Selección y escogencia de magistrados competentes

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La opinión del Abogado Litigante y Docente Universitario…..

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CANDELARIO  SANTANA  V.

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Osadía, aventurismo e irresponsabilidad caracterizan a quienes sabiendo que no son competentes para el cargo se postulan como candidatos, solo con la esperanza de que un político amigo o pariente los promueva y los ponga en un puesto que no se merecen; al final las consecuencias son funestas para el país y sus ciudadanos.

Se puede tener un título de Licenciado en Derecho, pero eso no basta para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Nuestra Constitución Nacional es benévola al respecto; no obstante conforme la realidad existente, nuestra sociedad cada día exige requisitos adicionales en el currículum de los postulantes.

De allí que sea un buen mensaje a la ciudadanía el hecho de que el Consejo de Gabinete haya suspendido la discusión sobre el tema para recibir nuevas postulaciones. Lo cual nos parece, acertado.

Ante la necesidad urgente de reconstruir el sistema judicial, se hace indispensable delimitar la pertinencia de los nominados, que deben ser identificados fuera de un listado de auto postulados, en base a factores bien determinados. Ocurre que así como los buenos casos buscan los buenos abogados, también la población sabe quiénes son los mejores, los cuales en su mayoría no se autopostulan, para no hacer el ridículo de avalar una selección que pudiera previamente “ tener nombre y apellido ”.

Los factores más vigentes en la selección de un personal calificado y cualificado hacen relación con la especialidad, la experiencia, la madurez, la reputación y la personalidad o identidad (independencia de criterio) del sujeto; así como la previa identificación de las fuentes que lo producen o certifican.

La Especialidad, es el factor primario en la ponderación del candidato, porque es importante que el postulante cuente con una especialidad en el área o rama del Derecho que se pretende (v. gr. Sala Civil, Penal, Laboral, Administrativa, etc.). Se requiere como mínimo un título de Maestría en el área correspondiente; lo cual garantiza un conocimiento como experto en la materia.

La Experiencia, es un factor básico para el manejo procedimental en su área. No puede ser un aprendiz, sino un Abogado con suficiente millaje en la respectiva especialidad. Éste requisito debe ser ponderado sobre la base de un mínimo de veinticinco (25) años de experiencia profesional como Abogado Litigante u Operador Judicial.

La Madurez, es un factor fundamental que el seleccionado cuente con una edad en que haya agotado fases de compromisos personales e intereses particulares contrarios a la moral. Para cumplir con este parámetro el postulante debe tener una edad mínima de cincuenta años de edad.

La Reputación Pública, este factor implica el conocimiento que a prima facie o de antemano tiene la comunidad del postulante, en cuanto a su conducta social, sin auscultamientos personalísimos ni calificativos infundados, sino fundamentados en su actividad profesional, cívica, académica o comunitaria.

Independencia, es el carácter o actitud objetiva con criterio profesional y técnico, con la cual la persona asume una posición frente a las controversias que se le plantean de manera que carezcan de influencia extraña de cualquier índole. La misma puede advertirse en sus publicaciones, conferencias, discursos, ponencias y demás manifestaciones cognoscitivas de su hoja de vida.

Los anteriores factores no surgen por arte de magia ni birlibirloque; su fuente de origen se encuentra en los siguientes lugares: Las academias, institutos y organismos especializados en Derecho; Las facultades de Derecho de las universidades; Las organizaciones civiles, religiosas y de Derechos Humanos; El Banco de Evaluaciones del Órgano Judicial; Las organizaciones de abogados litigantes; Las organizaciones de docentes y estudiantes universitarios en Derecho; Los medios de captación y transmisión de la opinión pública.

Espero que este aporte sirva a nuestros gobernantes para que cuenten con un manual de elementos adicionales para la escogencia de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, competentes, pertinentes y, sobre todo, independientes.

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Publicado el 15 de diciembre en el diario  La  Estrella  de  Panamá, a  quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

En el Día del Abogado: Abogados y “abogados”

En el Día del Abogado: Abogados y “abogados”

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Candelario Santana Vásquez

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Literalmente la palabra abogado proviene de la frase latina advocatus, que significa “llamado junto a”, cuya figura formalmente surge en Roma; donde quienes tenían conocimientos de las leyes eran llamados a acompañar a las personas que las desconocían para que le brindaran su patrocinio al momento de comparecer ante el Pretor, a solicitar la acción o fórmula que les permitiera demandar a otra persona.

Histórica y culturalmente se ha tenido a los Abogados como aquellos letrados que se dedican a defender los intereses de otros ante los Tribunales de justicia y autoridades administrativas. En consecuencia, la profesión de Abogado ha ganado desde la antigüedad un prestigio, que se adiciona con la sublime misión de enfrentar las injusticias; se entiende pues, que el Abogado es un auxiliar en la administración de justicia y que por tanto, debe cumplir una función social.

No obstante lo anterior, cabe destacar que paulatinamente en nuestro medio y a nivel global los letrados han ido menoscabando la noble tarea que conlleva esta profesión y esto se debe en gran medida a factores que afectan la ética y la moral y en muchos aspectos también, debido a su pésima formación profesional.

Hoy 9 de agosto, el país conmemora un aniversario más del nacimiento del jurista panameño más relevante del Siglo XIX, Don Justo Arosemena, creador del Estado Federal del Istmo y precursor de la Constitución Colombiana de Río Negro; de allí que se haya escogido la fecha como el Día del Abogado.

Por muchos años hemos visto como se ha ido acrecentando en Panamá el número de abogados “titulados”, cuya cifra resulta desproporcionada, que tendiende a causar una percepción ciudadana contraria o negativa hacia los “abogados”, que por regla general está dirigida a descalificar sus bondades.

Mientras en el pasado se estimaba la figura del Abogado en una dimensión distinguida, hoy en día los incumplimientos forenses, producto de la mala formación de éstos, conlleva a disminuir tal consideración por parte de la sociedad. Ello se debe fundamentalmente en mi opinión, a ese exceso de “abogados” que en su mayoría carecen de una formación técnica aceptable.

La situación planteada obedece a la proliferación en el país de un sinnúmero de Universidades que otorgan el título de Licenciado en Derecho, sin cumplir con el diseño curricular necesario y que de manera improvisada, sin contar con una adecuada planta docente, ni campus, ni biblioteca especializada, mercadean esta Licenciatura, como si de venta de frutas y verduras se tratara.

Creo que es obligación de los usuarios de los servicios profesionales de los Abogados consultar o conocer previamente cuál es su nivel de especialización y experiencia en el área que se le contrata, así como su comportamiento ético; que en muchas ocasiones afecta hasta a sus propios colegas y pone en peligro la existencia de una abogacía comprometida con la justicia.

De más está decir, que en el país existen Abogados idóneos y expertos en las distintas áreas del conocimiento jurídico, tanto en el litigio como en el mundo académico y como operarios judiciales; sin embargo, es de urgente necesidad revaluar la formación y los créditos de los abogados en Panamá, especialmente al momento de otorgarles la Idoneidad Profesional por parte de la Corte Suprema de Justicia, en donde no solamente basta con la exposición de un “título” de “abogado”, sino con otros valores agregados.

Otro asunto de importancia, es el papel deficiente que juegan los gremios profesionales en cuanto a su participación en los temas nacionales relativos a la administración de justicia y la elaboración de leyes relevantes para el país. Por lo que, también es menester promover la participación de los Abogados en el debate jurídico y en los quehaceres nacionales, así como la formación de Institutos Especializados para investigar y transmitir docencia.

El Día del Abogado debe ser un día de reflexión para quienes realmente estamos comprometidos con la profesión y la justicia. Debe ser un día para distinguir a los mejores juristas del país en las distintas disciplinas del Derecho. Debe ser un día para que lo profesional sea per se un requisito sine qua non en la gestión y diligencia de los letrados en Derecho, por encima de la envidia, mala fe, ambición, codicia y falta de valores, que sólo conlleva a la mediocridad y el engaño consigo mismo.   Saludos a los buenos Abogados de mi país!

Publicado el 9 de agosto de2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde