El deber de participar

La opinión de…

 

Salvatore Bacile Ladaris

Los panameños no podemos darnos el lujo de abstraernos de los eventos que suceden a diario a nuestro alrededor y que son una muestra de nuestra aún imperfecta democracia, ya sea por desidia, banderías políticas, desgane, desgaste, frustración con el sistema o, simplemente, porque nos parece que esos no son nuestros problemas, sino los del gobierno en turno.

No podemos ignorar y ser pasivos espectadores de injusticias, atropellos, violencia, ilegalidades, abuso de poder o, por otro lado, de las presiones que algunos gremios organizados ejercen sobre el Estado, que al final somos todos, con el único fin de postergar o aumentar sus propios privilegios en detrimento de nuestros ya socavados valores.

Nuestra indiferencia, en más de una ocasión, es la ciega cómplice de las injusticias y situaciones que posteriormente criticamos y de las cuales diariamente nos quejamos, o que por ignorar o considerar que no podemos cambiar, dejamos que sigan su curso, perdiendo de perspectiva el daño que directamente nos ocasionan.

Educadores, médicos, funcionarios administrativos y hasta jubilados son un ejemplo de estos grupos de presión que surgen a la palestra pública en forma cíclica y a manera de espiral cada cierto tiempo, reclamando con acciones de fuerza, paro de labores y cierres de calles lo mismo de siempre: mejoras salariales, pensiones privilegiadas o mejores condiciones de trabajo.

Sin embargo, me pregunto, ¿alguna vez hemos visto a estos mismos grupos defender con la misma beligerancia la necesidad de introducir en la educación una reforma curricular con la cual todos estemos de acuerdo y que contribuya efectivamente a preparar a nuestras futuras generaciones?

¿Hemos visto a estos grupos cerrar calles y rasgarse las vestiduras con la misma vehemencia por modernizar la salud en nuestro país y ofrecer una atención médica con calidez y humanidad? ¿Hemos visto los ciudadanos de este país que estos grupos efectivamente han contribuido a introducir los cambios que todos esperamos para hacer avanzar nuestro país, sacrificando sus intereses personales?

Si la respuesta común a estas preguntas es ¡no!, entonces me pregunto, ¿por qué cuando estos grupos se organizan para reclamar a la fuerza que todos paguemos más impuestos a fin de hacerle frente a sus reclamaciones no decimos nada, no reaccionamos y dejamos que sea el gobierno de turno el que responda y resuelva con los recursos del erario público, al fin y al cabo, con los recursos de todos los panameños?

Nuestro compromiso como ciudadanos no termina en las urnas al emitir nuestro voto, por el contrario, allí empieza el deber de involucrarnos activamente en el acontecer nacional, de emitir nuestros criterios y de apoyar, no importa el gobierno que sea, las decisiones que consideramos son las correctas.

Al Gobierno le otorgamos la autoridad, mas no el poder de tomar decisiones por nosotros, eso debe ganárselo. Los grupos de presión, aunque señalen ser representantes de la sociedad, no nos representan como colectividad, sino a ciertos grupos de interés.

Es necesario, entonces, para que este país sea diferente y crezca, que todos participemos y hagamos nuestras las decisiones de nuestro propio futuro. A ciencia cierta, el cambio que se requiere está en nosotros mismos.

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<> Este artículo se publicó el 19 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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La ciudad no tiene quién la defienda

La opinión del Arquitecto…

 

Álvaro González Clare

Es paradójico que siendo la ciudad de Panamá el centro urbano en el que habita casi la mitad de la población de la República y que ocupa escasamente unos 100 kilómetros cuadrados (incluyendo el área metropolitana) de los 75 mil 517 que tiene el territorio nacional, no exista una red de organizaciones ambientales que defiendan la ciudad y los intereses que deben privar en el ambiente urbano, para garantizar la calidad de vida de sus habitantes.

En contraste, la otra mitad de la población está diseminada en centros urbanos menores y en infinidad de pequeños pueblos y asentamientos que cuentan con muchas organizaciones ciudadanas y redes sociales que se dedican a proteger el ambiente para beneficio de los pobladores y el sostenimiento del sistema ecológico.

Esto es relevante y preocupa, porque es en la ciudad donde se genera el mayor daño ambiental que afecta directamente las regiones colindantes y los cuerpos de agua, generando daños que la naturaleza no puede regenerar o renovar en los océanos y la atmósfera.

Las organizaciones ambientalistas no gubernamentales han logrado captar y crear la conciencia necesaria en la población para recibir el aporte de tiempo y fondos necesarios, con resultados admirables que han ayudado a mejorar la situación ambiental y a mantener la vigencia y vigilancia de la protección ecológica. Sin embargo, las ciudades no tienen quién las proteja o defienda de la continua agresión que sufren los centros urbanos por parte de sus propios habitantes y, sobre todo, de la gestión comercial que hace negocio en las ciudades.

A pesar de que al gobierno nacional y municipal les corresponde constitucionalmente el deber de velar por un ambiente sano, en el que puedan vivir los asociados y desarrollar con plenitud sus actividades de trabajo, recreación y descanso, históricamente han sido loscómplices de la destrucción sistemática del medio ambiente en las ciudades, sin que medie interés y menos voluntad política para detener, corregir o mitigar el daño que se le infringe.

Es necesario, por no decir urgente, que podamos crear organizaciones ciudadanas que tengan la estructura social con representación horizontal y ascendencia vertical, estructuradas con las condiciones jurídicas y el soporte económico suficiente para que puedan existir dentro de la comunidad urbana y representar a la ciudadanía con determinación. Deben ser extraídas de diversos grupos de participación, para que la presencia de estos en la concertación pública sea permanente y amplia.

Es necesario que dichas organizaciones imiten las estructuras que con tanto éxito han desarrollado las organizaciones ambientalistas que en los últimos 20 años se han dedicado a proteger el medio ambiente. La mística, capacidad de consenso, generación de proyectos, capacitación y el recurso económico que han conseguido para mantener su vigencia deben ser imitados para garantizar la efectividad de las organizaciones urbanas.

Las organizaciones que hasta ahora han participado en el foro nacional, defendiendo los intereses de las ciudades han sido gremiales, comunales o de ciudadanos. En todos los casos no han logrado la efectividad necesaria, porque adolecen de los recursos y capacidad representativa de la comunidad para ser tomados en cuenta por los grupos de poder que intervienen y afectan el ambiente urbano. Los gremios profesionales de la ingeniería y arquitectura están más preocupados por su negocio que por los intereses ciudadanos. Las asociaciones de las comunidades solo actúan cuando se afectan los intereses del barrio, y los grupos ciudadanos son muy individualistas y no tienen organización ni agenda para mantener un verdadero activismo urbano.

Aparte de estas gestiones, hay voces de ciudadanos preocupados que muestran su inconformidad a través de artículos de opinión, como críticos autorizados y bien intencionados, pero sin tener mayor repercusión que no sea dejar constancia de los daños o hacer críticas y/o recomendaciones que las autoridades competentes no toman en cuenta.

La agresión contra los intereses de la ciudad ha sido, desde el inicio de la República, permanente , sistemática, gestada y ejecutada por los intereses comerciales, inmobiliarios, publicitarios, de transporte, distribución eléctrica y de comunicaciones, entre otros, con la complicidad de las autoridades, sobre todo, las municipales. Sin embargo, y finalmente porque la ciudad ya no resiste más improvisación ni castigo, la administración del presidente Martinelli hace esfuerzos concretos para resolver esta situación, con una gran cantidad de gestiones y proyectos urbanos que pretenden solucionar los problemas históricos que más nos aquejan, como el transporte público, la vialidad y el tránsito, la publicidad exterior, la basura y la autoridad urbana.

Los intereses creados harán todo lo posible para resistir el cambio. Lo único que puede ejercer un balance entre las iniciativas del gobierno y los que están en contra del cambio urbano es la contraparte ciudadana. Además, por no ser parte interesada, puede optar por una posición objetiva al criticar las iniciativas gubernamentales que estén fuera de tiempo y/o lugar.

Urge que los ciudadanos conscientes y, particularmente, los que tiene liderazgo en la comunidad, formen organizaciones que defiendan los mejores intereses de la comunidad en beneficio de un ambiente urbano sano y sostenible.

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Este artículo se publicó el 10 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Decisión tardía

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La opinión del Educador….

ROGELIO A. MATA G.

Los panameños tuvimos que soportar una de las crisis más violentas de los últimos veinte años, como la escenificada en la provincia de Bocas del Toro, distrito de Changuinola, durante el mes de julio, aquel sábado negro en que, dicho sea de paso, los civilistas en el poder conmemoraban los veinte y tres años del Viernes Negro del 10 de Julio de 1987, lo recordaron con dos muertos, 52 ciudadanos que perdieron total o parcialmente la visión, (‘por no saber en qué momento agacharse para que los perdigones no les hirieran sus ojos y/o por no habérselos colocados en el ombligo’) y más de trescientos heridos, y dos muertos más sin ser confirmados oficialmente.

Este fue el saldo producto de la tozudez de un gobierno, que considera que la votación contundente con la que fue elegido le da el derecho de deslegitimar la participación ciudadana e imponernos a sangre y fuego su carácter autoritario e imponernos todos los absurdos concebidos desde el Palacio de las Garzas.

La Ley 30, llámese Ley Chorizo o Ley Wuaka Wuaka (por haberse impuesto aprovechando la distracción del Mundial de Fútbol), es producto, a mi juicio, de dos factores fundamentales: en primer lugar, la defensa de los intereses de los sectores económicos que integran el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal y que para eso cuentan con una Asamblea y un Órgano Judicial totalmente subordinados al Ejecutivo; y, en segundo lugar, su falta de total conocimiento del país, cuando un gobierno no conoce su país tiende a subestimar a sus ciudadanos y, como cual bomba de tiempo, las crisis le estallan en sus mismísimas manos, tal como aconteció en Bocas Del Toro.

El movimiento popular obligó al gobierno de Ricardo Martinelli a convocar el diálogo para analizar los temas conflictivos de la Ley, los sectores sindicales involucrados en la lucha contra la Ley 30, el pueblo de Bocas del Toro y más del 60% de la población panameña, que siguió de cerca el acontecimiento, demandaban la derogatoria de la Ley, producto de esa presión nacional y el consiguiente desprestigio del gobierno a nivel internacional, el presidente de la República anuncia la SUBROGACIÓN de la misma, lo cual no es lo mismo que derogar.

Veamos: según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, SUBROGAR, del latín subrogare, significa ‘sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa’.   DEROGAR, del latín derogâre, significa ‘Abolir, anular una norma establecida, como una ley o una costumbre’. El gobierno pretende salirse con la suya, razón por la cual se debe estar muy atento a la próxima movida del señor Ricardo Martinelli Berrocal.

La decisión tomada es tardía, se pudo evitar una situación violenta, como la de Changuinola, si la sensatez hubiese prevalecido en los gobernantes, sobre todo en el primer mandatario de la Nación. La crisis, que desembocó en un derramamiento de sangre, es una muestra de que este gobierno no entiende ni le interesa entender que la participación ciudadana es necesaria para construir la democracia.

La represión del día 10 de julio de 2010, no tiene precedente en la historia de los conflictos sociales en esa región, que tiene una trayectoria histórica de lucha popular y social. ‘En la primera huelga —la más grande de todas, la de 1960— no hubo ni un muerto ni un solo herido. Y eso que de bando y bando los ánimos estaban sobremanera caldeados, y muchas personas temían que se produjeran violentos enfrentamientos entre las partes. Pero la huelga fue dirigida por sus líderes con gran sentido de la responsabilidad. Y no hubo ni un solo herido. Y los obreros —en buena parte gracias a la intervención del presidente Nino Chiari— ganaron el conflicto’. (Artículo de opinión La tragedia de Bocas de Guillermo Sánchez Borbón, diario La Prensa, 9 de octubre 2010).

Señor presidente, la decisión es tardía, con un buen nivel de IQ político y un buen uso del sentido común de parte suya no se hubiera derramado la sangre de dos humildes trabajadores, pero en este gobierno el estrabismo político campea y, con él, la estulticia.

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<> Este artículo se publicó el 15  de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mas del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/mata-grau-rogelio-antonio/

Proyecto Familias Legalmente Unidas – 516 parejas de Veraguas legalizan su vida matrimonial

Coordinada por el Ministerio de la Presidencia a través de Participación Ciudadana, se realiza  boda  civil  colectiva.

El reportaje de…


JENNIE  GONZALEZ

En un acto que busca fortalecerá a la familia panameña, unas 516 parejas veragüenses decidieron legalizar su vida matrimonial, en una boda civil colectiva que contó con la participación del ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu.

Este evento reunió a la mayor cantidad de matrimonios civiles colectivos que se ha realizado en nuestro país, y fue coordinado por el Programa de Participación Ciudadana del Ministerio de la Presidencia, como parte del proyecto “Familia legalmente Unidas”, que tiene como finalidad  la unión conyugal para así brindar una mayor seguridad jurídica a la familia panameña.

El “Proyecto Familias Legalmente Unidas” le ofreció a parejas de la provincia de Veraguas la oportunidad de legalizar su unión y celebrar su matrimonio -sin gasto alguno- brindando el servicio de tramitación de documentos, a través de una red de servicios conformada por más de 13 instituciones gubernamentales.

El evento también es coordinado por con la Gobernación de Veraguas, Alcaldía del distrito de  Santiago, el Ministerio de Salud (MINSA), Caja de Seguro Social (CSS), Ministerio de Trabajo (MITRADEL), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) el Centro Regional Universitario de Veraguas, Órgano Judicial, Notaría de Veraguas, Registro Civil y juntas comunales de los 12 corregimientos del distrito de Santiago.

¡ VAMOS BIEN !

GOBIERNO NACIONAL

¡ JUNTOS HACIENDO UN MEJOR PANAMÁ !

<>  Reportaje publicado el 16 de octubre de 2010 a las 23:21 en Facebook por la autora, a quien damos todo el crédito que le corresponde.

Panamá, sede de foro de agencias de protección al consumidor

La opinión del Comunicador Social…

Abilio Abel González 

Reunidos en nuestro país, se encuentran los principales directivos de las agencias gubernamentales de protección al consumidor de América Latina, España y Portugal para debatir diversos temas de consumo que enfrentan los consumidores de esta región.

El IV Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC) que empieza hoy y finaliza el sábado 9, bajo la organización de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), es una valiosa oportunidad para incrementar la cooperación multilateral e incorporar las mejores prácticas internacionales en política pública del consumidor. Los miembros de este foro trabajan por identificar y combatir aquellas prácticas comerciales abusivas y fraudulentas que atentan contra los derechos de los consumidores de Iberoamérica.

Entre los temas que se expondrán están los de consumo responsable en colegios; herramientas para la educación del consumidor; protección al consumidor y educación financiera en los pagos de bajo valor; prácticas agresivas de mercadeo (telefonía fija y móvil, correo electrónico); crédito responsable, entre otros.

Asimismo, la veracidad de la publicidad, la participación ciudadana y los medios de pago de transacciones serán analizados en este importante foro, mediante grupos de trabajo integrados por especialistas de distintos países.

Los países presentes en este IV Foro de la FIAGC son Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala. Honduras, México, Nicaragua, Perú, Portugal, República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, como país anfitrión.

Este foro surgió en el 2001, en el marco del Diálogo Euro-latinoamericano de los Consumidores por el Desarrollo y la Democracia, realizado en Cartagena de Indias, Colombia, convocado por Consumers International (CI). Allí se acordó realizar una reunión anual de entidades gubernamentales responsables de velar por la protección al consumidor. De esta forma, el Foro Latinoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FLAGC) surgió como un espacio multilateral especializado en el análisis y discusión de la política pública de protección al consumidor en América Latina.

Esperamos que al concluir este foro internacional, se fortalezcan las políticas de protección al consumidor, no sólo en Panamá sino en toda Iberoamérica, porque consumidores somos todos.

<> Artículo publicado el 7  de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

El PRD toma su propio jarabe

La opinión del Educador…

Bertilo Mejía Ortega 

La Constitución política de 1972 es una amarga herencia del régimen militar para la endeble democracia panameña. Sigue siendo la piedra en el zapato que ha impedido los pasos correctos hacia un Estado moderno. No hemos podido avanzar hacia la consolidación democrática y las prácticas antidemocráticas tienen asidero en nuestra carta política.
Y es que la constitución de los militares, que le dio a su Comandante en Jefe poderes ilimitados, para una dictadura institucionalizada y, por ende, con absoluto control de la red pública y privada, muy a pesar de las reformas que se le han introducido, sigue siendo mezquina con la separación de los órganos del Estado; con la participación ciudadana y contra el derecho de los panameños a disfrutar de una institucionalidad sólida, segura y confiable.

Los militares y la dirigencia del principal partido de la oposición política se confabularon para ir cediendo migajas de participación electoral, interferidas por fraudes electorales y movimientos antojadizos de inquilinos de palacio, dirigidos desde los cuarteles. La Presidencia y las curules legislativas –en mayoría—fueron cedidas a perdedores, mientras la población electoral, estupefacta e impotente, asumía la alternativa de la protesta contra el desorden imperante.

La dictadura tenía todos los cabos atados. Un Tribunal Electoral bajo total control; la Corte Suprema de Justicia con sus amigotes con la toga de Magistrados; la Procuraduría de la Nación, con un servidor a las órdenes de la Presidencia y de los comandantes de la Fuerza de Defensa; un Contralor cuadrado con las órdenes superiores, y una Asamblea sumisa al extremo, pues muchas curules eran espurias. A todo este orden de cosas la entonces dirigencia del PRD le guardó profundo silencio, miró para otro lado y acompañó incondicionalmente el ejercicio autocrático del gobierno. Vencida la dirección del mando castrense, la democracia ha venido funcionando en ese marco jurídico que se presta para manejar el poder con un presidencialismo que bien puede, lamentablemente, adoptar las enseñanzas de los herederos de la tiranía militar.

Es por esta razón que los políticos inescrupulosos, los amigos del enriquecimiento ilícito y los discípulos de la dictadura, han cometido toda clase atropellos, excesos, arbitrariedades y vicios inconcebibles, sin recato alguno, confiados en la impunidad que les ofrece un marco jurídico hecho a imagen y semejanza de quienes jamás creyeron en la democracia, en la justicia y en los derechos y garantías individuales y sociales.

Mientras no surja un estadista que con visión de Patria convoque a una Asamblea Constituyente para modernizar el Estado y, entre tantas cosas, cortar los vínculos de la corrupción con los corruptos, tendremos más de lo mismo.

La nueva generación del partido Revolucionario Democrático ha cometido el grave error de no enmendar modelos desfasados; de no haber legislado para la democracia y para cuando les tocara el turno en la oposición.    Ellos son, en gran medida, responsables del presidencialismo en nuestro sistema de gobierno, y el que muy bien explotan para su beneficio cuando llegan al poder.

<> Artículo publicado el 10 de septiembre de 2010  en el diario El Panamá América, a quiens damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El fin de la democracia representativa

La opinión del Médico…

Mauro Zúñiga Araúz

Una observación. Aunque el vocablo “democracia representativa” es de uso universal, me propongo que le llamemos “representación política” o simplemente “representación”. Lo mismo es válido tanto en los sistemas liberales como en los socialistas. Este tipo de democracia nació con los Estados modernos y está desapareciendo con los mismos.

El primer esbozo de representación política, llamada de apropiación o patriarcal, se ve cuando los señores feudales se arrogaban el derecho de representar a los siervos. Este modelo fue tomado en la Constitución norteamericana donde se excluía a los esclavos, pero el criterio patriarcal prevaleció en muchas de las constituciones de la modernidad al excluir a la mujer del sufragio universal. El Estado moderno en sus postrimerías generalizó el sufragio, superando las diferencias étnicas, de género, religiosas, etc. El segundo tipo de representación es la directa, bien con el escogimiento de los representantes directamente por los votantes o bien a través de delegados electorales. La primera se da en la mayoría de los países, en tanto que la segunda se restringe a unos pocos, como a Estados Unidos. La representación directa es llama por Max Weber “representación libre”, por cuanto que los representados actúan con plena libertad.

En esta categoría se ubican los afamados soviet, que fueron bandera de lucha de los comunistas como un tipo especial de democracia participativa. La tercera forma es la representación vinculada, en la que se establecen relaciones contractuales más estrechas entre representantes/representados, de manera que la actuación de los primeros tiene limitaciones e incluso se les puede revocar el mandado por incumplimiento. Este tipo de representatividad se da en algunos municipios de Brasil, como Porto Alegre y Belén.

Los teóricos de la modernidad, como Montesquieu, plantearon la idea de la separación de los poderes en el marco de la democracia representativa (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con el fin de evitar la corrupción.

La representación libre es la forma más generalizada. Se da un contacto entre los candidatos a aspirar puestos públicos y los votantes. Ese contacto es temporal: cada cuatro o cinco años. Se ha desarrollado toda una industria publicitaria para destacar la imagen de los candidatos. Cargar niños, abrazar ancianas, compartir juegos populares, efectuar trabajos manuales, colocarse sombreros típicos, andar en zapatillas, etc. Abundan las promesas. Una vez se llega al poder, se actúa con absoluta libertad. Aquí los constitucionalistas podrán argüir que la Constitución y las leyes son la relación contractual que se da entre representantes/representados, ya que los funcionarios no pueden hacer nada que no se establezca en la ley, a lo que nosotros contestaremos que la legalidad en los sistemas liberares favorece a los capitalistas y en los sistemas socialistas, a la burocracia estatal. De uno y del otro, el individuo está excluido.

Al momento de votar se delega una responsabilidad. El ser humano se despersonaliza. Deja de ser independiente para someterse al Estado. El Estado es un agente represor y recaudador. En la medida en que los órganos del Estado se fusionan bajo el comando del Ejecutivo, el carácter represor se incrementa. Pero, como ya lo dijimos, el papel de nuestro debilitado Estado–nación es exclusivamente permitir el libre flujo de capital.

Los Estados modernos, tanto en la versión liberal como en la socialista, fracasaron por la pérdida de las libertades públicas y por la inhumana distribución de las riquezas. Ambos usurparon poderes, por vía legal o ilegal. Practicando la democracia representativa o mediante regímenes totalitarios. Los grandes carniceros de la historia, Stalin y Hitler, pertenecían a ideologías distintas, comunismo y fascismo, respectivamente.

Si decimos que ya pasó el tiempo de la democracia representativa, ¿Cuál es el papel de los partidos políticos? Legitimizar el poder. Entonces, ¿qué estoy planteando? ¿Una tercera vía al estilo de Anthony Giddens? No, de ninguna forma. Primero, quiero sentar en el banquillo de los acusados a la “democracia representativa”, que lo único que ha logrado es representar los intereses de los poderosos.

Después, en conjunto, darle forma a la democracia participativa, único camino que puede evitar el debacle que ya está encima. En línea con este artículo, hay muchísimos otros en los diarios libres del mundo que claman por un mundo mejor. Debemos superar la soledad existencial de la contemporaneidad y entender que mucha gente, en muchas partes del mundo, está hablando este nuevo idioma de la democracia.

<>Artículo publicado el 9 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.