De libre mercado, ni el nombre

La opinión de…

Alfonso Grimaldo Poschl

Recientemente, en páginas de este diario, miembros honorables del movimiento colectivista y estatista de nuestro país han plasmado su preocupación de que la presente administración tenga como propósito principal la proscripción del remanente de políticas paternalistas de nuestro Gobierno benefactor en la búsqueda ideológica del libre mercado. Cómo me he reído.

El que vende zapatos es zapatero, no importa cómo se quiera llamar. Las organizaciones políticas deben ser juzgadas, no por su retórica, sino por sus acciones concretas. Bajo ese estándar, espero convencer a los colectivistas y estatistas del país que poco tienen de qué preocuparse.

Los liberales y capitalistas tenemos una filosofía clara y consistente. Creemos en la libertad comercial y económica, defendemos la libertad individual y la propiedad privada, y pugnamos por una reducción del Gobierno a toda costa.

Nos oponemos a casi todo subsidio, prebenda, sinecura, privilegio, inmunidad, arancel, cargo, tributo, contribución, tasa, impuesto, intervención del Gobierno o estímulo financiero, excepto aquellos necesarios para financiar las funciones básicas del Gobierno.

Por este motivo me sorprende ver cuando se le encuentra rebuscadamente una motivación liberal a las políticas de la presente administración.   Como dice la Biblia, “por sus frutos los conoceréis”. Por tanto, veamos los frutos de la presente administración y presentemos los hechos al juicio de un mundo imparcial.

Primero, la presente administración ha incrementado el ITBMS en un 2%, elevando el costo del comercio. Ni liberal ni de libre mercado.

Segundo, la presente administración busca la aprobación por la legislatura de un monstruoso presupuesto de alrededor de 13 mil millones de dólares, que equivaldría a alrededor de 52% de la economía nacional. Ni liberal ni de libre mercado.

Tercero, la presente administración ha reportado un incremento proyectado de 5.6% del saldo de la deuda pública al final de 2010, la cual aproxima los 11.5 mil millones de dólares. En otras palabras, la deuda pública equivale al 46% de nuestra economía nacional. Además, se ha buscado elevar el límite del déficit fiscal para proveer al Gobierno mayor flexibilidad crediticia.   Ni liberal ni de libre mercado.

Cuarto, la presente administración incrementó para 2010, en relación con 2009, el monto otorgado en subsidios y concesiones tributarias en un 43%, totalizando 820 millones de dólares (casi 10 veces el presupuesto del poder judicial para este año) a través de proyectos como “100 a los 70”, el subsidio eléctrico y la beca universal.   Ni liberal ni de libre mercado.

Quinto, el Consejo Económico Nacional ha aprobado un subsidio de 33.8 millones de dólares para la energía eléctrica durante el primer semestre de 2011. Ni liberal ni de libre mercado.

Sexto, la presente administración ha descartado la posibilidad de privatizar tanto el correo nacional como el Idaan. Ni liberal ni de libre mercado.

Séptimo, la presente administración ha iniciado proyectos masivos de infraestructura, como el Metro de Panamá, y públicamente ha anunciado planes para la construcción de una torre financiera que consumiría en su construcción un mayor presupuesto que aquel del poder judicial para este año. Además, ha anunciado la estatización del Corredor Sur.  Ni liberal ni de libre mercado.

Octavo, la presente administración ha regulado o tiene de forma directa o indirecta participación accionaria en los sectores de electricidad, transporte, agua, telecomunicaciones y minería. Ni liberal ni de libre mercado.

Noveno, la presente administración ha centralizado la función municipal de recolectar la basura y ha contemplado la creación de una Autoridad del Agua. Ni liberal ni de libre mercado.

Décimo, durante la presente administración no ha ocurrido ninguna reducción sustancial o importante de los aranceles y tributos que pagan productos necesarios al entrar al país, como el arroz (el precio doméstico del quintal es de 42 dólares y el internacional es de 24 dólares). Ni liberal ni de libre mercado.

Reconocemos que la presente administración ha implementado ciertas reformas del programa capitalista, pero de ahí, obviar todo lo anterior y saltar a la conclusión de que esta es una administración liberal que mira con beneplácito al libre mercado, es algo extremadamente imaginativo, inclusive para aquellos que pasan sus días soñando utopías colectivistas improbables.

Es más, invito a los honorables miembros de la izquierda política a que se relajen, se quiten sus boinas y prendan un puro. Han logrado implementar su agenda sin siquiera haber alcanzado el poder. El Gobierno Nacional controla más de la mitad de la economía nacional, tiene la mayor parte de las utilidades públicas bajo su mando y dirección y redistribuye la riqueza a diestra y siniestra. Esta situación resuena más con las ideas de izquierda de economías dirigidas, que con cualquier programa liberal existente.

Es necesario un debate profundo y extenso sobre qué papel debe jugar el Gobierno en la economía y en la sociedad, pero el primer paso hacia ese debate es llamar al pan, pan y al vino, vino. Llamar liberal o capitalista a la presente administración, resuena a confusión eucarística.

<>
Este artículo se publicó el 17  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.  El resaltado es del Editor.

¿Es competitivo el sector público?

La opinión de…

 

Omar Zambrano

El sector público juega un rol crucial para la economía y la competitividad de un país. El Estado formula políticas públicas que orientan la actividad económica de manera directa, definiendo así lo que algunos llaman “reglas del juego”.

Adicionalmente, la estabilidad resulta crucial para lograr crecimiento, lo que exige por ejemplo en materia de política fiscal que el Estado mantenga dentro de límites razonables su nivel de gasto y deuda para mantener un buen grado de inversión.

Hasta el primer trimestre de 2010, el resultado del balance fiscal consolidado del SPNF del Gobierno panameño fue de –0.5%, mejorando la meta proyectada para el año (que es de un déficit de –2.0% del PIB), logrando así iniciar un ambicioso programa de inversiones públicas queno ha afectado hasta ahora el balance fiscal.

En general, la adecuada administración pública provee un buen clima de negocios para invertir, producir, exportar y desarrollar cualquier tipo de actividad económica que contribuya al desarrollo económico del país y el bienestar de los ciudadanos. Un buen clima de negocios lo crea el sector público, ya que su función es guiar la gobernabilidad del país en paz, orden y de acuerdo a la ley.

Las políticas macroeconómicas adecuadas son fundamentales para fomentar la competitividad y el desarrollo integral, porque crean estabilidad y crecimiento, pero no son suficientes para lograr desarrollo. Se necesitan además políticas microeconómicas de desarrollo humano, institucionalidad y reducción efectiva de la pobreza.

Por otro lado, el gasto público resulta primordial para proveer servicios y bienes públicos en beneficio de la comunidad, a objeto de lograr mayores niveles de equidad social y desarrollar la plataforma de infraestructura sobre la cual operará la economía nacional. En Panamá, por ejemplo, el gasto público representa aproximadamente el 26% del producto interno bruto (PIB), lo cual constituye un importante nivel de gasto.

Otra área de política de altísima importancia para la competitividad es el comercio exterior, que involucra el fomento de las exportaciones como vehículo primario de crecimiento y apertura comercial, manteniendo la competencia como instrumento de fomento a la productividad. Esto último se logra a través de los llamados acuerdos comerciales (TLC).

Por su lado, las exportaciones se incentivan a través de la capacitación y el uso de tecnología por parte de los productores, facilitando el crédito, los encadenamientos de sistemas de producción, transporte y mercadeo en sectores promisorios como los servicios del conglomerado, las agroindustrias y el turismo. Otras políticas que fomentan la competitividad incluyen mantener un sistema financiero sólido con esquemas que facilitan la introducción de capital de riesgo.

La formación del capital humano mediante la inversión pública es otro aspecto fundamental para lograr el crecimiento sostenido de la productividad económica y el bienestar social, así como la aplicación de políticas laborales para fomentar la productividad.

Entre más expeditos, transparentes y seguros sean los trámites de la administración pública, más competitivo será el país.  El Gobierno actual ha emprendido un ambicioso programa de innovación gubernamental desde la Presidencia, donde se planea introducir sistemas computarizados que permitan realizar trámites públicos que simplifican los sistemas y evitan el papeleo mejorando la eficiencia, transparencia, agilidad y profesionalismo de los servicios públicos.

Hasta el momento se han hecho programas efectivos como PanamáTramita, PanamáCompra, PanamáEmprende, ventanillas únicas, sistema de control de expedientes y otros más.

Si bien el papel del Gobierno es de primaria importancia, se requiere el concurso de todos los sectores empresariales y gremiales. Quizá la política más trascendental para la competitividad sea la de abrir espacios para la colaboración y concertación entre el sector público y los demás actores nacionales.

*

<> Este artículo se publicó el 15  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/zambrano-omar/

¿Es buena la codicia?

La opinión del Abogado, Administrador de Empresas y Docente Universitario…

Miguel A. Boloboski Ferreira

Está de moda, y todos la deseamos. Algunos la estigmatizan como única responsable de la crisis que casi fulminó al capitalismo a fines de 2008.   De los siete pecados capitales es la que más promueve e inspira los otros seis (lujuria, gula, pereza, ira, envidia y soberbia).   El capitalismo salvaje la fomenta como doctrina en donde lo único importante es lo material; descartando los valores por ser quimeras elaboradas por los “justos”.

Aun cuando diferentes por un pequeño tecnicismo, tanto la avaricia como la codicia suponen el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas. Es frecuente que aparezcan vinculadas a pecados o delitos como la traición, deslealtad, estafa y corrupción. El avaro solo pretende sumar más y más riquezas; no conoce de ningún límite legal o ético con tal de alcanzar su objetivo. De ser necesario es capaz de perjudicar a otros y hasta pisotear cualquier norma que se le oponga. Desde el punto de vista religioso se trata de un pecado y de un vicio que trasciende lo lícito y lo moralmente aceptable.

Para algunos psicólogos el vínculo que el avaro establece entre felicidad y posesiones materiales puede llegar a convertirse en un mal endémico. La avaricia –como la lujuria y la gula–, es un acto de exceso que como tal puede derivar en adicción. Tales excesos incluyen la simonía o acción de comerciar con cosas espirituales o religiosas, como son los sacramentos o los cargos eclesiásticos.

Una persona dominada por la avaricia raramente es consciente de ello. Para el avaro el fin es acaparar. Es amigo de la conveniencia y a pesar de que conviven a nuestro lado, nunca son amigos por amor o lealtad. Es un anhelo enfermizo por cualquier cosa, no solo de dinero; es la conjunción del egoísmo y la soberbia. La avaricia es parte de nuestras vidas aunque hablemos poco de ella. No obstante es un hecho que nuestra sociedad está inmersa en ella. Es la mejor aliada de la sociedad consumista.

Entre 1950 y 2010, la población panameña pasó de 839 mil a casi 3.5 millones, lo que implica un crecimiento demográfico extraordinario (4.172 veces), mientras la deuda pública que era de tan solo 33.1 millones de dólares sobrepasará los 11 mil millones para 2010. Aquí el crecimiento es más que exponencial (332,326.284 veces).

El qué, el cómo y cuántos seremos y deberemos, son temas valóricos vitales por resolver.

Es injusto que una generación sea comprometida por la precedente. Hay que encontrar un medio que preserve a las venideras de la avaricia o inhabilidad de las presentes (Napoleón Bonaparte).

*

<> Este artículo se publicó el 7  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/boloboski-f-miguel-a/

¡El que venga después, que arree!

La opinión del Abogado, político independiente…

Juan Manuel Castulovich 

Cuando el actual gobierno asumió, el 1 de julio de 2009,   sus más calificados voceros denunciaron a los cuatro vientos, que sus predecesores del PRD se habían gastado, en los primeros seis meses, del 1 de enero al 30 de junio, la mayor parte de los ingresos estimados en el Presupuesto para el año 2009.

Tomando por buena esa aseveración, hubiera sido sensato de su parte, como medida inmediata y consecuente, haber hecho un “corte presupuestario al 30 de junio” y presentarle al país un informe pormenorizado que reflejara la situación real de las finanzas públicas. Así lo recomendamos en un artículo publicado por esas fechas en el Panamá América.

La segunda medida debió ser la contención del gasto público para ajustarlo a la realidad de los recursos de que dispondría para el segundo semestre del 2009.   Pero el nuevo gobierno no hizo ninguna de las cosas sino que optó por la medida, absolutamente inconstitucional, de aumentar el techo del déficit fiscal, por la vía de eliminar el tope que establecía la denominada “Ley de Responsabilidad Fiscal”, con el deliberado propósito de no reducir el gasto público.   La consecuencia era obvia: el ejercicio fiscal 2009 terminó con un déficit, “según el gobierno”, del 1.5% del PIB; pero, en realidad, mucho mayor.

Como la intención del actual gobierno nunca ha sido la de “ajustarse el cinturón”, a pesar del déficit acumulado en el 2009, en el año 2010 se aumentó el Presupuesto de Gastos en más de 1,000 millones de balboas.   Y para el 2011, en más de 3,000 millones.

No es un pecado financiero aumentar la estimación de los gastos; pero ella tiene que estar apoyada por expectativas razonables de que existirán los recursos para cubrirlos, mediante los ingresos corrientes, o sea las recaudaciones regulares producto de los impuestos y tasas, complementada con un límite, igualmente razonable, de endeudamiento.

El gobierno de turno, como le consta a todo el país, se ha convertido en una catarata imparable de promesas que no se han limitado a sus propias estimaciones de los ingresos, de por si ya sobredimensionados, sino que, además, ha seguido aumentando, peligrosamente, el nivel de la deuda pública.

El resultado lo estamos viendo y viviendo.   Varias de las promesas hechas por el presidente Martinelli, de manera imprudente y con patente extralimitación de sus funciones, pues violan, entre otras, la autonomía de la Caja del Seguro Social, carecen de sustento económico.

La Constitución es clara: en el Presupuesto General del Estado, los egresos y los ingresos deben estar balanceados (Artículo 270). Con base en esa norma y en el siguiente Artículo 275, toda proyección presupuestaria del gasto público, que genere un déficit fiscal, es inconstitucional.   En consecuencia, cualquier ley que, como la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, lo autorice, es también inconstitucional.

Que el nuevo gobierno, en su afán por zafarse de “la camisa de fuerza” que le impuso el PRD, iniciara su gestión aumentando, provisionalmente se dijo, el déficit fiscal, tenía una relativa justificación política; pero continuar por ese camino y, lo que es aún peor, que vuelva a modificar la “Ley de Responsabilidad Fiscal”, para elevar el déficit, por ahora, a 600 o 700 millones, es absolutamente irresponsable; una copia aumentada de la conducta de sus predecesores, que retrata muy bien el conocido refrán: “El que venga después, que arree!

<>

Este artículo se publicó el  17  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Las vacas flacas

La opinión de…..

..

David Méndez

En los últimos años, en el panorama económico mundial ha ocurrido de todo. Grandes corporaciones han quebrado dejando con los bolsillos volteados a miles de accionistas, mientras algunos ejecutivos graduados en las mejores universidades se despiden con cuentas cifradas de ocho dígitos; ex gobernantes han desviado fondos millonarios a sus cuentas personales en paraísos fiscales; bancos poderosos han quebrado; fábricas de autos están al borde de la quiebra y demás.

Lo más reciente es que toda una nación pasó a la quiebra, Grecia. Ante la moderna odisea griega la Unión Europea ha prometido salir en auxilio de un sistema que, públicamente, se reconoce como carcocomido por la corrupción y aceptado como causa número uno del descalabro.  El mismo primer ministro griego, George Papandreou, admite que la población tiene al erario como un recurso para saquear.   Para sorpresa, muchos de los griegos consultados piensan que es moralmente aceptable estafar al Estado.

A esto se le suman otros aspectos que agravan la situación como un sistema ineficaz de inspectores fiscales, exceso de empleados públicos creados por los dos partidos políticos que se dedicaron a producir “botellas”, un opaco código tributario con una alta evasión de impuestos, especialmente por los más ricos. Ventas de terrenos públicos a precios por debajo de su valor real y, también, el famoso fakelaki que no tiene otra traducción en mexicano que “la mordida”, y “el salve” en el lenguaje panameño.

¿No le parece todo esto muy familiar?

En Panamá tenemos todo esto y un poco más, pues al Gobierno cualquier gato lo demanda y lo lleva a un Tribunal Internacional ubicado en territorio de nuestros “queridos” vecinos, y siempre pierde, lo que trae al Estado pérdidas millonarias en pago a las metidas de pata y mano de nuestros gobernantes.

Con el cuento de atraer la famosa inversión extranjera, los ingleses se llevan las ganancias de las comunicaciones y los gallegos la de la energía eléctrica. ´ Han evolucionado y ya no se pelean los botines en los mares del Caribe, ahora se dividen nuestros servicios públicos y sus ganancias. Las islas y costas ya están repartidas, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, pero, bueno, hay que atraer la inversión.

En Panamá los gobernantes se autorregalan lucrativas corporaciones.   Los grandes proyectos como autopistas y rellenos costeros a pesar de existir presupuestos exigidos en contrato, finalmente después de una concienzuda adenda, salen costándonos el doble de lo presupuestado.

Mientras esto pasa, está viniendo todo el mundo a nuestro territorio, porque alguien regó la noticia de que en este paraíso de boquiabiertos, a los extranjeros, especialmente a los astutos, se les facilita todo, por encima del nacional.

Si hay oro, cobre, manganeso y petróleo ¿por qué tienen que ser los canadienses, coreanos y gringos los que tienen que explotarlos? ¿Por qué no los explotan en su respectivos países?  Simplemente, porque no se permite hacerlo a cielo abierto a estas pseudocompañías mineras. Esas naciones sí protegen su medio ambiente y conocen perfectamente las consecuencias.

¿Estaremos en el mismo camino de Grecia? Yo creo que sí, solo que estamos en un periodo de vacas gordas con el empuje económico de la construcción y el ensanche del Canal.

Si el Gobierno continúa derrochando el dinero en proyectos costosos como el metro, en comprar los corredores, en un nuevo puente para Howard, en cinco hospitales, un aeropuerto internacional en Colón y demás proyectos que deben esperar, entonces cuando Standard & Poors nos fracase en el examen y lleguen las vacas flacas la pasaremos muy mal.

Ya nuestra deuda es muy alta y acapara un gran porcentaje del presupuesto nacional, para doblarla con proyectos que probablemente costarán el doble de lo presupuestado.

<>

Este artículo se publicó el 14 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Grado de inversión o chatarra

La opinión de…..

E

Surse Pierpoint   y  Alfonso Grimaldo

Como la gran mayoría de lectores, me alegré al leer que Panamá había logrado la meta de varias administraciones de la época posdictadura, en lograr el “grado de inversión” que otorgan las agencias calificadoras, tales como Moody’s. Se nos explicaba que al lograr este hito, los costos de pedir prestado fondos y de financiar la actividad gubernamental serían inferiores en la medida que las agencias determinaban que el riesgo país había mejorado.

El camino para mejorar las calificaciones va de la mano del déficit central de un gobierno, cuando logra cerrar la diferencia entre la recaudación y el gasto. Las alternativas que existen son el crecer la economía, el aumento de impuestos o los recortes de gastos.

Se nos ha explicado que el recorte de gastos es casi imposible en la medida que no hay discrecionalidad de recortar gastos que vienen amarrados por acuerdos o “conquistas” previas. No olvidemos que la planilla representa el 21% del total del presupuesto de $10.5 mil millones.

Este gobierno se ha puesto la meta de aumentar los ingresos en aproximadamente $250 millones y aun así se proyecta un déficit fiscal para 2010 de $502 millones o un 4.78%.

Imaginen mi sorpresa al leer en The Guardian de Inglaterra, del 28 de abril de 2010, que frente al debacle financiero gubernamental europeo, la deuda de Grecia es clasificada como “chatarra” igual que la de Azerbaijan, Colombia, Panamá y Rumania.

¿Tanta sangre, sudor y lágrimas para quedar igual que Azerbaijan? ¿Para quedar en la percepción internacional con una situación comparable a una Grecia en el umbral del incumplimiento a sus acreedores calificada por una agencia de calificación de riesgo desprestigiada por los eventos financieros recientes?

El aparato gubernamental se está tomando cada vez más recursos para sí y dejándole al sector productivo la tarea de buscar cómo ser competitivo ante una alza de costos en múltiples factores de producción.

Obtener el grado de inversión nos presenta con muchas ventajas, pero a un costo debilitante.   Por un lado, se han abierto las puertas al financiamiento barato de un sistema estatal ineficiente.   Como lo demuestra nuestra infructuosa inversión en el sector educativo, la respuesta no es el incremento de fondos.

Por el otro lado, hemos tenido que aumentar nuestros impuestos para recortar el déficit, afectando seriamente a los sectores menos acaudalados de la sociedad con costos incrementados sobre el consumo.   Estos costos elevados de transferencia conllevan un factor exponencial al correr a lo largo de las cadenas de producción elevando el nivel general de precios.

La solución correcta siempre fue la disminución del gasto público y la reducción del sistema estatal.   Esto abre las puertas a la inversión privada y sistemas competitivos que refuerzan la estabilidad nacional y permiten a manos creativas tomar recursos, ahora controlados por el Gobierno, para desarrollar su potencial emprendedor.

Un camino basado en estos principios conlleva una mayor estabilidad nacional, un sector privado desarrollado y maduro, una mayor atracción de la inversión extranjera que genera más empleos directos en Panamá, y quizás, una mejor percepción de la que tenemos hoy en día.

Con un déficit del 5% me parece que estaremos nuevamente ante la disyuntiva de reducción de gastos de Gobierno o mayor recaudación.   La lista de promesas de campaña indica que probablemente no habrá recortes presupuestarios. Dado que el indicador de déficit presupuestario es la medición principal de las agencias calificadoras, ¿tendrá el Gobierno la necesidad de crear aún más impuestos?

Se ha publicado hasta la saciedad que las economías más exitosas del planeta son las que tienen la menor carga impositiva sobre el individuo y la empresa privada.

El Gobierno se ha propuesto la tarea de promover la idea que Panamá is open for business. La retórica debiera ir acompañada de un análisis real de la carga del Estado y la necesidad de menores impuestos. Vemos con buenos ojos el interés de invertir más en salud, educación y seguridad pero al fin y al cabo lo más importante es el resultado y no cuanto uno gasta.

El Índice de Libertad Económica de 2010 patrocinado por el Heritage Foundation y el Wall Street Journal, tiene en su top ten a los siguientes países: Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelandia, Irlanda, Suiza, Canadá, EU, Dinamarca y Chile en el puesto No. 10.

Hay una correlación directa entre el PIB y la libertad económica en todos los países, entre más cercano al top ten, mejor el PIB siendo Hong Kong el líder con un PIB per cápita de $42 mil 700 para 2009 y Chile con $14 mil 700 para el mismo periodo. Panamá marcó el puesto No. 60 en este ranking, indicando que aún hay mucho trabajo que hacer para lograr el cometido.

<>

Este artículo se publicó el 3 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un problema de ‘agencia’

La opinión de…..

.

Olmedo Miró


Hace un tiempo, en un periódico extranjero, observé un muy original anuncio político:  una fotografía de políticos de ese país, con cara de trasnochados, con un subtítulo que decía: “¿le prestaría a estos hombres su tarjeta de crédito?”.

Este anuncio, sin saberlo, hace alusión a lo que es el problema más estudiado por una rama de la economía que estudia la acción política y sus costos, llamada “opción pública”.

Y a este problema se le llama “problema de agencia”, y consiste en la delegación de las decisiones en los grupos de personas con mucha autoridad para tomar decisiones por los demás, pero una mucho más limitada responsabilidad sobre esas decisiones. Es en esencia el problema fundamental de gobernancia del Estado.

Ahora, volvamos a lo nuestro, el mismo anuncio pero con nuestros políticos locales: ¿Le prestaría usted su tarjeta de crédito a esta gente? La respuesta, lamento decírselos, es que ya lo hemos hecho y desde hace mucho tiempo.

Y lo hemos hecho a través de la autoridad otorgada a nuestros políticos de contratar empréstitos y contratos públicos en “nuestro nombre”.   O sea, a nombre de los ciudadanos de este país, quienes se van a hacer cargo de “honrarlos” aun cuando los políticos signatarios hace tiempo hayan regresado a sus casas a descansar.

En el sistema político nuestro esto funciona tal como una “lámpara de Aladino”, crear todo tipo de obras y beneficios a sus clientelas políticas sin ningún costo perceptible para la ciudadanía, como si las hicieran con magia.   Todos olvidamos que todos estos empréstitos no son más que impuestos postergados.   Postergados para presidencias sucesivas, quienes tendrán que lidiar con el problema de pagar, cuando ya todos hemos olvidado, si es que alguna vez lo percibimos, que alguna vez nos comprometimos a algo que nunca pudimos evaluar correctamente.

Pero mientras la fiesta continúa, nuestros políticos dan la apariencia de ser “casi magos” capaces de crear obras “como por arte de magia”, pero señores, ¡esto no es magia!

Autoridad sin responsabilidad: yo contraigo la deuda y dispongo del uso de su dinero, sin embargo, la responsabilidad por su pago es colectiva y en una fecha en que yo ni siquiera estaré a cargo.   Es el problema de “agencia” del que habla la gente de “opción pública”.   Y para que los políticos locales no se pongan bravos conmigo, este problema no tiene que ver con personas sino con las estructuras de gobernancia.

En el sentido de que es inexorable, aunque surja un político lo suficientemente tonto para creer en la “responsabilidad fiscal”, ese político solo le abre las puertas a otro político “demagogo” que utilizará ese capital, lo despilfarrará y se hará enormemente popular.   Como sucede en algunos países vecinos y en todo el mundo. Recuerden que no hay forma en la que la ciudadanía se pueda retroalimentar del verdadero costo de las acciones del Estado.   En esencia, no hay tal cosa como un “bien público”.   Alguien tiene que “agenciar”. Todos los bienes del Estado serán dispuestos por alguien o algunos con nombre y apellido. No hay tal como “todos somos el Estado”.

Y para que vean que no es cosa de nosotros, casi el 50% de los países “desarrollados” maneja déficits fiscales que superan el 10% de su PIB. Una situación que empeora a medida que evoluciona la crisis que les digo, solo empeora, créanme. ¿Y los grados de inversión? Bueno, hasta recientemente las evaluadoras de crédito le daban a Grecia un grado de inversión hasta superior al que tenemos hoy.   Hoy en día Grecia es un país intervenido por la Unión Europea; institución que, no tengan la menor duda, eventualmente le pasará la cuenta a sus ciudadanos a través del más cruel de todos los impuestos, la inflación.

¿Hasta dónde puede un gobernante contratar a nombre de nosotros, los ciudadanos?  ¿Hasta dónde recae nuestra responsabilidad? Decía alguien que una de las mejores formas de lidiar con este problema es hacer a nuestros políticos “fiadores solidarios” de todos los empréstitos que contraten por el país.   Esto definitivamente ayudaría, pero como ellos detentan el poder, alguna forma encontrarán para evadir el problema.

¿Pueden nuestros políticos vendernos en esclavitud?  Bueno, en la contratación de la deuda nacional de alguna manera lo hacen.  ¿Acaso la capacidad de colección de impuestos a los ciudadanos no es uno de los principales elementos que evalúan la evaluadoras de riesgo?   La solución para mí solo es una, hacer un Estado más pequeño y estar conscientes de que el Estado no somos todos. Que existe un problema de agencia. Que los políticos no pueden crear algo de la nada. Que el ideal “romántico” de la política solo es una quimera en los textos escolares.

<>

Este artículo se publicó el  12  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.