandes fortunas a costa del Estado e imponiendo una personalidad arrogante, prepotente y poseída, cuestionando y amenazando al semejante sin contar con una autoridad personal, moral y política en el seno de la sociedad.

Cuando en Panamá, tanto el hombre como la mujer en calidad de funcionario público entiendan que su deber primario debe ser con Dios, su conciencia y con la patria, entonces los políticos buscarán su lugar.

Ojalá los malos políticos saquen su personalismos de la administración pública, para el bien de la sociedad y la patria.

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Artículo publicado el 16 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Vivimos en un Estado de absolutismo constitucional?

La opinión del Abogado……

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SAÚL  MALOUL  ZEBEDE

Una rápida mirada al texto constitucional..

No pareciera que viviéramos, —mutatis mutandi—, bajo el contexto del mismo régimen constitucional desde 1990,  y las prácticas que de manera repetida y casi patológica cometieron todos los gobiernos anteriores en democracia; hoy son objeto de especial censura en el gobierno del presidente Martinelli.  Una sencilla pregunta: ¿por qué será que entonces no transitábamos hacia el temido absolutismo, y hoy sí?

Debemos pasar rápidamente de lo coyuntural, a lo estructural. Ninguno de los presidentes ni siquiera éste, tiene la culpa de lo que hoy han descubierto y llamado absolutismo constitucional.

Cuando Montesquieu ideó la separación de los Órganos del Estado, no lo hizo para crear un Estado débil, sino todo lo contrario, para idear un Estado fuerte, en el que la limitación de las actuaciones de dichos Órganos y el contrapeso de los otros Órganos, fuera la balanza del poder.

En el caso de la Constitución panameña, mirada a vuelo de pájaro, la fiebre no está en la manta. No es que el presidente de la República de Panamá, en virtud del texto constitucional, es una especie de monarca del siglo XVII, sin contrapeso a su poder. Hay pocas cosas criticables con el poder del presidente, y muchas cosas criticables con la falta de poder del resto de los Órganos del Estado panameño.

Por ejemplo, he escuchado a diputados quejarse amargamente de la poca incidencia que tiene la Asamblea Nacional en la configuración del presupuesto del Estado. Esto es así, no porque el Ministerio de Economía y Finanzas y el Órgano Ejecutivo tengan facultades desmedidas en esta área, sino porque la Asamblea Nacional no puede incidir sobre partidas individuales del presupuesto, sino tan solo sobre la formulación del presupuesto en su totalidad. Esta falta no tiene nada que ver con las atribuciones del Órgano Ejecutivo, sino con la falta de atribuciones de su contrapeso político, el Órgano Legislativo.

Finalmente, una breve mirada a las responsabilidades políticas de los Órganos del Estado, para que el lector se dé cuenta cómo el responsable del Órgano Ejecutivo también responde en mucha mayor medida que los más altos jerarcas de los otros Órganos del Estado panameño.

Así, el artículo 186 de antes de la reforma constitucional del 2004, —cuyo texto no fue modificado por dicha reforma—, establece que el presidente y vicepresidente de la República responden por extralimitación de funciones y por evitar el normal funcionamiento o por coaccionar el ejercicio de las atribuciones propias de los otros Órganos del Estado; y que la sanción por cometer estos actos es la destitución inmediata y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el término que señale la Ley.

En otras palabras, si un presidente o vicepresidente se extralimita en sus funciones o coacciona el normal funcionamiento de otro Órgano del Estado, no es necesario probar una conducta delictiva para sacarlos del cargo e inhabilitarlos para ejercer funciones públicas. Un juicio político de parte de la Asamblea Nacional es suficiente para ello, sin que sea necesario probar la comisión de delito alguno.

En cambio, no existe paralelo a esta norma para ningún otro Órgano del Estado. Es decir, si un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o un procurador general de la Nación o de la Administración, se extralimita en el ejercicio de sus funciones públicas, dicha conducta jamás sería sancionada, si no se prueba primero que encaja dentro de algún tipo penal.

Esa mayor responsabilidad que exige el texto constitucional al presidente y vicepresidente de la República, va acompañada de la consideración de que quien ostenta esa magistratura, tiene un peso que no comparte con el resto de los representantes de los otros Órganos del Estado ni en la República de Panamá, ni en ningún país del mundo que tenga un sistema similar.

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Publicado el 15  de febrero de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.