De libre mercado, ni el nombre

La opinión de…

Alfonso Grimaldo Poschl

Recientemente, en páginas de este diario, miembros honorables del movimiento colectivista y estatista de nuestro país han plasmado su preocupación de que la presente administración tenga como propósito principal la proscripción del remanente de políticas paternalistas de nuestro Gobierno benefactor en la búsqueda ideológica del libre mercado. Cómo me he reído.

El que vende zapatos es zapatero, no importa cómo se quiera llamar. Las organizaciones políticas deben ser juzgadas, no por su retórica, sino por sus acciones concretas. Bajo ese estándar, espero convencer a los colectivistas y estatistas del país que poco tienen de qué preocuparse.

Los liberales y capitalistas tenemos una filosofía clara y consistente. Creemos en la libertad comercial y económica, defendemos la libertad individual y la propiedad privada, y pugnamos por una reducción del Gobierno a toda costa.

Nos oponemos a casi todo subsidio, prebenda, sinecura, privilegio, inmunidad, arancel, cargo, tributo, contribución, tasa, impuesto, intervención del Gobierno o estímulo financiero, excepto aquellos necesarios para financiar las funciones básicas del Gobierno.

Por este motivo me sorprende ver cuando se le encuentra rebuscadamente una motivación liberal a las políticas de la presente administración.   Como dice la Biblia, “por sus frutos los conoceréis”. Por tanto, veamos los frutos de la presente administración y presentemos los hechos al juicio de un mundo imparcial.

Primero, la presente administración ha incrementado el ITBMS en un 2%, elevando el costo del comercio. Ni liberal ni de libre mercado.

Segundo, la presente administración busca la aprobación por la legislatura de un monstruoso presupuesto de alrededor de 13 mil millones de dólares, que equivaldría a alrededor de 52% de la economía nacional. Ni liberal ni de libre mercado.

Tercero, la presente administración ha reportado un incremento proyectado de 5.6% del saldo de la deuda pública al final de 2010, la cual aproxima los 11.5 mil millones de dólares. En otras palabras, la deuda pública equivale al 46% de nuestra economía nacional. Además, se ha buscado elevar el límite del déficit fiscal para proveer al Gobierno mayor flexibilidad crediticia.   Ni liberal ni de libre mercado.

Cuarto, la presente administración incrementó para 2010, en relación con 2009, el monto otorgado en subsidios y concesiones tributarias en un 43%, totalizando 820 millones de dólares (casi 10 veces el presupuesto del poder judicial para este año) a través de proyectos como “100 a los 70”, el subsidio eléctrico y la beca universal.   Ni liberal ni de libre mercado.

Quinto, el Consejo Económico Nacional ha aprobado un subsidio de 33.8 millones de dólares para la energía eléctrica durante el primer semestre de 2011. Ni liberal ni de libre mercado.

Sexto, la presente administración ha descartado la posibilidad de privatizar tanto el correo nacional como el Idaan. Ni liberal ni de libre mercado.

Séptimo, la presente administración ha iniciado proyectos masivos de infraestructura, como el Metro de Panamá, y públicamente ha anunciado planes para la construcción de una torre financiera que consumiría en su construcción un mayor presupuesto que aquel del poder judicial para este año. Además, ha anunciado la estatización del Corredor Sur.  Ni liberal ni de libre mercado.

Octavo, la presente administración ha regulado o tiene de forma directa o indirecta participación accionaria en los sectores de electricidad, transporte, agua, telecomunicaciones y minería. Ni liberal ni de libre mercado.

Noveno, la presente administración ha centralizado la función municipal de recolectar la basura y ha contemplado la creación de una Autoridad del Agua. Ni liberal ni de libre mercado.

Décimo, durante la presente administración no ha ocurrido ninguna reducción sustancial o importante de los aranceles y tributos que pagan productos necesarios al entrar al país, como el arroz (el precio doméstico del quintal es de 42 dólares y el internacional es de 24 dólares). Ni liberal ni de libre mercado.

Reconocemos que la presente administración ha implementado ciertas reformas del programa capitalista, pero de ahí, obviar todo lo anterior y saltar a la conclusión de que esta es una administración liberal que mira con beneplácito al libre mercado, es algo extremadamente imaginativo, inclusive para aquellos que pasan sus días soñando utopías colectivistas improbables.

Es más, invito a los honorables miembros de la izquierda política a que se relajen, se quiten sus boinas y prendan un puro. Han logrado implementar su agenda sin siquiera haber alcanzado el poder. El Gobierno Nacional controla más de la mitad de la economía nacional, tiene la mayor parte de las utilidades públicas bajo su mando y dirección y redistribuye la riqueza a diestra y siniestra. Esta situación resuena más con las ideas de izquierda de economías dirigidas, que con cualquier programa liberal existente.

Es necesario un debate profundo y extenso sobre qué papel debe jugar el Gobierno en la economía y en la sociedad, pero el primer paso hacia ese debate es llamar al pan, pan y al vino, vino. Llamar liberal o capitalista a la presente administración, resuena a confusión eucarística.

<>
Este artículo se publicó el 17  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.  El resaltado es del Editor.

¿Es competitivo el sector público?

La opinión de…

 

Omar Zambrano

El sector público juega un rol crucial para la economía y la competitividad de un país. El Estado formula políticas públicas que orientan la actividad económica de manera directa, definiendo así lo que algunos llaman “reglas del juego”.

Adicionalmente, la estabilidad resulta crucial para lograr crecimiento, lo que exige por ejemplo en materia de política fiscal que el Estado mantenga dentro de límites razonables su nivel de gasto y deuda para mantener un buen grado de inversión.

Hasta el primer trimestre de 2010, el resultado del balance fiscal consolidado del SPNF del Gobierno panameño fue de –0.5%, mejorando la meta proyectada para el año (que es de un déficit de –2.0% del PIB), logrando así iniciar un ambicioso programa de inversiones públicas queno ha afectado hasta ahora el balance fiscal.

En general, la adecuada administración pública provee un buen clima de negocios para invertir, producir, exportar y desarrollar cualquier tipo de actividad económica que contribuya al desarrollo económico del país y el bienestar de los ciudadanos. Un buen clima de negocios lo crea el sector público, ya que su función es guiar la gobernabilidad del país en paz, orden y de acuerdo a la ley.

Las políticas macroeconómicas adecuadas son fundamentales para fomentar la competitividad y el desarrollo integral, porque crean estabilidad y crecimiento, pero no son suficientes para lograr desarrollo. Se necesitan además políticas microeconómicas de desarrollo humano, institucionalidad y reducción efectiva de la pobreza.

Por otro lado, el gasto público resulta primordial para proveer servicios y bienes públicos en beneficio de la comunidad, a objeto de lograr mayores niveles de equidad social y desarrollar la plataforma de infraestructura sobre la cual operará la economía nacional. En Panamá, por ejemplo, el gasto público representa aproximadamente el 26% del producto interno bruto (PIB), lo cual constituye un importante nivel de gasto.

Otra área de política de altísima importancia para la competitividad es el comercio exterior, que involucra el fomento de las exportaciones como vehículo primario de crecimiento y apertura comercial, manteniendo la competencia como instrumento de fomento a la productividad. Esto último se logra a través de los llamados acuerdos comerciales (TLC).

Por su lado, las exportaciones se incentivan a través de la capacitación y el uso de tecnología por parte de los productores, facilitando el crédito, los encadenamientos de sistemas de producción, transporte y mercadeo en sectores promisorios como los servicios del conglomerado, las agroindustrias y el turismo. Otras políticas que fomentan la competitividad incluyen mantener un sistema financiero sólido con esquemas que facilitan la introducción de capital de riesgo.

La formación del capital humano mediante la inversión pública es otro aspecto fundamental para lograr el crecimiento sostenido de la productividad económica y el bienestar social, así como la aplicación de políticas laborales para fomentar la productividad.

Entre más expeditos, transparentes y seguros sean los trámites de la administración pública, más competitivo será el país.  El Gobierno actual ha emprendido un ambicioso programa de innovación gubernamental desde la Presidencia, donde se planea introducir sistemas computarizados que permitan realizar trámites públicos que simplifican los sistemas y evitan el papeleo mejorando la eficiencia, transparencia, agilidad y profesionalismo de los servicios públicos.

Hasta el momento se han hecho programas efectivos como PanamáTramita, PanamáCompra, PanamáEmprende, ventanillas únicas, sistema de control de expedientes y otros más.

Si bien el papel del Gobierno es de primaria importancia, se requiere el concurso de todos los sectores empresariales y gremiales. Quizá la política más trascendental para la competitividad sea la de abrir espacios para la colaboración y concertación entre el sector público y los demás actores nacionales.

*

<> Este artículo se publicó el 15  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/zambrano-omar/

¿Es buena la codicia?

La opinión del Abogado, Administrador de Empresas y Docente Universitario…

Miguel A. Boloboski Ferreira

Está de moda, y todos la deseamos. Algunos la estigmatizan como única responsable de la crisis que casi fulminó al capitalismo a fines de 2008.   De los siete pecados capitales es la que más promueve e inspira los otros seis (lujuria, gula, pereza, ira, envidia y soberbia).   El capitalismo salvaje la fomenta como doctrina en donde lo único importante es lo material; descartando los valores por ser quimeras elaboradas por los “justos”.

Aun cuando diferentes por un pequeño tecnicismo, tanto la avaricia como la codicia suponen el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas. Es frecuente que aparezcan vinculadas a pecados o delitos como la traición, deslealtad, estafa y corrupción. El avaro solo pretende sumar más y más riquezas; no conoce de ningún límite legal o ético con tal de alcanzar su objetivo. De ser necesario es capaz de perjudicar a otros y hasta pisotear cualquier norma que se le oponga. Desde el punto de vista religioso se trata de un pecado y de un vicio que trasciende lo lícito y lo moralmente aceptable.

Para algunos psicólogos el vínculo que el avaro establece entre felicidad y posesiones materiales puede llegar a convertirse en un mal endémico. La avaricia –como la lujuria y la gula–, es un acto de exceso que como tal puede derivar en adicción. Tales excesos incluyen la simonía o acción de comerciar con cosas espirituales o religiosas, como son los sacramentos o los cargos eclesiásticos.

Una persona dominada por la avaricia raramente es consciente de ello. Para el avaro el fin es acaparar. Es amigo de la conveniencia y a pesar de que conviven a nuestro lado, nunca son amigos por amor o lealtad. Es un anhelo enfermizo por cualquier cosa, no solo de dinero; es la conjunción del egoísmo y la soberbia. La avaricia es parte de nuestras vidas aunque hablemos poco de ella. No obstante es un hecho que nuestra sociedad está inmersa en ella. Es la mejor aliada de la sociedad consumista.

Entre 1950 y 2010, la población panameña pasó de 839 mil a casi 3.5 millones, lo que implica un crecimiento demográfico extraordinario (4.172 veces), mientras la deuda pública que era de tan solo 33.1 millones de dólares sobrepasará los 11 mil millones para 2010. Aquí el crecimiento es más que exponencial (332,326.284 veces).

El qué, el cómo y cuántos seremos y deberemos, son temas valóricos vitales por resolver.

Es injusto que una generación sea comprometida por la precedente. Hay que encontrar un medio que preserve a las venideras de la avaricia o inhabilidad de las presentes (Napoleón Bonaparte).

*

<> Este artículo se publicó el 7  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/boloboski-f-miguel-a/

¡El que venga después, que arree!

La opinión del Abogado, político independiente…

Juan Manuel Castulovich 

Cuando el actual gobierno asumió, el 1 de julio de 2009,   sus más calificados voceros denunciaron a los cuatro vientos, que sus predecesores del PRD se habían gastado, en los primeros seis meses, del 1 de enero al 30 de junio, la mayor parte de los ingresos estimados en el Presupuesto para el año 2009.

Tomando por buena esa aseveración, hubiera sido sensato de su parte, como medida inmediata y consecuente, haber hecho un “corte presupuestario al 30 de junio” y presentarle al país un informe pormenorizado que reflejara la situación real de las finanzas públicas. Así lo recomendamos en un artículo publicado por esas fechas en el Panamá América.

La segunda medida debió ser la contención del gasto público para ajustarlo a la realidad de los recursos de que dispondría para el segundo semestre del 2009.   Pero el nuevo gobierno no hizo ninguna de las cosas sino que optó por la medida, absolutamente inconstitucional, de aumentar el techo del déficit fiscal, por la vía de eliminar el tope que establecía la denominada “Ley de Responsabilidad Fiscal”, con el deliberado propósito de no reducir el gasto público.   La consecuencia era obvia: el ejercicio fiscal 2009 terminó con un déficit, “según el gobierno”, del 1.5% del PIB; pero, en realidad, mucho mayor.

Como la intención del actual gobierno nunca ha sido la de “ajustarse el cinturón”, a pesar del déficit acumulado en el 2009, en el año 2010 se aumentó el Presupuesto de Gastos en más de 1,000 millones de balboas.   Y para el 2011, en más de 3,000 millones.

No es un pecado financiero aumentar la estimación de los gastos; pero ella tiene que estar apoyada por expectativas razonables de que existirán los recursos para cubrirlos, mediante los ingresos corrientes, o sea las recaudaciones regulares producto de los impuestos y tasas, complementada con un límite, igualmente razonable, de endeudamiento.

El gobierno de turno, como le consta a todo el país, se ha convertido en una catarata imparable de promesas que no se han limitado a sus propias estimaciones de los ingresos, de por si ya sobredimensionados, sino que, además, ha seguido aumentando, peligrosamente, el nivel de la deuda pública.

El resultado lo estamos viendo y viviendo.   Varias de las promesas hechas por el presidente Martinelli, de manera imprudente y con patente extralimitación de sus funciones, pues violan, entre otras, la autonomía de la Caja del Seguro Social, carecen de sustento económico.

La Constitución es clara: en el Presupuesto General del Estado, los egresos y los ingresos deben estar balanceados (Artículo 270). Con base en esa norma y en el siguiente Artículo 275, toda proyección presupuestaria del gasto público, que genere un déficit fiscal, es inconstitucional.   En consecuencia, cualquier ley que, como la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, lo autorice, es también inconstitucional.

Que el nuevo gobierno, en su afán por zafarse de “la camisa de fuerza” que le impuso el PRD, iniciara su gestión aumentando, provisionalmente se dijo, el déficit fiscal, tenía una relativa justificación política; pero continuar por ese camino y, lo que es aún peor, que vuelva a modificar la “Ley de Responsabilidad Fiscal”, para elevar el déficit, por ahora, a 600 o 700 millones, es absolutamente irresponsable; una copia aumentada de la conducta de sus predecesores, que retrata muy bien el conocido refrán: “El que venga después, que arree!

<>

Este artículo se publicó el  17  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Las vacas flacas

La opinión de…..

..

David Méndez

En los últimos años, en el panorama económico mundial ha ocurrido de todo. Grandes corporaciones han quebrado dejando con los bolsillos volteados a miles de accionistas, mientras algunos ejecutivos graduados en las mejores universidades se despiden con cuentas cifradas de ocho dígitos; ex gobernantes han desviado fondos millonarios a sus cuentas personales en paraísos fiscales; bancos poderosos han quebrado; fábricas de autos están al borde de la quiebra y demás.

Lo más reciente es que toda una nación pasó a la quiebra, Grecia. Ante la moderna odisea griega la Unión Europea ha prometido salir en auxilio de un sistema que, públicamente, se reconoce como carcocomido por la corrupción y aceptado como causa número uno del descalabro.  El mismo primer ministro griego, George Papandreou, admite que la población tiene al erario como un recurso para saquear.   Para sorpresa, muchos de los griegos consultados piensan que es moralmente aceptable estafar al Estado.

A esto se le suman otros aspectos que agravan la situación como un sistema ineficaz de inspectores fiscales, exceso de empleados públicos creados por los dos partidos políticos que se dedicaron a producir “botellas”, un opaco código tributario con una alta evasión de impuestos, especialmente por los más ricos. Ventas de terrenos públicos a precios por debajo de su valor real y, también, el famoso fakelaki que no tiene otra traducción en mexicano que “la mordida”, y “el salve” en el lenguaje panameño.

¿No le parece todo esto muy familiar?

En Panamá tenemos todo esto y un poco más, pues al Gobierno cualquier gato lo demanda y lo lleva a un Tribunal Internacional ubicado en territorio de nuestros “queridos” vecinos, y siempre pierde, lo que trae al Estado pérdidas millonarias en pago a las metidas de pata y mano de nuestros gobernantes.

Con el cuento de atraer la famosa inversión extranjera, los ingleses se llevan las ganancias de las comunicaciones y los gallegos la de la energía eléctrica. ´ Han evolucionado y ya no se pelean los botines en los mares del Caribe, ahora se dividen nuestros servicios públicos y sus ganancias. Las islas y costas ya están repartidas, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, pero, bueno, hay que atraer la inversión.

En Panamá los gobernantes se autorregalan lucrativas corporaciones.   Los grandes proyectos como autopistas y rellenos costeros a pesar de existir presupuestos exigidos en contrato, finalmente después de una concienzuda adenda, salen costándonos el doble de lo presupuestado.

Mientras esto pasa, está viniendo todo el mundo a nuestro territorio, porque alguien regó la noticia de que en este paraíso de boquiabiertos, a los extranjeros, especialmente a los astutos, se les facilita todo, por encima del nacional.

Si hay oro, cobre, manganeso y petróleo ¿por qué tienen que ser los canadienses, coreanos y gringos los que tienen que explotarlos? ¿Por qué no los explotan en su respectivos países?  Simplemente, porque no se permite hacerlo a cielo abierto a estas pseudocompañías mineras. Esas naciones sí protegen su medio ambiente y conocen perfectamente las consecuencias.

¿Estaremos en el mismo camino de Grecia? Yo creo que sí, solo que estamos en un periodo de vacas gordas con el empuje económico de la construcción y el ensanche del Canal.

Si el Gobierno continúa derrochando el dinero en proyectos costosos como el metro, en comprar los corredores, en un nuevo puente para Howard, en cinco hospitales, un aeropuerto internacional en Colón y demás proyectos que deben esperar, entonces cuando Standard & Poors nos fracase en el examen y lleguen las vacas flacas la pasaremos muy mal.

Ya nuestra deuda es muy alta y acapara un gran porcentaje del presupuesto nacional, para doblarla con proyectos que probablemente costarán el doble de lo presupuestado.

<>

Este artículo se publicó el 14 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Grado de inversión o chatarra

La opinión de…..

E

Surse Pierpoint   y  Alfonso Grimaldo

Como la gran mayoría de lectores, me alegré al leer que Panamá había logrado la meta de varias administraciones de la época posdictadura, en lograr el “grado de inversión” que otorgan las agencias calificadoras, tales como Moody’s. Se nos explicaba que al lograr este hito, los costos de pedir prestado fondos y de financiar la actividad gubernamental serían inferiores en la medida que las agencias determinaban que el riesgo país había mejorado.

El camino para mejorar las calificaciones va de la mano del déficit central de un gobierno, cuando logra cerrar la diferencia entre la recaudación y el gasto. Las alternativas que existen son el crecer la economía, el aumento de impuestos o los recortes de gastos.

Se nos ha explicado que el recorte de gastos es casi imposible en la medida que no hay discrecionalidad de recortar gastos que vienen amarrados por acuerdos o “conquistas” previas. No olvidemos que la planilla representa el 21% del total del presupuesto de $10.5 mil millones.

Este gobierno se ha puesto la meta de aumentar los ingresos en aproximadamente $250 millones y aun así se proyecta un déficit fiscal para 2010 de $502 millones o un 4.78%.

Imaginen mi sorpresa al leer en The Guardian de Inglaterra, del 28 de abril de 2010, que frente al debacle financiero gubernamental europeo, la deuda de Grecia es clasificada como “chatarra” igual que la de Azerbaijan, Colombia, Panamá y Rumania.

¿Tanta sangre, sudor y lágrimas para quedar igual que Azerbaijan? ¿Para quedar en la percepción internacional con una situación comparable a una Grecia en el umbral del incumplimiento a sus acreedores calificada por una agencia de calificación de riesgo desprestigiada por los eventos financieros recientes?

El aparato gubernamental se está tomando cada vez más recursos para sí y dejándole al sector productivo la tarea de buscar cómo ser competitivo ante una alza de costos en múltiples factores de producción.

Obtener el grado de inversión nos presenta con muchas ventajas, pero a un costo debilitante.   Por un lado, se han abierto las puertas al financiamiento barato de un sistema estatal ineficiente.   Como lo demuestra nuestra infructuosa inversión en el sector educativo, la respuesta no es el incremento de fondos.

Por el otro lado, hemos tenido que aumentar nuestros impuestos para recortar el déficit, afectando seriamente a los sectores menos acaudalados de la sociedad con costos incrementados sobre el consumo.   Estos costos elevados de transferencia conllevan un factor exponencial al correr a lo largo de las cadenas de producción elevando el nivel general de precios.

La solución correcta siempre fue la disminución del gasto público y la reducción del sistema estatal.   Esto abre las puertas a la inversión privada y sistemas competitivos que refuerzan la estabilidad nacional y permiten a manos creativas tomar recursos, ahora controlados por el Gobierno, para desarrollar su potencial emprendedor.

Un camino basado en estos principios conlleva una mayor estabilidad nacional, un sector privado desarrollado y maduro, una mayor atracción de la inversión extranjera que genera más empleos directos en Panamá, y quizás, una mejor percepción de la que tenemos hoy en día.

Con un déficit del 5% me parece que estaremos nuevamente ante la disyuntiva de reducción de gastos de Gobierno o mayor recaudación.   La lista de promesas de campaña indica que probablemente no habrá recortes presupuestarios. Dado que el indicador de déficit presupuestario es la medición principal de las agencias calificadoras, ¿tendrá el Gobierno la necesidad de crear aún más impuestos?

Se ha publicado hasta la saciedad que las economías más exitosas del planeta son las que tienen la menor carga impositiva sobre el individuo y la empresa privada.

El Gobierno se ha propuesto la tarea de promover la idea que Panamá is open for business. La retórica debiera ir acompañada de un análisis real de la carga del Estado y la necesidad de menores impuestos. Vemos con buenos ojos el interés de invertir más en salud, educación y seguridad pero al fin y al cabo lo más importante es el resultado y no cuanto uno gasta.

El Índice de Libertad Económica de 2010 patrocinado por el Heritage Foundation y el Wall Street Journal, tiene en su top ten a los siguientes países: Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelandia, Irlanda, Suiza, Canadá, EU, Dinamarca y Chile en el puesto No. 10.

Hay una correlación directa entre el PIB y la libertad económica en todos los países, entre más cercano al top ten, mejor el PIB siendo Hong Kong el líder con un PIB per cápita de $42 mil 700 para 2009 y Chile con $14 mil 700 para el mismo periodo. Panamá marcó el puesto No. 60 en este ranking, indicando que aún hay mucho trabajo que hacer para lograr el cometido.

<>

Este artículo se publicó el 3 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un problema de ‘agencia’

La opinión de…..

.

Olmedo Miró


Hace un tiempo, en un periódico extranjero, observé un muy original anuncio político:  una fotografía de políticos de ese país, con cara de trasnochados, con un subtítulo que decía: “¿le prestaría a estos hombres su tarjeta de crédito?”.

Este anuncio, sin saberlo, hace alusión a lo que es el problema más estudiado por una rama de la economía que estudia la acción política y sus costos, llamada “opción pública”.

Y a este problema se le llama “problema de agencia”, y consiste en la delegación de las decisiones en los grupos de personas con mucha autoridad para tomar decisiones por los demás, pero una mucho más limitada responsabilidad sobre esas decisiones. Es en esencia el problema fundamental de gobernancia del Estado.

Ahora, volvamos a lo nuestro, el mismo anuncio pero con nuestros políticos locales: ¿Le prestaría usted su tarjeta de crédito a esta gente? La respuesta, lamento decírselos, es que ya lo hemos hecho y desde hace mucho tiempo.

Y lo hemos hecho a través de la autoridad otorgada a nuestros políticos de contratar empréstitos y contratos públicos en “nuestro nombre”.   O sea, a nombre de los ciudadanos de este país, quienes se van a hacer cargo de “honrarlos” aun cuando los políticos signatarios hace tiempo hayan regresado a sus casas a descansar.

En el sistema político nuestro esto funciona tal como una “lámpara de Aladino”, crear todo tipo de obras y beneficios a sus clientelas políticas sin ningún costo perceptible para la ciudadanía, como si las hicieran con magia.   Todos olvidamos que todos estos empréstitos no son más que impuestos postergados.   Postergados para presidencias sucesivas, quienes tendrán que lidiar con el problema de pagar, cuando ya todos hemos olvidado, si es que alguna vez lo percibimos, que alguna vez nos comprometimos a algo que nunca pudimos evaluar correctamente.

Pero mientras la fiesta continúa, nuestros políticos dan la apariencia de ser “casi magos” capaces de crear obras “como por arte de magia”, pero señores, ¡esto no es magia!

Autoridad sin responsabilidad: yo contraigo la deuda y dispongo del uso de su dinero, sin embargo, la responsabilidad por su pago es colectiva y en una fecha en que yo ni siquiera estaré a cargo.   Es el problema de “agencia” del que habla la gente de “opción pública”.   Y para que los políticos locales no se pongan bravos conmigo, este problema no tiene que ver con personas sino con las estructuras de gobernancia.

En el sentido de que es inexorable, aunque surja un político lo suficientemente tonto para creer en la “responsabilidad fiscal”, ese político solo le abre las puertas a otro político “demagogo” que utilizará ese capital, lo despilfarrará y se hará enormemente popular.   Como sucede en algunos países vecinos y en todo el mundo. Recuerden que no hay forma en la que la ciudadanía se pueda retroalimentar del verdadero costo de las acciones del Estado.   En esencia, no hay tal cosa como un “bien público”.   Alguien tiene que “agenciar”. Todos los bienes del Estado serán dispuestos por alguien o algunos con nombre y apellido. No hay tal como “todos somos el Estado”.

Y para que vean que no es cosa de nosotros, casi el 50% de los países “desarrollados” maneja déficits fiscales que superan el 10% de su PIB. Una situación que empeora a medida que evoluciona la crisis que les digo, solo empeora, créanme. ¿Y los grados de inversión? Bueno, hasta recientemente las evaluadoras de crédito le daban a Grecia un grado de inversión hasta superior al que tenemos hoy.   Hoy en día Grecia es un país intervenido por la Unión Europea; institución que, no tengan la menor duda, eventualmente le pasará la cuenta a sus ciudadanos a través del más cruel de todos los impuestos, la inflación.

¿Hasta dónde puede un gobernante contratar a nombre de nosotros, los ciudadanos?  ¿Hasta dónde recae nuestra responsabilidad? Decía alguien que una de las mejores formas de lidiar con este problema es hacer a nuestros políticos “fiadores solidarios” de todos los empréstitos que contraten por el país.   Esto definitivamente ayudaría, pero como ellos detentan el poder, alguna forma encontrarán para evadir el problema.

¿Pueden nuestros políticos vendernos en esclavitud?  Bueno, en la contratación de la deuda nacional de alguna manera lo hacen.  ¿Acaso la capacidad de colección de impuestos a los ciudadanos no es uno de los principales elementos que evalúan la evaluadoras de riesgo?   La solución para mí solo es una, hacer un Estado más pequeño y estar conscientes de que el Estado no somos todos. Que existe un problema de agencia. Que los políticos no pueden crear algo de la nada. Que el ideal “romántico” de la política solo es una quimera en los textos escolares.

<>

Este artículo se publicó el  12  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De Ford a Vallarino

La opinión de la Ex Diputada de la República…..

.

MIREYA LASSO

Nos hemos regocijado al alcanzar el país el ansiado “grado de inversión” y, aunque todavía falta la bendición de las otras dos calificadoras, hay optimismo en el ambiente. Se congratula al gobierno, se hace un leve y general reconocimiento a “anteriores gobiernos” pero es justo identificar las personas de carne y hueso que en su oportunidad colocaron los peldaños de la escalera que hoy vemos terminada.

Comencemos con Guillermo Endara. Encontró las finanzas públicas ahogadas en un verdadero caos porque el gobierno, sin plata y con la economía estancada, les debía a empleados públicos, al comercio local, a bancos locales y extranjeros, a otros gobiernos, a entidades financieras internacionales y quien sabe a quienes más.   En otras palabras, “la tormenta perfecta” como se describe la coincidencia de todas las condiciones adversas posibles.

El primer paso de Guillermo Ford en la dirección correcta fue negociar con el llamado Club de París, que agrupaba a gobiernos extranjeros a quienes la República les debía plata y cuyas deudas debían zanjarse antes de intentar negociar con otros acreedores.

Hacia el final de aquel gobierno el segundo paso no se llegó a concretar porque las instituciones internacionales de crédito (IFIs) exigieron privatizar el INTEL y el IRHE para aliviar el presupuesto nacional y también eliminar la Oficina de Regulación de Precios para estimular la inversión privada, medidas que Endara rehusó tomar.

El presidente Pérez Balladares, con su ministro Guillermo Chapman, terminó de negociar con las IFIs, con la banca privada y con el mercado internacional logrando extender plazos de pago, al tiempo que promovió el ingreso de Panamá a la Organización Mundial del Comercio con la consiguiente inserción al mercado mundial en la era de la globalización.

Para darle solidez a las finanzas públicas se aprobó una reforma tributaria que eliminaba y uniformaba incentivos fiscales y, para aligerar la carga al presupuesto del Estado, se iniciaron las privatizaciones y las concesiones administrativas. Quedaron todavía tareas por hacer.

La presidenta Mireya Moscoso, con su ministro Víctor Juliao, no concretó medidas efectivas en relación a la deuda pública; su reforma “sacaplata” no produjo los suficientes recursos para compensar gastos que repercutieron en un déficit presupuestario excesivo.

El ministro Ricaurte Vásquez del gobierno Torrijos, convencido de las impostergables tareas pendientes, lideró las reformas tributarias y a la seguridad social y, aunque muchas veces adversé algunas medidas desde mi curul legislativa, debo reconocer que fue la tenacidad del ministro Vásquez el motor que impulsó los cambios propuestos.

Su tarea fue seguida con rigor profesional por el ministro Alexander quien promovió la sana legislación que limita el nivel de endeudamiento del país. Con firmeza Vásquez y Alexander demostraron el liderazgo necesario que prevaleció frente a presiones antagónicas.

El ministro Vallarino ahora ha culminado el esfuerzo iniciado hace veinte años, con medidas fiscales y económicas que parecen demostrar que el gobierno podrá financiar su programa de trabajo sin exceder el límite de endeudamiento aceptable internacionalmente.

Ford, Chapman, Vásquez, Alexander y Vallarino merecen reconocimiento por haber persistido en una meta común lograda paso a paso.

Es importante ahora lograr que las dos calificadoras, que guardan silencio, nos den igual beneplácito y proceder siempre juiciosamente para no perder lo logrado por un manejo imprudente de nuestras finanzas y deuda públicas. Mirémonos en el espejo de Grecia y Portugal.


<>

Este artículo se publicó el 7 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Nacionalización de los Corredores Norte-Sur. Escarbando un poquito

La opinión del Economista….

.

Francisco  Bustamante

Mucha gente se ha alegrado con la noticia de que los corredores construidos por empresas mexicanas fueron comprados por el Estado, que se constituirá una empresa administradora de los mismos. Que se pagará con recursos del Fondo Fiduciario y de la Caja de Seguro Social, etc. Etc.

La compra de estos corredores, aliviará las filas que se generan en las horas pico en la mañana y en la tarde? Creo que no. Eliminará los costosos peajes por el uso de dichos corredores? Tampoco. Recupera el Estado parte de los excesivos pagos realizados a las empresas mexicanas, según las autoridades debido a contratos onerosos con la Nación, del gobierno del Señor Ernesto Pérez? Parece que No. Se elimina la presencia de las firmas mexicanas de la gestión de dichos corredores, o futuras ampliaciones? Tampoco. Entonces, la pregunta es: Qué gana la ciudadanía con esta nacionalización?

Ciertamente hay un sentimiento de malestar en los usuarios de los corredores, me incluyo, por las elevadas tarifas por kilómetro, comparados con otras vías de peaje en otros países, y por las filas que se crean en las horas de mayor tránsito.  En el primer caso, las elevadas tarifas están vinculadas a los contratos firmados entre el Estado panameño y las empresas mexicanas.   Pero no se dice nada de revisar la gestión de los funcionarios públicos que negociaron los mismos y determinar si hubo lesiones patrimoniales. Nada.

Ya el caso de los tranques que se forman, aparte de la cercanía de las casetas de peaje que se convierten en este caso, y en muchos otros países, en embudos que desaceleran el flujo de vehículos, hay otros factores tales como:

(a) un flujo de vehículos mayor al estimado cuando se hicieron las proyecciones de uso de los corredores,

(b) las vías de acceso y salida son de pocos carriles, causando congestiones por esa causa en la entrada y salida de los corredores,

(c) el crecimiento de la ciudad hacia el Este, entre otras. Pero repito, la congestión vehicular no se soluciona con la nacionalización de los corredores.

Del otro lado, veo algunos signos que creo merecen reflexión:

(a) una empresa estatal es más susceptible a la presión política para bajar peajes, afectando la capacidad de mantenimiento de las vías o de pago de las deudas adquiridas. Un ejemplo es la reciente Cinta Costera que en un arrebato de entusiasmo el presidente de entonces, en pleno proceso electoral, sin ninguna ley o norma, decidió eliminar el financiamiento de la mencionada cinta mediante valorización, asumiendo el Estado, tú y yo, el costo de la misma.

(b) el uso de recursos escasos para financiar la adquisición de una obra ya existente, que repito, transacción cuyo valor agregado parece resolver un sentimiento de frustración del usuario, pero que de acuerdo a las noticias, no resuelve las causas de dicho resentimiento,

(c) aquí se me dispararon las alarmas. Los excedentes de la operación, se usarán para subsidiar el Metro.

Me pregunto: subsidiar el pago de las deudas? El mantenimiento? Las operaciones diarias? Por cuántos meses o años? Nos sacamos plata de un bolsillo para meterlo en otro? No sé. Me falta información, pero me sobra preocupación.

<>

Artículo enviado  el 26 de marzo de 2010  por el autor, a quien damos todo el crédito, el mérito y las responsabilidades que le corresponden..


franciscobu

Con 10 años de retraso alcanzamos el grado de inversión

La opinión de…..

.

Víctor J. Juliao T.


Me siento orgulloso de que hayamos alcanzado el primer escalón del grado de inversión.  Hay varias razones que me motivan a expresar estas palabras; la principal radica en el esfuerzo que hizo mi padre cuando ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas entre septiembre de 1999 y agosto del año 2000.

En aquella ocasión le propuso al país un plan de desarrollo sostenible con énfasis en el capital humano.   ¿Qué perseguía con esta ambiciosa propuesta? Bajar la abultada deuda de la Nación a un poco más de cinco mil millones de dólares… ¿Cómo lo conseguiría? … Aprovechando la compra de los bonos Brady que estaban a precios muy competitivos.   En pocas palabras, con la inversión de unos mil millones de dólares, obtendríamos la disminución de la deuda en casi dos mil millones de dólares. ¿Qué ventajas tenía esta operación? … Al bajar la deuda a unos cinco mil millones, tendríamos más dinero para inversión, ya que el Estado destinaría menos recursos para pagar los intereses que ella genera.   En pocas palabras, el Gobierno iba a obtener más de 180 millones, por año, gracias a la disminución de la deuda. Además, en la ley que se hubiese aprobado, condicionaríamos la capacidad de endeudamiento del país al crecimiento del producto interno bruto. Este dinero le iba a permitir al Gobierno atender los problemas de inversión en el campo social, sin tener que endeudarse.

En buen panameño eso quería decir que si crecíamos, económicamente, así mismo podríamos buscar financiamiento de ser necesario.   Se le estaba poniendo un tope al endeudamiento.   Además de obtener los beneficios, ya señalados, hubiésemos gozado, desde el año 2000 del famoso grado de inversión.

Para los que me ven, para los que me escuchan, grado de inversión es una calificación que dan los organismos internacionales.   ¿Y qué significa eso?  Que el Estado está fuerte, que es confiable invertir en Panamá, por lo tanto el acceso al dinero fresco será expedito, con ventajas de largo plazo y a intereses más cómodos, no solo para el Gobierno, también gozarán de este beneficio los empresarios, industriales y comerciantes que buscan préstamos internacionales.

Algo que no sabe la Nación es que en aquella oportunidad mi padre, Víctor Nelson Juliao Gelonch se reunió dos veces con quien fungía como secretario general del Partido Revolucionario Democrático. Fue a puertas cerradas, sin medios de comunicación social. La intención era convencer a Martín Torrijos para que su bancada se uniera a esta iniciativa de Estado. Lamentablemente la miopía de ese momento impidió que gozáramos, desde aquella época, del grado de inversión.

Mi padre le dijo que de no aprobarse ese plan de desarrollo sostenible, irremediablemente el gobierno de la señora Moscoso y los que vinieran tendrían que recurrir al endeudamiento y a la aprobación de leyes fiscales que iban a afectar el bolsillo de todos.   La señora Moscoso aprobó una reforma tildada por el PRD como la saca plata, Torrijos hizo lo propio y fue calificado como el padre de la reforma saca todo y ahora, el presidente Martinelli aprueba la que dice que el que más gana y más gasta pagará más.

Si Torrijos y su bancada le hubieran dado el voto favorable a ese plan, presentado a finales de 1999, todos estuviéramos gozando de un país más próspero y sin tener que recurrir a tantas reformas fiscales. El tiempo le ha dado la razón a mi padre y hoy alcanzamos el primer escalón del grado de inversión.

Felicito al ministro Alberto Vallarino y al presidente de la República, Ricardo Martinelli, por el logro alcanzado y sé que lo hacen motivados por ese deseo supremo de dejarle, a ésta y a las futuras generaciones, un país estable donde la riqueza se distribuya de manera equitativa y donde el inversionista sepa que su capital está seguro y de que aquí existe un pueblo deseoso de trabajar por los mejores intereses de la Nación.

Quiero pedir disculpas, porque para algunos mis palabras pudieran ser mal interpretadas o porque estoy haciendo demasiada alusión a mi progenitor, pero, la verdad es una sola y hay que decirla en el momento preciso. Hoy llegó ese día y por esa razón no podía guardar silencio ante un esfuerzo que se hizo, pero que no prosperó por las razones expuestas con anterioridad.

<>

Este artículo se publicó  el  27 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Las implicaciones del grado de inversión

La opinión del Doctor en Derecho…..

.

Hernán A. De León Batista

La histórica noticia de que Panamá consiguió el pasado martes una añorada calificación de grado de inversión para su deuda, en que la agencia Fitch subió la calificación de la deuda de “BBB–” desde “BB+”, colocando nuestro pequeño país en un privilegiado club de la región que incluye a economías más grandes como Brasil, México y Chile, tal vez es poco entendible para la mayoría de las personas que tienen poco conocimiento en cuanto al aspecto económico. Considero oportuno hacer una síntesis del significado que tiene la obtención de un grado de inversión.

Es importante señalar, primero, que el grado de inversión es una clasificación otorgada a un país sobre una evaluación concedida por las agencias calificadoras de riesgo crediticio como son Fitch Ratings, Standard & Poors y Moody’s, que dan diferentes grados calificadores a la deuda gubernamental, la libertad de prensa y la distribución de la renta, obteniendo un promedio. Las agencias de crédito, también conocidas como agencias de rating, dividen a los países del mundo en dos grandes grupos: los que poseen grado especulativo y los que poseen grado de inversión.

Dentro de cada uno de estos dos grupos se presentan las “notas” atribuidas. En el caso de las agencias Fitch y Standard & Poor’s, la nota más baja posible es D, que la sitúan, obviamente, en el grupo especulativo. Después de eso, en orden ascendente, las notas son C, CC, CCC–, CCC, CCC+, b, B, B+, BB–, BB y BB+. La nota más baja posible del grado de inversión es la nota BBB–, seguida de BBB, BBB+, de A+, del AA–, del AA, de AA+ y del AAA, destacándose en esta última países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Francia, España, Austria, Suecia y Dinamarca.

En cambio, países como Grecia y Portugal enfrentan actualmente el riesgo de recortes a sus calificaciones de deuda por sus costosos déficits fiscales.   El año pasado dos agencias recortaron la calificación de México por la parálisis política que mantiene a su economía débil mientras su producción petrolera, fuente de ingresos clave del Gobierno, va en declive;    pero Panamá, a pesar de haber sido gobernada por dictaduras militares, mantuvo en línea su deuda en los años recientes.

Como ejemplo, la deuda de Panamá como porcentaje del producto interno bruto (PIB) cayó al 45% en 2009 desde el 71% en 2004, y en cuanto a la tasa de crecimiento, Panamá registró un promedio del 8% entre los años 2000 y 2009, siendo el mayor ritmo en Latinoamérica.

Según la agencia Fitch, la mejora en la calificación de Panamá refleja la superación continua de las finanzas públicas, rematada por las recientes reformas fiscales, y la resistencia de la economía ante la crisis financiera global y la recesión que le acompañó. De ahí que con esta mejora en la calificación probablemente genere mayor inversión en Panamá.

Tal como lo manifestó el presidente Martinelli en su momento, esto era uno de sus objetivos y prioridades, que se ha impulsado exitosamente con dos reformas fiscales, sin dejar de lado la importancia del trabajo que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas al negociar convenios y tratados internacionales para evitar la doble tributación, conforme exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como el trabajo del Ministerio de Comercio e Industrias en la negociación de tratados de libre comercio.

No cabe duda de que conseguir el grado de inversión implica para Panamá, tal como lo mencionó el ministro Alberto Vallarino, un menor costo de financiamiento tanto para el Gobierno como para la empresa privada, una mayor base de inversionistas que no podían invertir en el país por no contar esta calificación; y un mayor desarrollo y confianza en el sistema bancario panameño, que ha sido calificado injustamente por algunos países como paraíso fiscal.

Esperamos que este grado de inversión para Panamá llegue prontamente a los más necesitados porque, pese al crecimiento económico del país, son muchos los hogares que todavía no les alcanza para cubrir las necesidades básicas.

<>

Este artículo se publicó  el  26 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Deuda Pública y atribuciones de la Constitución de 1972 vs. 1946

La opinión del Economista……

.

FRANCISCO BUSTAMANTE


Las noticias nos hablan de una autorización para emitir papeles de deuda hasta 600 millones de dólares, para hacer frente a situaciones de desfases en el flujo de caja del gobierno nacional así como para amortizar pagos de deudas. Las noticias, dicen, que el saldo de la deuda pública de ejercerse la totalidad de la autorización significará un incremento de 462 millones de dólares en el saldo de deuda pública al final del año 2010.

Esta noticia tiene varios ángulos que quiero compartir contigo: lo bueno, lo malo, lo feo.

LO BUENO

Dada la elevada liquidez del sistema bancario local que no coloca sus recursos en la economía por  precaución ante el estado  mundial de la economía, le abre a los bancos una buena oportunidad de invertir sus excesos en documentos que no requieren reservas por riesgos.  Abre además para otros inversores la oportunidad de diversificar sus activos. Dinamiza el mercado de capitales internos. Le permite al Estado cumplir con sus obligaciones con proveedores y demás pagos regulares que debe realizar. Le permite complementar  los pagos de amortizaciones de deudas contractuales a tiempo, manteniendo el buen crédito del país. Le permite al gobierno complementar su plan de inversiones en tiempo. Dada la alta disponibilidad de liquidez del sistema, las colocaciones del gobierno no restan recursos al sector privado.

LO MALO

Con base a la poca información que reportan los medios veo que el saldo neto de la deuda pública aumentará con esta emisión. Esto significa a primera vista, que los 600 millones de dólares  en una buena medida serán para financiar gastos ya sean de operaciones o de inversión, y menos para hacerle frente a amortizaciones netas del saldo de deuda. Es decir, estamos gastando más de lo que nos ingresa.  Además, no veo por ningún lado que haya mecanismos de evaluación del gasto público. Tampoco dice si las tasas de interés que se pagarán son menores o iguales de los documentos deudas que se van a amortizar, o si incrementan el costo promedio de la deuda nacional.

LO FEO

Estas aprobaciones las hace el gobierno con base a la Constitución de 1972, la de los militares, que ha sido reformada en democracia y nadie ha querido devolverle a la Asamblea la autoridad que tenía en materia de endeudamiento.

La constitución de 1946 le confería a la Asamblea Nacional las prerrogativas de aprobar el endeudamiento público, como decía en su letra ya muerta, en el correspondiente Artículo 118, entre otras atribuciones:

Organizar el crédito público;  Reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; Aprobar o  improbar los contratos o convenios que celebre el Ejecutivo con cualesquiera personas naturales o jurídicas; Conceder autorizaciones al Ejecutivo para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales, muebles e inmuebles, cuyo valor exceda de cinco mil balboas y ejercer

otras funciones análogas dentro de la órbita constitucional.

Inclusive el ordenamiento jurídico hasta 1946 le daba a la Corte la autoridad para fallar cuando hubiese diferendos entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la aprobación de crédito cuando la Asamblea estuviese en receso. Nada mal para un país tercermundista  a mediados del siglo pasado.  Había mayor supervisión sobre el Ejecutivo, y mayor autoridad en la Corte. Ningún gobierno en Democracia se ha atrevido a restituirle esta autoridad a la Asamblea. No crees que es tiempo de corregir esta situación?

<>

Enviado el 01/27/2010  a las 05:52 p.m. a Panaletras por el autor a quien damos todo el crédito, merito y responsabilidad que le corresponde.