El testamento del año 2010

La opinión de…

 

Magela Cabrera Arias

En varios países –especialmente Colombia y Ecuador– se hace un muñeco con trapo y cartón que personifica el año que finaliza y que a medianoche del 31 de diciembre es calcinado en medio del jolgorio de todos. La hoguera donde se quema el Año Viejo es parte de una suerte de rito que expulsa energías negativas del ciclo que finaliza, al tiempo que deja el camino libre a las energías positivas del Año Nuevo; al final se lee un testamento –que a modo de catarsis y de forma irónica– alude a figuras políticas a los que el agónico año viejo deja una herencia.

Soy el año 2010 moribundo. ¡Hijos, acérquense a escuchar mi testamento!

A mi querido Juan Pueblo le pido perdón por dejarle muertos, ciegos, desahucios, educación y salud de mala calidad, inundaciones, más impuestos y pobreza.

En esta hora fatal, a mi hijito Ayú le dejo una Constitución para que le sirva de guía y pueda mantener el rumbo sin perder la hidalguía cuando le toque el turno de discutir la reforma y de dejar la silla.

A mi hijo Bosco le quito la consola de videojuegos y los guantes de boxeo y le dejo una copia del derecho a la ciudad de Brasil, para que juegue a hacer una ciudad con patrimonio cultural e histórico y amplios espacios públicos.

A mis nietos, los honorables diputados, les dejo unos lentes bien potentes y de marcos importados para que vean bien las leyes que aprueban y que luego no aleguen –como en el caso del chorizo– que no supieron ni vieron.

A mi sobrino Javier le dejo la película Una verdad Incómoda para que la disfrute junto a Carmencita, Raisa, Gabriela y Alida.

A mis cuñados los fiscales les dejo una atarraya de kriptonita para que la usen sobre el sistema de justicia para tapar hoyos, lagunas y puertas por donde se cuelan los peces más gordos.

A mi compadre Gustavo le dejo un Lamborghini que, aunque ajeno, lo hace lucir vigoroso; eso sí con la promesa de que arroje muy lejos el pele police que deja sueltos a los rabiblancos y agarra a los rabiprietos.

A mi sobrino Salo le dejo un hotel para que aloje gratis a los funcionarios de la Unesco que quieran visitar al Casco Antiguo antes que le quiten el título de Patrimonio de la Humanidad.

A mi hijo Ricardito le dejo una laptop con internet de banda súper ancha para que pronto se entere de lo que dice Wikileaks, y prepare sus discursos con rapidez y destreza.

A mi hijo Federico le dejo un helicóptero para que acuda raudo y veloz a dar discursos bonitos, alejándose así de los tranques infinitos.

A mi hijo Carlitos le dejo una casita de muñecas para que con un bono de vivienda disfrute del amplio espacio de las urbanizaciones en la periferia.

A mi hija Alma le regalo un trabajo en las bananeras bocatoreñas para que pele el ojo bajo el candente sol.

A la Autoridad de Aseo le dejo unos camiones muy bonitos –casi nuevos–, ya que los $80 millones alcanzaron para pintarlos de colores patrios.

A los amantes de la cultura les dejo un billete de lotería premiado para que creen editoriales, museos y hasta una concha acústica para la cinta costera, así apoyarían a escritores, pintores, escultores y músicos panameños.

A los amantes del deporte les dejo energía y el campo libre para que organicen los próximos Juegos Centroamericanos y Panamericanos; a cambio me llevo a Franz y, a los Miguelitos, a unirse con Melitón.

A Juan Pueblo le dejo ¡optimismo! Y unas palabras sabias de Frei Betto: “Tengo la certeza de que nada vuelve a una persona más feliz que el empeñarse a favor de la felicidad ajena; y esto vale tanto en la relación íntima como en el compromiso social de luchar por ‘otro mundo posible’, sin desigualdades insultantes y en el que todos puedan vivir con dignidad y paz. El derecho a la felicidad debiera constar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y los países no debieran ansiar en adelante el crecimiento del PIB, sino el del FIB: la Felicidad Interna Bruta”.

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Este artículo se publicó el 6  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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La ciudad deseada

Día Mundial de Habitat –  La opinión de…

Magela Cabrera Arias

En 1986 Naciones Unidas estableció el primer lunes de octubre para conmemorar el Día Mundial del Hábitat. El lema de este año es “Una mejor ciudad para una vida mejor”, que pretende impulsar los derechos a una vivienda digna, acceso a los servicios básicos, a la educación, a la justicia, a la seguridad y a la posibilidad de vivir en armonía con el entorno.

Esta conmemoración me lleva a reflexionar sobre la brecha existente entre la ciudad que tenemos y la ciudad que deseamos. Vivimos en una ciudad que crece con desmesura. Las grúas, como los molinos del Quijote, mueven irreflexivamente sus brazos sembrando hormigón y destruyendo árboles, reduciendo calidad de vida y empujando cada vez más lejos a quienes no pueden pagar por una vivienda.

El impacto de las migraciones, las nuevas tecnologías de comunicación, la inseguridad, la crisis económica cíclica, la persistencia de la pobreza, el deterioro ambiental, el ruido, la contaminación, la segregación social y espacial, los desastres naturales y la pérdida de patrimonio histórico y arquitectónico, son algunos aspectos que convierten a las ciudades en grandes desafíos, donde los fenómenos se desenvuelven a una rapidez y escala difícil de gestionar.

La ciudad de Panamá crece porque ofrece oportunidades y promete una vida mejor. Desgraciadamente, en los asentamientos informales localizados en la periferia los pobladores no disfrutan de las ventajas de la vida urbana; no tienen acceso a los servicios esenciales, ni a sistemas de financiación que les permita mejorar las condiciones de su hábitat. Los que viven en la ciudad pierden calidad de vida resultado de problemas de movilidad, inseguridad ciudadana, escasez de áreas públicas y verdes, y servicios de infraestructura de agua potable y redes de alcantarillado insuficientes o saturados.

La ciudad deseada tiene que ser definida entre todos: empresarios, universidades, gobiernos locales y ciudadanos. La imagino como una ciudad inclusiva donde todos ejerzamos nuestro derecho, y como una ciudad sostenible, física, espacial, económica y socialmente. La imagino sumándose a las más de mil 500 ciudades que este año abrieron por un día las calles para la libre circulación de personas como cada 22 de septiembre, cuando se celebra el Día Mundial sin Autos.

Los temas que deberíamos considerar al momento de diseñar políticas públicas que protejan nuestro hábitat son muchos y diversos. Controles a las inmobiliarias que construyen destruyendo la armonía arquitectónica y el patrimonio cultural; política de fomento de áreas verdes –rescatando riberas de ríos, entre otras acciones– ; incentivos fiscales al uso de energías y medios de trasporte limpios y alternativos –paneles solares y bicicletas–; gestión municipal de recolección, reciclaje y tratamiento final de desechos; distribución constante de agua potable a todos los barrios; iluminación masiva en calles generando seguridad; construcción de espacios públicos recreativos–educativos promoviendo convivencia, sistemas integrales y complementarios al futuro metro y al metro bus que aseguren una adecuada movilidad y transporte. Y especialmente, mecanismos fiscales y tributarios que permitan al Estado asegurarse de que los más pobres ejerzan su derecho a la ciudad, considerando sus demandas y satisfaciendo sus necesidades.

Una ciudad atractiva es aquella donde se ha eliminado la contaminación visual –provocada por letreros descomunales–, donde no hay contaminación por ruidos excesivos y que puede ser recorrida no solo por los vehículos sino por los peatones –incluyendo los que tienen limitaciones físicas– para lo cual necesitamos aceras y pasos peatonales. Y, finalmente, una nomenclatura integral de calles y avenidas que permita la localización de estructuras, lo que facilitará la hasta ahora caótica prestación de servicios –incluyendo los de emergencia–.

Ya quedan pocos lugares para escuchar las risas de niños jugando en la ribera de los ríos, para contemplar el revoloteo de las mariposas, o para ver a una pareja de amigos conversando bajo la sombra benigna de un sauce llorón en un día de verano ardiente. Ya quedan pocos rincones en la ciudad para el milagro de la vida. Necesitamos promover oportunidades económicas, ampliar la inclusión social y política, invertir en capital social, repensar en las políticas adecuadas para promover hábitat, sumando esfuerzos podremos construir una mejor ciudad para una vida mejor y dejar atrás la ciudad del temor, la de la abulia, la que no tiene futuro.

<> Este artículo se publicó el 4  de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Una ciudad modelada por ciudadanos

La opinión de…..

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Magela Cabrera Arias


El Decreto Ejecutivo 179 (26/2/2010) centralizó en la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) las decisiones relativas a los cambios de zonificación de uso de suelo y los planes de ordenamiento territorial; descartando así la potestad de los municipios anteriormente establecida en la Ley de Urbanismo (Ley 6 de 2006). Ello, en palabras llanas, significa que se ha eliminado el derecho de los ciudadanos a ser activos, a proponer y a integrar el grupo que decide en temas que determinan su calidad de vida, como es la forma en que se construye la ciudad.

La experiencia nos indica que el Ministerio de Vivienda, recientemente reorganizado como Miviot, con un viceministerio con responsabilidades en el ordenamiento territorial, hasta ahora ha respondido más a los intereses de inmobiliarias y constructores, que a un plan estratégico de largo plazo que asegure una ciudad que favorezca el bienestar de las comunidades.

A pesar de que la Constitución y la Ley de Urbanismo establece (Art. 3) que: “La formulación de políticas sobre el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano se fundamentará en el reconocimiento de la función social y ambiental de la propiedad, en la prevalencia del interés general sobre el particular, y en la conveniencia de una distribución equitativa de obligaciones y de beneficios, así como en la garante de la propiedad privada”; todos sufrimos cotidianamente una ciudad caótica.

En la ciudad de Panamá se han tomado decisiones en función de los inversionistas (aumentando densidades ignorando la capacidad máxima de la infraestructura básica y de las vías), se ha priorizado al automóvil frente al peatón, se han minimizando y eliminado áreas públicas y verdes –indispensables para satisfacer las necesidades urbanas colectivas y para impulsar la integración–, se ha permitido la contaminación visual y atmosférica, y un largo etcétera siempre nocivo para los ciudadanos.

Las nuevas responsabilidades sobre ordenamiento territorial que se le adjudican al Miviot deberían impulsar una planificación integral crecimiento de ciudades, infraestructura física y equipamientos sociales–. No obstante, esa impostergable tarea debe ir de la mano de la descentralización y de una creciente participación ciudadana; siguiendo la tendencia mundial mayoritaria de democratizar la gestión de la ciudad y de descentralizar el Estado.

Ciertamente, no solo es necesario sino urgente capacitar a los funcionarios municipales para asumir gradualmente las funciones relativas al desarrollo urbano y al ordenamiento territorial.

Sin embargo, las acciones de los gobiernos democráticos desde 1990 han postergado con diversos argumentos la necesaria descentralización y han eliminando o burocratizado los procedimientos y las herramientas de participación ciudadana.

La comisión que asesora al Miviot, integrada por ingenieros y arquitectos, honrando su primera condición de ciudadanos, debe urgir al ministerio a integrar mecanismos efectivos y eficientes que permitan a los ciudadanos de a pie, los indiscutibles integrantes de las ciudades a involucrarse activamente en su construcción. La participación ya no se la concibe como un mecanismo de validación de lo decidido por otros, tales como: burócratas, técnicos, políticos o empresarios. Por el contrario, se lo reconoce como el derecho de todos los ciudadanos sobre el control de sus recursos y la manera de usarlos para satisfacer sus necesidades y las de las comunidades en las que conviven.

David Harvey, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y uno de los creadores del concepto del derecho a la ciudad, sostiene que es imperioso garantizar a los ciudadanos el derecho a decidir en qué ciudad quieren vivir.

Lo que significa, entre otros aspectos, no solo el acceso a servicios básicos, sino además a definir un tipo de urbanización diferente. Asimismo, sostiene que el derecho a rehacernos a nosotros mismos creando un entorno urbano cualitativamente diferente es el más preciado de todos los derechos humanos.

La participación ciudadana trasciende el ámbito jurídico para constituirse en una categoría política, puesto que la posibilidad de participar en la toma de decisiones está vinculada con los fenómenos de jerarquización y segmentación social. Generalmente los grupos más deprimidos de la población ejercen en menor medida sus derechos en comparación con los grupos con poder económico y político; por tanto, cuando se trata de participación y se abre un debate sobre sus formas, frecuencias y herramientas se está hablando sobre relaciones de poder concebidas en el seno de cada sociedad, y de la posibilidad de modificar esas relaciones de poder a través de la inclusión de más ciudadanos en los procesos de participación de forma sistemática.

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Este artículo se publicó el  22  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los retos de la gestión municipal

La opinión de….

Magela Cabrera Arias

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Los retos de la gestión municipal

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En septiembre se realizó en Mar del Plata, Argentina, la V Cumbre Hemisférica de Alcaldes organizada por la Federación Latinoamericana de Ciudades y Municipios (Flacma) a la que asistieron, entre otros, el alcalde de ciudad de Panamá y cerca de 3 mil 500 representantes de ciudades.

El objetivo fue compartir experiencias y acordar acciones para afrontar preocupaciones como: normativas, violencia y pobreza urbana, usos de suelo, flujos migratorios, deterioro medioambiental, contaminación por ruido y visual, segregación espacial, desastres –mal llamados naturales– pérdida de patrimonio histórico y arquitectónico, entre otras.

La ciudad de Panamá muestra claramente los problemas analizados por Flacma, no obstante, pareciera que aquí la gestión municipal deja de lado estos asuntos, y los ciudadanos contrariados y sorprendidos observamos cómo, después de más de tres meses de iniciada la nueva administración, los únicos temas debatidos son “errores administrativos” o “campañas de desinformación”.

Necesitamos que la gestión de la ciudad se ejecute con base a un plan de gobierno municipal que delinee políticas y programas diseñados para enfrentar los problemas, que responda a la justas demandas ciudadanas. Se comentarán solo dos de ellas.

1. Política de espacios públicos. Al observar la reacción de los ciudadanos a partir de la inauguración de la cinta costera –constituida en el espacio público más popular, que evidencia la necesidad de la gente por gozar de lugares de encuentro, ocio y deporte–, es oportuno que el Municipio establezca una política de espacios públicos que permita impulsar la creación de espacios similares; así como la planificación y coordinación de acciones públicas y privadas para la gestión de tales lugares. Una gestión administrativa coherente e integral de la cinta permitiría, primero, elaborar un plan de acción con fines cívicos, culturales y deportivos que, en manos de los ciudadanos y sus organizaciones, promueva el uso eficiente de este espacio, organizando actividades que producirían ciudadanos cultos, respetuosos y tolerantes impidiendo iniciativas improvisadas y desarticuladas; además de evitar que se desvirtúe la naturaleza del espacio, contaminándolo con acciones con afán meramente mercantilista.

2. Política cultural. El Casco Antiguo puede ser declarado por la Unesco como patrimonio cultural en peligro, entre otros motivos debido a que los inversionistas compran propiedades que dejan “engordar” con fines de especulación inmobiliaria, dejando así que los inmuebles se deterioren y debido también a que otros especuladores construyen irrespetando las normas.

Si bien lo que sucede en el Casco Antiguo es una responsabilidad compartida con diversas instituciones, es Ingeniería Municipal quien finalmente expide el permiso de construcción. Ojalá la reciente orden de la Corte de suspender la construcción del edificio PH Independencia –que ha perjudicado gravemente el valor histórico del área– sea el precedente para que Ingeniería Municipal cumpla su labor y no otorgue permisos que atentan contra el patrimonio histórico.

También es tiempo de que el Municipio encabece, siempre a través de un plan estructurado, diversas iniciativas que impulsen la cultura, apoyando al Inac, en la ejecución del futuro plan de acción que debe entregarse a la Unesco para salvaguardar y recuperar los conjuntos declarados Patrimonio Histórico, y que intervenga para salvar al teatro Variedades, inaugurado en 1912 en Santa Ana, y otros edificios de valor histórico, cuyas estructuras se desploman. Oportunas también serían iniciativas para evitar la demolición del antiguo edificio de la embajada estadounidense para usarlo como museo, convirtiéndose así en un espacio que complementaria a la cinta.

Es preciso entender la ciudad como una entidad múltiple y problemática, hecha en parte por una realidad física; y por otra, por una realidad sociopolítica.   Para erigir esa ciudad que todos ansiamos es necesario reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas lo que podría empezar a lograrse impulsando la participación y la descentralización.   Una gestión municipal democrática debe promover la proximidad y la dialéctica entre todos los sectores económicos y sociales.

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Publicado el 7 de octubre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.