El Hospital Santo Tomás en crísis

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La opinión del Médico….

Marcel Penna Franco

Para nadie es un secreto que el Santo Tomás, el “elefante blanco”, también llamado “el hospital del pueblo”, está sumido en una de sus peores crisis, si no la peor. La causa de este período tan difícil de ineficacia e ineficiencia en la prestación del servicio no es una sola, sino el producto de años de “parches” y soluciones incompletas, no estructurales.

Según palabras del Presidente de la República, el problema no es la falta de dinero. Esto nos lleva a pensar que la dificultad radica en la manera cómo administramos los recursos que el Estado dispone para la compra de los medicamentos e insumos que se requieren, como parte de la atención que merece la población panameña.

Desde el punto de vista del gremio de especialistas del Santo Tomás, hay una serie de nudos críticos que –como el nudo gordiano– deben ser cortados de una vez por todas para salir del enredo que nos mantiene inmóviles. De nada nos ha servido la elección de un nuevo director médico a quien le podemos achacar poca responsabilidad, pues él realiza esfuerzos –en apego al marco de la ley de compras– para resolver esta debacle. A nuestro juicio, debe apoyarse en el personal médico y gritar, voz en cuello, junto a la Asociación de Especialistas que “están ahogando al único hospital de tercer nivel del Ministerio de Salud”.

Entre las causas que nos llevan al lastimero estado actual de la institución está la ley de compras, obsoleta e inconveniente para el sector Salud, porque contempla una interminable serie de pasos –insalvables en el corto tiempo– que impiden que los médicos tengamos con qué trabajar. Seguimos comprando igual que lo hacen otras entidades del Estado en las que no está en juego la vida de seres humanos ni el restablecimiento de la salud de manera óptima.

El Departamento de Auditoría Interna no se ha comprometido con la salud ni el trabajo del hospital, y los que allí laboran creen que todos los funcionarios tratamos de defraudar al fisco, robar y aprovecharnos de nuestra condición para lucrar de manera indebida. El control fiscal de contraloría tampoco llega a comprender que en sus manos está la vida y la salud de los contribuyentes.

El Santo Tomás tiene una administración y un Departamento de Compras inoperantes a la hora de gestionar la adquisición de insumos y medicamentos; se demora y se equivoca al realizar su labor, pero poco le importa que, por sus errores, los médicos no tengamos con qué trabajar, y no hay a quién reclamarle ni exigirle responsabilidad por estas faltas y omisiones.

Preguntemos al Departamento de Compras del Hospital Santo Tomás ¿cuál es el estatus de las compras del año 2016? En el quinto mes del año no tenemos un abastecimiento que nos permita funcionar. Preguntemos a la administración de la institución ¿cuánto demora la compra de los medicamentos de uso diario de los que depende la curación o no de un enfermo? En general, las farmacias de los hospitales de Panamá, sobreviven de los “préstamos” entre ellos. Como diría mi abuela: “Abrir un portillo para cerrar otro”. A juicio de la mayoría de los médicos que laboramos en este hospital, el Patronato no ha sido capaz de gestionar ni generar procesos de cambio que hagan el hospital más eficiente y funcional. Solo se reúne de manera esporádica y poco oportuna para dar una solución, que casi siempre es lenta y tardía.

Por último, encontramos que otro de los nudos críticos son los proveedores y la relación del hospital con ellos, aquí hay una de cal y una de arena. Hace dos años el Santo Tomás debía cuentas desde 2003 y nos encontramos que hay compañías que no desean venderle productos. Pero además de esta situación nos encontramos con compañías que retrasan la entrega de los productos, incumpliendo el tiempo estipulado, pues saben que las multas que les imponen son irrisorias; otras impugnan los actos de licitación de productos, sin bases reales, con lo que se atrasa por meses la adquisición.

Nuestros colegas de la Caja de Seguro Social viven a diario una situación similar. No se trata de un problema exclusivo del Hospital Santo Tomás, se trata de un problema de la salud del país. Hay toda una cadena de obstáculos que tienen como consecuencia final el desabastecimiento de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y equipos, lo que nos lleva de manera indefectible a no poder darle una buena atención a los pacientes.

Por esta razón, requerimos una Ley de Compras especial para el sector Salud; necesitamos a gritos un proceso de reingeniería entre los administrativos; requerimos a personas que tengan muy claro que todos los panameños tienen derecho a una atención en salud, digna y equitativa

 

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Publicado el  29 de mayo de 2016  en el diario LA PRENSA,  a  quien  damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que le corresponde.

El Comité Olímpico de Panamá y la legislación

La opinión de…

 

Samuel A. Mowatt J.

En un artículo anterior sobre la “Génesis de la Problemática del COP”, concluí que el Comité Olímpico de Panamá y la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) aceptaron el fallo del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial (5 de agosto de 2006) que declaró ilegales las elecciones realizadas por el COP en diciembre 2002; y el COP de inmediato acordó convocar a elecciones para el 31 de agosto 2006, disposición confirmada y avalada por Mario Vásquez Raña, presidente de la Odepa, quien envió nota el 22 de agosto 2006, instruyendo a Melitón Sánchez sobre el particular.

En agosto 2006 se hicieron dos elecciones, Odepa avaló aquella en la que resultó electo presidente, Melitón Sánchez, hecho que prolongó la disputa y, consecuentemente, se acordó realizar una reunión en México (Sept. 2006) entre Sánchez, Miguel Vanegas, Vásquez Raña y Alejandro Blanco. Este último, presidente del Comité Olímpico de España. En esa reunión se decidió una nueva convocatoria a elecciones para la junta directiva del COP (diciembre 2006). Todo lo anterior definía en 2006 el estatus del COP.

El 15 de diciembre de 2006, varias organizaciones deportivas decidieron (sin participación de Odepa) realizar las elecciones en el COP, según lo establecido en los estatutos de 1970. Es importante recordar que el fallo del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial señaló lo imperativo que era ceñirse a los estatutos del año 1970.

En enero 2007, con el aval de la Odepa y el COI, se efectuó otra elección para la junta directiva del COP, donde resultó electo Roger Moscote, tras la “sorpresiva renuncia” de Melitón Sánchez. Participaron como observadores Reynaldo González (COI), Felipe Muñoz y Ricardo Contreras, secretario general y asesor jurídico de la Odepa, respectivamente.

Frente a estos nuevos hechos que mantenían la disputa y los problemas, el COI suspendió temporalmente (julio 2007) al COP, lo que obligó al Gobierno a “aceptar un acuerdo” con Vásquez Raña, durante la realización de los Juegos Panamericanos de Brasil, para garantizar la no intromisión de las autoridades nacionales en los asuntos internos del COP.

Un anteproyecto de ley, discutido en la Asamblea y luego aprobado, según los procedimientos, puso en vigencia la Ley 50 de diciembre de 2007, que modificó la Ley 16 de mayo 1995, pertinente a la Autoridad Nacional del Deporte.

En la Ley 50 de 2007, el Capítulo V señala lo concerniente al COP, su ámbito de acción y las disposiciones legales que el Estado le confiere. Los artículos 15-F y 15-H señalan que “los estatutos y reglamentos del COP deben ser aprobados por el COI y que este es el único organismo que puede reconocerlo”; y “el COP que tenga el reconocimiento del COI, de conformidad con la Carta Olímpica, es el que tiene derecho al uso del símbolo, bandera, lema e himno olímpico”. De cumplirse con las normas legales, no hay asidero para más problemas, en el COP, en un futuro inmediato.

 

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<> Este artículo se publicó el  14  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Divide y vencerás

La opinión de…

 

Moisés Pinzón Martínez

Todavía no hemos podido percatarnos de que las críticas que se hacen al ex presidente Martín Torrijos van dirigidas a cavar nuestra tumba en 2014.   ¿Y por qué?

El adversario no es tonto, es, por el contrario, muy capaz y experimentado. ¿O se nos olvidó que hace tan sólo 20 años fuimos invadidos, no para resolver nuestros problemas estructurales sino para resolver los de ellos?

Datos: luego de la pérdida electoral el año pasado, a escasos días se levantaron maestros, sirios y troyanos a criticar al gobierno saliente. ¿A quién le podría servir y con qué fin alguien invertía esfuerzos para desprestigiar a Martín Torrijos, que ya no podía hacer nada más?    Y no me vengan a decir que esas manifestaciones eran el producto de las masas disgustadas, ya que no hay que tener ni dos dedos de frente para saber que ya él era un tongo bota’o, y dicho por el difunto Arnulfo Arias: “Tongo bota’o no pone boletas”, fenómeno que no hay nadie en este país que no lo sepa.

Definitivamente que esas manifestaciones estaban siendo incentivadas por los nuevos gobernantes, cuyo objetivo era el que ya hoy todos conocemos: desestabilizar y llevar al Partido Revolucionario Democrático a su mínima expresión. Y entendía que el mencionado dirigente mantenía un liderazgo y un prestigio que ayudaba a impedir dicha tarea;  ni qué decir del 60% de popularidad con que termina su periodo que, por cierto, no es más que el producto de su gestión como buen estadista que por mucho que se ufanen tratando de negarlo “no se puede tapar el sol con la mano”.

Hoy se hace más patente esa realidad, pero por otros motivos.   No tiene nada que ver con su supuesto liderazgo ni popularidad, más sí con una razón sencilla: insisten en querer demostrar que el gobierno del PRD (léalo bien PRD) fue lo que la propaganda (ya cada vez más desgastada) del actual inquilino del Palacio de las Garzas ha venido promulgando una y otra vez desde aquellos aciagos días de campaña.   Y esa realidad hoy es cada vez más importante, ya que no solo este Gobierno está en un atolladero, sino que además no han podido hacer otra cosa que inaugurar las obras que dejamos en ejecución, sumiendo al país en una crisis de institucionalidad.

Pasar a desprestigiar, por incapaz o por sus errores, al ex presidente de la República Martín Torrijos es lo mismo que patentar en la opinión pública que el gobierno del PRD no sirvió; debilitando así, subliminalmente, toda posibilidad de triunfo en 2014.   ¿Será que hay que explicar esto?

De la misma manera en que él, Martín, tanto como el “Toro”, por el alto cargo que ocuparon, inevitablemente manejan determinados niveles de liderazgos. Como consecuencia, todo aquel que levanta la bandera de la intriga, menoscabando la personalidad y los resultados positivos de estos dirigentes, públicamente está inconsciente o conscientemente atentando contra la unidad del partido; camino obligadamente necesario para el posible triunfo electoral venidero.

Señores y señoras, copartidarios, yo no creo en la casualidad ni mucho menos en la inconsciencia política entre altos dirigentes, lo que me lleva a asegurar que cada uno de estos leguleyos sabe exactamente a quién le están haciendo el favor, saben exactamente cómo cobrarlo y no duden que ninguno de nosotros estamos incluidos en el reparto de esos sucios beneficios. La traición no es colectiva siempre es un acto personal; si fuese colectiva dejaría de ser traición.

 

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<> Este artículo se publicó el 20  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/pinzon-martinez-moises/

Irregularidades en el Centro Regional Universitario

La opinión de…


Jorge Luis Macías Fonseca

No hay duda del denodado esfuerzo que las anteriores generaciones de colonenses hicieron para que a la provincia de Colón llegara la educación universitaria.   Larga fue la lucha por la obtención de terrenos y edificios propios hasta que, producto de los tratados Torrijos-Carter, a finales de la década de 1970 se logró un espacio para albergar a la Extensión Universitaria, hoy Centro Regional Universitario de Colón.

Esta unidad académica obtuvo 14.9 hectáreas e instalaciones, entre las que se contaban: gimnasios, cafeterías, un teatro–auditórioum, piscina y varios edificios con salones de clases, incluyendo laboratorios.   Unido a esto, la planta docente que se incorporó y que progresivamente fue creciendo, expresaba todo un ambiente académico de verdadera universidad, al igual que estudiantes comprometidos, un movimiento estudiantil con ideales, un personal administrativo responsable, y una comunidad que entendía el rol que jugaba la universidad regional en Colón.

Pero ¿qué ha sucedido?   De manera acelerada y con pocas posibilidades de reivindicación el CRU de Colón viene asistiendo a un deterioro en todos los órdenes.   Diríamos que el más grave es el de la conciencia.   Se ha esfumado el concepto de universidad como nervio vital del desarrollo social;  estamos de espaldas a las tareas investigativas de naturaleza científica, el ejercicio docente está duramente lastimado, hay poca efectividad en la labor administrativa y un rotundo desconocimiento del funcionamiento normativo de la institución, lo que sitúa en un nivel de retroceso lo que estaba llamado a ser el centro del debate provincial y el instrumento de impulso social.

Desafortunadamente, las posturas anti universitarias (internas y externas) se han hecho presentes y pareciera que han llegado para quedarse. El hurto de bienes materiales se ha convertido en práctica común. Los espacios han sido ocupados para el desarrollo de negocios con poca o ninguna rentabilidad para la institución, el deterioro de las infraestructuras físicas es evidente, la presencia de elementos foráneos con prácticas nocivas en contra del CRUC también es notoria, la vigilancia y seguridad son precarias, los servicios académico–administrativos son altamente cuestionables, la labor académica es realizada a medias, el proceso de matrícula es confuso, hay desvinculación radical con la comunidad, la oferta académica mayormente es tradicional; en sí es una unidad académica que ha optado por el estancamiento más que optar por la academia, ciencia e investigación para coadyuvar con el desarrollo social.

Frente a todo esto, es justo reconocer, los empeños de la administración central de la Universidad de Panamá, que ha dispensado una cantidad importante de recursos económicos y de bienes materiales, sin que se vea el aprovechamiento óptimo de los mismos. En conclusión, urge rehacer el Centro Regional Universitario de Colón.

<> Este artículo se publicó el 28 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Partidos y constituyente

La opinión de….

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Antonio Saldaña

El referente histórico de los partidos políticos de Panamá se puede situar en los programas de los partidos Liberal y Conservador de 1848 y 1849, respectivamente. Partidos, que al decir del doctor Bonifacio Pereira, citado por el jurista Juan Materno Vásquez, “son estos, por así decirlo, los partidos históricos” y existieron en nuestro país desde los tiempos de unión a Colombia.

En general el partido Conservador –según el historiador Andrés Celestino Araúz– era el representante de la clase de los terratenientes, de los dueños de los esclavos, de burócratas civiles y militares, de religiosos, y en menor medida de los comerciantes. Es por ello que los conservadores defendían el statu quo, las políticas fiscales proteccionistas, la educación religiosa y el régimen de esclavitud.

Por el contrario, el Liberal era el partido del cambio, que se proponía transformar el Estado colonial en función de la burguesía emergente. Proyecto que implicaba “modificar la reglamentación particularista y sustituirla por leyes de carácter general, convertir la tierra en mercancía y darle libre circulación; [suplantar] un Estado omnipresente por otro que sin trabas permitiera comerciar, [relevar] los monopolios y dejar que las actividades reglamentadas se movieran al impulso de la libre [competencia]; suprimir las jerarquías ante la ley y poder llamar ciudadano al desigual; [eliminar] el ejército de caudillos y sustituirlo por una milicia de ciudadanos pudientes, liberalizar la enseñanza, es decir, quitar a la Iglesia el privilegio de impartir el saber”.

Estas diferencias ideológicas entre los partidos Liberal y Conservador en el istmo se mantuvieron vigentes, probablemente, hasta la Guerra de los Mil Días, ya que éstos se unieron para apoyar la independencia de 1903. A partir de entonces “no se organizaron como partidos separados y la diferencia más importante entre ellos era formar parte del Gobierno o estar en oposición”. ¡Cualquiera semejanza con los partidos de la actualidad es pura coincidencia!

Hasta 1925, el puesto de presidente de la República y el de otros altos cargos del Gobierno debía contar con el visto bueno del poder estadounidense, a tal punto llegaba la subordinación política de los istmeños, que los funcionarios diplomáticos y de la Zona del Canal actuaban como verdaderos procónsules. Situación que tenía como fundamento jurídico el tratado Hay–Bunau Varilla de 1903 y el ignominioso artículo 136 de la Constitución de 1904.

De manera que desde los umbrales de la República, el caudillismo y la formación de partidos personales fue la tónica. Así surgen en la segunda y tercera década del siglo pasado, verbigracia, los porristas del doctor Belisario Porras y los chiaristas de don Rodolfo Chiari. Al respecto indica el doctor Juan Materno Vásquez que,   “hasta 1932 no existió partido político en Panamá, solo funcionaron grupos políticos organizados en torno a patricios liberales”.

Después de 1932 surge un enjambre de partidos políticos, en su mayoría de carácter oligárquico, con la excepción del Partido Socialista del doctor Demetrio Porras, el Partido Comunista (Partido del Pueblo) y el Partido Demócrata Cristiano fundado a finales de la década de 1950. Los partidos políticos alcanzan personalidad jurídica en las Cartas de 1946 y 1972, respectivamente. Con ocasión del golpe militar de 1968 y por disposición del Decreto de Gabinete No. 58 de 1969, fue suspendida la actividad de los partidos políticos, 10 años después fue dictada la Ley No. 81 de 1978 que estableció las reglas de la formación, funcionamiento y subsistencia de los partidos políticos.

Hace 20 años –después de la invasión militar estadounidense– las colectividades políticas volvieron a florecer, aunque menos que en el pasado demoliberal, sin embargo, como ocurrió con anterioridad, no han sabido jugar su papel de “órganos funcionales de la nación” y mucho menos de ser expresión del pluralismo político e instrumentos fundamentales para la participación política. Hoy, como ayer, los partidos políticos son organismos carentes de ideología que se caracterizan por el liderazgo personal, las agendas ocultas y el clientelismo político.

De modo que la verdadera crisis institucional que vive el país es la miseria de los partidos políticos y, a nuestro juicio, el fortalecimiento de la democracia, entendida “como la forma de Gobierno con la mayor participación posible del pueblo en el Gobierno”, pasa inexorablemente por el tamiz de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, modernizadora e ideologizadora de la institucionalidad política del Estado. ¡Así de sencilla es la cosa!

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Artículo publicado el 13 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

“Que la Virgen nos proteja”, la Procuradora

La opinión del Docente Universitario…..

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Dorindo Jayan Cortez

Ya la Procuradora abandonó su cargo, se le ha sacado. Se concreta la preocupación de diversos sectores sociales, políticos y, últimamente, a la misma iglesia. A través de la Conferencia Episcopal, la jerarquía católica advertía una “peligrosa desestabilización” y solicitaba, de manera urgente, una “política ética que no dependa de los gobernantes”. Organizaciones de la sociedad civil, incluida la desaparecida Cruzada Civilista, se han manifestado decepcionadas con lo que viene ocurriendo ya que todo apunta a que el Estado de derecho en su correcto ejercicio, corre riesgo y, con ello, la débil democracia construida en las dos últimas décadas.

La preocupación fundamental de hoy está referida al debilitamiento del régimen institucional. Uno de los componentes característicos del sistema político, durante las primeras cinco décadas de la República, fueron — precisamente, las constantes y prolongadas crisis institucionales.

La fachada democrática y el Ejecutivo, con los partidos políticos adeptos y la Comandancia de Policía, marcaban el rumbo del quehacer institucional, por encima de toda regulación.

Las distintas administraciones del poder Ejecutivo, de las dos últimas décadas, se cuidaron de irrumpir abiertamente en el ordenamiento legal e institucional. Y si lo hicieron, lo que es indudable, fue de tal manera que no generó las inquietudes generalizadas como actualmente se han venido dando en el país. De hecho, las denuncias de corrupción han sido una constante en cada gobierno. Regresar a ese pasado, no ayuda en nada.

La experiencia militarista, principalmente lo que ocurre en los años de crisis de ese modelo, generó el discurso y el escenario para la apertura democrática. No se puede negar los esfuerzos y los avances logrados, aunque sigue siendo una obra inacabada y con grave deformaciones.

Habría que decir que aún cuando esos esfuerzos se llevan adelante en el periodo pos-invasión, lo que le confería a quienes ostentaban el poder un espacio libre de actuación, aún así, la opción tomada resguardó el ordenamiento jurídico y la estabilidad institucional.

La manera como se abordó el tema militar y policial, las reformas para fortalecer el sistema electoral y judicial, todo ello se enmarcó dentro de una frágil visión institucional que, aun así, ha dado réditos al sistema.

El problema, en el contexto actual, levanta polvorín al ponerse en jaque el avance aludido. La “eliminación” de Panamá del Parlacen, es un ejemplo.   Sobre la base de que era una promesa de campaña sacar a Panamá, se ha desconocido los tratados internacionales y la misma Constitución.

Más adelante, el nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema causó desilusión al no tomarse en cuenta las recomendaciones de la Comisión nombrada para tales efectos.

El caso de la Procuradora y la designación del “Procurador suplente” por el ejecutivo apuntan, a juicio de muchos, a la concentración de los tres poderes y uno solo. Y esto es peligroso; como señaló la Procuradora, al dejar el despacho, “que la Virgen nos proteja” .

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Artículo publicado el  20 de febrero de 2010 en el diario El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Panamá: ¿Una democracia delegativa?

La opinión del Activista de Derechos Humanos……

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VÍCTOR  ATENCIO  G.

Les ocupo con pensamientos motivados por el proceso seguido a la procuradora general de la Nación,   hoy separada, los cuales son de carácter tentativo, prevaleciendo el análisis politológico. No soy defensor oficioso de la procuradora, soy un ciudadano preocupado por la crisis de institucionalidad democrática que pueda darse, por los resultados de ese proceso, por la naturaleza delegativa de nuestra democracia y por los riesgos de un deslizamiento autoritario.

El último aserto adquiere sentido, si defino democracia delegativa (en adelante DDs). Fundamental aporte sobre el tema da Guillermo O”Donnell, politólogo argentino, profesor de la cátedra Helen Kellog de Ciencias Políticas del Instituto Kellog, en la Universidad de Notre Dame; quien dice que las DDs se basan en la premisa de que quien gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como considere apropiado, restringido solo por la realidad de las relaciones de poder existentes y por un período en funciones limitado constitucionalmente.

El presidente es considerado la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses. Las políticas de su gobierno no necesitan guardar semejanza con las promesas de su campaña, ¿o acaso no ha sido autorizado para gobernar como estime conveniente?   Su base política debe ser un movimiento cuya mira es superar los conflictos asociados a los partidos.

Así se sitúa por encima de los partidos políticos y los intereses organizados. De acuerdo con esta visión, otras instituciones —los tribunales de justicia, el poder legislativo— son estorbos que acompañan a las ventajas de ser un presidente democráticamente elegido.

La rendición de cuentas a dichas instituciones sería un obstáculo a la plena autoridad que le ha sido delegada. La DDs es más democrática, pero menos liberal que la democracia representativa. Es fuertemente mayoritaria. Consiste en constituir mediante elecciones limpias una mayoría que faculta a alguien para convertirse, durante un determinado número de años, en la encarnación y el intérprete de los altos intereses de la nación.

En “ situaciones excepcionales ”, como crisis económicas, de seguridad (presentes en “ la crisis ” que vive Panamá, que han sido abanicadas en campaña política, con fines que empiezan a verse); O”Donnell recuerda que en una DDs, los actos del gobierno están al borde de la legalidad, cuando no en su contra, bajo el supuesto de que la excepcionalidad lo amerita.

Debe entenderse la preocupación ciudadana que, desde el inicio de este Gobierno, ha observado actuaciones, comunicados y discursos presidenciales al Parlamento que contradicen las promesas del plan de gobierno en materia de participación ciudadana y otros temas, que pueden enumerarse como sigue:

1) no se va a co-gobernar con la sociedad civil, porque fuimos elegidos por mayoría para mandar, y lo vamos a hacer;

2) no creemos en posturas románticas de resocialización y derechos humanos;

3) disparen a matar a los presos que se fuguen;

4) inversión del principio de presunción de inocencia, y quizás el diseño de políticas de seguridad, bajo la premisa de la profunda corrupción de la sociedad y el carácter delictivo de los familiares de los privados de libertad

5) violación del derecho a la privacidad de las comunicaciones;

6) lo sienten por Naciones Unidas y los derechos humanos en el tema de los “ extracontinentales ”,

7) posposición del sistema acusatorio;

8) el inconvencional toque de queda a los menores;

9) disminución de la edad de imputabilidad penal;

10) vulneración a los derechos de pueblos originarios;

11) reducción de espacios de participación;

12) calificación de la sociedad civil y de sus intereses como “ oscuros, egoístas y contrarios a los intereses de las mayorías ”;

13) contrataciones directas por más de $100 millones por “ razones excepcionales ”;

14) colonización de órganos de accountability horizontal del Estado (Corte, Contraloría, zar anticorrupción etc.), por figuras proclives al Ejecutivo;

15) mensajes a la procuradora respectos de su función;

l6) el proceso que se le sigue, etc., y otras situaciones que podrían engrosar la lista.

Esto evidencia la naturalización de la excepcionalidad en lo político, y el socavamiento de los elementos liberales (la idea de que existen ciertos derechos que ningún tipo de poder, especialmente el estatal, puede invadir) y republicanos (la idea de que el desempeño de funciones públicas es una actividad que exige cuidadosa sujeción a la ley, transparencia, rendición de cuentas a instituciones y ciudadanos, y la entrega devota al servicio del bien público) de la democracia; lo cual puede llevar a deslizamientos autoritarios, si se obvia la exigencia ciudadana de buen gobierno, para hacer primar la visión realista de la Razón de Estado, o de la eficacia de la gobernabilidad, con lo cual se deja la puerta entreabierta a la arbitrariedad.

Aunque creo que las posturas oficialistas se deben en parte a su celo por cumplir las promesas de campaña, debo recordar que el mismo no puede desatender los llamados ciudadanos, que señalan que la Carta Democrática Interamericana dispone que la separación de poderes y el respeto de los derechos humanos son elementos esenciales de la democracia, y que la participación ciudadana la refuerza, fortalece y profundiza.

Sobre el riesgo de deslizamiento autoritario en las DDs, O”Donnell, en reciente artículo publicado en el Diario El Clarín de Argentina (http://www.clarin.com/diario/2010/01/12/opinion/o-02118008.htm), hace un diagnostico que es aplicable a Panamá; invito a su lectura.

Ante el diseño delegativo de la democracia panameña, creado en su momento por los detentadores del poder político, mantenido por sus herederos, y por otros desde diciembre del 89, surge ineludible la preocupación de ciudadanos y movimientos sociales, por refundar nuestra sociedad, sobre los cimientos de una nueva institucionalidad democrática.

Dadas las crisis que el diseño delegativo de nuestra democracia propicia, se colige que el momento de los verdaderos cambios democráticos es ahora, y si no, ¿cuándo?   La respuesta queda en manos del lector, al que en solitario se le llama ciudadano, y en plural recibe el nombre de Pueblo.. verdadero soberano.

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Publicado el 11 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.