Cambios legales no significan solución

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La opinión de la Abogada y Ex Diputada de la República…

MIREYA LASSO

Resulta común observar, en todos los gobiernos, cómo frecuentemente se recurre a una fórmula salomónica para resolver problemas que surgen en la sociedad o en la administración del Estado.

Se tiende a culpar a una ley deficiente o anacrónica y, por lo tanto, se hace necesario modificarla. Así, hay que aumentar sanciones para forzar mejores ciudadanos o reorganizar la administración pública para lograr eficiencia en las tareas estatales; pero muchas veces abundan las leyes y en cambio falta la voluntad de aplicarlas con firmeza y sin excepción. Se me hace más un problema de ejecución que de diseño.

Ahora se propone aumentar las sanciones en caso de infracciones a reglamentos del tránsito, porque los accidentes en nuestras calles y carreteras cobran muchas vidas de conductores, pasajeros y peatones, y causan costosos e interminables tranques.

La manera de solucionar este problema es mediante la percepción de un castigo ejemplar que sirva de escarmiento. En un mundo ideal el razonamiento es impecable; pero estamos en Panamá, en donde el problema real no es el monto de la sanción, sino su rigurosa aplicación en todos los casos, sin discriminación ni influencias malsanas. Para el conductor que perciba que su infracción ‘se pueda arreglar’ el aumento de la sanción en la práctica solo significa un precio algo mayor a pagar por su irresponsabilidad.

Igual reacción tiene el contrabandista profesional ante un cambio de ley que aumente el impuesto de introducción de las mercancías que trafica ilegalmente. Mientras mayor sea el ahorro del impuesto que el contrabando le significa, mayor será el incentivo para dedicarse a esa actividad y para lograr clientes.   Resulta irónico, aunque previsible, que el aumento del impuesto nunca se refleje en el correspondiente aumento de los ingresos fiscales.   Igualmente el altísimo precio de drogas ilegales en los mercados internacionales es el fiero estímulo que anula medidas como las de aumentar sanciones, que muchas veces no se cumplen, porque se logra doblegar la voluntad de autoridades encargadas de combatir el negocio.

El problema de la basura en la ciudad capital se piensa solucionar cambiando la ley de la Dimaud para retirarle la función al régimen municipal y entregarla al gobierno nacional, que a su vez tendrá el encargo de privatizarla.   Sin embargo, el personal será el mismo y ahora se proveerán fondos necesarios para adquirir el equipo adecuado para trabajar con eficiencia.

El problema de la demora en la titulación de tierras se resuelve creando un nuevo ente —ANATI— ubicado en el Ministerio de Vivienda, como una nueva autoridad nacional que reunirá cuatro organismos vinculados al tema de la tierra: Catastro del MEF, Reforma Agraria del MIDA, Instituto Tommy Guardia del MOP y PRONAT. Si se trata de desentrañar una maraña burocrática, vale preguntar si recargar las funciones ya complejas de un ministerio ayudará a aligerar los procesos engorrosos que se pretenden evitar.

La preocupación del Ejecutivo en asegurar sus proyectos ‘imperdonables’ llevó a proponer una modificación de la ley orgánica del MEF para dejar claro que, a diferencia de su ley actual, ese ministerio podría llevar a Consejo de Gabinete el proyecto de presupuesto nacional solo con el Visto Bueno —‘previa validación’— de la Secretaría de Metas de la Presidencia. Si se trata de un trámite puramente administrativo dentro de la esfera del Órgano Ejecutivo, vale cuestionar la necesidad de una ley que lo ordene.

En los ejemplos mencionados —y en muchos otros que podría añadir— se tiende a ignorar el hecho de que la solución no descansa en la ley, sino en el recurso humano encargado de aplicarla. Así como la seguridad del castigo es más eficaz que la amenaza de una medida severa que nunca se aplique, la coordinación de las acciones del Estado pueden depender más del trabajo en equipo que en cambios legales. En el Órgano Legislativo aprendí que la elaboración de leyes juiciosas exige mucho más reflexión que la que se le dedica.

<> Artículo publicado el 6  de octubre  de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.

Árboles en Darién

La opinión de….

MODESTO A. TUÑÓN F.

Un grupo conformado por varios cientos de pobladores rurales, campesinos y colonos discutió sobre el estado de la tenencia en comunidades en Darién, específicamente en zonas colindantes con áreas protegidas en una reunión con un equipo de funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), la Dirección de Catastro y el Programa Nacional de Administración de Tierras, entre otras instituciones.

En el diálogo con los representantes gubernamentales, la mayoría de los finqueros, expresó su interés —en términos de exigencia, dijeron varios— de obtener el título de las tierras donde han trabajado —algunos por décadas— para dejar ‘algo’ a sus hijos o sucesores.

En ciertos casos, se escuchó entre estos interlocutores, quejas por no poder ‘tocar’ las tierras dentro de la demarcación de sitios como Canglón, la laguna Matusagaratí, la Serranía Filo del Tallo y hasta el propio Parque Nacional Darién. Algunas familias dijeron que se establecieron allí antes de decretarse la condición de áreas protegidas.

El grupo de quienes coincidieron en la cita con las autoridades fue bastante representativo, por cuanto que los asistentes provenían de comunidades como Aruza, Río Congo, Arimae, Pijibazal, Río Iglesias, Nicanor, Camogantí, Mogue, Santa Fe, El Naranjal, Arretí, Boca de Cupe, entre otras. Es complejo el asunto, sobre todo por la coincidencia de población de diferentes orígenes culturales.

En los planteamientos surgieron tres temas básicos: Los títulos de propiedad de la tierra; la situación de esos títulos con relación a las áreas protegidas y el régimen de tierras colectivas en los sectores indígenas.

En casi su totalidad, ellos se refirieron en términos muy personales a la concesión de títulos de propiedad, al derecho de tener una tierra donde establecer actividades productivas a escala familiar. Se habló también de un rechazo a proyectos de reforestación con especies como la teca (Tectona grandis), porque —de acuerdo a los quejosos— es extraña a sus costumbres y no es nativa de la región.

Darién ha sido el escenario de una migración creciente en los últimos cuarenta años, que ha trastornado las relaciones entre los subsistemas de recursos naturales y los humanos. La exuberancia forestal, característica de esta provincia, se ha menguado por diversas actividades, que han disminuido la cobertura boscosa, como establecen informes comparativos realizados a comienzos de este siglo por la ANAM.

En casi una década, la extensión de la masa arbórea pasó en 1992 de 9907.37 kilómetros cuadrados a 8531.25 en el año 2000; es decir, hubo una diferencia de 1376.12 kilómetros con una tasa de disminución de 1.74% con relación al total. Los informes extraoficiales exponen que en los últimos años la tasa ha disminuido en velocidad, pero el índice de deforestación se ha mantenido en aumento.

La extracción vinculada a prácticas culturales de los poblados no es tan significativa en relación a datos estadísticos sobre los totales de la disminución de la masa forestal total, que sí es impactada sensiblemente por la ampliación de la frontera agrícola y la mala planificación de proyectos como la construcción de caminos, hidroeléctricas o proyectos mineros, como opinan los especialistas.

Una de las actividades que sí influyen en este fenómeno son los permisos de aprovechamiento forestal. Tan solo en el 2008, se expidieron 526 y en el 2009, 543, entre domésticos y de subsistencia.   En el último de estos años, la masa talada corresponde a 14813.03 metros cúbicos, casi la mitad de lo que se aprovechó en el año anterior.

¿Qué relación existe entre las demandas de titulación dentro del bosque darienita y la diversidad biológica de la provincia? Si bien en términos estadísticos, los permisos de aprovechamiento forestal, son un factor menor, la creciente demanda de tierras asociada con el cambio del uso de la tierra en forma masiva y la ampliación de la frontera agrícola, tienen un peso importante.

Por ejemplo, especies como el águila harpía disminuyen su hábitat en la población de árboles de cuipo (Cavanillesia platanifolia), o aumenta el peligro de extinción del jaguar y otros felinos.

Habría que modificar el régimen de concesión de títulos en la tierra para alcanzar el compromiso de quienes desarrollan actividades productivas, que aseguren un programa de reforestación obligatoria, así como cursos y talleres, para un cambio de cultura hacia la tierra a través de modelos de trabajo dentro del esquema del desarrollo sostenible.

Los programas y proyectos, tanto oficiales como privados en esta provincia limítrofe, deben consolidar un conjunto planificado donde desarrollo y preservación de los recursos naturales se concilien en esta zona estratégica, que constituye una reserva de importancia planetaria.

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Artículo publicado el 25 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Sueño frustrado

La opinión de…

Roberto Castro

La bonanza turística e inmobiliaria que nos visitó, pasó como una ráfaga y se fue. Algunos lograron beber de ese manantial económico que creímos iba a ser inacabable, infinito. Lograron beneficiarse todos aquellos que contaban con grandes sumas para construir edificios, hoteles, resorts etc., o que tenían amigos y familiares en entidades de crédito. Para ellos no fue difícil obtener permisos de construcción, licencias, títulos de propiedad etc., pues, como siempre, al poderoso se le facilitan las cosas.

No podemos decir lo mismo del ciudadano común y corriente, clase pobre o media, costeños y encutarrados, que como único patrimonio solo poseían un derecho posesorio sobre algún terreno con potencial de desarrollo turístico, pero desafortunadamente con un problema gravísimo: pertenecían al “clan de los 200 metros”.

Ocupar un terreno cerca del mar, de la noche a la mañana se convirtió en un estigma, una maldición, gracias al discurso de nuestras clases dirigentes, las cuales vieron allí una oportunidad de aumentar los recursos estatales.

Ser costeño por nacimiento o por accidente, se transformó en sinónimo de acaparador, aprovechado, inescrupuloso, invasor, ladrón de terrenos nacionales, todo ello a causa del alto valor comercial que repentinamente adquirieron tales áreas gracias a la mencionada bonanza.

Todas las miradas apuntaron hacia los costeños y apareció una especie de consigna: había que impedir que esos “oportunistas” se beneficiaran de ese maná caído del cielo.

Casi todos los costeños vieron pasar frente a sus narices grandes proyectos debidamente aprobados y financiados, mientras sus pequeñas ideas y proyectos se tuvieron que quedar dentro de un congelador. Y el método para ese congelamiento fue sencillo pero maquiavélico: “no se titulen derechos posesorios en costas e islas, y si se hace, que sea a precios casi comerciales para que el Estado pueda usufructuar la bonanza”.

Dice la teoría económica moderna que para bajar significativamente la pobreza de una nación, hay que pensar menos en programas populistas, dádivas y limosnas, y más en dotar al desposeído de herramientas que le permitan ingresar a la corriente económica del país.

Una de esas herramientas es la titulación agresiva de todas sus pocas pertenencias, brindándole seguridad jurídica y convirtiéndolo en sujeto de crédito. Afirma Hernando de Soto: “país titulado, país desarrollado”.

Mientras en otros países los gobiernos luchan contra terribles obstáculos que impiden la titulación masiva, como son el latifundio, los fenómenos de violencia etc., en Panamá, paradójicamente, es el mismo Gobierno el que se aferra a la tierra desconociendo el legítimo y natural derecho que tienen los ciudadanos de que gratuitamente se les reconozca su ocupación a través del título de propiedad.

Todos los panameños comprenden el esfuerzo que hacen las autoridades para aumentar el índice de crecimiento económico del país.   Comprenden que se busque con ahínco los recursos económicos necesarios para financiar obras de infraestructura, mejorar la educación, la salud etc., y es así como, a regañadientes, aceptaron por ejemplo el castigador 7% de ITBMS.

Pero lo que no se entiende es que a los costeños, por el solo hecho de tener su pequeño patrimonio cerca del mar, se les castigue descapitalizándolos o, lo que es peor, obligándolos a endeudarse para poder alcanzar un poco de seguridad jurídica. Bien haría el Gobierno en comprender que la bonanza inmobiliaria se acabó, que los costeños panameños tampoco podrán beneficiarse de la misma, y que todos ellos siguen mirando, con perplejidad y frustración, los anuncios periodísticos de hace un año, donde se prometía titulación masiva y gratuita de todos los derechos posesorios en el país.

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Este artículo se publicó el 14 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Un freno a la especulación

La opinión del Diputado de la República….

VÍCTOR JULIAO III

Desde hace un mes conozco el proyecto que pretende crear la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI.    Es una iniciativa de gran alcance social que terminará con la actuación dolosa de los acaparadores y avivatos.   Da tristeza ver cómo muchos campesinos han vendido sus tierras a precios irrisorios, por temor a que sean desalojados, debido a la actitud engañosa o a la decepción que tienen al momento de titular sus propiedades.

Actualmente son muchos los pasos burocráticos que deben hacer. Esto se debe a la existencia de muchas direcciones y oficinas que tienen su pedacito de responsabilidad en estos menesteres.   Con la ANATI, se centralizarán las gestiones, lo que aminorará el tiempo de la titulación y acabará con la mora en estos procesos. Para nadie es un secreto que muchos documentos son engavetados o archivados con la esperanza de que los interesados lleguen con algún ofrecimiento para acelerar el mecanismo.

Para titular, el pobre campesino, ese hombre que con su esfuerzo nos permite alimentarnos, tiene que subir y bajar escaleras; ir a un sinfín de instituciones donde la maraña burocrática lo ahogará y muchas veces lo vencerá.   Aparecerán los resuélvelo todo, en la figura de abogados, intermediarios y expertos en bienes y raíces. Ese ser humano curtido por el trabajo diario, puede caer en manos de estafadores.

Una vez aprobemos y lo sancione el presidente de la República acabaremos con ese suplicio, ese martirio, que muchas veces termina en la negación de un derecho adquirido por múltiples generaciones.   La ANATI acabará con esos actos deleznables y le ofrecerá un escudo de protección a esos miles de hombres y mujeres que guardan como un gran tesoro su pedacito de tierra.

Sabemos que un derecho posesorio no es garantía bancaria.   Con los bienes registrados, donde se aclara la titularidad, el dueño puede hacer maravillas; desde la consecución de un préstamo para mejorar la producción hasta el sueño tranquilo que propicia saber que ya ningún bellaco podrá quitárselos.

Hace varios días encabecé la entrega de diez mil pares de zapatos, que fueron repartidos en las 22 escuelas primarias oficiales del circuito 8—7.   Escuché al director de la escuela Ricardo Miró cuando expresó que él obtuvo sus primeros calzados a los quince años.   Esa revelación me conmovió el alma y me hizo meditar sobre esos miles de niños que viven en las serranías en los campos apartados.     Había que ver las caras de esos infantes cuando abrían sus cajetas y se probaban su par de zapatos.

Esas mismas emociones van a sentir nuestros hombres y nuestras mujeres con esta nueva Autoridad Nacional de Administración de Tierras. Y también yo me sentiré regocijado al formar parte de una aspiración que han acariciado por mucho tiempo. Estamos comprometidos en buscar soluciones y aquí está una muestra palpable. Quien demuestre que tiene derecho a la tierra, sin distingo de raza, color, sexo o posición social tendrá un aliado, una nueva institución.

Con este documento, todos los ciudadanos que en la actualidad tienen los llamados derechos posesorios podrán contar con una escritura que les acredita, de manera legal, la tenencia de su tierra. Esta es la respuesta oportuna a un clamor ciudadano, así como la ratificación fehaciente de nuestro compromiso, mediante el ordenamiento y la transformación positiva, integral y humanista del Estado panameño.

Repito, conozco a fondo el tema; desde hace un mes lo vengo revisando y concluyo que es lo mejor para el país y para aquellos que hoy viven un gran Viacrucis a la hora de titular sus tierras. La ANATI es orden, es anti burocracia, es centralización de los procesos, es disminuir el tiempo de titulación, es acabar con los usurpadores, es eliminar a los muchos intermediarios y, sobre todo, la ANATI es la protección del patrimonio de los que menos tienen y más sufren.

La ciudadanía está clamando por estas modificaciones. Esta iniciativa que ha presentando mi colega y amigo Sergio Gálvez, forma parte de las muchas promesas que hiciera nuestro mandatario, Ricardo Martinelli Berrocal.

Finalizo haciéndoles un llamado a nuestros hombres y mujeres del campo, no vendan la tierra; el dinero es nervioso y se acaba, la tierra queda. Conserven lo que Dios les ha dado y protéjanlo como su bien más preciado.

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Este artículo fue publicado el  9 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

“Lo estoy diciendo y es como si lo estoy viendo”

La opinión de…..

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EMILIA GAMARRA

Teníamos guanacastes grandotes. Son pura sombra esos árboles. Y sotacaballo. Ellos crecen a la orilla del río y también dan sombra. Había un señor que tenía uno bastante grande. Todos los tumbaron. Quedaron 2 ó 3 palos. Se salvaron, porque la gente estaba ahí. La gente se mantenía ahí y no los dejó tumbar.

Los sotacaballo cada año echan flores y tienen una vaina grande que explota y bota las semillas. El viento se las lleva y donde quiera que caen, ahí pegan. La raíz es dura y el palo también.

Nací y crecí en la comunidad naso Tjerdi Shikix.   A los 14 años me casé con un señor de San San.   Demoré con él 23 años y tuve 2 mujeres y 6 varones.   Con el señor que estoy ahora tengo 20 años. Con él llegué a Drudi. Los latinos le dicen Drui. Mis abuelos decían que Dru era un espíritu que mataba a las personas mayores, las que no podían caminar y estaban indefensas. Di , quiere decir quebrada.

El domingo 29 de marzo, yo estaba en Guabito. Se habían escuchado rumores de que la Policía iba a sacarnos de Drudi.  No sabíamos si era verdad o mentira. El lunes nos levantamos temprano, agarramos a Cristy, Lisbeth, Glen.. los 6 niños.   Son mis nietos.

Clareando llegamos a Drudi.   Mi hermano estaba en San San y me mandaba llamadas perdidas. Pero mi celular no tenía señal.   Cuando llegué a la casa de Pánfila, mi nuera, me dice: “ Llamaron que vienen los antimotines ”. Las dos corrimos y empezamos a gritar a los vecinos. Llegaron todos con los niños, las embarazadas, las mujeres con los bebés chiquitos, los señores.

Vimos venir una carreta con antimotines.  Se pararon en fila, como a 100 metros de nosotros, con sus cascos, armados y equipados con todo lo que cargan.  Y llegó otra carreta.  Son remolques que los tira un tractor.   Los policías llegaron en bus hasta un punto. De ahí se subieron a las carretas de la Ganadera Bocas. Yo no sentí miedo.

Al rato llegó la corregidora y dice: “ Tienen que salir de aquí, yo les avisé de este desalojo ”.   Le respondimos: “ Póngase la mano en el corazón.   Tú eres una teribe, igual que nosotros. Eres una indígena. Somos tu familia. Recuerde que usted no es otra gente. La única que puede detener esto es usted.   Usted dijo que nos iba a ayudar, y ¿ahora qué pasó? ”.    La corregidora dijo: “ Les doy 10 minutos para salir ”.    Imagínese, ¿qué podemos sacar en 10 minutos, qué podemos salvar?

Y en eso escuchamos una bomba que empezó a echar humo. Los niños al ver eso empezaron a gritar y a correr. Teníamos un tanque de 50 galones lleno de agua. Mojamos toallas para limpiar la cara de los niños. ¡Y a correr a sacar los niños de ahí!   Una niña se ahogó en el humo.

Las mamás se fueron huyendo con los niños. Unas huyeron por la quebrada y otras se fueron adentro, buscando las lomas. Se fueron sin desayunar, sin nada, esos niños. Quedamos los adultos. Huíamos debajo del bambú y nos tiraban bombas.   Debajo de la iglesia y ahí nos tiraban otra vez.   Lo estoy diciendo y es como si lo estoy viendo.

La primera casa que tumbaron fue la mía, luego la tienda, luego la de la tía de mi esposo.   Se metieron hacia abajo y tumbaron la casa de Alcibíades.   Arrasaron con todo: había plátano, guineo, caña. Luego le tocó a la casa de Catalino Victoriano.   Él vive solo. Y luego a la de su hija, María Victoriano.  Después acabaron con la casa de Feliciano Peterson, y luego la iglesia cuadrangular, la casa de Epidencio Gabriel, Félix Vargas, Avelino Gamarra, Aguirre Vargas, Misael Vargas, la casa de la señora Esperanza Brown. De ahí tumbaron la casa de Lupita. Y la casa comunal.   El piso era de tierra, las columnas de madera y el techo de hojas de palanquilla.   No tenía paredes.   Solo los postes, las vigas y el techo.   Recién la construimos porque la que teníamos se nos quedó pequeña. Esta, la nueva, medía 24×24 metros. Ahí hacemos las reuniones de la asamblea de la comunidad. Cuando regreso de una actividad para pedir la comarca, ahí me reuno con la comunidad y les informo qué se hizo en Panamá.  O si vienen funcionarios de afuera, ahí los recibimos.

Cuando terminaron de tumbar las casas se acamparon en la casa cultural. Esa la construimos para que los muchachos estudiaran con la Telebásica.  Ya estaba terminada. Estaba para inaugurar el 10 de abril. No la tumbaron, lo dejaran para los policías dormir y escampar cuando llovía. Se quedaron el lunes todo el día.

Nosotros no sabíamos que afuera había policía y no dejaban pasar a nadie a la comunidad.    Esperábamos a nuestra gente: el abogado, nuestros dirigentes, nuestra gente. Pero no los dejaban pasar.

Los periodistas llegaron a la 1 ó 2 de la tarde. Ahí empezamos a gritarle a la policía y a la corregidora. Les preguntábamos que cuánto les había pagado la Ganadera Bocas.   Les decíamos: “ Esta mañana tenían los huevos bien puestos. ¿Ahora por qué no nos disparan delante de los periodistas? ”.   Qué vulgaridades no les gritábamos. La corregidora y la policía no dijeron una palabra.   Los policías no querían que nadie se diera cuenta de lo que nos hicieron.

Ahí se quedaron. No nos dejaron entrar a sacar las gallinas. Empezaron a saquear la tienda.   Cortaron los plátanos. Había 4 policías naso, de otras comunidades. Ellos nada podían hacer, porque los botaban de su trabajo. No sacamos la ropa ni ollas, ni nada. Ni cucharas, ni pailas, ni platos, ni las herramientas, los clavos.   Nadie sacó nada.   El arroz, el azúcar, la harina, todo quedó debajo de lo que tumbaron.

Después de 15 días, cuando nos vinimos a protestar acá, a Panamá, volvieron con sus máquinas, hicieron un hueco y enterraron todo. Las maderas, el zinc y todo lo que había. Todo lo que teníamos. La empresa Ganadera Bocas nos tiene que pagar eso.   Nosotros no queremos reubicación, porque esa tierra es de nosotros.

Vamos a construir nuestra casa otra vez. Nos vamos a quedar en nuestra tierra.

Los niños tenían picazón. A Iveth se le llenó de ronchas el cuerpo. Pedíamos a la Cruz Roja. Los de Protección Civil llegaron y no preguntaron nada. Se quedaron allá afuera.   Mi cuñado le dijo a los policías que había niños con hambre y enfermos. Los policías no querían que nadie se diera cuenta. A las 10 de la noche dejaron salir a mi hija con 8 niños.   Llegaron a la 1 de la mañana a Changuinola.   Allá los atendieron.

Al día siguiente nos levantamos, mandamos a los otros niños al monte, y los mayores llegamos a 100 metros de la Telebásica.   Ellos dijeron: “ Cumplimos órdenes. Ahora digan ustedes qué quieren ”.   Les gritamos: “ Desde ayer los niños no comen nada. Déjenos pasar, pero sin ninguna condición ”.   Nos reunimos a la orilla del río. Empezamos a hacer ranchos. Ese día no llovió.

A la 1 de la tarde los de Protección Civil nos llevaron comida y querían hacerse una foto con nosotros. No se lo permitimos.

El miércoles a mediodía empezaron a tumbar la Telebásica. Eran dos máquinas de la empresa Ganadera Bocas. Una empuja para tumbar y la otra tiene una cuchara grande. Llegaron las dos carretas, se llevaron a casi todos los policías. En la noche ya no quedó nadie. Pasaron 15 días y no había respuesta del alcalde ni el gobernador, ni la corregidora.   Vivíamos en el rancho a la orilla del río y ahí dormíamos.   Había arroz, frijoles, lentejas y sardinas.

Decidimos viajar a Panamá a hablar de nuestra situación con las autoridades.   Salimos a las 7 de la noche y llegamos a las 4 y media de la mañana al terminal de transporte en Panamá.   De ahí fuimos al edificio de las Naciones Unidas y nos sentamos a la entrada. Nos sentamos con los bultos. Traíamos un par de mudas, los que traían algo. Éramos como 26.   Vinimos con los niños.

Haydée vino con su mamá. Yo me traje a Cristy. Pero no nos querían tener ahí. Dijeron que “ aquí no se puede hacer eso, que hagan una comisión ”.

De ahí fuimos a un hotel donde había un congreso sobre indígenas. Nos dieron espacio para plantear nuestro problema, pedimos ayuda, recogimos 360 dólares. No sabíamos a dónde ir. No teníamos nada. Vinimos con el pasaje y no más.   Entonces dijimos: “ Vamos al parque de Catedral ”. Nos subimos en un bus hasta Santa Ana, caminamos hasta Catedral y nos metimos en el gazebo, en el centro del parque. Nos quedamos ahí en el gazebo. Imagínese, ¿dónde íbamos a bañarnos, dónde íbamos a comer, a cocinar?

Cocinamos en la playa. Los piedreros que dormían ahí se molestaron, porque les rompimos los cartones para soplar el fogón y también se pusieron alegres, porque les dábamos comida. Pero había excrementos y olía a orines. Entonces compramos una cocina, la pusimos en el gazebo y nos mejoró la situación. Pasé mes y medio en el gazebo. Me regresé a Guabito por Cristy, mi nieta, porque ella tiene que ir a la escuela.

Desde hace muchos años estoy en la lucha. Comencé, porque el primer señor con el que me casé andaba en la lucha por la Comarca Naso Tërdji y hasta el sol de hoy sigo luchando por la Comarca. Porque sin la Comarca no tenemos ningún derecho. Mira lo que nos pasó con la Ganadera Bocas.   Si no nos dan la comarca van a entrar más empresas y proyectos, nos van a sacar de nuestra tierra. Nos van a quitar la tierra. Ahora están dando título de propiedad de nuestra tierra.   Van a vendérsela a gente que tiene plata. Y eso no es así. Esa tierra es nuestra y es libre para trabajar y cultivar.

*La líder naso Emilia Gamarra es una de las ganadoras del V Concurso Centroamericano de mujeres: “Voces, imágenes y testimonios 2009”, organizado por la organización costarricense Voces Nuestras. También los son las niñas de esa comunidad indígena panameña Haydée Gamarra (10 años) y Cristy Vargas (10 años).

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Publicado el 20 de febrero de 2010 en el Diario   La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La Patria no se vende

La opinión de…….

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JORGE  GAMBOA  AROSEMENA

Luego de aprobada la ley sobre titulación de islas y costas, el problema no se ha resuelto, solo se le ha dado un matiz económico.

Si bien es cierto que ahora el Estado ingresará una buena cantidad de millones, la primera impresión de mi parte que recibí con la propuesta de la ley era que se quería acabar con la especulación en lo referente a la compra y venta de pedazos de mi patria.  Con la ley, se ha convertido en una situación elitista, porque titular más de tres hectáreas solo lo podrán hacer los que tengan alto poder adquisitivo, ya sean persona natural o jurídica, porque si algún ciudadano común tiene 10 hectáreas con derechos posesorios, le titularán 3 sin mayor costo y las otras 7 serán, por ejemplo, a 3 mil cada una, es decir, 21 mil balboas, que seguro no los tiene; pero que si un inversionista las quiere y le ofrece 25 o 30 mil por todo el globo, el que vende pagará impuesto de enajenación por las 3 hectáreas y el resto no paga. El comprador luego titulará las 7 restantes y especulará con todo el globo, vendiéndolo hasta en 50 mil la hectárea, que por 10 hectáreas sería 500 mil, habiendo invertido alrededor de 50 mil balboas. Negocio redondo.

¿Quién ganó más? ¿El Estado que tituló a 3 mil cada una de las 7 hectáreas o el empresario desarrollista, que aunque luego tenga que pagar al fisco los impuestos de esta transacción, de todas maneras le resultó un buen negocio de varios cientos de miles de balboas?

La patria es de todos y no es para que nadie lucre de la venta de sus terrenos. Que un empresario venda su fábrica, venda su supermercado, su restaurante, está vendiendo una empresa que le costó inventiva, capacidad administrativa y los activos de ella.

Que uno de estos llamados inversionistas venda un globo de terreno a precios especulativos, solo ha vendido lo mismo que compró pero a lo que no le ha añadido ninguna plusvalía proveniente de alguna capacidad empresarial, solo ha lucrado de la necesidad creada por la sociedad de consumo de ese globo de terreno.

Yo soy de la tesis de que el Estado debe regular la venta de la tierra y si alguna persona natural o jurídica vende por arriba del valor catastral, esa diferencia debe ser del Estado.   Seguro que nadie vendería ni nadie compraría para especular.

Estamos perdiendo de vista que la patria es de todos, siendo uno de sus principales componentes el territorio, por lo que no es justo que por circunstancias de oportunidad, unos se hagan de tierras que en el régimen especulativo se inflan de valor y otros no tengan acceso a esta oportunidad.

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Publicado el  15 de enero de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El contrato social ‘versus’ la ley

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La opinión del Abogado…..

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Carlos Ernesto González Ramírez
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La sabiduría oficial dice que todas las tierras dentro del territorio nacional que no están tituladas constituyen bienes patrimoniales del Estado. Por consecuente, las personas que tienen derechos posesorios solo tienen derechos de uso, y tienen que comprarles sus propias tierras al Estado al precio que este pida.

Para justificar tal conclusión, ellos usan un argumento legal complicado que mezcla preceptos constitucionales, leyes y definiciones de palabras y que va así:   La Constitución Política de 1972, en el artículo 257, dice que “Pertenecen al Estado… Las tierras baldías”.

El Código Agrario de 1962 define tierras baldías como aquellas que no tienen título de propiedad, sean ocupadas o no. Además, el artículo 1670 del Código Civil, adoptado en 1969, dice que “las tierras de propiedad de la Nación, de los Municipios, y de las entidades autónomas y semiautónomas, son imprescriptibles”.

Lo anterior nos da la esencia del argumento oficial: En algún momento, la tierra se encontraba en su estado natural y era baldía. Ella fue ocupada, pero, dado el artículo 1670, los ocupantes nunca adquirieron la propiedad porque las tierras que eran del Estado son imprescriptibles.

El argumento oficial tiene cuatro problemas. Primero, el Código Agrario es anterior a la Constitución, y su definición choca con el sentido común de las palabras en el Diccionario de la Lengua Española, que define tierras baldías así: “Dicho de la tierra: Que no está labrada ni adehesada. Dicho de un terreno: Del dominio eminente delEstado, susceptible de apropiación privada, mediante ocupación acompañada del trabajo”.

Es decir, la tierra es verdaderamente baldía solo cuando está en su estado natural y no ha sido ocupada. La simple ocupación cambia su carácter de un terreno baldío que le pertenece al Estado a propiedad privada perteneciente al que lo ocupa.

Segundo, con relación al artículo 1670, cuando la cláusula fue adoptada en 1969, su intención era que se aplicara a fincas patrimoniales tituladas y no a tierras nacionales sin título, para evitar la prescripción otorgada por la Corte Suprema de unas fincas municipales. Además, la ley no debiera ser retroactiva, y por ende los que tenían la posesión antes de 1969 pueden prescribir contra el Estado.

Tercero, la posición oficial está en conflicto con una realidad en el mundo de los hechos, y es que cientos de miles de panameños poseen tierras y son dueños de derechos posesorios. Ellos están dispuestos a luchar por sus tierras, han recibido la protección de las cortes de justicia y son considerados por el pueblo panameño como los legítimos dueños de sus tierras.  En ese sentido, el Código Agrario y el artículo 1670 son leyes positivas (que emanan de una asamblea) que son contrarias a la costumbre y al contrato social, por tanto, esas leyes son obsoletas, incorrectas y deben ceder para alinearse con el contrato social.

Por último, los poseedores de tierra gozan de la protección a la propiedad privada garantizada por la Constitución Política y las convenciones internacionales sobre derechos humanos. La propiedad constitucional que garantiza el artículo 47 de la Constitución es un derecho natural inalienable que nace del dominio con ánimo de dueño de un bien, ya sea un automóvil, un caballo, una camisa o la tierra. Así lo dijo Picard Ami en 1972 durante los debates constituyentes: “… la propiedad es un derecho natural”.

Así también lo establece Carnetlutti en su obra maestra Cómo nace el Derecho: “la propiedad nace, en el terreno de la economía, antes que el derecho; la propiedad es un fenómeno económico antes que jurídico”. El pensamiento filosófico que prevalece en Occidente desde la Iluminación, expresado por John Locke, también afirma que “El que se apropia de un bien común que encontró en su estado natural ha mezclado su trabajo y unido a éste algo que es suyo, y por lo tanto lo convierte en su propiedad”. Muchos fallos de las cortes internacionales de justicia afirman que la fuente de la propiedad es la concepción “lockeana” de la posesión, y no un registro.

Si la propiedad sobre la tierra naciera de un registro y no de la posesión, entonces la propiedad no fuese un derecho inalienable en Panamá, pues cualquier gobierno podría erradicarla simplemente eliminando el registro público. Consecuentemente, ni el Código Agrario ni el artículo 1670 pueden derogar la propiedad privada que tienen los tenedores de derechos posesorios, pues sus derechos son superiores a la ley positiva que emana del poder y están garantizados por la Constitución Política y los tratados internacionales.

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Publicado el  7 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.