La violencia en Panamá

La opinión del Empresario y ex candidato presidencial …..

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Eduardo Vallarino A.

Probablemente no esté lejos del pensamiento de todos nosotros el temor de que la violencia pueda convertirse a corto plazo en el principal problema de Panamá.

Muchas cosas parecen conspirar contra nosotros: desde el traslado a Panamá de actividades del narcotráfico debido a la fuerte represión contra el crimen organizado que hay en Colombia y México, hasta la patentemente injusta situación social que existe en nuestro país, donde muchos podemos acumular riquezas a la vista de quienes no pueden siquiera tener un empleo decente; lo que lógicamente genera en muchas personas odios, desesperanza y revanchismo. Pero ahora “el rancho está ardiendo” y no es tanto hora de ponerse a analizar las causas sino de ver cómo se apaga ese fuego.

La historia reciente de situaciones de violencia extrema en casi todos los países hermanos latinoamericanos nos debe indicar que la violencia social es un peligro latente, real y próximo.   Sin embargo, por lo menos hasta ahora, parece que no se está tomando el asunto con suficiente seriedad.   Las iniciativas de grupos sociales y religiosos a favor de la paz son valiosísimas, pero ellos solos no pueden resolver esta situación.

El Ministro de Seguridad, el Lic. J. R. Mulino acaba de anunciar la formación de un Gabinete de Prevención, en el que incluye entre otros, a los ministerios de Salud, Educación y Deportes.   Es una idea acertadísima, por cuanto es obvio que con solo represión no se puede resolver el problema. Pero tampoco lo puede resolver el Estado solo. Es necesario involucrar a todas las fuerzas sociales, llámense clubes cívicos, gremios empresariales, ONGs, sindicatos y a todas la organizaciones sociales y civiles posibles.

Nadie, medianamente sensato, puede pretender tiene tener la solución a en la mano, pues todos sabemos que los problemas sociales son complejísimos, que tienen muchas causas, en las que intervienen muchas variables simultáneamente y que, por lo tanto, requieren de muchas respuestas adecuadas y a la vez.

La ciudad de New York también vivió un problema similar muy serio, pero su Alcalde Giuliani acertó resolviéndolo en gran medida. Leyendo un reporte sobre esta hazaña me encontré con un párrafo que se me grabó fuertemente.   Habían determinado que el uno por ciento de los niños más marginados, aquellos a quienes llaman los niños de la calle, o los “gamines” en Colombia, tenían casi un 100 % de probabilidades de convertirse en delincuentes y que la ciudad podía ahorrarse miles de delincuentes en el futuro con sólo darles suficiente atención y sacarlos de su miseria humana.

Me pregunto entonces ¿cuántos cientos de delincuentes nos habrán ahorrado ya instituciones como Casa Esperanza o las Aldeas S.O.S y orfelinatos de la Iglesia? ¿No hace sentido entonces que el gobierno nacional y todos apoyemos de verdad, con millones, a estas instituciones, en vez de darles dádivas que quizás solo alcanzan para guardar las apariencias políticas y sociales?

Es lógico que el problema es aquí y ahora y que no lo vamos resolver sólo con albergues sustitutos para niños, pero si hay que determinar la cantidad de acciones en diferentes campos que vamos a tener que emprender entren todos para resolver el problema integralmente.

Es urgente convocar a una gran reunión de trabajo a los principales actores de la sociedad civil, para que conjuntamente con nuestro gobierno, comencemos a hacernos conciencia y trabajar de una vez para evitar perder este Panamá que tanto queremos.

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Este artículo se publicó el  17  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El sainete de Honduras

La opinión de…..

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Eduardo Vallarino A.

Si el costo humano y social para los hondureños no hubiera sido tan alto, todo el episodio del supuesto golpe de Estado hubiera sido una verdadera comedia. La verdad es que los hechos reales fueron distorsionados y manipulados mayormente desde fuera, de acuerdo con los muy particulares intereses de los actores externos, y no precisamente para salvaguardar la democracia de los hondureños.

La OEA, en otro de sus exabruptos históricos, juega un papel sumamente cuestionable. Poco después de haberle extendido una alfombra roja al régimen cubano para que retornara a la OEA, lo cual es un apoyo implícito a la indefendible legitimidad del origen y a la permanencia en el poder de esa autocracia y a su obvio incumplimiento de la carta democrática de la OEA, condena a los hondureños, que en realidad habían evitado un verdadero golpe de Estado por parte de Zelaya.

Está ampliamente documentado que el presidente Zelaya, en repetidas ocasiones, desobedeció las advertencias de los otros órganos del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, la Procuraduría de la Nación y el ombudsman, que repetida y unánimemente le advirtieron que estaba violando el orden constitucional. Hasta los de su propio partido estuvieron de acuerdo con estas advertencias.

La destitución de Zelaya fue iniciada legalmente cuando el 26 de junio, el Fiscal General de la Nación lo acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia y ésta aceptó la denuncia unánimemente bajo la autoridad que le da el Artículo 313, Sección 2 de la Constitución.

Luego, la Corte procedió a solicitar el arresto de Zelaya basada en el Artículo 304 de dicha Constitución.   Zelaya fue arrestado dos días después bajo la autoridad que la Constitución le confiere a la Corte Suprema de Justicia.

El propio organismo encargado de interpretar la Constitución, que en Honduras es el Congreso, de acuerdo con el Artículo 205, Sección 10 de la misma, estuvo de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

En adición, también el mismo artículo, Sección 20, le da al Congreso la autoridad de aprobar o improbar la conducta del Órgano Ejecutivo.

Con las recientes elecciones, fue el propio pueblo hondureño, que en un acto auténticamente soberano y democrático, avalado por centenares de observadores y periodistas, le dio su aprobación inequívoca y contundente a lo actuado por sus instituciones civiles. Y esto sucedió, además, cumpliéndose con lo que se considera la “prueba de ácido” de un proceso electoral democrático, que es el reconocimiento de la victoria de la oposición.

Inicialmente, la OEA embaucó a nuestros representantes con la fulminante condena que hizo a “tambor batiente”. Pareciera que ni siquiera leyeron la Constitución hondureña. Afortunadamente, nuestro país (Panamá) ha rectificado a tiempo anunciando que reconocerá al nuevo gobierno democrática y libremente elegido por los hondureños.

Salud al noble pueblo hondureño, que además se ha librado del ALBA.

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Publicado el 22  de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.