De libre mercado, ni el nombre

La opinión de…

Alfonso Grimaldo Poschl

Recientemente, en páginas de este diario, miembros honorables del movimiento colectivista y estatista de nuestro país han plasmado su preocupación de que la presente administración tenga como propósito principal la proscripción del remanente de políticas paternalistas de nuestro Gobierno benefactor en la búsqueda ideológica del libre mercado. Cómo me he reído.

El que vende zapatos es zapatero, no importa cómo se quiera llamar. Las organizaciones políticas deben ser juzgadas, no por su retórica, sino por sus acciones concretas. Bajo ese estándar, espero convencer a los colectivistas y estatistas del país que poco tienen de qué preocuparse.

Los liberales y capitalistas tenemos una filosofía clara y consistente. Creemos en la libertad comercial y económica, defendemos la libertad individual y la propiedad privada, y pugnamos por una reducción del Gobierno a toda costa.

Nos oponemos a casi todo subsidio, prebenda, sinecura, privilegio, inmunidad, arancel, cargo, tributo, contribución, tasa, impuesto, intervención del Gobierno o estímulo financiero, excepto aquellos necesarios para financiar las funciones básicas del Gobierno.

Por este motivo me sorprende ver cuando se le encuentra rebuscadamente una motivación liberal a las políticas de la presente administración.   Como dice la Biblia, “por sus frutos los conoceréis”. Por tanto, veamos los frutos de la presente administración y presentemos los hechos al juicio de un mundo imparcial.

Primero, la presente administración ha incrementado el ITBMS en un 2%, elevando el costo del comercio. Ni liberal ni de libre mercado.

Segundo, la presente administración busca la aprobación por la legislatura de un monstruoso presupuesto de alrededor de 13 mil millones de dólares, que equivaldría a alrededor de 52% de la economía nacional. Ni liberal ni de libre mercado.

Tercero, la presente administración ha reportado un incremento proyectado de 5.6% del saldo de la deuda pública al final de 2010, la cual aproxima los 11.5 mil millones de dólares. En otras palabras, la deuda pública equivale al 46% de nuestra economía nacional. Además, se ha buscado elevar el límite del déficit fiscal para proveer al Gobierno mayor flexibilidad crediticia.   Ni liberal ni de libre mercado.

Cuarto, la presente administración incrementó para 2010, en relación con 2009, el monto otorgado en subsidios y concesiones tributarias en un 43%, totalizando 820 millones de dólares (casi 10 veces el presupuesto del poder judicial para este año) a través de proyectos como “100 a los 70”, el subsidio eléctrico y la beca universal.   Ni liberal ni de libre mercado.

Quinto, el Consejo Económico Nacional ha aprobado un subsidio de 33.8 millones de dólares para la energía eléctrica durante el primer semestre de 2011. Ni liberal ni de libre mercado.

Sexto, la presente administración ha descartado la posibilidad de privatizar tanto el correo nacional como el Idaan. Ni liberal ni de libre mercado.

Séptimo, la presente administración ha iniciado proyectos masivos de infraestructura, como el Metro de Panamá, y públicamente ha anunciado planes para la construcción de una torre financiera que consumiría en su construcción un mayor presupuesto que aquel del poder judicial para este año. Además, ha anunciado la estatización del Corredor Sur.  Ni liberal ni de libre mercado.

Octavo, la presente administración ha regulado o tiene de forma directa o indirecta participación accionaria en los sectores de electricidad, transporte, agua, telecomunicaciones y minería. Ni liberal ni de libre mercado.

Noveno, la presente administración ha centralizado la función municipal de recolectar la basura y ha contemplado la creación de una Autoridad del Agua. Ni liberal ni de libre mercado.

Décimo, durante la presente administración no ha ocurrido ninguna reducción sustancial o importante de los aranceles y tributos que pagan productos necesarios al entrar al país, como el arroz (el precio doméstico del quintal es de 42 dólares y el internacional es de 24 dólares). Ni liberal ni de libre mercado.

Reconocemos que la presente administración ha implementado ciertas reformas del programa capitalista, pero de ahí, obviar todo lo anterior y saltar a la conclusión de que esta es una administración liberal que mira con beneplácito al libre mercado, es algo extremadamente imaginativo, inclusive para aquellos que pasan sus días soñando utopías colectivistas improbables.

Es más, invito a los honorables miembros de la izquierda política a que se relajen, se quiten sus boinas y prendan un puro. Han logrado implementar su agenda sin siquiera haber alcanzado el poder. El Gobierno Nacional controla más de la mitad de la economía nacional, tiene la mayor parte de las utilidades públicas bajo su mando y dirección y redistribuye la riqueza a diestra y siniestra. Esta situación resuena más con las ideas de izquierda de economías dirigidas, que con cualquier programa liberal existente.

Es necesario un debate profundo y extenso sobre qué papel debe jugar el Gobierno en la economía y en la sociedad, pero el primer paso hacia ese debate es llamar al pan, pan y al vino, vino. Llamar liberal o capitalista a la presente administración, resuena a confusión eucarística.

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Este artículo se publicó el 17  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.  El resaltado es del Editor.
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Aprendiendo del fracaso

La opinión de…

 

Alfonso Grimaldo Poschl

Albert Einstein dijo alguna vez que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos, en cual caso, en materia educativa, este no es país de locos, sino de chiflados.

En días recientes se publicaron los resultados para 2009 del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés). Esta es la primera ronda de PISA en la que Panamá participa y debo reportar que los resultados no son solo terribles, sino espeluznantes y aterradores.

Los resultados se computan en base a tres áreas principales, mediante pruebas y reportes realizados a través del año por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) que, principalmente, resuena en nuestras mentes por las famosas listas de todo color y forma de las cuales Panamá es parte. En este caso particular, salimos beneficiados de la obsesión de la OECD de realizar listas, ya que nos provee un pantallazo objetivo de la situación educativa en Panamá y una comparación con el resto del mundo.

Los resultados se miden en una escala que corre desde los resultados más deficientes, alrededor del rango de los 300 a los 350 puntos, y los resultados más proficientes, alcanzado el edén educativo, en el rango de los 550 a los 600 puntos, con el promedio de los países desarrollados rondando el rango de los 490–510 puntos.

No le pondré azúcar al jarabe, porque debemos enfrentar la realidad para poder mejorarla, y segundo, porque debemos criticar directamente el sistema que produce resultados tan deficientes.

Panamá fue uno de los países que reportó los resultados totales más pobres de todo el ejercicio. El promedio de nuestros estudiantes tiene un nivel de lectura de 371, en el que somos superados por la comunidad estudiantil de Albania (385) y Kazakhstan (390). El promedio de nuestros estudiantes tiene un nivel de matemáticas de 360, ahí podemos clamar victoria orgullosa sobre Kyrgyzstan (331) mas no sobre Azerbaijan (431). Finalmente, el promedio de nuestros estudiantes en ciencias se encuentra en 376, nivel donde somos acompañados por Indonesia (383).

La solución para este problema en nuestro país siempre ha sido bastante simple. Consiste en una receta de dos partes.   La primera es el espectáculo mediático en el que los gremios y sindicatos de profesores protestan por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo y los ministros de educación reclaman por mejores estándares, criticando vilmente al sector privado de educación, que realmente es el que previene que caigamos a niveles inferiores de un puntaje de 300.

La segunda parte de la receta es tirarle dinero al problema, ya sea en mejores salarios para profesores o en un presupuesto inflado para el Ministerio de Educación (Meduca), de forma que la mayor parte redunda en beneficios para los funcionarios y maestros y muy poco beneficia directamente a los estudiantes.

Un artículo publicado en la sección de Economía y Negocios de La Prensa, en junio de 2009, reportaba que de cada dólar que gastaba el Meduca, solo 17 centavos redundaban en inversión educativa. Mísero aporte que poco beneficia llegar al zenit educativo de los 600 puntos. Pero esto no es noticia nueva. Siempre hemos conocido esta receta, y siempre hemos estado conscientes de su fracaso. Entre 2004 y 2007, incrementamos nuestro presupuesto de educación en un 55%, pasando de $411 millones de dólares a cerca de $640 millones de dólares, pero aun sin PISA, el coeficiente de eficiencia interno del Meduca se redujo en un 10.55%, pasando de una eficiencia interna de 63.5 puntos a 56.8 puntos. Creo que si algo hemos aprendido, es que hundir el asunto bajo dinero no es la solución.

El próximo año el Meduca ostentará un presupuesto de $1.9 mil millones de dólares.   Con la relación inversa que pareciera existir entre gasto estatal y resultados, ¿será posible que debamos esperar una educación pública más deficiente?

Debemos decir suficiente. Debemos decir “Hasta aquí, y no más”. Debemos mostrar nuestro cansancio sobre el mal manejo que le han dado todos los gobiernos al tema de educación. Debemos decirle a los gremios y sindicatos de profesores que estamos cansados de su gestión, que flaco favor le han hecho al sistema público de educación. Debemos decirle al Meduca que han fracasado, y que merecen repetir el año. En lugar del sistema corriente, debemos mirar a aquellos países que están dando, objetivamente, una educación funcional para sus estudiantes. Pero más importante aún, debemos liberar al sector público educativo (uno de los principales pilares para el desarrollo del país), de las fauces hambrientas del Leviatán gubernamental. ¿Cómo hacer esto? No es sencillo, pero es importante. Debemos empezar a subsidiar, no a la oferta educativa, que favorece únicamente a funcionarios y miembros sindicales, sino a la demanda educativa, a los mismos estudiantes. Hay sistemas alternos, como el sistema de vouchers educativos que han mejorado sustancialmente la posición de otros países en la región, como Chile.

Se conoce que Albert Einstein también estableció que “un nuevo tipo de pensamiento es esencial, si la humanidad desea sobrevivir y escalar a nuevas alturas”. Es tiempo de repensar nuestro sistema educativo. De no hacerlo, sonará el timbre, y nos quedaremos por fuera.

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<> Este artículo se publicó el 27 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Trazando un nuevo rumbo

La opinión de…

Alfonso Grimaldo Poschl

En la lucha constante del individuo contra aquellos que buscarían oprimirlo, no hay arma más efectiva en su arsenal que la palabra escrita. Bastó con la invención de la imprenta y, por ende, la diseminación masiva de ideas, para comenzar el proceso de disipar la pesada miasma de ignorancia bajo la cual la humanidad vivía.

La imprenta destronó a monarcas, redujo imperios al polvo y consagró públicamente los derechos y libertades que todo ser humano disfruta por el solo hecho de serlo.   Anterior a ella, nuestra visión era indirecta y opaca, como en un espejo, pero gracias a ella, ahora es de cara a cara.

La libertad de prensa se alza como bastión y adalid de todas las otras libertades, ya que nos informa de ellas y nos reporta el abuso de aquellos que buscarían sublevarlas. Por tanto, toda sociedad que busque el progreso debe respetar la libertad del individuo a opinar públicamente, ya que en la censura, supuestamente benéfica, se corre el riesgo de extinguir la verdad.

En nuestro país disfrutamos de una relativa libertad.   Nos podemos agrupar libremente, decir lo que pensamos y ponerlo por escrito. Este artículo es fiel prueba de esto. Pero nubes negras se vislumbran en el horizonte y las señales nos indican que estamos dirigiéndonos hacia ellas.

Allá donde las nubes pesan es tierra de desencanto. Allá es donde la libertad de expresión en Cuba murió, donde el Gobierno argentino busca quitarle el vital suministro de papel a los medios de comunicación, donde la ciudadanía china tiene restringido el acceso a la colección de ideas más grande del mundo, donde antiguos camaradas de Stalin desaparecen de sus propias fotos y en su terrible extremo, donde se ha pervertido el medio para ser herramienta del opresor.   Es allí donde el pueblo norcoreano es indoctrinado a creer que su líder tiene la habilidad de controlar el clima, y de no creerlo, son obligados igualmente a profesarlo en público por miedo a represalias.

Lo peor es que ya conocemos ese paraje en Panamá.   Vivimos allí por prolongado tiempo bajo los caprichos de supuestos líderes que buscaban públicamente el bienestar nacional pero secretamente el enriquecimiento propio en detrimento nuestro. La relación entre la democracia y la libertad de prensa es directa y estrecha, no se puede debilitar una sin dejar a la otra endeble, ni fortalecer una sin mejorar la condición de la otra.

Pero la libertad no falleció.   Vivió en los panfletos y comunicados que se pasaban escondidos de la mirada de los usurpadores del poder, encapsulando en tan delgadas páginas todo el feroz y ardiente potencial de la democracia.

Lo que nos costó tanto en recuperar, no lo debemos entregar fácilmente. ¡Tanto esfuerzo para liberarnos del peso y la penumbra de aquellas nubes para regresar voluntariamente a tan inhóspito lugar!

Cabe trazar un nuevo rumbo y dirigirnos hacia aquel horizonte feliz donde el respeto y la tolerancia son motores del progreso.

Lo primero y esencial es persuadir a la ciudadanía de la urgente necesidad de eliminar la privación de la libertad como nefasto castigo contra aquellos que defienden públicamente los intereses de la ciudadanía en los medios de comunicación masiva.

Segundo, debemos empezar a utilizar la libertad que gozamos. Silenciar tres voces podrá ser fácil, pero el clamor de miles es difícil de extinguir.

Tercero, debemos empezar a informarnos sobre el porvenir de aquellos tristes países cuyos gobiernos han suprimido la libertad de prensa y ver hacia qué destino los ha llevado, y si deseamos emular tal situación.

Antes de finalizar, una palabra de cautela. Aquellos que buscarían distinguir entre libertad y libertinaje, y quisieran decir que efectivamente hay un rol necesario del gobierno en controlar lo que es digno de diseminación y lo que es necesario restringir, les recuerdo a aquel hombre que mediante la imprenta buscó propagar la sencilla y veraz idea de que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y fue callado por la censura educada del poder. Eppur si muove. Debemos aceptar la circulación de errores retractables para no incurrir en la posibilidad de censurar, bajo el razonamiento de la beneficencia pública, la verdad. Esto no implica la eliminación de la tipificación penal de la calumnia o de la injuria, pero sí implica un respeto a la investigación periodística.

“Le temo más a tres periódicos que a 100 mil bayonetas”, dijo alguna vez Napoleón.   Sería sabio que nuestros líderes no se olvidaran de esta lección.

<> Artículo publicado el 11  de octubre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

El tamaño del Estado y sus repercusiones políticas

La opinión de…

Alfonso Grimaldo Poschl

El concepto de la división de poderes en tres secciones distintas que hoy consideramos como un elemento básico de cualquier democracia no siempre fue una característica fundamental de los gobiernos humanos.

Por la mayor parte de nuestra historia civilizada, vivimos bajo un criterio distinto, donde el poder supremo era ostentado, no por la ciudadanía, sino por grupos privilegiados o inclusive individuos particulares, y donde la justificación de este poder no tenía como origen el consentimiento de los gobernados, sino la escogencia divina.

La división de poderes, establecida como teoría política a mediados del siglo XVIII, no surge únicamente como un concepto teórico, sino como una rebelión pragmática ante la idea de que un grupo de individuos puede poseer en sus manos la capacidad de imponer sus decisiones sobre la mayoría, sin necesidad de disfrutar de su consentimiento.

El poder público no se divide para facilitar la función administrativa del Estado, ni como un experimento político teórico, sino por la necesidad de prohibir la posibilidad de que el mismo sea ostentando por unos pocos en perjuicio de la mayoría.

El poder es dividido en tres no para que trabajen en armoniosa colaboración, sino para que la lucha entre ellos estorbe los deseos de algunos de imponer su voluntad sobre los demás. No es una garantía de buen gobierno; es una salvaguardia ante la tiranía. La división de poderes tiene dos efectos prácticos. El primero, proteger los derechos fundamentales de todo individuo, su vida, su libertad y su propiedad, ya que limita al Estado en su habilidad de perjudicar estos. El segundo, prevenir que las maquinaciones y caprichos de algunos se conviertan en leyes y normas que afecten a todos.

Pero nuestro sistema está erróneamente constituido. Es una vieja fortaleza de guerra, cayéndose en pedazos, sostenida endeblemente por un enfermizo andamiaje de algunos principios democráticos y republicanos que fueron considerados útiles para dar una fachada de república a lo que fue, en efecto, una tiranía.

Hoy vivimos las implicaciones prácticas de eso.   En el proyecto para el presupuesto general del año 2011, el Poder Judicial recibirá un total de 83.5 millones de balboas para el ejercicio de sus funciones. El Poder Legislativo contará con alrededor de 67 millones de balboas. En comparación, el Ministerio de la Presidencia, que es sólo una de las tantas dependencias del Poder Ejecutivo, tendrá a su disposición 774.6 millones de balboas.  Sería ingenuo de nuestra parte decir, basándonos en esto, que hay una verdadera división de poderes. Lo que tenemos es un sistema donde el Poder Ejecutivo captura y dispone libremente de una Asamblea dócil y mansa ante sus deseos, y de un Poder Judicial castrado.

Una de las tantas expresiones de esto es la injusticia que percibimos en el trato de la Procuradora General de la República, Ana Matilde Gómez.

La ley, supuestamente el estándar inmutable de trato a todos los ciudadanos, es modificada, reinterpretada y tergiversada para ceder ante los deseos de algunos.   Lamentamos terriblemente esta situación, que a todas luces carece de la apariencia de buen derecho.

Cuando la mora judicial es enorme y los casos llevan años pendientes de ser tratados por la vista misericordiosa de tantos, el trato expedito de un caso que pareciera ser a todas luces político es una burla y un insulto directo hacia todas aquellas familias que claman justicia por mil razones, y cuyo clamor es rechazado diariamente con pequeñas palabras de consolación. “Tranquilo, Bobby, tranquilo”. Esto no solo es un ataque contra una persona, sino un golpe enorme en contra del estado de derecho, la piedra angular de la vida republicana.

La ley pasa de ser una norma imparcial para sostener la vida civilizada, a ser la expresión formalizada de la voluntad política de grupos de presión.

El problema no es la Administración presente. El problema es el sistema, un río cuya desembocadura natural es la consolidación del poder en manos de algunos pocos. Estamos luchando contracorriente por nuestras libertades en un sistema que es punitivo hacia ellas, por tanto, no progresamos.

Como ciudadanía responsable, es necesario empezar a preguntarnos sobre nuestro futuro, no mediante expresiones generalizadas, sino respondiendo preguntas clave: “¿Qué tanto poder debe ostentar el Estado?”, “¿Qué uso debería darle a este poder?”, “¿Es posible que un número reducido de personas coordinen y planifiquen la actividad humana en general?”.

Solo con el conocimiento podemos dialogar. Es necesario educarnos y preguntarnos, ¿Queremos seguir viviendo bajo un sistema que facilita la opresión, la corrupción y la arbitrariedad? ¿O deseamos empezar a reformar nuestro sistema? ¿Qué piensa usted?

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Este artículo se publicó el 16 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Grado de inversión o chatarra

La opinión de…..

E

Surse Pierpoint   y  Alfonso Grimaldo

Como la gran mayoría de lectores, me alegré al leer que Panamá había logrado la meta de varias administraciones de la época posdictadura, en lograr el “grado de inversión” que otorgan las agencias calificadoras, tales como Moody’s. Se nos explicaba que al lograr este hito, los costos de pedir prestado fondos y de financiar la actividad gubernamental serían inferiores en la medida que las agencias determinaban que el riesgo país había mejorado.

El camino para mejorar las calificaciones va de la mano del déficit central de un gobierno, cuando logra cerrar la diferencia entre la recaudación y el gasto. Las alternativas que existen son el crecer la economía, el aumento de impuestos o los recortes de gastos.

Se nos ha explicado que el recorte de gastos es casi imposible en la medida que no hay discrecionalidad de recortar gastos que vienen amarrados por acuerdos o “conquistas” previas. No olvidemos que la planilla representa el 21% del total del presupuesto de $10.5 mil millones.

Este gobierno se ha puesto la meta de aumentar los ingresos en aproximadamente $250 millones y aun así se proyecta un déficit fiscal para 2010 de $502 millones o un 4.78%.

Imaginen mi sorpresa al leer en The Guardian de Inglaterra, del 28 de abril de 2010, que frente al debacle financiero gubernamental europeo, la deuda de Grecia es clasificada como “chatarra” igual que la de Azerbaijan, Colombia, Panamá y Rumania.

¿Tanta sangre, sudor y lágrimas para quedar igual que Azerbaijan? ¿Para quedar en la percepción internacional con una situación comparable a una Grecia en el umbral del incumplimiento a sus acreedores calificada por una agencia de calificación de riesgo desprestigiada por los eventos financieros recientes?

El aparato gubernamental se está tomando cada vez más recursos para sí y dejándole al sector productivo la tarea de buscar cómo ser competitivo ante una alza de costos en múltiples factores de producción.

Obtener el grado de inversión nos presenta con muchas ventajas, pero a un costo debilitante.   Por un lado, se han abierto las puertas al financiamiento barato de un sistema estatal ineficiente.   Como lo demuestra nuestra infructuosa inversión en el sector educativo, la respuesta no es el incremento de fondos.

Por el otro lado, hemos tenido que aumentar nuestros impuestos para recortar el déficit, afectando seriamente a los sectores menos acaudalados de la sociedad con costos incrementados sobre el consumo.   Estos costos elevados de transferencia conllevan un factor exponencial al correr a lo largo de las cadenas de producción elevando el nivel general de precios.

La solución correcta siempre fue la disminución del gasto público y la reducción del sistema estatal.   Esto abre las puertas a la inversión privada y sistemas competitivos que refuerzan la estabilidad nacional y permiten a manos creativas tomar recursos, ahora controlados por el Gobierno, para desarrollar su potencial emprendedor.

Un camino basado en estos principios conlleva una mayor estabilidad nacional, un sector privado desarrollado y maduro, una mayor atracción de la inversión extranjera que genera más empleos directos en Panamá, y quizás, una mejor percepción de la que tenemos hoy en día.

Con un déficit del 5% me parece que estaremos nuevamente ante la disyuntiva de reducción de gastos de Gobierno o mayor recaudación.   La lista de promesas de campaña indica que probablemente no habrá recortes presupuestarios. Dado que el indicador de déficit presupuestario es la medición principal de las agencias calificadoras, ¿tendrá el Gobierno la necesidad de crear aún más impuestos?

Se ha publicado hasta la saciedad que las economías más exitosas del planeta son las que tienen la menor carga impositiva sobre el individuo y la empresa privada.

El Gobierno se ha propuesto la tarea de promover la idea que Panamá is open for business. La retórica debiera ir acompañada de un análisis real de la carga del Estado y la necesidad de menores impuestos. Vemos con buenos ojos el interés de invertir más en salud, educación y seguridad pero al fin y al cabo lo más importante es el resultado y no cuanto uno gasta.

El Índice de Libertad Económica de 2010 patrocinado por el Heritage Foundation y el Wall Street Journal, tiene en su top ten a los siguientes países: Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelandia, Irlanda, Suiza, Canadá, EU, Dinamarca y Chile en el puesto No. 10.

Hay una correlación directa entre el PIB y la libertad económica en todos los países, entre más cercano al top ten, mejor el PIB siendo Hong Kong el líder con un PIB per cápita de $42 mil 700 para 2009 y Chile con $14 mil 700 para el mismo periodo. Panamá marcó el puesto No. 60 en este ranking, indicando que aún hay mucho trabajo que hacer para lograr el cometido.

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Este artículo se publicó el 3 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Debate de ideologías

La opinión de…

Alfonso Grimaldo Poschl

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Debate de ideologías

Panamá, hasta estos dos últimos años, no ha sido un país caracterizado por un debate abierto de ideologías. Los partidos gobernantes desde los tiempos posdictadura militar jamás definieron concretamente un corte ideológico y promulgaban posturas tanto de derecha, como de izquierda y centro.   No es hasta el presente gobierno de Cambio Democrático que podemos asegurar que estamos girando el timón nacional hacia aguas de la derecha, aunque solo de manera leve.

Es tiempo de empezar a trazar políticas económicas y sociales serias y no simplemente hacer lo que suene mejor, lo políticamente conveniente o lo que favorezca positivamente en las próximas elecciones.

Cuando decimos derecha nos referimos a un grupo de gente que piensa y razona a favor del individuo. Aquellos del lado derecho entendemos que “sociedad” es simplemente un agregado individual y le ponemos el mayor respeto y atención a los derechos y obligaciones del centro de la acción social humana: la persona individual.

Entendemos que solo el individuo es productor de riquezas, de innovación, desarrollo y que solo a través de la protección del individuo, respetando sus intereses y deseos, podemos avanzar como sociedad.

A razón de esto, somos firmes en nuestra lucha en contra de lo que consideramos como intrusiones innecesarias del sector público en la vida privada. Repudiamos el hecho de que la ineficiente burocracia estatal absorba un tercio del producto de nuestras vidas laborales y rechazamos los intentos de ingeniería social de personas que buscando eliminar males percibidos simplemente empeoran las condiciones de vida de todos.

Respetamos el trabajo de cada persona y su propiedad sobre los frutos de ese trabajo, apoyamos la libre asociación y ciertamente somos los más fuertes defensores de grupos sindicales (siempre que no sean monopolios sindicales amparados por entidades gubernamentales).

Nos oponemos tajantemente a la regulación de precios por parte del Gobierno, entendiendo que esto solo causa desastres en el funcionamiento propio de la economía. Sobre todo, sabemos y confiamos en que cada individuo puede tomar decisiones para él mismo mucho mejor que cuatro o cinco funcionarios en un comité; entendemos que el Gobierno sólo puede gastar lo que antes le ha quitado a otro, y que al buscar redistribuir las riquezas, ahuyenta a los productores de ésta y sólo redistribuye miseria.

Apoyamos el conservadurismo fiscal y la libertad social, creemos en un Gobierno pequeño y velamos por la minoría más importante de todas: cada individuo.

Llamar a Panamá un país capitalista es totalmente equívoco; aquí no disfrutamos del estilo de vida libre y singular de Singapur u Hong Kong. Somos un país mercantilista donde la moneda no es el balboa sino los favores gubernamentales. Como argumento serio y motivado por un serio deseo de debate, sostengo que el socialismo ha fallado donde quiera que ha sido implementado y sus efectos sólo han podido ser corregidos por el libre mercado, que no es más que todos nosotros y nuestra creatividad.

Empecemos el debate.

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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde