Interferencias o políticas al desnudo

La opinión del Jurista…

Ramiro Guerra Morales 

En la teoría política moderna o si quiere en el moderno estado de derecho, siempre se ha tenido al parlamento, Órgano Legislativo, como el representativo y vehículo de la voluntad soberana, en tanto que, en lenguaje formal, expresa virtualmente todo el espectro nacional. En ese sentido, como Órgano de representación soberana, se debe entender que como hacedor de las leyes, lo hace en función del interés general de toda la sociedad. En consecuencia, desde el punto de vista de la función legislativa y política, se debe entender que las leyes que emanen del cuerpo legislativo, no pueden interpretarse o tenerse como interferentes en lo que toca a las funciones de otros Órganos, como el Ejecutivo y el Judicial.

 

El marco teórico y conceptual, muy a pesar de que estamos de acuerdo con la Sala Quinta, que no nos parece desde el punto de vista de una lógica y doctrina constitucional interpretar o traer como argumento, para sostener la inconstitucionalidad de la ley que derogó la ley que creó esta nueva jurisdicción, que la Asamblea, puede crear nuevas Salas en la Corte Suprema de Justicia, pero que no puede derogarla. Se trata de un argumento parecido al que sostiene que no se puede declarar al margen de la ley y la constitución, actos de gobiernos que son propios de la administración.

Hay que tener cuidado con estas interpretaciones, sobre todo cuando no faltan criterios doctrinales que apuntan hacia entregarle una cuota de función legislativa al Órgano Judicial, cuya función. sencillamente es decisoria y no legislar.

Por otro lado, nuestro sistema de hermenéutica, en su artículo 37, Código Civil, es claro, que una ley derogada , sobre cobra vida si otra ley la trae al mundo de la eficacia jurídica. Comparto la opinión de destacados juristas del país, que señalan que la Corte Suprema de Justicia no tiene el poder de devolverle la existencia jurídica a una ley derogada por el Órgano Legislativo (Asamblea Nacional). De acuerdo con esta regla de hermenéutica, claro que se produce el fenómeno de la interferencia, pero del Órgano Judicial en esta materia que es propia de la Asamblea Nacional.

Si el fallo de marras, que señala que la Asamblea Nacional no puede derogar una  Ley que crea una Sala, estuvo motivado por el temor que en el futuro se plantee, mediante una ley, alterar la Salas actuales, el mismo sería infundado, en tanto que se pudiera sostener la vigencia de la misma sobre la base de la costumbre constitucional; pero aún así, no perdamos de vista que estamos, desde el punto de vista de la norma suprema , ante un Órgano, que representa la voluntad soberana, por delegación del poder constituyente.

<>Artículo publicado el  3 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El cambio a la república asiática

La opinión de…

Carlos A. Solís Tejada

Hace un año y cinco meses, el pueblo panameño se dejó seducir por una promesa de cambio. No éramos los únicos. En un mundo hastiado de los hombres dedicados a la política, cambio es una palabra seductora y esperanzadora, pero a la vez ambigua. Una ambigüedad que esconde las más secretas intenciones de quienes buscaron nuestro voto.

Es así como en mayo de 2009, Cambio Democrático, el partido fundado, dirigido y financiado por Ricardo Martinelli, parecía haber cumplido en 10 años su cometido: unir el poder económico y el poder político en una sola mano: en las de su presidente, en fin, todo parecía indicar que CD tenía fecha de expiración en 2014.

Sin embargo, otra realidad se comenzaría a revelar, un plan al parecer con grandes objetivos políticos concretos y claros: constituir un régimen unipartidista como el de China y Singapur (y antes Japón, Corea y Taiwan) donde los tres poderes del Estado y el cuarto poder, la prensa, están perfectamente cuadrados con el pensamiento y los objetivos del partido único.

Para lograrlo primero han subvertido el sistema partidista imperante, encabezando una nómina presidencial en desventaja numérica en lugar de su aliado Panameñista, más numeroso. Seguido, infligiéndole una derrota desastrosa al partido más grande, el PRD, aprovechando unas primarias altamente divisivas, cuyas secuelas aún no terminan de pasar. Profundizando las crisis internas de estos dos partidos con el fin de debilitarlos al punto de que no representen una amenaza. Paralelamente, impulsando a Cambio Democrático en un proceso expansionista, anexando a los partidos más chicos de la alianza de gobierno y cooptando a políticos de oposición y del panameñismo por dominar la Asamblea Nacional, lo cual ya completaría, junto con el dominio del Poder Judicial, un control total sobre el Estado panameño, que garantice la reelección y otras medidas que permitan una mayor duración del nuevo régimen por establecerse.

Es de sospechar que la mente maestra de CD ha visto en el modelo político asiático una vía expedita hacia el desarrollo económico, sin embargo, hacen falta otros elementos clave para el éxito de este modelo de Estado, como la implementación de un servicio civil eficiente, cuyos tecnócratas han sabido combinar la sabia planificación con el mercado, y sus líderes políticos han logrado el establecimiento de alianzas con las élites empresariales en comunión de objetivos en pos del desarrollo.

Para proveer, tanto al servicio civil como a la empresa privada, de personas con un alto nivel educativo y profesional, que impulsen el desarrollo, es deber del Estado reformar profundamente el sistema escolar, el sistema universitario y el del Ifarhu, para garantizar la formación del mejor recurso humano.

Sin embargo, estos objetivos no requieren de establecer un Estado autocrático, basta con lograr un compromiso a largo plazo entre nuestros políticos, empresarios y sindicalistas que permitan al país seguir creciendo con medidas que faciliten el acceso a todos a la economía formal, además de mayor acceso al crédito, lo que junto con el establecimiento de una red de cobertura social sería más conducente al desarrollo que el estado actual de cosas, al permitirle al panameño más independencia de las redes sociales o familiares y asumir mayores riesgos para emprender proyectos más grandes, como nuevas empresas y estudios superiores, con el consiguiente efecto de reducir el nepotismo, el favoritismo y el tráfico de influencias tan arraigadas en nuestra cultura y, finalmente, ampliar la clase media y reducir la pobreza, un noble objetivo que debería ser el norte de cualquier gobierno que decidamos elegir.

*

<> Este artículo se publicó el 17 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Hacia una política del perro y del gato

La opinión del Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado al CELA….

MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO
gandasegui@hotmail.com

Parece que el presidente Ricardo Martinelli prepara su estrategia para salir victorioso en las elecciones de 2014. Desde 2009 planea cómo conseguir una mayoría en los otros poderes del Estado: la Asamblea Nacional de Diputados y la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Corte le correspondió nombrar tres magistrados afectos a su persona poco después de asumir el mando. En el caso de la Asamblea le ha resultado algo más lento, pero no tan difícil.

En las elecciones de 2009, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), perdió la Presidencia, pero conservó la bancada más grande en la Asamblea. Un total de 26 curules de un total de 71. El Partido Panameñista, que ganó las elecciones en alianza con el presidente Martinelli, logró un total de 25 puestos en la Asamblea.

La sorpresa fue el Partido Cambio Democrático (CD) que obtuvo, junto con sus aliados menores, un total de 19 asientos. El éxito relativo fue gracias a la campaña millonaria del candidato victorioso Ricardo Martinelli. Con esta bancada, sin embargo, el CD no podía aspirar a desarrollar una política agresiva y autónoma. En 2009 y 2010 logró controlar la agenda legislativa con los votos de su aliado de fórmula, el Partido Panameñista. Todo indica que esta fórmula le resulta incómoda al presidente Martinelli.

Para corregir este problema político, entre 2009 y 2010, el Ejecutivo ‘secuestró’ tres diputados del Partido Panameñista. Para agregar a esta labor, y que impresiona aún más, se ‘llevó’ cinco diputados del PRD a sus toldas. En poco más de un año logró sumar a su bancada un total de ocho diputados. A fines de 2010 ya cuenta con 27. Es, actualmente, la bancada más grande en la Asamblea. El Partido Panameñista quedó con 22 y el PRD solo tiene 21 curules.

La guerra política declarada por el CD, sin embargo, está lejos de cantar victoria. Al contrario, el presidente Martinelli solo se sentirá satisfecho cuando logre amarrar una mayoría absoluta en la Asamblea. Es decir, cuando tenga 36 diputados (el 50% más uno) en su bancada. Para lograr este objetivo necesita arrear para su lado a nueve diputados más. Si entre 2009 y 2010 el CD logró quitarle a los otros partidos un total de ocho diputados, no hay por qué no creer que pueda restarles otros nueve legisladores en los próximos dos años (2011 y 2012).

Con una mayoría absoluta en la Asamblea, el CD no dependería de su actual aliado, el Partido Panameñista. A principios de 2009, ambos acordaron en la Embajada de EEUU que formarían un pacto electoral —con Martinelli a la cabeza— para presentarse en las elecciones de ese año. El acuerdo incluía un compromiso —con la embajadora de testigo— de que el Partido Panameñista encabezaría la alianza en las elecciones de 2014. Si el CD obtiene una mayoría absoluta en la Asamblea ese pacto puede considerarse letra muerta.

La agresividad del presidente Martinelli ha soltado muchas tuercas en las viejas máquinas electorales y mostrado las múltiples debilidades de los partidos tradicionales.   Los diputados ‘saltamontes’ no tienen lealtad alguna para con los partidos que en una época decían que eran ‘nacionalistas’ y ahora han demostrado ser neoliberales.   Las cúpulas de los partidos han perdido contacto con sus bases y las decisiones se toman en el marco de un directorio ampliado que maneja los hilos del poder utilizando el clientelismo. Los diputados electos, en su mayoría, no responden a sus partidos y menos a las bases. Son ‘cuadros’ sin ideología, pero con una gran ambición y que son fácilmente manipulados por quienes manejan los hilos del poder.

El escenario político puede complicarse si el presidente Martinelli pretende utilizar su poder político (más sus conexiones económicas) para alterar la correlación de fuerzas establecida en Panamá después de la invasión militar norteamericana en 1989.

La alternabilidad política entre las fracciones que controlan la economía del país era lo que perseguía la Embajada de EEUU en 2009. Si el CD amenaza ese equilibrio, pueden surgir muchas alternativas. Entre las mencionadas se destaca una opción popular encabezada por el Frenadeso y/o el Partido Alternativa Popular.

También puede darse una alianza entre el PRD y el Partido Panameñista para detener las pretensiones de Martinelli y su Partido CD en 2014. ¿Imposible? Solo un pacto de este tipo podría detener una ofensiva política de Martinelli en la Asamblea y, de paso, en la Corte Suprema de Justicia. Más aún, sería la única ‘llave’ capaz de levantar una fórmula para detener al actual mandatario en las elecciones generales de 2014.   ¿Como mezclar el agua y el aceite?   Mejor todavía, jugar al perro y al gato.

*

<> Este artículo se publicó el 9  de dicembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Reformas o nueva Constitución?

La opinión de…

Franklin Castrellón

Una de la promesas que, a mi juicio, más caló en el electorado panameño durante la pasada campaña política fue la formulada por el actual presidente, Ricardo Martinelli, cuando en su propuesta de impulsar “el verdadero cambio”, se comprometió a fortalecer la democracia mediante “la modernización del Estado, con énfasis en la reestructuración del sistema judicial, legislativo y electoral” vía “las modificaciones necesarias a la Constitución Nacional”.

Desde su inicio como república, Panamá ha tenido cuatro constituciones: 1904, 1941, 1946 y 1972, esta última emparchada en cuatro ocasiones desde que fue promulgada por el régimen militar. De acuerdo con la Constitución vigente, el poder público lo ejercen los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, “los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”.

Sin embargo, el poder que le da la Constitución al Ejecutivo es tal que puede nombrar a discreción allegados suyos en la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, y utilizar el presupuesto general del Estado como arma para subordinar a los demás órganos a su voluntad y hasta para arrinconar a adversarios políticos.

Con el advenimiento al poder de la Alianza por el Cambio confiaba en que se iniciarían prontamente los pasos para cumplir con la promesa de campaña.   Lamentablemente, a 18 meses de gestión no hemos detectado visos concretos de que cumplirá ese vital componente de su oferta política. Todo lo contrario, hemos visto acciones dirigidas a fortalecer el poder presidencial hasta reducir a los demás poderes públicos a meros instrumentos del Ejecutivo.

Ni siquiera bajo el supuesto de la buena fe presidencial se puede justificar semejante práctica que pone en riesgo lo que los juristas denominan Estado de derecho que, según lo definió el barón de Montesquieu (Charles–Louis de Secondat) en el siglo XVIII, descansa en la “separación de los poderes” y en el consecuente sistema de “pesos y contrapesos” (checks and balances en el régimen anglosajón). Ese sistema es necesario para prevenir excesos por uno de los órganos del Estado en detrimento de los intereses de la Nación.

A manera de ejemplo, en Estados Unidos el Legislativo sirve de contrapeso al Ejecutivo al poder encausar al presidente (caso Richard Nixon) y rebasar el veto presidencial; al Judicial cuando aprueba los jueces federales y puede encausarlos (cámara baja); y a sí mismo, pues cada cámara supervisa a la otra. En cuanto al Ejecutivo, este ejerce contrapeso sobre el Legislativo al poder vetar leyes, mientras que el vicepresidente preside el Senado; y al Judicial por designar a los magistrados.

El propio Ejecutivo tiene en el vicepresidente un contrapeso, pues este puede –en combinación con el Gabinete– separar al Presidente por incapacidad para ejercer sus funciones. Finalmente, el órgano Judicial supervisa la legalidad de las leyes aprobadas por el Legislativo y el magistrado presidente actúa como presidente del Senado cuando este encause al Presidente de la República.

Más que una reforma como las que se han aprobado a la Constitución de 1972, Panamá requiere de una nueva Constitución que surja de una Constituyente integrada por notables. Y cuando menciono notables me refiero a juristas, representantes de la sociedad civil, los partidos políticos y organizaciones cívicas de incuestionable reputación. La vía de una Asamblea Constituyente paralela está contemplada en el artículo 314 de la constitución, y la misma puede ser por iniciativa ciudadana o del Ejecutivo.

Además de perfeccionar la precaria democracia panameña mediante una auténtica separación de los poderes, la nueva Constitución debe fortalecer la capacidad del Estado para perseguir la corrupción, revisar las funciones de la Asamblea para eliminar fuentes de corrupción como el acceso a fondos para obras comunales, crear normas claras para agilizar la administración de justicia, y eliminar dualidades como las contradicciones sobre la existencia o no de suplente del procurador general de la nación.

En interpretación de leyes de igual categoría, la hermenéutica jurídica indica qué ley tiene prelación, pero en el caso citado el Ejecutivo pudo imponer su voluntad por ausencia de contrapeso en el Órgano Judicial.

Recientemente, el Colegio de Abogados (La Prensa, 12 de marzo de 2010) se pronunció a favor de impulsar la convocatoria de una Constituyente. Otras destacadas figuras del foro nacional, como la ex procuradora Mercedes A. de Grimaldo y el constitucionalista Miguel A. Bernal, han hecho lo propio.

Y el presidente Martinelli renovó su promesa de campaña, mencionando temas tales como la elección de los magistrados de la Corte Suprema y el periodo presidencial. Cabe ahora tomar iniciativas concretas para que los panameños contemos con una Constitución moderna que perfeccione nuestra democracia.

*

<> Este artículo se publicó el 4  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/castrellon-franklin/

¿Seguridad o localización?

La opinión de….

Pedro Ernesto Vargas

Dice la noticia reciente que, en Santa Clara, California, uno de esos días para Yasir Afifi (que no sabemos si fue un buen día o un mal día) sirvió para que descubriera junto a su mecánico, un alambre viejo que colgaba de la parte inferior de su carro.   Ese día, a principios de este mes de octubre, llevó su auto al mecánico para un cambio de aceite.

Este hallazgo tan casual no despertaría la curiosidad de este vendedor de computadoras, si no fuera porque en el otro extremo del inocente alambre había conectado un extraño aparato magnético, de difícil identificación. Bastó que lo fotografiara y lo pusiera en internet, para que le tocaran la puerta de su casa, sus dueños, el Buró Federal de Investigaciones, conocido mejor por esas letras, FBI, que lo distinguen de la Cheka, de la KGB, de la Gestapo, de la Stasi, del Deni, Dima, etc., etc., no por sus métodos sino por su nacionalidad.

Las policías secretas nacen de la necesidad del secretismo requerido para lograr información (la sublimación de la sapería) y no darla a los ciudadanos, con motivos o sin ellos, para la seguridad del Estado o para la omnipresencia del gobernante; para torcer voluntades o, mejor dicho, extorsionar; para doblegar al oponente o reprimirlo, cuando el susto no es suficiente; o, como dicen todos, cuando tienen el sartén por el mango para la protección contra ataques externos e internos, o como dicen cuando están del otro lado del sartén, como instrumento de represión.

Lo cierto es que en un Estado sin independencia de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, o cuando se declara en guerra santa contra imaginarios o reales enemigos, la policía secreta o la investigativa no solo es autoridad, sino que está por encima de la ley y solo sirve a quien está detrás del poder. Y esto es detestable mientras exista de esa forma.

Volviendo a aquel individuo quien, además de tener un nombre árabe, es un estudiante de 20 años de edad, el encuentro con los dueños del alambre le permitió conocer que se trataba de un instrumento de localización global, o GPS (otra vez, tres letras).   O sea, que el FBI conocía todos los desplazamientos del estudiante y probablemente le alertaría a los padres que no o que sí atendía sus clases en la universidad.   Hasta allí, una costosísima tecnología para una escolaridad gratuita, ya que Yassir atiende una universidad pública. Le hizo daño su nombre, como a otros le podría molestar, conducir un auto deportivo.

No importa que con estos instrumentos el FBI recoja de la calle a delincuentes peligrosos. También le hace la vida imposible a gente honrada.  Uno de los argumentos utilizados por el FBI es que con uno similar pudieron seguir a Juan Pineda Moreno, convicto por posesión y distribución de marihuana. De esa forma descubrieron lugares de expendio, de compra y venta de dañinas drogas alucinógenas. La policía no necesita invertir en eso, requiere invertir en la formación de policías honrados.

Vuelvo a la noticia gringa porque se me espelucó el cuerpo, en los pocos lugares donde tengo folículos pilosos, al conocer que en un futuro muy cercano, todos los autos en Panamá, tendrán un GPS obligatorio, colocado por las autoridades (La Prensa, 17/10/2010).

Espero que sea una broma. Nadie me puede obligar a ello y si lo escojo, debo tener el mando de conectarlo y desconectarlo.

*
<> Este artículo se publicó el 20  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre la condena penal a periodistas

La opinión del Jurista, Doctor en Derecho y Docente Universitario…

Hernán A. De León Batista

Inicio por manifestar,   gracias a ese derecho de libertad de expresión que hay en Panamá,  que no conozco a la periodista Sabrina Bacal y al hoy abogado Justino González,   por lo que emitiré una opinión objetiva respecto a la condena que les impuso el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia No. 250–S.I. de 28 de septiembre de 2010, por ser responsables del delito de calumnia en perjuicio de Rosendo Rivera y Aida Castro.

Si los conociera o yo trabajara en TVN, no hay duda que me solidarizaría con ellos 100%, sin necesidad de leer la sentencia, que ha sido cuestionada por el gremio de comunicadores sociales; en mi criterio el sólo saber que hay una pena de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión es suficiente para estar en contra.

No obstante, como vivimos en un estado de derecho, donde deben respetarse las instituciones y el sistema jurídico que hemos acogido, en este caso la doble instancia, en el que un tribunal superior puede revisar la decisión de un juez de inferior jerarquía,  es por lo que hay que respetar la sentencia condenatoria en aras del principio de independencia judicial y del sistema de legalidad, y pese las críticas que se le hacen a nuestros juzgadores, muchos de los cuales se quedan en la obsoleta aplicación de un positivismo-legalista riguroso más que en la aplicación de principios,  específicamente, en el respeto de los derechos humanos.   La interrogante que nos hacemos entonces es: ¿se trata de un problema de hombres o de leyes?

Si nos ponemos en los zapatos de los magistrados que emitieron la sentencia, veremos que la tarea de administrar justicia no es fácil, porque ellos deben aplicar una sanción de prisión que establece nuestro Código Penal (que no es inventada caprichosamente) a un hecho que consideraron delito (calumnia), al divulgarse una información que no fue verificada, lo que provocó graves perjuicios a los ofendidos Rivera y Castro,   por vinculárseles a una supuesta red de traficantes de personas. De no aplicar el Tribunal Superior una sanción, estaría propiciando la impunidad.

Es como si alguien cometiera otro tipo de delito, como puede ser un homicidio, y que de considerar el Tribunal su culpabilidad y responsabilidad, no aplique sanción alguna.   Es entendible que al calor de este debate se trate fácilmente de endilgar la culpa por la condena de los periodistas Bacal y González a la Corte Suprema, lo que se hace a menudo de forma errónea –como si la Corte fuese parte del universo de personas que conforman el Órgano Judicial– así como al gobierno de turno, lo que es común observar en el mundo, porque la libertad de expresión le resulta incómoda a los políticos,  los somete a un permanente escrutinio y una constante crítica.

Por ello, considero este es el momento oportuno para abrir un debate nacional en el que se analicen las normas referentes a los delitos contra el honor de la persona natural –ya que también existe de la persona jurídica en otros países–, a fin de establecer como país si deseamos que dicho delito sea sancionado sólo con el resarcimiento económico o pecuniario y no con prisión.

Este tema, definitivamente, no es fácil de tratar en nuestra cultura panameña que se caracteriza por tener una epidermis muy débil,   porque para algunos la libertad de expresión y el derecho a la información son aquellos que no tienen mayor restricción legal que la plasmada en un código de ética;   sin embargo, aunque no se tenga un animus injuriandi (intención o dolo de causar un daño),   se puede perjudicar con facilidad la reputación o dignidad de una persona, al momento de divulgarse una noticia, violándose uno de los derechos fundamentales más preciados como es la presunción o estado de inocencia.

Sólo hay que ver el ejemplo reciente de la cadena de red social Twitter, similar a Facebook, cuando se esparció un supuesto mensaje del escritor colombiano Gabriel García Márquez, con motivo del Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa,  que los medios confirmaron como falso.

Espero que se dé un debate de altura y no se abuse de la manipulación de masas, como podría estar dándose.    De ahí que muchos autores a través de la historia hayan denominado a la prensa como un cuarto poder del Estado.

<> Artículo publicado el 13  de octubre de 2010 en el diario La Prensa y el 14 de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.
Más del autor en:  https://panaletras.wordpress.com/category/de-leon-batista-hernan-a/

Ciclo social del Torrijismo

La opinión del Periodista y Docente Universitario…

DEMETRIO OLACIREGUI Q.

No están lejanos los tiempos en que Panamá fue convocado a un proyecto de gran envergadura como resultó la causa nacionalista de la recuperación del Canal.   Fue un ciclo que duró más que el relámpago en una tormenta y que tomó fuerza con la diaria resurrección de la épica batalla por la soberanía y la integridad territorial.

Agotada esa etapa, la tarea por delante es abrir un nuevo ciclo revolucionario de profundo contenido social y democrático. Ese es el planteamiento del politólogo Marcel Salamín, en un documento que circuló el pasado 11 de octubre, en ocasión del 42 aniversario de la gesta encabezada por Omar Torrijos.

La apertura de este ciclo social, tiene como contraparte el avance del modelo oligárquico de economía de mercado que pretende adueñarse del país, denunció Salamín. Para frenar la consolidación del nuevo ‘comando estratégico’, encabezado por el presidente Ricardo Martinelli, que busca recuperar la hegemonía económica, política, social y cultural existente antes de 1968, Salamín planteó la construcción de lo que denominó el ‘Poder Ciudadano’.

Lo concibió como el Cuarto Órgano Constitucional del Estado con características de espacios institucionalizados de concertación y de mecanismos de consenso abiertos, capaces de trabajar en igualdad de condiciones con los otros Órganos del Estado.

De acuerdo a Salamín, el Poder Ciudadano debería ser incluido dentro de una convocatoria a una Constituyente Paralela, basada en el Artículo 314, que adopte una nueva Constitución Nacional. La existente desde 1946, pese a las modificaciones registradas en medio siglo, es insuficiente como proyecto de libertad ciudadana, de separación de poderes y de colaboración armónica entre los Órganos del Estado, y para encauzar constructiva y democrática un nuevo Pacto Social. La convocatoria puede ser solicitada por 50000 electores.

Hace falta suscribir también un Pacto Fiscal, señaló Salamín, que sea consensuado entre todas las fuerzas sociales y económicas que contribuya a distribuir la riqueza nacional.

Para Salamín, una parte de la derrota electoral de mayo del 2009 se originó en la falta de comprensión de las consecuencias prácticas, doctrinales, programáticas y electorales de ese tránsito objetivo del ciclo nacionalista al ciclo social de la Nación panameña. La otra parte se debió al reagrupamiento electoral, accidental y todavía frágil de las fuerzas conservadoras del país.

‘El objetivo estratégico de este proyecto de poder es restarle a la política y a los partidos políticos toda autonomía frente al dinero y sentar las bases culturales, jurídicas e institucionales de una práctica de dominio verticalista, autoritaria, excluyente, represora y, por todo ello, corrupta’, advirtió.

Salamín reconoció que este nuevo ciclo social ha encontrado al PRD frente a un relegamiento de su plataforma doctrinal y con un procesamiento incorrecto de sus traumas históricos.

‘Cuando en el PRD el grueso de su energía se vuelca hacia la lucha interna, que es la lucha no de propuestas, sino de egos, ambiciones y prebendas personales, y todos luchan por el puesto de mando, aunque en la lucha destruyan al Partido, estamos abonando el terreno para los que, como fundamento de su proyecto autoritario y antidemocrático, claman por la desaparición de la política y los partidos’, subrayó Salamín.

Frente a esa realidad el PRD debe colocar la plataforma para su refundación revolucionaria y democrática.  El Partido no debe perder el control ni el liderazgo de aquellas metas de valor estratégicos que le son propias, que lo definen y distinguen frente a otros objetivos políticos en cualquier coyuntura específica, expresó Salamín.

Tender un puente para un debate respetuoso y fecundo con la izquierda contestataria y la burguesía nacional no oligárquica, debe ser, según Salamín, una iniciativa estratégica del PRD.

Salamín subrayó que este es el tiempo para que el PRD asuma la vanguardia política que le asigna la historia en la actual coyuntura que definirá el destino de la Nación, de su economía y la naturaleza futura de la sociedad panameña.

Es ahora o nunca. La oportunidad para construir una Patria con equidad y derrotar la pobreza con la riqueza del país, de la que pretende apropiarse una banda de corruptos que ha borrado la frontera entre lo público y lo privado, no se repetirá.

Por eso el llamado de Salamín a rescatar el vínculo entre ética y política. A despertar la vitalidad latente y el empeño de avanzar con decisión colectiva e individual. Si hubo una ocasión para recuperar el rumbo perdido fue en el ciclo nacionalista. El desafío por delante es abrir el nuevo ciclo social del Torrijismo con el mismo espíritu de rebeldía, de concertación y de victoria.

 

<> Artículo publicado el 14 de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

*