El temor del pusilánime

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La opinión de…

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Carlos Ernesto González Ramírez –

Hay personas que no tienen el valor de intentar grandes cosas o que son tímidas frente a situaciones que les parecen superiores a sus fuerzas. Normalmente estas personas no tienen siquiera la iniciativa para explorar los límites de la oposición, por un temor basado solo en la percepción y no en un análisis sereno de la realidad. Estas personas son las que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua llama pusilánimes.

Wikipedia, dice que “el miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano”.

Los grandes imperios históricos siempre han contado con este sentimiento y con estas personas para imponer su voluntad sin necesidad de ejercer ningún otro tipo de acción efectiva para lograr sus propósitos. Con solo hacer ver que van a tomar una acción, logran que el pusilánime se atemorice y se someta a los designios del imperio.  Esta es la táctica que ha seguido Estados Unidos, a través de la OCDE, en contra de Panamá para que nuestro país se someta a su interés de acabar con el centro financiero panameño, que le hace competencia a sus centros financieros en su “patio trasero”.   Por suerte, hasta hoy, Panamá ha demostrado que no es un país de pusilánimes, manteniendo una posición de firmeza en la defensa de nuestros intereses (nada nuevo en nuestra historiografía).

Afirmo esto porque desde que comenzaron las listas negras de la OCDE, Panamá no ha hecho más que crecer. Lo ha hecho su centro financiero, sus exportaciones de servicios y el nivel de inversión directa extranjera que llega a nuestra nación. En otras palabras, hasta hoy, la OCDE ha sido un tigre de papel sin ningún tipo de diente para afectar a Panamá.

Dicho lo anterior, y con una visión clara de que como nación, nos guste o no, debemos mantener relaciones con los gobiernos de otros países, corresponde a Panamá ser un “buen ciudadano” del mundo, pero manteniendo el interés nacional sobre todas las cosas. Por esta razón, Panamá ha aceptado la firma de tratados para evitar la doble tributación como el mecanismo más idóneo y cumplir con la exigencia de las naciones que han adoptado, unilateralmente, medidas en contra de nuestro país (medidas que han tenido casi ningún impacto como señalé).

Por tanto, a los panameños no nos debe preocupar mayormente lo que diga o deje de decir la OCDE, por cuanto que en la medida en que adelantemos más de estos tratados, la efectividad de esta organización privada de naciones poderosas y nuevo instrumento de dominación imperial, será aún menor a la que ha tenido desde el año 2000, cuando nos catalogó de “paraíso fiscal”.

A lo anterior hay que sumarle el hecho innegable de que las medidas que algunos países han tomado contra Panamá son contrarias al derecho internacional público y a las obligaciones que esos países han adquirido con Panamá en el marco de la OMC.   Y, en este tema, tengo que admitir que nuestros gobiernos se han comportado como el clásico pusilánime.

En vez de hacer valer nuestros derechos, por un equivocado concepto de las relaciones internacionales, hemos hecho lo que ningún país hace: renunciar a los mecanismos civilizados y aceptados en el mundo para la defensa de nuestros intereses económicos. Lo irónico es que la renuncia ha sido solo para la actividad más importante de nuestra economía en términos de su participación en la arquitectura económica (el centro financiero), pero no así para el banano ni para la Zona Libre, dos casos en los que Panamá ha llevado a la Unión Europea y a Colombia a los estrados de la Organización Mundial del Comercio (ganando ambos casos).

Esto puede cambiar próximamente porque en la Estrategia Nacional para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros adoptada por el Gobierno se incluye el inicio de acciones en la OMC. Si Panamá inicia un caso en la OMC contra un país discriminador y triunfa, como debe ser en derecho, las amenazas de la OCDE acabarán por desvanecerse en la historia de las medidas imperiales que no funcionaron, porque a quienes iban dirigidas tuvieron la valentía y la espina dorsal de defender los intereses de su nación.

Hay que resaltar que, más allá del derecho nos asiste la razón y la defensa de la libertad de las personas. Panamá, con su actuación en materia de servicios financieros y de exportación de su jurisdicción, ha logrado facilitar los negocios internacionales y les ha proporcionado sosiego y protección a personas que son víctimas de sus gobiernos confiscatorios y abusivos. En otras palabras, ha preservado la libertad.

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<> Este artículo se publicó el 18  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/gonzalez-r-carlos-e/

En la búsqueda del amo bueno

La opinión de…

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Carlos Ernesto González Ramírez  –

Gayo Salustio Crispo, mejor conocido como Salustio, fue un político e historiador romano.   César lo nombró gobernador de África Nova, luego que lo acompañara en el triunfo final contra las fuerzas de Pompeyo. Como gobernador fue despiadado y corrupto.  Pudo ser tan amoral como quiso gracias al apoyo que le mantuvo en todo momento César.

Esta faceta política de Salustio lo llevó a ser un gran observador del uso del poder y de la forma que los pueblos de entonces se comportaban. Una de sus frases más célebres es la que me sirve de inspiración para este artículo. Decía Salustio: “Solo unos pocos prefieren la libertad; la mayoría de los hombres no busca más que buenos amos”.

Creo que esta frase pinta de cuerpo entero la actitud política de muchos pueblos de América.   Ante las situaciones de falta de oportunidad, inseguridad, injusticia y amoralidad política, la gente desesperada busca ante todo un salvador que venga a componer el estado de cosas. Una persona a la que están dispuestas a darles su libertad a cambio de que sea bueno.

Vemos, así, cómo el apoyo político a verdaderos autócratas se dispara cuando estos atacan a los poderosos, reparten a diestro y siniestro el erario, enjuician a los maleantes de cuello blanco (los que no son parte de su círculo), aplican mano dura contra la delincuencia real o ficticia (supuestos abusadores del sector privado), con sacrificio de la libertad ciudadana, y mantienen un discurso cínico de apoyo a los que menos tienen.

En el transcurrir de este torbellino justiciero y “bueno”, se acaban las instituciones democráticas y, sobre todo, las republicanas; se destruyen los partidos políticos de oposición;   se cooptan a sirios y troyanos (lo importante es que me apoyen, no que sean “buenos”); se ataca a los medios de comunicación, se politiza la opinión de quienes critican;   se centraliza el poder en un solo hombre; y se persigue con acusaciones baladíes y ficticias a quienes resisten más de lo normal.

Esto lo estamos viendo en Nicaragua, Venezuela y en otras partes.   Lo triste de esta realidad es que ya la vivimos antes.   Son los casos, por ejemplo, de Perón en Argentina, Velasco Alvarado en Perú, Castro en Cuba, Trujillo en Dominicana, Somoza en Nicaragua, y tantos otros caudillos (de izquierda, de derecha, electos o no).

Estos personajes, luego de introducir todos los elementos que evitan el avance de la sociedad por el sendero de la democracia, la República, la economía de mercado, el estado de derecho y la libertad, forman corrientes políticas que perduran en el tiempo y que acaban por trastocar cualquier intento de estas sociedades para liberarse del atavismo circular: populismo, reacción, populismo, reacción…

Para superar este círculo vicioso, Latinoamérica requiere de un movimiento republicano fuerte. Que impulse la separación de los poderes.   Que limite el poder público.   Y que impulse a magistrados y jueces respetados y honestos. En definitiva, la creación de un sistema que no sea el de “quítate tú pa’ ponerme yo”, sino uno de instituciones duraderas y funcionales, sin importar quién llega.

Para que un movimiento así tenga éxito, requiere acabar con los privilegios y discriminaciones que, desde la arquitectura legal, ha dominado la economía y la política de todos nuestros países. Pero debe lograrlo sin caer en la trampa de que el fin justifica los medios. Debe hacerlo con todas las garantías del debido proceso y aplicando, por primera vez en nuestra historia, la ley igual para todos (incluyendo el Estado), y con leyes solo de aplicación general. (Es irónico, pero si alguno de estos “amos buenos”, aprovechando el gran poder que tiene, actuase de manera que logre lo anterior, podría con gran facilidad cambiar realmente para siempre el destino de sus países).

Mientras nuestras constituciones permitan la discriminación sobre la falsa premisa del beneficio social (se pretende justificar la discriminación para beneficiar a los más desvalidos, pero siempre, inevitablemente, acaba discriminándose en contra de estos para beneficio de los allegados al poder), lo anterior no será posible, como tampoco lo será la existencia de instituciones (para qué las quiero si puedo disponer sin límites de mi adversario o a quien yo pienso causa “el mal”).

Cuando el ciudadano común sienta que la ley y los jueces lo protegen del abuso del poder público; cuando vea que a todo el mundo se le trata igual; en fin, cuando de verdad sea ciudadano y no súbdito de un Estado, su actitud cambiará y será el más fuerte defensor de las instituciones que garantizan su libertad.

Ese será el día en que los pueblos de América Latina habremos evolucionado hacia esta forma de organizarnos en sociedad, y ese día perderá vigencia la observación de Salustio y probablemente podamos afirmar lo contrario: solo unos pocos prefieren a un amo bueno; la mayoría de los hombres busca la libertad.

<>Artículo publicado el 6 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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El contrato social ‘versus’ la ley

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La opinión del Abogado…..

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Carlos Ernesto González Ramírez
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La sabiduría oficial dice que todas las tierras dentro del territorio nacional que no están tituladas constituyen bienes patrimoniales del Estado. Por consecuente, las personas que tienen derechos posesorios solo tienen derechos de uso, y tienen que comprarles sus propias tierras al Estado al precio que este pida.

Para justificar tal conclusión, ellos usan un argumento legal complicado que mezcla preceptos constitucionales, leyes y definiciones de palabras y que va así:   La Constitución Política de 1972, en el artículo 257, dice que “Pertenecen al Estado… Las tierras baldías”.

El Código Agrario de 1962 define tierras baldías como aquellas que no tienen título de propiedad, sean ocupadas o no. Además, el artículo 1670 del Código Civil, adoptado en 1969, dice que “las tierras de propiedad de la Nación, de los Municipios, y de las entidades autónomas y semiautónomas, son imprescriptibles”.

Lo anterior nos da la esencia del argumento oficial: En algún momento, la tierra se encontraba en su estado natural y era baldía. Ella fue ocupada, pero, dado el artículo 1670, los ocupantes nunca adquirieron la propiedad porque las tierras que eran del Estado son imprescriptibles.

El argumento oficial tiene cuatro problemas. Primero, el Código Agrario es anterior a la Constitución, y su definición choca con el sentido común de las palabras en el Diccionario de la Lengua Española, que define tierras baldías así: “Dicho de la tierra: Que no está labrada ni adehesada. Dicho de un terreno: Del dominio eminente delEstado, susceptible de apropiación privada, mediante ocupación acompañada del trabajo”.

Es decir, la tierra es verdaderamente baldía solo cuando está en su estado natural y no ha sido ocupada. La simple ocupación cambia su carácter de un terreno baldío que le pertenece al Estado a propiedad privada perteneciente al que lo ocupa.

Segundo, con relación al artículo 1670, cuando la cláusula fue adoptada en 1969, su intención era que se aplicara a fincas patrimoniales tituladas y no a tierras nacionales sin título, para evitar la prescripción otorgada por la Corte Suprema de unas fincas municipales. Además, la ley no debiera ser retroactiva, y por ende los que tenían la posesión antes de 1969 pueden prescribir contra el Estado.

Tercero, la posición oficial está en conflicto con una realidad en el mundo de los hechos, y es que cientos de miles de panameños poseen tierras y son dueños de derechos posesorios. Ellos están dispuestos a luchar por sus tierras, han recibido la protección de las cortes de justicia y son considerados por el pueblo panameño como los legítimos dueños de sus tierras.  En ese sentido, el Código Agrario y el artículo 1670 son leyes positivas (que emanan de una asamblea) que son contrarias a la costumbre y al contrato social, por tanto, esas leyes son obsoletas, incorrectas y deben ceder para alinearse con el contrato social.

Por último, los poseedores de tierra gozan de la protección a la propiedad privada garantizada por la Constitución Política y las convenciones internacionales sobre derechos humanos. La propiedad constitucional que garantiza el artículo 47 de la Constitución es un derecho natural inalienable que nace del dominio con ánimo de dueño de un bien, ya sea un automóvil, un caballo, una camisa o la tierra. Así lo dijo Picard Ami en 1972 durante los debates constituyentes: “… la propiedad es un derecho natural”.

Así también lo establece Carnetlutti en su obra maestra Cómo nace el Derecho: “la propiedad nace, en el terreno de la economía, antes que el derecho; la propiedad es un fenómeno económico antes que jurídico”. El pensamiento filosófico que prevalece en Occidente desde la Iluminación, expresado por John Locke, también afirma que “El que se apropia de un bien común que encontró en su estado natural ha mezclado su trabajo y unido a éste algo que es suyo, y por lo tanto lo convierte en su propiedad”. Muchos fallos de las cortes internacionales de justicia afirman que la fuente de la propiedad es la concepción “lockeana” de la posesión, y no un registro.

Si la propiedad sobre la tierra naciera de un registro y no de la posesión, entonces la propiedad no fuese un derecho inalienable en Panamá, pues cualquier gobierno podría erradicarla simplemente eliminando el registro público. Consecuentemente, ni el Código Agrario ni el artículo 1670 pueden derogar la propiedad privada que tienen los tenedores de derechos posesorios, pues sus derechos son superiores a la ley positiva que emana del poder y están garantizados por la Constitución Política y los tratados internacionales.

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Publicado el  7 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Amenazas del Lacayo

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El punto de vista del Abogado….

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Carlos Ernesto González Ramírez

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Representa una prueba fehaciente de lo acertado de nuestro retiro del Parlacen, el hecho de que su Presidente, Sr. Jacinto Suárez Espinoza, tuviese la osadía y desvergüenza de venir a Panamá a decirle a nuestro país que no puede retirarse del Parlacen.

Osadía y desvergüenza porque este señor ha mantenido un silencio cómplice ante el enorme fraude electoral que su copartidario y jefe político llevó a cabo en Nicaragua en las pasadas elecciones municipales. También, se ha quedado completamente callado ante la manipulación partidaria de la justicia, el uso de turbas para atacar a manifestantes pacíficos, el posible asesinato del Alcalde de Managua, la violación de la hijastra del Sr. Ortega por él mismo, el acuerdo de reparto de poder entre Ortega y Alemán, y la larga lista de abusos y conducta criminal que adornan al líder de su partido político.

Este mismo señor, junto con sus colegas, se ha quedado callado ante el posible asesinato de estado de un ciudadano guatemalteco, que dejó póstumamente una acusación directa al Presidente de ese país en caso de que fuera asesinado, como en efecto sucedió.

Precisamente, son Nicaragua y Guatemala, países gobernados por personajes seriamente cuestionados en su honestidad y capacidad, los que se han opuesto a que Panamá se retire de esta organización inoperante que nació conceptualmente errada y que no tiene ninguna función relevante.

Ahora resulta que, incluso, se ha destapado una conexión de narcotráfico con los miembros de ese mal llamado parlamento, bajo cuyo amparo se refugiaban (¿refugian?) personas de calaña tal que han quedado involucrados en asesinatos por pleitos de drogas.

Y es que, no sólo el Parlacen no ha tenido ninguna función de importancia para la supuesta integración regional, sino que el concepto de Parlamento es un concepto ajeno a la organización política de sus naciones integrantes. Todas son repúblicas presidencialistas, con división de poderes. Encima, el propio Parlacen no se ajusta al concepto de Parlamento, ya que no tiene ninguna posibilidad (y no queremos que la tenga) de promulgar leyes vinculantes para las naciones que la integran.

Definitivamente yo no quiero que un personaje como el Sr. Suárez, que obedece a los designios políticos de un dictadorcito cleptómano, tenga la facultad de promulgar ni un reglamento de tránsito en mi país. Tampoco quiero que lo hagan algunos de los personajes que lo integran y que lo integrarán en el futuro, como el propio Sr. Ortega.

Panamá tiene interés económico y político en los países centroamericanos, pero ese interés no pasa por un proceso de integración político, sino por un estrechamiento de nuestras relaciones económicas y un fortalecimiento de instancias políticas legítimas que contribuyan a una relación armónica regional y a una defensa real de la democracia y el Estado de Derecho.

Para lograr lo anterior, no hace falta pertenecer al Parlacen. Incluso, un país con clara vocación de integración económica regional, como Costa Rica, nunca ha pertenecido al Parlacen (es curioso, pero no he escuchado que esto signifique que no podrá participar del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea).

Panamá debe enfocar su relación con Centroamérica en materia económica. Lograr el acceso a un mercado más amplio para nuestros bienes y servicios. Integrar un sistema de infraestructuras que beneficien a todos nuestros pueblos, como lo son las carreteras, la electricidad y la eliminación de las aduanas. Es decir, una integración económica con libertad de decidir nuestro destino económico según nos convenga, libertad por la cual hemos luchado por varios siglos y que no ha sido hasta fecha muy reciente que la hemos logrado.

Es por esto que Panamá ha acordado con los países centroamericanos un Tratado de Libre Comercio, lo que es cónsono con nuestros intereses y nuestra visión económica como Nación. También pertenecemos a instancias como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Sistema de Integración de Centro América (SICA). Esta última institución es una instancia política, por lo que debemos analizar con detenimiento si continuamos participando, ya que en Panamá no existe una vocación política para integrarnos con Centroamérica (en especial si nuestros vecinos insisten en tratar de amarrarnos al Parlacen).

El Canciller ha propuesto crear una instancia distinta que suplante al inoperante Parlacen. La idea me parece atractiva, si se trata de una instancia en las que los verdaderos detentores de la soberanía nacional se sientan a debatir asuntos de interés regional. No obstante, debemos asegurarnos que proseguir en esa dirección, no permitirá volver a caer en una situación que permita que el lacayo de un dictador venga a decirle al pueblo panameño qué puede o no puede hacer.

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Publicado el  6  de diciembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El costo de una política equivocada

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El costo de una política equivocada

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Carlos Ernesto González Ramírez
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En el año 1998, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un cartel económico compuesto por los 30 países más desarrollados del mundo, decidió iniciar un ataque frontal a los países que utilizaban sus políticas fiscales para atraer capitales foráneos.

Este ataque pretende evitar la competencia fiscal y el funcionamiento de centros financieros fuera del control de sus autoridades que, mediante beneficios fiscales y la protección de la información, permiten que los ciudadanos de sus países (y del resto del mundo) puedan protegerse de los abusos y confiscaciones fiscales de sus gobiernos.

Para lograr su objetivo le sugirieron a sus países miembros que aplicaran medidas discriminatorias a los países que no se sometiesen a sus designios. Estas medidas, sin embargo, eran y son todas contrarias a las obligaciones que en materia de comercio internacional tienen todos los miembros de la OCDE.

Esto lo afirmó en el 2000 un abogado que había ejercido como asesor legal de la sección comercial del mencionado cartel. Dijo, además, que así se lo había hecho saber a los fiscalizadores de la organización, sin lograr persuadirlos de su error.

En el 2001, hice una presentación demostrando las causas por las que estas medidas eran contrarias al Tratado de Marrakech (que crea la Organización Mundial del Comercio) y sugerí que Panamá iniciara un proceso de solución de diferencia en contra de un país latinoamericano que discriminaba a Panamá.

Lamentablemente, un asesor gubernamental se opuso a esta iniciativa argumentando que la misma podía tener un impacto negativo en nuestras relaciones internacionales, tal como lo había vivido él cuando formaba parte del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la administración Endara.

Esto no es cierto. En efecto, los procesos de solución de diferencia se establecieron para que los países defendieran sus posiciones dentro del marco del derecho internacional público, sin amenazas ni uso de la fuerza. Esta es la forma civilizada de actuar.

A través del tiempo esta opinión (y otras similares que surgían de la cancillería) impidieron que Panamá hiciese uso de los mecanismos legítimos que tenía para defenderse. De no haber sido por estas políticas equivocadas, ya hoy hubiésemos tenido una decisión en la OMC, la cual sería, muy probablemente, favorable a nuestros intereses.

Una decisión así hubiese reventado el “cartel” haciendo completamente ineficiente las “amenazas” de esta organización abusiva que pretende imponer su visión del mundo a las demás naciones. Además, hubiese movido el debate internacional al campo en el que debía estar: el del comercio internacional. Es decir, al ataque de “paraísos fiscales” les hubiésemos respondido con la defensa de “proteccionismo financiero ilegítimo”.

Lo que aquí describo lo vine a conocer recientemente en toda su magnitud, cosa me obliga a retirar lo que publiqué hace un tiempo en contra del Viceministerio de Comercio Exterior (dirigido entonces por Melitón Arrocha), a quien responsabilicé de la inacción del gobierno. Definitivamente hoy sé con certeza que ese despacho y sus sucesores han tratado en varias ocasiones de proseguir esta línea de acción, para sólo ser parados por una Cancillería que obviamente no entendía lo que tenía entre manos.

Mantengo la esperanza que, ahora que tenemos un vicecanciller que conoce profesionalmente las reglas que rigen el comercio internacionalmente, esta instancia se convierta en un aliado del ejercicio legítimo del derecho a la defensa. Tal como se ha hecho con el Banano (demandando a toda la Unión Europea) y con las exportaciones de la Zona Libre en contra de Colombia. El doble estándar no tiene base lógica y menos fáctica.

Termino señalando que Estados Unidos, que es miembro de la OCDE y que activamente persigue una política de atracción de capitales foráneos eximiéndolos de impuestos y protegiendo la identidad de los dueños de dichos capitales, eventualmente será víctima de la política de la OCDE, momento en el cual, vaticino, morirán las “amenazas”. Ese momento no está lejos y Panamá sólo debe saber cómo resistir el más reciente embate.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.