De clanes y amanuenses políticos

La opinión de…

 

Antonio Saldaña

Las palabras de los supuestos líderes del PRD (miembros del CEN transitorio y precandidatos presidenciales) quienes se habían ufanado proclamando a los cuatro vientos que el partido soñado por Omar seguía siendo en la actualidad un partido sin dueños, han quedado en entredicho a raíz de las recientes declaraciones políticas y renuncia pública del secretario de prensa del PRD.

Y ello es así por cuanto que además de las arandelas mediáticas y delaciones del amanuense –persona que tiene por oficio escribir [o decir] lo que se le dicta– el acto refleja en el fondo el carácter de la crisis poselectoral irresuelta del PRD y la naturaleza de la composición de su directiva provisoria.

En efecto, luego de la histórica y aparatosa derrota electoral sufrida por el PRD en las pasadas elecciones presidenciales de 2009, todos esperaban –en una democracia moderna y en un partido ideológico y sin dueños, ocurre así– un cambio y renovación total de las directivas; pero lo que aconteció fue un asalto a la cúpula del PRD, a punta de macuquina, propiciado por clanes políticos [Grupos predominantemente familiares unidos por fuertes vínculos y con tendencia exclusivista (RAE)], verbigracia, como el de los pueblos.

De manera que lo ocurrido con el ex secretario de prensa del PRD no es un hecho aislado o producto de una actuación personal, sino más bien la respuesta contundente de uno de los clanes oligárquicos que cohabitan en la cúpula, dirigida como un misil a los testaferros de las otras camarillas políticas; las cuales en su conjunto mantienen secuestradas a más de medio millón de almas perdidas por la demagogia y el clientelismo político.

Pero, por supuesto, el escenario interno del PRD anteriormente descrito no es una situación políticamente irreversible. Para revertir el estado caótico y antidemocrático de ese colectivo, sus prosélitos deben emprender una cruzada política, como la iniciada por los torrijistas de Chiriquí y Coclé, para adoptar nuevos delegados y que este proceso culmine con la celebración de un congreso general ordinario para elegir las nuevas autoridades del partido.

Único camino, que además de legalidad le daría legitimidad política, tanto al Comité Ejecutivo Nacional, como a las directivas de Áreas de Organización, distritales y de corregimientos.

¡Así de sencilla es la cosa!

<>
Este artículo se publicó el 14  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Anuncios

Constituyente paralela

La opinión de…

Antonio Saldaña

La ultra izquierda panameña que ya ha cumplido su quincuagésimo aniversario de existencia –cuya expresión visible de masas es, hoy por hoy, Frenadeso– parece no haber entendido aún que “la política es el arte de lo posible”, aquí, en Cuba, en China o en cualquier otro lugar del mundo.

Decimos esto, porque de lo contrario no se explica su oferta de llamar a una “constituyente originaria”. “Desde Frenadeso insistimos que la única salida válida es una asamblea constituyente originaria, auto convocada por el pueblo, con plenos poderes, que funda una nueva República de bienestar y progreso para todos, barriendo de una vez por todas las caducas y corrompidas instituciones del Estado”. (frenadeso.org 25/12/2010). Ofrecimiento a todas luces sectario e inviable políticamente en estos momentos.

Es cierto que las reformas neoliberales impuestas a nuestro país por los organismos financieros internacionales (FMI, BM, BID, etc.) y el Consenso de Washington convirtieron los gobiernos de Pérez Balladares, Mireya Moscoso y Martín Torrijos en cleptocracias, lo cual se refleja en la crisis institucional y de credibilidad de la actualidad.

Como también es verdad que el modelo de democracia forma–oligárquica constituye hoy en día una camisa de fuerza para el desarrollo económico y social de la nación panameña; pero, no menos cierto es que la salida posible al mal político que aqueja a la sociedad y al Estado panameño tiene que ser necesariamente consensuada entre los factores reales de poder (fuerzas políticas de gobierno y oposición, iglesias, sociedad civil organizada –Frenadeso es una de ellas–, poderes mediáticos).

El listado de cambios constitucionales tiene que ser también producto de un acuerdo de las fuerzas vivas de la Nación, que podrían incluir, atendiendo los diversos intereses ya manifiestos: La reelección presidencial inmediata, devolverle el poder a la Asamblea Nacional para modificar el presupuesto general del Estado, cambios en la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral y los procuradores General y de la Administración, por ejemplo, vía elección popular, establecer un porcentaje fijo del presupuesto general del Estado para el Órgano Judicial y el Ministerio Público, entre otros.

El mecanismo factible a la luz de la correlación de fuerzas políticas, es el que establece el artículo 314 de la propia Constitución: “Podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una asamblea constituyente paralela que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, …”. ¡Así de sencilla es la cosa!

*

<> Este artículo se publicó el 29 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Cuál inmunidad parlamentaria?

*

La opinión de…

ANTONIO  SALDAÑA
Analista Político
Por espacio de más de un año, inclusive después del pasado 24 de noviembre -fecha de salida de Panamá del PARLACEN- varios actores políticos por diversos medios de comunicación social han expresado que los diputados de nuestro país en el Parlamento Centroamericano gozaban de inmunidad “absoluta” y, en consecuencia, por ese motivo, no se le podía perseguir penalmente al ex presidente de la República Martín Torrijos Espino antes de dicho término.

Y, decimos que la inmunidad no era absoluta, sino relativa, porque la propia excerta constitucional limitaba el período de inmunidad del legislador a “Cinco días antes del período de cada legislatura, durante ésta y hasta cinco días después, …”

Pero resulta que en razón de la normativa nacional e internacional, desde hace seis años en función de la pauta constitucional y cuatro años de la existencia de la norma legal, esa no es la realidad. Todo este procedimiento constitucional y legal que les daba jurisdicción y competencia al Órgano Legislativo e inmunidad parcial a los legisladores nacionales cambió a partir del acto constitucional de 2004 y de las transformaciones legales ocurridas en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional en el año 2006.

Así tenemos que la jurisdicción y competencia para juzgar a los diputados es transferida de la Asamblea Nacional al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y esta última no requiere de autorización del parlamento para iniciar un proceso, tal como lo señala el artículo 155 de la actual Carta Magna: Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Por otro lado, el Tratado Constitutivo del PARLACEN en los artículos 2 y 27 señalan quiénes son miembros y cuáles son sus prerrogativas e inmunidades, respectivamente. A saber, 20 diputados por cada Estado y el Presidente y Vicepresidente de las repúblicas, una vez concluidos sus mandatos. Y, “en el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los Congresos, Asambleas Legislativas o Asambleas Nacionales”. De tal suerte que los diputados de la Asamblea Nacional, los diputados de Panamá en el PARLACEN, incluyendo el ex Presidente y ex Vicepresidente de la República de Panamá, desde hace mucho tiempo no gozan de inmunidad, ni relativa y mucho menos absoluta. ¡Así de sencilla es la cosa!

*
<>Artículo publicado el  4  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Agenda social ante clientelismo

La opinión del Analista Político…

Antonio Saldaña

El otrora partido de Omar arrastra tres lastres fundamentales:  Uno de carácter ideológico –cambió de social demócrata a neoliberal– impulsado por los gobiernos de Pérez Balladares y Torrijos Espino, respectivamente y los otros dos de índole político, constituidos por el arte de agendas personales (candidaturas presidenciales del PRD) y del clientelismo como práctica política, por excelencia, tanto de los aspirantes a puestos de elección como del diario bregar del partido.

Con relación a los cambios económicos estructurales realizados por motivo del agotamiento objetivo del modelo de “crecimiento hacia dentro”,   reconozco que muchos de ellos eran necesarios,   sin embargo, el hecho negativo de la transformación, siguiendo el guión trazado por las instituciones financieras internacionales y el Consenso de Washington, fue que devino en el “capitalismo salvaje”, aparejado a una corrupción rampante.   Por ejemplo, la privatización del IRHE, Intel, los Casinos Nacionales y la Autoridad Portuaria, se hicieron con la clara intención de obtener beneficios personales.

Por algunos de estos hechos, como también por el caso Cemis, hoy se le han incoado procesos penales a dos ex presidentes de la República, quienes en un estado de derecho tienen que responder ante los tribunales de justicia, como cualquier otro ciudadano, y el medio millón de prosélitos del PRD no son, en lo absoluto, responsables de las actuaciones personales de dos o más de sus miembros, por muy encumbrados que fueran, sobre todo cuando se sabe que ellos gobernaron con “sus amigos personales”, algunos de los cuales ni siquiera eran seguidores del PRD.

Frente a estos hechos concretos, y a la defensa a ultranza que lleva a cabo la cúpula transitoria del PRD, de los neoliberales y de sus adláteres, supuestamente, involucrados en cohechos.   Y en el marco de la celebración del cuadragésimo segundo aniversario del golpe militar del 11 de octubre de 1968;   surge la tesis política–ideológica denominada: El ciclo social democrático y revolucionario del Torrijismo, suscrita por el doctor Marcel Salamín Cárdenas, asesor político de Omar Torrijos y fundador del PRD, que contradice la práctica política y desviación ideológica de la dirigencia del PRD de los últimos 16 años.

En propiedad lo que plantea el politólogo antes mencionado es la necesaria “Refundación revolucionaria y democrática del PRD”, como consecuencia de una adecuada comprensión de la coyuntura histórica que vive el país y adscribe la derrota electoral presidencial de mayo de 2009 pasado, a la oligarquización de la dirección del PRD, a la práctica del clientelismo político, al abandono de la doctrina torrijista y la adhesión del PRD al neoliberalismo.

El hecho controversial, contradictorio y hasta paradójico, es que a pesar de que estas tesis la comparte el CEN provisional del PRD, su práctica política y la de los candidatos presidenciales no le dicen al país nacional que el PRD se propone realizar una total reingeniería política–ideológica donde la corrupción, las agendas personales, el clientelismo político, el gamonalismo y el “capitalismo salvaje” son cosas del pasado. ¡Así de sencilla es la cosa!

*

<> Este artículo se publicó el 2  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/saldana-antonio/

Escenario electoral 2014

La opinión del Analista Político…

ANTONIO SALDAÑA

Recientemente fue publicado el resultado de una encuesta de opinión que anunciaba que si las elecciones fueran hoy, el dirigente sindical Genaro López obtendría el 8% de las preferencias electorales presidenciales, consulta efectuada a raíz del señalamiento de López en el sentido de que se retiraba de la conducción del Suntracs, ‘para construir el instrumento político popular’, de cara a las elecciones del 2014.

Puesta en perspectiva la percepción ciudadana antes mencionada, mi primera especulación sería que la alianza política progubernamental —si se mantiene unida— por primera vez en los últimos 25 años terminaría con la tradicional alternancia electoral, pues derrotaría al PRD.

Sencillamente porque, pese al desencanto del panameño de a pie con los partidos políticos tradicionales, por el cohecho, el nepotismo, el clientelismo y las políticas neoliberales culpables de la proletarización de las capas medias, lo cierto es que, la candidatura de la extrema izquierda ideológica lejos de polarizar a las fuerzas políticas, las fragmentaría en, por lo menos, cinco propuestas que se enfrentarían al bloque gobernante.

De izquierda a derecha las candidaturas presidenciales de oposición serían Genaro López por el FLN-29/11, Olmedo Beluche por el PAP, Juan Jované por el bloque independiente, Milton Henríquez por el Partido Popular y cualesquiera de los neo—oligarcas que hoy se disputan la aspiración presidencial en las toldas clientelistas del PRD.

De manera que pasado el susto causado a las entelequias —mal llamados partidos— políticas nacionales, por la inesperada impronta electoral de los radicales panameños, debo concluir señalando que quizás en la elección presidencial del 2014 no será la hora de Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, El Incorruptible, de la revolución francesa, pero no me queda la menor duda de que el clientelismo político y la corrupción rampante nos podrían conducir, eventualmente, a la anarquía.

<> Artículo publicado el 1  de octubre  de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.

Campaña mediática

La opinión del Analista Político….

.

Antonio Saldaña

Un periódico de la localidad que se autodenomina el diario libre de Panamá, ha iniciado con fecha 23 de agosto una serie de reportajes sobre el Programa de Desarrollo Comunitario (PRODEC), que amerita dos cosas: Poner en perspectiva las publicaciones y describir, lo que a nuestro juicio, constituye la esencia del Programa.
Desde el inicio del período democrático el medio de comunicación ha dedicado su línea editorial y de investigación mediática a procurar salvaguardar los poderosos intereses económicos y políticos de sus dueños verdaderos, esto es, los miembros de la junta directiva y las personas que controlan los paquetes accionarios, quienes son en realidad los que dictan “la línea”.
Para lograr este objetivo estratégico el “poder real” del diario libre ha perfeccionado dos líneas de acción mediática: Procura dictar la agenda política al gobierno de turno y pretende cogobernar. Ambas ínfulas, sin someterse al escrutinio popular o examen electoral.

Este es el fondo político del ataque al gobierno del Presidente Ricardo Martinelli, efectuado tácticamente mediante el supuesto examen investigativo mediático del PRODEC, en el cual en su particularidad han coincidido intereses subalternos y la insuficiente información ofrecida al público de parte de la Dirección del Programa.

Por otro lado, es necesario indicar que el PRODEC es mucho más que la realización de obras de infraestructura comunitaria, por un monto de 500 millones de dólares en un periodo de 10 años, con los dineros excedentes del Canal de Panamá. El Programa es en verdad, visibilizar el Canal, sobre todo, en el interior del país.

Sin embargo, el reportaje en sus sucesivas entregas, desde sus titulares, subtitulares y colgados hasta el texto evidencia el hilo conductor de la obra mediática, donde la denominada investigación periodística no es, ni más ni menos, que el manto con que se pretende encubrir, la verdadera intención del periódico: La campaña mediática en contra del gobierno de Ricardo Martinelli y donde el chivo expiatorio de turno es el director del PRODEC.

Pero, lo más lamentable de la campaña mediática es que haya sido alimentada por “fuego amigo” y que el Presidente y el Ministro de la Presidencia no se percaten que para el diario en mención, el PRODEC es la excusa. Ayer fue la condena de la ex procuradora por el Corte, hoy es el Programa, mañana sabrá Dios qué.  ¡Así de sencilla es la cosa!

<>Artículo publicado el 3 de septiembre de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor,   todo el crédito  que les corresponde.

No es el Presidente, es la Constitución

La opinión de…

Antonio Saldaña

El principal actor de la recuperación del Canal y de su zona adyacente fue el pueblo panameño, particularmente su juventud, por ello el general Omar Torrijos sentenció que a los bienes rescatados –unos 31 mil millones de dólares en valor de mercado de las áreas revertidas y otros 700 millones anuales, en promedio, que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entrega al presupuesto nacional– se les debía dar “el uso más colectivo posible”.

Suponíamos, en consecuencia, que a la lógica torrijista anteriormente enunciada respondían los dos programas emblemáticos de la administración del hijo del general: La Red de Oportunidades y el Programa de Desarrollo Comunitario (Prodec).

Hoy podemos especular que en estos dos programas se han despilfarrado algo más de 300 millones de dólares distribuidos entre malas prácticas administrativas, clientelismo político, sobreprecios y corrupción generalizada, es decir, sucumbieron ante el peso de la corrupción pública y privada engendrada en el gobierno oligárquico del pasado quinquenio, tal y como lo demuestran las marranadas dadas a conocer a la opinión pública a través de una prolija investigación periodística sobre las inversiones del Prodec, publicadas recientemente. (La Prensa 23/08/2010).

También en cierta ocasión el general Torrijos, ante las constantes quejas de los residentes de los corregimientos en virtud de la desaforada conducta de los representantes de corregimiento –el corregimiento era unidad política y administrativa del país en la Constitución de 1972, antes de las reformas de 1983– formuló la siguiente frase lapidaria: “La comunidad que elige a un pillo es tan pilla como aquél”.

¿Y qué refleja la investigación en comento? Que como en el pretérito militar, la comunidad nacional para las elecciones presidenciales de 2004 continuó siendo “tan pilla” como otrora.   Es por ésta y otras decenas de millones de razones, que he criticado y continuaré cuestionando la defensa a ultranza que realiza la directiva transitoria del PRD, de quienes tienen el deber ineludible de poner en claro ante las autoridades judiciales sus oscuras andanzas públicas, en especial en la administración de los fondos del Estado.

Sin embargo, pecaría de anecdótico sí al anterior comentario coyuntural, no agregara el antecedente constitucional del excesivo presidencialismo, que constituye la esencia de la mayoría de males que hoy aquejan a la República, sobre todo en el sentido de la separación y el ejercicio del poder público, tal y como lo dispone el artículo dos de la norma superior.   Por ello resulta ilustrativa la definición de Lassalle de la carta magna: La Constitución es el resultado de la suma de los factores reales de poder.

El hecho de que la Constitución de 1972 incorporara a la Fuerza Pública al ejercicio del poder, otorgara poderes extraordinarios al general Omar Torrijos Herrera y subrogara totalmente los numerales 16 y 21, y parcialmente el 25, del artículo 118 de la Constitución de 1946, constituyó el reflejo de la época que se vivía, donde el poder real residía en los cuarteles de la Guardia Nacional que el 11 de octubre de 1968 había asumido el poder político del Estado.

Extinguido por la invasión estadounidense, el proyecto político del cuartel, en que devino el proceso revolucionario, a raíz de la muerte del general Torrijos Herrera; lo que procedía era la instauración de un proyecto político de democracia participativa, mediante la convocatoria de una constituyente, para revertir todos los resabios autoritarios y presidencialistas que aún subsistían en la carta política. No obstante lo anterior, la neo oligarquía emergente, como en el pasado liberal, volvió a traicionar las legítimas aspiraciones populares y de la Cruzada Civilista.

En consecuencia, de lo que se trata en estos momentos no es reprobar per se, el excesivo presidencialismo contenido en la gestión de Martinelli que, a propósito del principio de legalidad, se encuentra sustentado en la Constitución Política vigente y que también ha sido ejercido por todos los presidentes de la República post invasión, sino de plantearse la renovación y modernización de la ley fundamental que hoy nos rige, reflejo de un pasado que debió ser sepultado en el mismo instante en que los invasores estadounidenses cedieron el poder al triunvirato Endara, Arias yFord.

¡Así de sencilla es la cosa!

<>Artículo publicado el 3  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa,   a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.