Cambios políticos y su impacto en la administración pública panameña

La opinión del Licenciado en Farmacia …

Bernardino Moreno 

Periódicamente (cada 5 años), con cada cambio de gobierno se modifican las estructuras de recursos humanos de las instituciones gubernamentales; con cada cambio de ministro u otro alto funcionario, se despide a muchos empleados para nombrar a nuevo personal de confianza, lo que afecta negativamente el funcionamiento administrativo de las dependencias estatales.

En términos de eficiencia, se considera que esta rotación es contraproducente; la FENASEP estima que a los empleados públicos les toma aproximadamente dos años conocer las funciones a su cargo, lo que implica que los empleados tienen solo tres años de trabajo productivo antes de ser destituidos o reubicados en otros puestos, considerando que los períodos de gobierno son de cinco años.

El paulatino aumento del número de empleados y del gasto salarial, aunado al monto que el gobierno debe pagar por salarios caídos y honorarios profesionales a los empleados que son despedidos injustificadamente deben ser evaluados por la administración gubernamental en todos los niveles a fin de establecer mecanismos tendientes a reducir dicho gasto y hacer más eficiente la administración pública.

De acuerdo a informe sobre la situación del servicio civil en América Latina (Síntesis del Diagnóstico Caso Panamá), la planificación del recurso humano es la que presenta las mayores debilidades, con déficit y excesos de personal según las dependencias y poca capacidad para la redistribución de empleados y tareas.

En síntesis, nos encontramos ante un sistema clientelar en el cual la variable política es determinante para el ingreso y el mantenimiento del empleo.

Este clientelismo dominante se apoya en un amplio margen de maniobras de los administradores para designar, rotar y despedir a un trabajador, fundado en cuestiones estrictamente políticas.

Ante esta realidad, el gobierno debería aprovechar el actual apoyo de la ciudadanía para tomar la decisión política para la implantación e implementación de la Ley de Carrera

Administrativa a fin de establecer y garantizar los procesos de acreditación. Asimismo, deberá consensuar con el Legislativo la forma de ajustar a los nuevos escenarios el proyecto ya elaborado de ley de salarios, a los efectos de reducir las inequidades salariales.

También sería necesario socializar la ley entre los trabajadores para que conozcan los derechos y obligaciones que les dará la acreditación como empleados públicos.

La puesta en marcha y consolidación de la carrera administrativa en este lustro permitiría al gobierno otorgar garantía de estabilidad laboral a los funcionarios públicos y en consecuencia se lograría que la gestión administrativa gubernamental sea más eficiente y eficaz.

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Este artículo se publicó el  22  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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