El Código Agrario

La opinión de….

 
RODRIGO A. FRAGO. M.
frago_madrigales_rodrigo1508@hotmail.com

A la Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios, en enero del 2011, le corresponderá la discusión del proyecto de ley que crea un nuevo Código Agrario en Panamá. Tal gestión se adelanta interesante y es que el objeto del derecho agrario principalmente es la actividad agraria de producción, sin ella no existiría industria ni mercados de productos agrarios, olvidarse de ello y orientarse exclusivamente hacia el mercado sería un error.

Debemos incluir en el debate la cuestión de la propiedad, la creación y fortalecimiento de empresas agrarias, mecanismos de contratación agraria, disposiciones especiales para las actividades de crías de animales y cultivo de vegetales, sin olvidar los adelantos biotecnológicos que deben crear normas jurídicas para regular el uso de organismos genéticamente modificados.

El crédito agrario no debe pasar desapercibido, al igual que lo referente a las cooperativas agrarias y la función social y ambiental de la propiedad agraria.

Tampoco debemos obviar la existencia de grandes empresas multinacionales que imponen sus reglas mercantilistas, sin respetar normas sociales y laborales agrarias, como efecto directo de la globalización; y que causa la desaparición de pequeños y medianos productores tradicionales, como consecuencia de la ausencia de una política estructural y de mercados para hacerlos competitivos en el mercado global.

Y es que la globalización, como expresión inglesa de la mundialización, representa una segunda etapa, más avanzada de ésta: la entrada en escena de todos los recursos mundiales de producción y de información, que inundan el espacio terrestre donde el mercado se impone como referencia universal. Basado en la libre competencia disminuyendo el papel del Estado y por ende de sus instituciones jurídicas.

Por lo tanto, consideramos oportuno y atinente recomendar que la discusión del nuevo Código Agrario debe tratar los mercados, el ambiente, el desarrollo sostenible y desde luego la justicia.

El reto es grande y es que el Derecho Agrario mantiene conexión con la equidad, la paz y la justicia social, pues, es uno de los instrumentos más importantes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos económicos, sociales y culturales.

Por lo que la labor de los diputados debe buscar que la norma se adapte a los fenómenos del mundo actual, pero a su vez que genere respuestas jurídicas que acompañen las aspiraciones no solo de los que vivimos en el interior, sino también a los capitalinos; tomando en cuenta que el problema de la seguridad alimentaria, explicado por la FAO en recientes informes, reclama una preparación seria, competente y solidaria.

 

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<> Este artículo se publicó el 30  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Para discutir el Código Agrario

La opinión de…

 

Rodrigo A. Frago M.

A la Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios le corresponderá en el nuevo año la discusión del proyecto de ley que crea el nuevo Código Agrario en Panamá. Gestión que reclama trabajo, estudio y voluntad, y es que el objeto del derecho agrario, principalmente, es la producción; sin ella no existirían industrias, ni mercados de productos. Olvidarse de esto y orientarse exclusivamente hacia el mercado sería un error.

Debemos incluir en el debate la cuestión de la propiedad, la creación y fortalecimiento de empresas agrarias, mecanismos de contratación, disposiciones especiales para las actividades de cría de animales y cultivo de vegetales, sin olvidar los adelantos biotecnológicos, por lo que se deben crear normas jurídicas para regular el uso de organismos genéticamente modificados.

El crédito agrario no debe pasar desapercibido, al igual que las cooperativas agrarias con énfasis en la función social- ambiental de la propiedad agraria.

El debate debe considerar la existencia de grandes empresas multinacionales que imponen sus reglas mercantilistas, sin respetar las normas socio–laborales agrarias, debido a la globalización que produce la desaparición de los pequeños y medianos productores tradicionales, como consecuencia de la ausencia de una política estructural y de mercados que los haga competitivos en el mercado global.

Y es que la globalización, como expresión inglesa de la mundialización, representa una etapa más avanzada, por la entrada en escena de todos los recursos de producción y de información que inundan la tierra. De forma que el mercado se impone como referencia universal, basado en la libre competencia y disminuyendo el papel del Estado, por ende, de sus instituciones jurídicas.

Por tanto, consideramos oportuno recomendar que la discusión incluya los mercados, el ambiente, el desarrollo sostenible y, claro, la administración de justicia. El reto es grande, porque la temática mantiene conexión con la equidad, paz y justicia social, porque es uno de los instrumentos más importantes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Basta de predecir que los combustibles aumentarán y los alimentos, por ello, seguirán al alza. La labor de los diputados, debe buscar que la norma se adapte a los fenómenos del mundo actual, y que genere respuestas que acompañen las aspiraciones no solo de los que vivimos en el interior de la república, sino de la capital, tomando en cuenta que el problema de la seguridad alimentaria reclama una preparación seria, competente y solidaria.

 

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<> Este artículo se publicó el  27  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El contrato social ‘versus’ la ley

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La opinión del Abogado…..

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Carlos Ernesto González Ramírez
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La sabiduría oficial dice que todas las tierras dentro del territorio nacional que no están tituladas constituyen bienes patrimoniales del Estado. Por consecuente, las personas que tienen derechos posesorios solo tienen derechos de uso, y tienen que comprarles sus propias tierras al Estado al precio que este pida.

Para justificar tal conclusión, ellos usan un argumento legal complicado que mezcla preceptos constitucionales, leyes y definiciones de palabras y que va así:   La Constitución Política de 1972, en el artículo 257, dice que “Pertenecen al Estado… Las tierras baldías”.

El Código Agrario de 1962 define tierras baldías como aquellas que no tienen título de propiedad, sean ocupadas o no. Además, el artículo 1670 del Código Civil, adoptado en 1969, dice que “las tierras de propiedad de la Nación, de los Municipios, y de las entidades autónomas y semiautónomas, son imprescriptibles”.

Lo anterior nos da la esencia del argumento oficial: En algún momento, la tierra se encontraba en su estado natural y era baldía. Ella fue ocupada, pero, dado el artículo 1670, los ocupantes nunca adquirieron la propiedad porque las tierras que eran del Estado son imprescriptibles.

El argumento oficial tiene cuatro problemas. Primero, el Código Agrario es anterior a la Constitución, y su definición choca con el sentido común de las palabras en el Diccionario de la Lengua Española, que define tierras baldías así: “Dicho de la tierra: Que no está labrada ni adehesada. Dicho de un terreno: Del dominio eminente delEstado, susceptible de apropiación privada, mediante ocupación acompañada del trabajo”.

Es decir, la tierra es verdaderamente baldía solo cuando está en su estado natural y no ha sido ocupada. La simple ocupación cambia su carácter de un terreno baldío que le pertenece al Estado a propiedad privada perteneciente al que lo ocupa.

Segundo, con relación al artículo 1670, cuando la cláusula fue adoptada en 1969, su intención era que se aplicara a fincas patrimoniales tituladas y no a tierras nacionales sin título, para evitar la prescripción otorgada por la Corte Suprema de unas fincas municipales. Además, la ley no debiera ser retroactiva, y por ende los que tenían la posesión antes de 1969 pueden prescribir contra el Estado.

Tercero, la posición oficial está en conflicto con una realidad en el mundo de los hechos, y es que cientos de miles de panameños poseen tierras y son dueños de derechos posesorios. Ellos están dispuestos a luchar por sus tierras, han recibido la protección de las cortes de justicia y son considerados por el pueblo panameño como los legítimos dueños de sus tierras.  En ese sentido, el Código Agrario y el artículo 1670 son leyes positivas (que emanan de una asamblea) que son contrarias a la costumbre y al contrato social, por tanto, esas leyes son obsoletas, incorrectas y deben ceder para alinearse con el contrato social.

Por último, los poseedores de tierra gozan de la protección a la propiedad privada garantizada por la Constitución Política y las convenciones internacionales sobre derechos humanos. La propiedad constitucional que garantiza el artículo 47 de la Constitución es un derecho natural inalienable que nace del dominio con ánimo de dueño de un bien, ya sea un automóvil, un caballo, una camisa o la tierra. Así lo dijo Picard Ami en 1972 durante los debates constituyentes: “… la propiedad es un derecho natural”.

Así también lo establece Carnetlutti en su obra maestra Cómo nace el Derecho: “la propiedad nace, en el terreno de la economía, antes que el derecho; la propiedad es un fenómeno económico antes que jurídico”. El pensamiento filosófico que prevalece en Occidente desde la Iluminación, expresado por John Locke, también afirma que “El que se apropia de un bien común que encontró en su estado natural ha mezclado su trabajo y unido a éste algo que es suyo, y por lo tanto lo convierte en su propiedad”. Muchos fallos de las cortes internacionales de justicia afirman que la fuente de la propiedad es la concepción “lockeana” de la posesión, y no un registro.

Si la propiedad sobre la tierra naciera de un registro y no de la posesión, entonces la propiedad no fuese un derecho inalienable en Panamá, pues cualquier gobierno podría erradicarla simplemente eliminando el registro público. Consecuentemente, ni el Código Agrario ni el artículo 1670 pueden derogar la propiedad privada que tienen los tenedores de derechos posesorios, pues sus derechos son superiores a la ley positiva que emana del poder y están garantizados por la Constitución Política y los tratados internacionales.

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Publicado el  7 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.