De lo Bueno, lo Malo y lo Feo de nuestro Panamá

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La opinión del Ingeniero,  Banquero, Diplomático….

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Eudoro Jaén Esquivel  –

Lo Bueno

Comencemos con nuestra inigualable Posición Geográfica, el activo que más ha influido nuestra historia y contribuido a forjar nuestra nacionalidad. Una área dedicada al intercambio cultural y comercial desde la época pre-colombina, que ha permitido la construcción de las rutas interoceánicas más importantes del mundo: el Canal, el Ferrocarril Interoceánico, las carreteras Transístmica y Panamericana. Hoy los panameños hemos convertido la antigua Zona del Canal en la plataforma logística más importante del Hemisferio Occidental que incluye dos zonas francas en ambos océanos.

Tenemos la misma capacidad de interconexión tecnológica que New York. Cinco de los cables de telecomunicación más importantes del mundo atraviesan nuestro Istmo, cuales canales.

Somos el cuarto Centro Bancario Internacional más importante del mundo.

Estamos desarrollando alta capacidad de generación de energía hidroeléctrica.

Nuestro sistema monetario, con ausencia de banca de emisión, uso del dólar como moneda de curso legal, ausencia de controles de cambio y libre flujo de liquidez, no tiene igual.

Contamos con una creciente economía de turismo.

Somos un pueblo hospitalario, cosmopolita, con una historia moderna libre de violencia, después de la Guerra de Mil Días.

Tenemos una economía, moderna, basada en el Sector Servicios; sólida, como lo demostró nuestra tradicional resistencia a “shocks “externos durante la crisis del 2007-09.

Nuestra economía muestra tasas de crecimiento sobre el nivel de la Región Latinoamericana.

Nuestro ingreso per cápita del PIB es de los más altos en la Región Latinoamericana.

Logramos obtener Grado de Inversión, luego de ardua labor de los dos últimos gobiernos.

Somos el segundo país más competitivo de la región latinoamericana, después de Chile, según el Foro Mundial de Competitividad.

Lo Malo

Según el mismo Foro, somos el penúltimo país en la región latinoamericana con “mayores problemas para hacer negocios”.   Ocupamos el quinto lugar en la región, número 59 de 133 países, después de Chile (30), Puerto Rico (40), Costa Rica (55), Brasil (52) y solo superamos a México (60). El índice considera: ineficiencia de la burocracia, corrupción, crimen y robo, acceso al financiamiento y regulaciones laborales restrictivas.

Somos uno de los países de la región, con la peor distribución de riqueza; 20% de los panameños acumulan 50% de la riqueza y 40% de los más pobres solo el 12%.

Como es natural, con tan baja distribución de riqueza, tenemos un alto índice de pobreza; 30% de los panameños vivimos en pobreza.

Libramos una lucha desigual contra el crimen, narcotráfico y la corrupción.

Contamos con bajos grados de escolaridad. Nuestro sistema educativo público es endémicamente deficiente.

Nuestros servicios de seguridad social están en crisis.

Es cierto que nuestras cifras macroeconómicas son envidiables, pero tienen un efecto colateral negativo. Ante los organismos internacionales somos un país rico, lo que limita acceso a ayuda monetaria bajo términos favorables a países en desarrollo. Es irónico que en un país con tan baja distribución de riqueza y alta pobreza, la ayuda económica para combatir esos males sociales sea limitada por tener imagen macroeconómica de “país rico”.

Lo Feo

Los “diablo rojos” y los taxis.

La cultura del “juega vivo”

Nuestra clase política de siempre.

Una clase obtusa, oportunista, agrupada en partidos políticos electoreros, sin disciplina y formación ideológica, que busca solo su bienestar, que vive con espaldas a las verdaderas necesidades del pueblo y que nos está llevando a un derrotero peligroso.

Viven en otro planeta. No oyen la voz del pueblo. No se enteran de los fenómenos sociales que surgen en todo nuestro alrededor de este Pueblo de América. No se dan cuenta que están sentados en barriles de pólvora. Por lo contrario, todas las semanas prenden una nueva mecha.

¿Hasta cuándo piensan que este pueblo pasivo va a soportar tanto abuso de su paciencia?, emulando a Cicerón.

¿Quo vadis, Panama?

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<> Este artículo se publicó el 20  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/jaen-esquivel-eudoro/

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Esfuerzos de Panamá por salir de las listas discriminatorias

No hay duda que el camino a penas inicia con paso firme para Panamá, reconociendo que el Gobierno Nacional viene trabajando arduamente para cumplir con los requisitos exigidos por la OCDE; sin embargo, consideramos que los distintos actores económicos deben estar abiertos a la comprensión de las futuras reglas referente a una mayor transparencia y combate de la corrupción, las cuales requerirán dedicación y una firme voluntad política.  A continuación presentamos el texto completo de este interesante artículo de opinión del Doctor en Derecho….

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Hernán A. De León Batista –

El Gobierno del Presidente Ricardo Martinelli, mediante la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, ha establecido como estrategia y decisión política de Estado para salir de las listas discriminatorias que mantiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por ser considerado Panamá una jurisdicción de baja imposición fiscal, el de suscribir por lo menos doce (12) Convenios para evitar la doble tributación internacional (CEDT); todo como consecuencia de que Panamá, mediante Carta de Compromiso de abril de 2002, se comprometió al intercambio de información con las autoridades tributarias de países de la OCDE.

En el aspecto de transparencia, se comprometió a que la Autoridad Tributaria tendría acceso a la información de los proveedores de servicios, a que dicha información indicaría los verdaderos propietarios de las personas jurídicas y que estas deberán llevar registros de sus operaciones. No obstante dicha Carta de Compromiso, desde el año 2002, sólo se modificó la legislación nacional para combatir el lavado de dinero sin que existiera convenio alguno de intercambio de información

Hasta el momento, Panamá ha negociado exitosamente diez (10) convenios con países como México, Italia, Bélgica, Barbados, Holanda, Qatar, España, Francia, Luxemburgo y Portugal, y de estos diez negociados, se han firmado dos: México (Ley 24 de 31 de marzo de 2010) y Barbados, la cual está en proceso de ratificación. En este mes de agosto, el equipo negociador de Panamá, liderado por el Viceministro de Economía, Frank De Lima, estarán negociando con Corea del Sur y Singapur, en septiembre con Irlanda y en octubre con República Checa, y para el 2011, se pretende iniciar negociaciones con Suiza, Canadá, Bulgaria, Hungría, Alemania y Gran Bretaña.

En total, Panamá ha realizado 47 acercamientos con otros países, a fin de negociar este tipo de convenios; pero esta negociación de convenios ha implicado una reforma al Código Fiscal a fin de armonizar nuestra legislación fiscal, incorporando a dicho texto codificado, mediante Ley 33 de 30 de junio de 2010, normas que regulan aspectos como: precios de transferencia; establecimiento permanente y Residencia Fiscal, de la cual muchas empresas contribuyentes ya deberían ir actualizándose en cuanto a este novedoso tema para Panamá.

Por otro lado, el MEF está creando la Unidad de Tributación Internacional, la cual se encargará de analizar y administrar los convenios para evitar la doble tributación que la República de Panamá suscriba, a fin de que los contribuyentes de los países o Estados contratantes con nuestro país, puedan acogerse a los beneficios que establecerán los mismos, así como la Unidad Técnica de Precios de Transferencia, la cual se encargará de fiscalizar que las empresas relacionadas o de un mismo grupo económico, realicen sus transacciones entre ellas bajo el principio de libre competencia en materia tributaria.

Como conclusión, todo este proceso ayudará a mejorar la imagen de la República de Panamá, como país cooperador en la lucha contra el fraude tributario internacional y el intercambio de información en materia tributaria, y de manera muy particular, que podamos salir de la lista gris de países considerados paraísos fiscales o jurisdicción de baja imposición fiscal. Igualmente, con todo este proceso habrá una repercusión positiva en la recaudación de tributos en general, el país y su economía serán más competitivos porque ayudará a la atracción de inversión extranjera y por ende, obtener una mejor calificación de inversión como país, tal como ya nos calificaron las tres empresas calificadoras más importantes como son Fitch, Moody´s y Standard & Poors, gracias a un arduo esfuerzo del Ministro Alberto Vallarino.

No hay duda que el camino a penas inicia con paso firme para Panamá, reconociendo que el Gobierno Nacional viene trabajando arduamente para cumplir con los requisitos exigidos por la OCDE; sin embargo, consideramos que los distintos actores económicos deben estar abiertos a la comprensión de las futuras reglas referente a una mayor transparencia y combate de la corrupción, las cuales requerirán dedicación y una firme voluntad política.

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Este artículo se publicó el  21  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América y el 27 de agosto en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Diálogo y desarrollo económico

La opinión de la Educadora y Analista Política….

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DALILA MOSQUERA –

Hace poco participé de una serie de actividades que organizara la Asociación Bancaria de Panamá, en celebración de sus 40 años de existir como Centro Bancario Internacional.

Durante el desarrollo de estas conferencias pude comprender que el grado de inversión otorgado a Panamá por dos calificadoras de riesgo, Standard & Poor’s, y Fitch & Ibca, se debió, entre otras estrategias, al buen desempeño de la banca panameña, la utilización del dólar estadounidense como moneda, la buena administración del Canal —por donde pasa cerca de un 4% del comercio internacional— y a las recientes reformas al sistema fiscal y a los recortes presupuestarios hechos por el gobierno central.

Por otro lado, según informes de la CEPAL, en su Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2009—2010, Panamá crecerá un 6%; afirman además, que Panamá es el único país de Centroamérica que logrará un crecimiento superior al 3%, el cual es muy bueno para la Región. El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2011, aprobado por el Consejo de Gabinete en $13.009 millones, tiene un reto y desafío a vencer, que es la capacidad de ejecución, sobre todo en el área de inversión.

Este gobierno ha contemplado alrededor casi del 50% del total del presupuesto para inversión. Esto significa que hay dos tareas a cumplir, la primera es la capacidad de ejecución del presupuesto asignado a las diferentes instituciones del Estado. Segundo, la capacidad de ejecución debe estar acompañado de políticas públicas que permitan el logro de los objetivos de redistribución del ingreso, favoreciendo a los sectores más vulnerables o más pobres del país; pues, para los especialistas en economía en nuestro país, más de tres millones de panameños apenas reciben el 20% de las riquezas que genera el nación; mientras que los grupos de familias privilegiados, que suman no más de 300000, reciben el 80% de estas riquezas.

El desafío del presidente Ricardo Martinelli es lograr transferir o permeabilizar un 20% más a los sectores pobres (llegar por lo menos a un 40%), para así disminuir la inequidad y mejorar su calidad de vida.

Esta tarea no es fácil, las medidas como las reformas tributarias, reformas a las leyes laborales, rescates de las lesiones patrimoniales al Estado, generan resistencia a estos cambios; porque afectan viejos privilegios, porque los grupos beneficiados no quieren abandonar el área de confort, que por mucho tiempo han mantenido.

Por ello, el esfuerzo por el cambio en este gobierno está siendo renovado permanentemente, corregido de manera sistemática; cualquier error en este proceso se enmienda, sin perder la visión de futuro del cambio iniciado. Debido a esto, el diálogo, como mecanismo de solución de conflictos utilizado por las nuevas democracias en el mundo, nos debe llevar a un consenso alrededor de los interés de las mayorías, debe ser un compromiso y responsabilidad de todos los sectores: Partidos políticos, asociaciones gremiales y sindicales.

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Este artículo fue publicado el  20 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Grado de inversión y desarrollo integral

La opinión de…

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Leonardo Alessandría –

En el mes de junio la deuda de Panamá recibió de la agencia evaluadora Moody’s su grado de inversión, que pasó de BB+ a BBB–. Para evaluar qué “grado” merece un país, las calificadoras toman en cuenta los estados financieros del país, condiciones del mercado, desempeño económico, coyuntura económica, política por la que atraviesan y otros factores relevantes.

Se trata de evaluar el riesgo que representa prestar o invertir en el país y sus empresas, lo que se conoce como riesgo soberano. Las calificaciones varían desde D, por incumplimiento, hasta una triple A, por máxima calidad. Estar en A significa ser un país prestigiado, digno de préstamos e inversión. En promedio, nuestro país se ha mantenido en la calificación BB+. Esta es la tercera calificadora que concede el grado de inversión a Panamá con BBB–. Ya en marzo y mayo, Fitch Ratings y Standard & Poor’s respectivamente hicieron lo propio. Pero qué implicaciones tiene para Panamá y su competitividad esta mejora. Veamos. El grado de inversión se ha otorgado en virtud de los sólidos fundamentos macroeconómicos que ha reportado el país en los últimos años y que se proyecta mantendrá en los venideros.

El sostenido crecimiento económico, el equilibrio de las finanzas públicas que produjo la reducción de la deuda pública (relativa al PIB, de 70.4% en 2004 a 45% en 2008), aunado a una sólida estabilidad política, han propiciado una mayor garantía de que la nación puede honrar sus obligaciones financieras de manera puntual. Importante en este logro ha sido el rol del gobierno actual, que le ha dado continuidad a las acciones que afianzan la posición de Panamá como centro de operaciones internacionales y ha diseñado un plan estratégico de inversiones sin mayor endeudamiento, conforme a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Adicional, al compromiso de reducir la deuda pública hasta un 35% del PIB nominal en los próximos cinco años. La nueva calificación coloca al país al nivel de Chile, México, Brasil y Perú, lo cual mejorará el clima de inversión, generará confianza entre los inversionistas y contribuirá a crear nuevas empresas y empleos. Sin embargo, el país se enfrenta al desafío de mantener este grado, lo que exige políticas fiscales adecuadas. Por ejemplo, requiere que el Gobierno ejecute su plan de gastos, tanto corrientes como de inversión, dentro del marco de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, particularmente en el cumplimiento de los topes de endeudamiento y déficit fiscal.

Si bien este grado de inversión es un positivo avance, constituye apenas una de las condiciones necesarias para que la población en general se beneficie de manera directa de éste y que la economía se desarrolle de forma integral. En efecto, la estabilidad económica es necesaria pero no suficiente para lograr crecimiento sostenido y bienestar social.

Este crecimiento sostenido se impulsa mediante políticas y estrategias que generan competitividad de parte de los principales sectores económicos. El propósito consiste en inducir ventajas competitivas que diferencien la calidad de los productos y servicios que Panamá ofrece al mercado mundial. Otro elemento crucial es que el Gobierno ejecute el Plan Estratégico 2010–2014 de manera sistemática y que, por ejemplo, las inversiones públicas programadas de casi B/.13 mil millones se ejecuten con transparencia y se prioricen los proyectos de acuerdo a criterios técnicos que garanticen un alto impacto económico y social.

En materia social, es imprescindible mejorar la calidad de la educación y salud entre otros, y que agreguen valor para beneficio sobre todo de la población de menor recurso. En lo económico, se requiere que los programas públicos hagan uso eficaz de los recursos, para que estén enfocados en producir crecimiento económico, reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos, asegurando una mejor calidad de vida para los panameños.

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Este artículo se publico el 12 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Primer año del cambio…

La opinión publicada en su nota en Facebook por el Abogado…

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Abel Vergara Lopez

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Un primer año que coloca al país en el grado de inversión necesario para cumplir las promesas de cambio. La ayuda a los más necesitados es un éxito en tan sólo unos meses de gestión del Órgano Ejecutivo. Sin embargo, la aprobación de leyes por el Órgano Legislativo, sin el consenso necesario, no sólo afecta la popularidad del gobierno, sino que nos hace recordar días oscuros a quienes luchamos en nuestro país por la democracia. El gobierno está a tiempo aún de corregir las prácticas que realizaban quienes hoy integran la oposición.

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Los civilistas en Calle 50 despidiendo al ex Presidente Endara (QEPD).

Juntos podemos lograrlo tal como sucedió con la Cruzada por la Paz.   En el camino que apenas inicia, se encontrarán a los detractores de siempre que se regocijan cuando hay insatisfacción popular.    Podemos evitar el descontento con el consenso.   Demostremos que el cambio real aún es posible y no permitamos que unos cuantos se apoderen de la tranquilidad necesaria para que la Nación avance, ahora que por fin es posible ver el progreso llegar a todas las regiones de nuestro país.   La ciudadanía sigue vigilante y mantiene aún la esperanza de ver hecho realidad el cambio.

Estoy seguro que en los años venideros se harán realidad las promesas que la población espera. Felicitaciones al gobierno nacional y lo exhortamos a continuar trabajando por el bien del país.

Adelante !

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Nota publicada el 1 de julio de 2010 en Facebook por el autor, a quien damos todo el crédito que le corresponde.

Nueve golpes a la dignidad legislativa

La opinión de….

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Raúl Moreira Rivera

Frecuentemente una buena parte de la población panameña se refiere en duros términos a la Asamblea Nacional, ya que su trayectoria se ha visto afectada por episodios de aprobación de leyes cuestionadas por grandes sectores de la sociedad.

A pesar de esta fama han existido espacios en los cuales se atisbaba un cambio en la forma de atender sus responsabilidades legislativas como durante la discusión de la ley sobre las tarjetas de crédito, en la cual la consulta y discusión fue la tónica. Lastimosamente pronto terminó la esperanza de que esto no fuera solo un espejismo.

El lamentable papel desarrollado durante la aprobación del Proyecto de Ley No. 77, por medio del cual se afectaban nueve leyes en una, ha herido de muerte la imagen de independencia y dignidad de la cual este órgano de Estado debiera hacer gala por su obligación de ser el garante de la institucionalidad constitucional en nuestro país a través de una efectiva separación de poderes.

No es posible que cada vez que la sociedad cuestiona la imposición de algún tipo de medida, se responda que en el gobierno anterior se hicieron cosas peores.

Acaso esa es la excusa que se pretende presentar a los que los eligieron confiados de que el tan ansiado cambio iba a significar un mejoramiento de los métodos de legislar, para que las leyes aprobadas representaran efectivamente un mejoramiento de las condiciones de vida de todos los panameños y no una repetición, o peor aun, un agravamiento de las prácticas más nocivas al momento de tomar decisiones que afectarán nuestras condiciones de vida.

Cómo es posible que con una excusa tan baladí, de que se pretendía aprovechar el poco tiempo que se contaba durante las sesiones extraordinarias, se juegue con la inteligencia de los que esperamos que la reforma de legislaciones tan fundamentales como la laboral, la ambiental, de la policía y otras seis más se hiciera a través de una real consulta y discusión con los sectores involucrados para que no quedara ninguna duda que estaba de por medio una real intención de actuar en beneficio de la sociedad. Si las propuestas presentadas son tan buenas, ¿por qué no las discuten una a una como debiera ser?

No se puede creer que se señale que como recientemente se han obtenido grados de inversión por parte de agencias calificadoras de riesgo ahora era necesario tomar estas medidas para garantizar la llegada de nuevas inversiones a nuestro país, aun cuando el nivel de crecimiento obtenido en los años anteriores cuando el esquema legislativo que se pretende cambiar estaba vigente, fueron los que permitieron esta calificación. No se debe perder de vista que esta prosperidad económica de la cual gozábamos incluso antes de obtener el grado de inversión se logró gracias a los niveles de estabilidad política y democrática con la que contábamos, ¿por qué arriesgar todo esto ahora?

Al parecer no se percatan de que el nivel de conmoción social que pueden generar prácticas como las realizadas, podrían dar al traste con esas posibles inversiones y por lo tanto hacer perder el grado de inversión alcanzado.

Solo la unión de todos los sectores de la sociedad puede hacer ver al Gobierno nacional que se hace necesaria una revisión de lo actuado, de lo contrario nos estaremos acercando a las puertas de una situación que pudieran dar al traste con todos los avances logrados en términos económicos y sociales en nuestra novel y frágil democracia.

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Este artículo se publico el 16 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Lecciones desde el chiquero

La opinión de…..

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Roberto Brenes P.

La semana pasada la segunda calificadora de riesgo, Standard and Poor’s, reitera que la República de Panamá ha logrado grado de inversión.

La noticia no es poca, somos capaces de honrar adecuadamente nuestras obligaciones y con ello vienen beneficios de ser mejores sujetos de crédito, costo de financiamiento más barato y con ello un aparente clima positivo para inversión.

Pero si bien tener capacidad de crédito y un clima positivo respecto a las finanzas del país son condiciones importantes, no son condiciones suficientes ni para mantener el grado de inversión a futuro, ni mucho menos para desarrollar la economía.

Al tiempo que Panamá celebra, Grecia está en el ojo del huracán financiero;   España, Portugal e Italia parecen ser arrastradas al mismo huracán, poniendo en riesgo la estabilidad nacional, del euro y de Europa.

Parece un caso sacado de un texto; estos países tienen al menos dos denominadores comunes. Uno, todos, han sido igualmente galardonados con grado de inversión, y no simple BBB– como Panamá, sino con letras y elogios superiores;   Grecia por ejemplo, era hasta hace semanas, grado de inversión A.

El otro elemento común es, para ponerlo sencillo, que todos se creyeron el cuento de que una vez buen sujeto de crédito, podrían endeudarse hasta el cielo y sobre todo, malgastar el endeudamiento en aumentar el gasto improductivo e invertir en aspiraciones sociales sin poca o ninguna contraparte de esfuerzo o productividad.

Así se aumentaron sueldos, sobre todo a la burocracia, se bajaron edades de jubilación y se aumentaron beneficios pensionales y subsidios sociales, sin que existiera otra justificación que política y sin contrapartidas en inversión ni de crecimiento económico que sostuvieran el desvarío politiquero.

Ahora, llegó la hora de la cuenta y estos países enfrentan duras medidas de austeridad para apenas detener la hemorragia de gastos.  Y respecto de las perspectivas de expansión de esas economías para de allí recomponerse y crecer, los analistas coinciden en que hay pocas o ninguna, precisamente por la falta de recursos para relanzar la economía, recursos estos que ya se parrandearon.

Hay que hacer este largo cuento porque Panamá se encuentra ahora justo en esa encrucijada y me parece casi providencial que los eventos en Portugal, Italia, Grecia y España (despectivamente llamados ahora los Pigs, quizá por la disciplina fiscal casi porcina con que han llevado sus cosas) nos permita reflexionar sobre si estando ahora bien, ¿estamos en la senda de seguir bien? o ¿tendremos bastante que arreglar?

Primero, pareciera que estamos amarrando nuestra capacidad de pagar a nuestra capacidad de seguir gravando al país, que a mover los recursos para mejorar la capacidad de crecer.

Por ejemplo, mientras la noticia del grado de inversión acaparaba la portada,   en un lugar menos importante del mismo diario se reportaba que la Asamblea acaba de aprobar un aumento de 33% en los cargos estatales al manejo de contenedores en los puertos, más plata para vernos bien ante el calificador, pero sin lugar a dudas impactando los costos de la cadena productiva nacional y la competitividad de uno de nuestros reglones más dinámicos.

Nuevos impuestos y cargas socavan la capacidad productiva. Pero más importante y de más impacto es el nivel de gasto público dedicado a sostener un consumo artificial y con consideraciones politiqueras, no muy diferente de lo que hacen los señores del chiquero.

Es necesario reducir el elevado nivel de subsidios, no solo en montos totales sino también en porcentajes de subsidio, que hoy alcanzan más del 3% del PIB. Cierto es que no es fácil, pero mientras algunas voces hablan de congelar y reducir, la mayor parte del Gobierno habla de aumentarlos. Ya los del chiquero saben que tirarle plata a problemas los acalla, pero no los resuelve.

Otro elemento nefasto de este gasto inútil es el tamaño y el costo de la planilla del Estado. El Estado puede y debe reducirse y no necesariamente para repagar la deuda o verse mejor ante las calificadoras. El presupuesto del Estado debe reorientarse a inversiones que mejoren nuestra oferta productiva y reduzcan los costos de la economía; ya el sector privado generará las plazas de trabajo para aquellos que sobren en el Gobierno.

Y cuando hablamos de inversiones debemos enfatizar, inversiones nuevas,      no enterrar 700 millones del dinero de todos en comprar dos corredores obsoletos que realmente le hacen la vida más fácil a los 50 mil o 60 mil panameños más ricos del país, que son los que los usan.

No hay que producir una lista de ideas o apuntar a malas acciones. La lección de los Pigs es fácil y clara, usar la capacidad financiera para generar producción y no para satisfacer consumo improductivo.

Y hay muchas cosas que no es plata lo que necesitan, sino decisión y concentración gubernamental. Una de la más importante es mejorar la capacidad de que nuestros trabajadores accedan a niveles de productividad que los haga prósperos y en eso una reforma profunda de las reglas laborales es indispensable.

Y ya basta de incentivos y privilegios a sectores o grupejos.   Nos hemos ido convirtiendo en rehenes de los beneficios que damos en los enclaves, sin que nada de esto se multiplique en el Panamá profundo.

Si los beneficios fiscales, laborales y financieros son buenos para las transnacionales o los inversionistas extranjeros, también lo deben ser para toda la economía y los inversionistas locales.

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Este artículo se publicó el  31 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Grado de inversor y seguridad jurídica

La opinión del Abogado…..

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JOSÉ GÓNDOLA

La inclusión de Panamá en los países con grado de inversión se tomó con base al factor de riesgo que surge sobre el cálculo de distintas variables financieras que analizan las perspectivas económicas del país, la libertad de hacer negocios, la libertad de expresión y la seguridad jurídica entre otros aspectos. La permanencia en ese exclusivo “ranking”, conjuntamente con las economías latinoamericanas más poderosas, se logra al perfeccionar un modelo de desarrollo económico justo, equitativo, libre, participativo y democrático; sobre todo, creando un ambiente de respeto y seguridad jurídica en favor de las inversiones. Solo así, se logrará que los inversionistas aumenten su confianza en el país, atrayendo más inversión, más empresas; y como consecuencia, más empleos, entre otros beneficios financieros.

Recientemente, se celebró una audiencia en la instancia internacional de los derechos humanos para evaluar aspectos relevantes de la justicia panameña. De allí la necesidad de adquirir un firme compromiso de contribuir con el saneamiento del entorno jurídico, para revertir la percepción de impunidad que surge del sistema judicial, con el propósito de coadyuvar en la construcción y fortalecimiento de un sistema judicial confiable y competente en nuestro medio jurídico que propugne por el reconocimiento efectivo de los cuatro valores básicos de la justicia: eficacia, integridad, rendición de cuentas y excelencia.

Cuando el propietario de las concesiones hidroeléctricas Beitún y Bajo de Mina, no accedió a negociar las mismas por recibir una propuesta irrisoria, extrañamente, las dos concesiones fueron a parar bajo el dominio del mismo potentado. Desde entonces, se atenta contra la seguridad jurídica al pretender convalidar este despojo mediante un proceso amañado: un asunto de alto perfil jurídico que pone en duda el respeto por las inversiones.

Julio César Lisac, un inversionista panameño, fue despojado injustamente de sus proyectos hidroeléctricos para otorgárselo a Carlos Slim (uno de los hombres más ricos del mundo), sin esperar la decisión final de la demanda interpuesta por La Mina Hydro-Power Corp., contra el Estado panameño.

Como no contestaron la demanda en el término oportuno, se configura con la actuación una denegación de justicia sistemática, que se materializa por medio de la conducta permisiva ante el dolo procesal verificado para repetir indebidamente tanto el traslado como la contestación de la demanda; la simulación en actuaciones judiciales que pretende subsanar la referida omisión de ese presupuesto procesal, con el informe explicativo de conducta; y los diversos obstáculos para impedir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

El mismo Estado entra en contradicción con relación al tema, mientras que el presidente Martinelli condenó públicamente el regalo de estas hidroeléctricas, el operador judicial trata de perfeccionar a toda costa el despojo haciendo ilusorio el proceso.

Se viola el Principio de Seguridad Jurídica en esta oportunidad, al eludirse indebidamente la aplicación de la norma exclusiva que regula la falta de contestación de la demanda, normativa que está vigente y que no está sujeta al arbitrio de potestades discrecionales; en virtud de que no existen conflicto de leyes, duda o laguna legal en esta materia: no hay una pluralidad de soluciones judiciales posibles.

Estas actuaciones “ desaforadas ” implican un costo inconmensurable, que atentan contra las expectativas de acrecentar el avance económico del país fundamentado en la competitividad, toda vez que se incide negativamente sobre el clima de inversiones extranjeras, que tanto ha costado estructurar mediante mecanismos deliberados llevados a cabo para construir una imagen positiva del país, situación que mantiene suma relevancia para sostener la inserción en la comunidad internacional.

Un país que pretende funcionar eficientemente es aquél que mantiene instituciones jurídicas estables con la suficiente credibilidad, conocimiento y confianza para que sean capaces de conducir la economía a un escenario de acuerdo a estándares internacionales, como mecanismos necesarios para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones tanto a los extranjeros, como, con mayor razón, a los nacionales. Estas expresiones tienen un eco comprobado, una caja de resonancia ética y jurídica en las instituciones de globalización de la justicia, específicamente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Actuaciones jurisdiccionales descomedidas, como la que lamentablemente nos ocupa, vulneran de forma ostensible los postulados básicos de los derechos humanos que rigen nuestro ordenamiento jurídico positivo, parte esencial del debido proceso. Resulta insostenible la configuración que le ha dado en el caso en comento la institución garantista por antonomasia.

Los actos ejecutados “ contra legem ”, producen una degeneración de la institucionalidad jurídica del país; una contradicción interna de suma relevancia para la comunidad internacional, gravemente lesionadora tanto de la imagen como del riesgo país.

Al hacerse nugatoria la seguridad jurídica, de forma tan palmaria, se enrarece el clima de inversiones extranjeras que tanto ha costado estructurar en el seno de un mundo globalizado; la comunidad internacional no solo nos mira: tiene la capacidad de juzgarnos y hasta de sancionarnos.

La función jurisdiccional en un Estado de Derecho no es otra cosa que la recta aplicación e interpretación de las leyes para llegar a la solución general prevista por el ordenamiento jurídico.

Con este actuar arbitrario digno de un Estado autocrático, se burlan los derechos justiciables de nuestro representado, que conllevan la correlativa obligación para el Estado de garantizar un juicio eficaz.

Con la sistemática obstaculización de la Ley, se busca dejar sin efecto indebidamente la concesión administrativa de la forma más similar a una confiscación de bienes o una expropiación, desconociendo los obvios derechos industriales e intelectuales de mi representado, al obviarse el pago de la indemnización que corresponde, lo que es condenable en un Estado de Derecho.

Es esta, sin duda, una situación que produce efecto invalidante sobre la seguridad jurídica, que afecta la imagen / riesgo país necesaria para mantener el grado de gran inversor logrado, después de tanto esfuerzo nacional sostenido.

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Este artículo se publicó el 22 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los alquimistas

La opinión de…..

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Juan Carlos Ansin

El sueño alquimista de la Edad Media era convertir cualquier metal en oro. Algo que entonces era imposible. Los alquimistas modernos han logrado convertir aquel sueño en realidad. Y aunque Hermes Trismegisto sigue siendo su dios, tal devoción no venera su imagen, sino la de un pequeño trozo de papel verde llamado dólar, que una ley de 1900 convirtiera en oro y otra, de 1971, lo volviera papel.

Las grandes crisis económicas han tenido su origen en la especulación; en la ambición ilimitada; en la competitividad bajo la indomable tentación del monopolio que persigue el exterminio del contrario y en la ausencia de valores éticos. Estas son algunas de las perversiones de la condición humana que han demostrado la falacia del mercado libre. La crisis de 1907 llevó a USA, a la creación de la Reserva Federal y de una serie de instituciones reguladoras. La de 1929 demostró que al impulsar la demanda y regular otras variables monetarias, se neutralizaba la crisis.

Ahora salen a relucir las fechorías de varias empresas y bancos que provocaron la enésima destrucción del templo de Wall Street. Sus ejecutivos fueron millonariamente bonificados por aumentar la pauperización y el desempleo de la clase media, hundir en la miseria a los que ya eran pobres y dejar un tendal de viviendas vacías.  Estos son algunos de los productos beneficiados con el máximo grado de inversión de la Burbuja Financiera. Una situación que para nosotros es bien conocida, pues la corrupción crónica y la tolerancia extrema hacen que la “patria boba” se acomode con resignación a la vieja política de la coima, hoy legitimada bajo el nombre elegante de cabilderos o lobbies. Mientras los ciudadanos pagamos intereses de usura, los grandes inversionistas pagan según el grado de inversión de las calificadoras de riesgo. ¿Y quién califica a las calificadoras?

Los alquimistas de la economía vernácula, los del patio, hacen arreglos de pago para cancelar sus desfalcos y obtener casa por cárcel aunque hayan asaltado bancos y empresas nacionales, sin correr el mismo riesgo de hacerlo pistola en mano, como lo hacían Butch Cassidy y el Sundance Kid, sino por hallar los resquicios legales que “leyes alquimistas” sancionan. De ese modo la especulación ostentará el bello rostro de la legalidad, aunque el negocio de la empresa sea una cochinada o ponga en peligro la salud de la población.

Los filo-sofistas del mercado libre debieran recapacitar en su teoría. El mundo que vivimos no es el de los puritanos, donde la ética jugaba un papel preponderante en la sociedad protestante y reformista de Weber. Hoy la ética y la moral duermen el sueño de los nuevos héroes, de alquimistas que reciben coimas blanqueadas con firmas de testaferros, a cambio de una tajada del jugoso cheque extranjero proveniente de un paraíso fiscal, donde el banco es una cueva en la isla de Tortuga. ¡Y viva la Pepa!

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Este artículo se publicó el  16  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Visitas, transparencia y consensos

La opinión del Abogado y Político Independiente…..

Juan Manuel Castulovich

Conspicuos y muy altos personajes de los Departamentos de Estado y de Defensa de los Estados Unidos nos “han honrado” con sus recientes visitas.   La última, la de los señores Arturo Valenzuela, Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos, quien se hizo acompañar de John Maisto, de larga vinculación y con muchos “contactos” en nuestro país.

Habrá, desde luego, información dosificada y maquillada sobre lo tratado que, para la exportación, fue “examinar temas de seguridad y aspectos relacionados con la lucha contra el narcotráfico”. Algo de eso hubo, pero mucho más que no nos contarán.

Es por demás llamativo que no bien levantaron vuelo “los distinguidos visitantes”, medios de información costarricenses dieron cuenta de “ciertos roces” entre los norteamericanos y el gobierno Martinelli, debidos a insatisfacciones, privadamente expresadas por aquellos, sobre la independencia del Ministerio Público y el Órgano Judicial y los pocos resultados en los temas seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

En la administración norteamericana, no es un secreto para nadie, existen importantes e influyentes funcionarios con agendas específicas que determinan el diseño de las políticas y las acciones de su gobierno hacia nuestros países, sin que importe mucho si gobiernan republicanos o demócratas.

Panamá, por el canal y por nuestra posición geográfica sigue siendo “punto aparte” en el ajedrez de la política norteamericana para América Latina. Y como no somos uno de “los grandes”, nuestra capacidad de resistir “las sanas y amistosas sugerencias” de “nuestros tutores” es, por consiguiente, limitada. Eso lo sabemos desde el nacimiento mismo de la república. La larga y también cruenta lucha que sostuvimos por casi un siglo para librarnos del enclave colonial es el mejor referente.

Lo grave de la situación presente es que parece que hemos olvidado las lecciones de la historia.   La causa del Canal triunfó porque en ella se involucró toda la nación. Los gobiernos y las sucesivas generaciones, cada uno en su momento, hizo su aporte. No apartarse del guión fue fundamental.

Una de fallas de la administración Martinelli es su cada vez más marcada tendencia a desconocer la importancia de los otros actores de la vida nacional. Y por sus aciertos, así como de sus errores, responderá políticamente en su momento, cuando al pueblo le toque volver a votar.  Pero hay temas, como la política exterior, o el de las relaciones con los Estados Unidos, en el que no debe haber margen para errores.

Poco o nada sabemos el resto de los panameños sobre la verdadera situación del Tratado de Libre Comercio.   Poco o nada sabemos sobre los acuerdos que seguramente existen para nuestra participación como país en el “nuevo diseño de seguridad” que impulsa el gobierno norteamericano. Poco o nada sabemos sobre “las condiciones que se nos demandan”, por ejemplo, en materia laboral, para merecer “la buena disposición” de la administración Obama hacia nuestras pretensiones comerciales o para que se nos mantenga el “llamado grado de inversión”.

Saludable sería, más que para la administración Martinelli, para el país, que nos pertenece a todos, que en temas de tanta importancia se abandone “la política de los secretos” y se la sustituya por la del consenso. En el pasado nos dio buenos resultados. Y siempre ha sido un error ignorar las lecciones de la historia.

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Este artículo se publicó el  11  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Grado de inversión o chatarra

La opinión de…..

E

Surse Pierpoint   y  Alfonso Grimaldo

Como la gran mayoría de lectores, me alegré al leer que Panamá había logrado la meta de varias administraciones de la época posdictadura, en lograr el “grado de inversión” que otorgan las agencias calificadoras, tales como Moody’s. Se nos explicaba que al lograr este hito, los costos de pedir prestado fondos y de financiar la actividad gubernamental serían inferiores en la medida que las agencias determinaban que el riesgo país había mejorado.

El camino para mejorar las calificaciones va de la mano del déficit central de un gobierno, cuando logra cerrar la diferencia entre la recaudación y el gasto. Las alternativas que existen son el crecer la economía, el aumento de impuestos o los recortes de gastos.

Se nos ha explicado que el recorte de gastos es casi imposible en la medida que no hay discrecionalidad de recortar gastos que vienen amarrados por acuerdos o “conquistas” previas. No olvidemos que la planilla representa el 21% del total del presupuesto de $10.5 mil millones.

Este gobierno se ha puesto la meta de aumentar los ingresos en aproximadamente $250 millones y aun así se proyecta un déficit fiscal para 2010 de $502 millones o un 4.78%.

Imaginen mi sorpresa al leer en The Guardian de Inglaterra, del 28 de abril de 2010, que frente al debacle financiero gubernamental europeo, la deuda de Grecia es clasificada como “chatarra” igual que la de Azerbaijan, Colombia, Panamá y Rumania.

¿Tanta sangre, sudor y lágrimas para quedar igual que Azerbaijan? ¿Para quedar en la percepción internacional con una situación comparable a una Grecia en el umbral del incumplimiento a sus acreedores calificada por una agencia de calificación de riesgo desprestigiada por los eventos financieros recientes?

El aparato gubernamental se está tomando cada vez más recursos para sí y dejándole al sector productivo la tarea de buscar cómo ser competitivo ante una alza de costos en múltiples factores de producción.

Obtener el grado de inversión nos presenta con muchas ventajas, pero a un costo debilitante.   Por un lado, se han abierto las puertas al financiamiento barato de un sistema estatal ineficiente.   Como lo demuestra nuestra infructuosa inversión en el sector educativo, la respuesta no es el incremento de fondos.

Por el otro lado, hemos tenido que aumentar nuestros impuestos para recortar el déficit, afectando seriamente a los sectores menos acaudalados de la sociedad con costos incrementados sobre el consumo.   Estos costos elevados de transferencia conllevan un factor exponencial al correr a lo largo de las cadenas de producción elevando el nivel general de precios.

La solución correcta siempre fue la disminución del gasto público y la reducción del sistema estatal.   Esto abre las puertas a la inversión privada y sistemas competitivos que refuerzan la estabilidad nacional y permiten a manos creativas tomar recursos, ahora controlados por el Gobierno, para desarrollar su potencial emprendedor.

Un camino basado en estos principios conlleva una mayor estabilidad nacional, un sector privado desarrollado y maduro, una mayor atracción de la inversión extranjera que genera más empleos directos en Panamá, y quizás, una mejor percepción de la que tenemos hoy en día.

Con un déficit del 5% me parece que estaremos nuevamente ante la disyuntiva de reducción de gastos de Gobierno o mayor recaudación.   La lista de promesas de campaña indica que probablemente no habrá recortes presupuestarios. Dado que el indicador de déficit presupuestario es la medición principal de las agencias calificadoras, ¿tendrá el Gobierno la necesidad de crear aún más impuestos?

Se ha publicado hasta la saciedad que las economías más exitosas del planeta son las que tienen la menor carga impositiva sobre el individuo y la empresa privada.

El Gobierno se ha propuesto la tarea de promover la idea que Panamá is open for business. La retórica debiera ir acompañada de un análisis real de la carga del Estado y la necesidad de menores impuestos. Vemos con buenos ojos el interés de invertir más en salud, educación y seguridad pero al fin y al cabo lo más importante es el resultado y no cuanto uno gasta.

El Índice de Libertad Económica de 2010 patrocinado por el Heritage Foundation y el Wall Street Journal, tiene en su top ten a los siguientes países: Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelandia, Irlanda, Suiza, Canadá, EU, Dinamarca y Chile en el puesto No. 10.

Hay una correlación directa entre el PIB y la libertad económica en todos los países, entre más cercano al top ten, mejor el PIB siendo Hong Kong el líder con un PIB per cápita de $42 mil 700 para 2009 y Chile con $14 mil 700 para el mismo periodo. Panamá marcó el puesto No. 60 en este ranking, indicando que aún hay mucho trabajo que hacer para lograr el cometido.

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Este artículo se publicó el 3 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De Ford a Vallarino

La opinión de la Ex Diputada de la República…..

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MIREYA LASSO

Nos hemos regocijado al alcanzar el país el ansiado “grado de inversión” y, aunque todavía falta la bendición de las otras dos calificadoras, hay optimismo en el ambiente. Se congratula al gobierno, se hace un leve y general reconocimiento a “anteriores gobiernos” pero es justo identificar las personas de carne y hueso que en su oportunidad colocaron los peldaños de la escalera que hoy vemos terminada.

Comencemos con Guillermo Endara. Encontró las finanzas públicas ahogadas en un verdadero caos porque el gobierno, sin plata y con la economía estancada, les debía a empleados públicos, al comercio local, a bancos locales y extranjeros, a otros gobiernos, a entidades financieras internacionales y quien sabe a quienes más.   En otras palabras, “la tormenta perfecta” como se describe la coincidencia de todas las condiciones adversas posibles.

El primer paso de Guillermo Ford en la dirección correcta fue negociar con el llamado Club de París, que agrupaba a gobiernos extranjeros a quienes la República les debía plata y cuyas deudas debían zanjarse antes de intentar negociar con otros acreedores.

Hacia el final de aquel gobierno el segundo paso no se llegó a concretar porque las instituciones internacionales de crédito (IFIs) exigieron privatizar el INTEL y el IRHE para aliviar el presupuesto nacional y también eliminar la Oficina de Regulación de Precios para estimular la inversión privada, medidas que Endara rehusó tomar.

El presidente Pérez Balladares, con su ministro Guillermo Chapman, terminó de negociar con las IFIs, con la banca privada y con el mercado internacional logrando extender plazos de pago, al tiempo que promovió el ingreso de Panamá a la Organización Mundial del Comercio con la consiguiente inserción al mercado mundial en la era de la globalización.

Para darle solidez a las finanzas públicas se aprobó una reforma tributaria que eliminaba y uniformaba incentivos fiscales y, para aligerar la carga al presupuesto del Estado, se iniciaron las privatizaciones y las concesiones administrativas. Quedaron todavía tareas por hacer.

La presidenta Mireya Moscoso, con su ministro Víctor Juliao, no concretó medidas efectivas en relación a la deuda pública; su reforma “sacaplata” no produjo los suficientes recursos para compensar gastos que repercutieron en un déficit presupuestario excesivo.

El ministro Ricaurte Vásquez del gobierno Torrijos, convencido de las impostergables tareas pendientes, lideró las reformas tributarias y a la seguridad social y, aunque muchas veces adversé algunas medidas desde mi curul legislativa, debo reconocer que fue la tenacidad del ministro Vásquez el motor que impulsó los cambios propuestos.

Su tarea fue seguida con rigor profesional por el ministro Alexander quien promovió la sana legislación que limita el nivel de endeudamiento del país. Con firmeza Vásquez y Alexander demostraron el liderazgo necesario que prevaleció frente a presiones antagónicas.

El ministro Vallarino ahora ha culminado el esfuerzo iniciado hace veinte años, con medidas fiscales y económicas que parecen demostrar que el gobierno podrá financiar su programa de trabajo sin exceder el límite de endeudamiento aceptable internacionalmente.

Ford, Chapman, Vásquez, Alexander y Vallarino merecen reconocimiento por haber persistido en una meta común lograda paso a paso.

Es importante ahora lograr que las dos calificadoras, que guardan silencio, nos den igual beneplácito y proceder siempre juiciosamente para no perder lo logrado por un manejo imprudente de nuestras finanzas y deuda públicas. Mirémonos en el espejo de Grecia y Portugal.

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Este artículo se publicó el 7 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.