El país como chiste

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM ASVAT
easvat@elsiglo.com

El Panamá político es como un experimento de laboratorio. Científicos políticos observan diariamente nuestra capacidad para ser adultos democráticos. Nuestro comportamiento debe ser observado diariamente para medir nuestro progreso. Hace apenas cinco años atrás, a través de unas reformas constitucionales, se eliminó el artículo 33 de la Constitución de 1972 que permitía a las autoridades de mando y jurisdicción imponer penas hasta por 30 días de forma inmediata a quien le faltase el respeto en el desempeño de sus funciones.

La disposición era un ripio jurídico que provenía de la época colonial donde el debido proceso y la limitación de la actuación pública a la ley no eran propios de los funcionarios.   La disposición era una espada de Damocles contra cualquier ciudadano. Como no había un juicio previo para penar o imponer una multa el ciudadano común podía verse sujeto al arbitrio del funcionario con mando y jurisdicción para ser encerrado por un lapso de tiempo en una cárcel. Como buenas especies de laboratorio no contamos con el programa necesario para entender la institucionalidad democrática por mucho que lo intentemos.    Siempre por allí surge alguna mente o grupo idiotizado por el poder que pretende devolvernos las malas prácticas.

Hay por allí un proyecto de ley que pretende penalizar el ultraje o el vilipendio a la figura del Presidente y los funcionarios de elección popular. Que coincidencia que los que piden la penalización por el vilipendio ciudadano son aquellas figuras que gozan de inmunidad política. Tocarlos mediante el sistema judicial es casi una labor imposible.   Al pueblo lo único que se le permite es asolearlos y sin embargo, van en busca de castigar al pueblo por utilizar el único mecanismo de crítica y rechazo a sus actuaciones muchas veces espurias o delictivas.   La mayoría de los funcionarios en este país se merecen lo que se dice de ellos y quizás más.   Aquí en nuestro folklórico país, experimento democrático que nunca materializa, se escogen o se nombran idiotas, maleantes, imbéciles, morones, ególatras, sinvergüenzas, bestias humanas y todo tipo de ser humano atrofiado por la naturaleza, el entorno o decisión propia para puestos de mando y jurisdicción.

Encima esperan que se sienta respeto y admiración por ellos. Lo que ocurre es que por tanto nombrar a estos tipos de retazos humanos se han desprestigiado los cargos públicos.   Hoy no valen mucho.    Le pasa lo mismo que a las Universidades. Valen por la calidad de sus profesores y por selección de sus estudiantes.    No necesitamos leyes que hagan respetar el cargo. Necesitamos hombres y mujeres que respeten los cargos encomendados en el gobierno.

 

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<> Artículo publicado el 11  de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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¿Cuál inmunidad parlamentaria?

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La opinión de…

ANTONIO  SALDAÑA
Analista Político
Por espacio de más de un año, inclusive después del pasado 24 de noviembre -fecha de salida de Panamá del PARLACEN- varios actores políticos por diversos medios de comunicación social han expresado que los diputados de nuestro país en el Parlamento Centroamericano gozaban de inmunidad “absoluta” y, en consecuencia, por ese motivo, no se le podía perseguir penalmente al ex presidente de la República Martín Torrijos Espino antes de dicho término.

Y, decimos que la inmunidad no era absoluta, sino relativa, porque la propia excerta constitucional limitaba el período de inmunidad del legislador a “Cinco días antes del período de cada legislatura, durante ésta y hasta cinco días después, …”

Pero resulta que en razón de la normativa nacional e internacional, desde hace seis años en función de la pauta constitucional y cuatro años de la existencia de la norma legal, esa no es la realidad. Todo este procedimiento constitucional y legal que les daba jurisdicción y competencia al Órgano Legislativo e inmunidad parcial a los legisladores nacionales cambió a partir del acto constitucional de 2004 y de las transformaciones legales ocurridas en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional en el año 2006.

Así tenemos que la jurisdicción y competencia para juzgar a los diputados es transferida de la Asamblea Nacional al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y esta última no requiere de autorización del parlamento para iniciar un proceso, tal como lo señala el artículo 155 de la actual Carta Magna: Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Por otro lado, el Tratado Constitutivo del PARLACEN en los artículos 2 y 27 señalan quiénes son miembros y cuáles son sus prerrogativas e inmunidades, respectivamente. A saber, 20 diputados por cada Estado y el Presidente y Vicepresidente de las repúblicas, una vez concluidos sus mandatos. Y, “en el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los Congresos, Asambleas Legislativas o Asambleas Nacionales”. De tal suerte que los diputados de la Asamblea Nacional, los diputados de Panamá en el PARLACEN, incluyendo el ex Presidente y ex Vicepresidente de la República de Panamá, desde hace mucho tiempo no gozan de inmunidad, ni relativa y mucho menos absoluta. ¡Así de sencilla es la cosa!

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<>Artículo publicado el  4  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Noriega en París, al fin

La opinión de…..

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Betty Brannan Jaén

WASHINGTON, D.C. –En los últimos dos años y medio, muchas veces me pregunté por qué Manuel Antonio Noriega luchaba tan desesperadamente para bloquear su extradición a Francia. Por un lado era obvio, claro, que Noriega había albergado largamente la esperanza de que al ser liberado por los norteamericanos en septiembre de 2007, el gobierno PRD de ese momento buscaría la manera de protegerlo cuando regresara al istmo.

Si, como creo, Noriega se pasó sus 20 años de prisión en Miami confiado en que sería devuelto a Panamá al concluir su condena, aquello de que Francia repentinamente pidiera su extradición le fue una sorpresa muy desagradable, así como le fue una traición muy hiriente que el gobierno de Martín Torrijos le volteara la espalda.

Sin embargo, desde el principio escribí que yo no veía posibilidad alguna de que los abogados norteamericanos de Noriega tendrían éxito con sus apelaciones de la extradición a Francia, mientras que esas apelaciones inútiles le estaban costando tiempo adicional de prisión en Miami al reo. Como cosa de estrategia legal, pensé que él y sus abogados estadounidenses estaban cometiendo un error. Ahora que Noriega está en París, ese error podrá resultar inconsecuente si los tribunales franceses le reconocen los dos años y medio adicionales de prisión en Miami, pero no es seguro que eso ocurra.

Es relevante ahora una entrevista que hice en septiembre de 2007 con el abogado francés de Noriega, Olivier Metzner. (Las informaciones provenientes de París señalan que Metzner y otros dos abogados de su bufete son los que han comparecido ahora ante los tribunales franceses en representación del ex dictador). Aquí repito algunos de los puntos más relevantes de la entrevista:

1. Cuando le pregunté quién le está pagando por defender a Noriega, Metzner respondió: “Eso está cubierto por el secreto profesional”.

2. Cuando observé que a un reo extraditado normalmente no se le concede libertad bajo fianza mientras espera su juicio, Metzner aceptó que hay “no mucha” posibilidad de que se le otorgue libertad provisional a su defendido.

3. Metzner afirmó que sus argumentos –tal como han salido a relucir ahora– serían que los cargos contra Noriega han prescrito y que todo el embrollo es “cosa juzgada” por tratarse de dineros provenientes del mismo narcotráfico por el que Noriega ya purgó su pena.

Metzner no me mencionó nada sobre inmunidad como “jefe de Estado”, por lo que subrayo que el mismo Noriega fue quien alzó la voz para aducir eso cuando lo llevaron ante un juez francés a su llegada a Francia. O sea que en la cabeza de Noriega todavía prima el delirio de haber sido mandatario, aunque ilegítimo, al punto que él piensa que eso lo debe escudar de sus crímenes.

En Miami se le rechazó la inmunidad como “jefe de Estado” por la sencilla razón de que jamás lo fue oficialmente; siempre se escondió tras sus presidentes títere. En París, según leo, ese juez del primer día rechazó la inmunidad diciendo que lo que se acusa son delitos ordinarios que nada tenían que ver con sus funciones como gobernante. Creo que esa postura se mantendrá en los tribunales franceses.

4. Metzner subrayó que Noriega no tuvo defensor cuando fue condenado en ausencia en Francia y mostró optimismo que Noriega sea absuelto después de un juicio nuevo. En todo caso, opinó Metzner, su condena no excedería dos años.

Para concluir, tampoco era nueva la disputa sobre el estatus de Noriega como prisionero de guerra en Francia. En 2007, el embajador francés en Panamá afirmó categóricamente que Noriega sería “un prisionero de derecho común” en París, afirmación que causó revuelo en los tribunales de Miami, aunque los fiscales estadounidenses adujeron que los franceses habían prometido reconocerle “las protecciones” del Convenio de Ginebra. El viernes, un juez parisino rectificó la negación inicial de estas protecciones a Noriega, reconociéndole su estatus como prisionero de guerra.

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Este artículo se publicó el 9 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

La muerte de ′Pepín′ y la agonía del PRD

La opinión de….

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RAMIRO VÁSQUEZ CH.

Recuerdo como si fuera hoy aquella expresión de Rómulo Escobar Bethancourt cuando asumimos los cargos a la máxima dirección del PRD, por los años de 1986: “¡Caín, Caín, que has hecho de tu hermano!”, refiriéndose a la despiadada lucha intestina que amenazaba sepultar al partido surgido del proyecto Torrijista.   Estuve acompañando a mi camarada de lucha de toda la vida, Pedro Pereira, en la ceremonia del último adiós de su único hijo varón “Pepín”.  Un joven profesionista de 33 años, quien murió ahogado el viernes 19 del mes en curso, durante su luna de miel.

Sobre sus frescas cenizas desfilaron cientos, de cientos, de hombres y mujeres de todas las edades.  Jóvenes dolientes, compañeros de la generación de “ Pepín ” y de Adriana Ivonne, su esposa, también viejos veteranos de aquellos hermosos años de lucha y de sacrificio por un proyecto de vida al cual nos entregamos sin condición alguna. Conocí a Pedro —el padre— en el Congreso de la Federación de Estudiantes de Panamá, luego de los sucesos del 9 de Enero de 1964.   Desde aquel día nos unió una profunda amistad solo conocida por aquellos que, como diría Andrión A La Barca, se hermanan subiendo montañas.   En fin, el dolor unió, sin distingos de banderías políticas, a quienes queríamos expresar la solidaridad ante una absurda tragedia. Pero ese día se expresó una situación que no puedo callar y que no podré olvidar. Los dirigentes del partido que él ayudó a fundar, del mismo Partido que luego de la invasión se echó encima para rescatarlo de las cenizas, que fue uno de los primeros en abrir sus puertas, en su condición de miembro del CEN, para demostrar que el PRD no había muerto, no asistieron. En su lugar enviaron un lacónico papel firmado por uno de sus subsecretarios en que lamentaban el deceso.

Para mí esa acción no es una simple ofensa hacia un dirigente que decidió aceptar la oferta del Gobierno de Martinelli para ser el embajador de Panamá ante la República Socialista de Venezuela.

Para mí es la revelación de una condición humana más allá de las diferencias políticas circunstanciales. No sé sí Pedro es un adversario de la dirección del partido o un enemigo del mismo.  Sí sé que luego de la invasión, jamás se le hizo un reconocimiento y, por el contrario, fue marginado y bloqueado en sus derechos ganados y obtenidos en mil y una batallas en favor de una sociedad más justa. Es uno de los tantos desheredados políticos, mil veces corrido, mil veces humillado, por diferir del camino que tomó su partido y cuyo resultado estamos padeciendo en el día de hoy.

Claro, el mundo ha cambiado mucho y con él los valores y principios que guían la conducta humana. La misma incapacidad para absorber esos cambios ha convertido a muchos dirigentes en seres intolerantes, mezquinos y egoístas.

Si esa es la actitud por la posición adoptada por Pedro —que podríamos no compartir— entonces, que sea igual para quienes ya negociaron la protección de sus intereses malhabidos y entregaron a compañeros como un lastre en su precipitada búsqueda de inmunidad.


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Este artículo se publicó  el  30 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La inmunidad

La opinión de….

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Samuel Lewis Galindo

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La inmunidad

Últimamente, por diversas razones, principalmente por investigaciones periodísticas, está en el debate de la opinión pública el tema de la inmunidad. Parece que ese privilegio cubre, en este país, a prácticamente a todos los funcionarios públicos, los diputados, incluyendo los del Parlacen; los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral; los dirigentes políticos (las cúpulas); los candidatos a puestos de elecciones y algunos otros que escapan a mi memoria, disfrutan de la inmunidad que ha protegido en más de una forma los delitos que se cometen.

La inmunidad, está plasmada en nuestras legislaciones de manera que acogerse a ella es un derecho. Existen casos en que esta inmunidad ha servido para que queden impunes muchos delitos. La inmunidad en la historia de la humanidad tuvo sus orígenes cuando ese privilegio fue concedido a los templos e iglesias que amparaban a delincuentes. En Panamá, desde los inicios de la república, se les concedió inmunidad a los diputados para que no fueran objeto de persecuciones políticas en sus intervenciones. Con los años la misma fue ampliándose hasta el punto en que hoy cubre a casi a todo el mundo. Los países de primer mundo han abolido toda clase de inmunidades. Los ciudadanos todos, sin excepciones, son amparados por las leyes, pero deben cumplir estas y los violadores a las mismas no quedan en la impunidad.

Veamos el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, país en el cual con mucha frecuencia nos miramos: muchos senadores, gobernadores, alcaldes, vicepresidentes y aún presidentes han perdido su cargo por ser violadores de la ley; varios inclusive, han ido a parar a la cárcel. La constitución de EE.UU. es muy amplia en cuanto a derechos y deberes del ciudadano y nadie se siente, por más alto que sea su posición, por encima de la ley.

En Panamá desafortunadamente, vuelvo a reiterar, la inmunidad es sinónimo de impunidad. Ella ha permitido que se dilate, si es que se da, cualquier proceso y que delincuentes cometan sus actos violando las leyes de la república, sin recibir ningún castigo. Existen abogados que usan los argumentos de falta de jurisdicción para beneficiar a sus clientes ganando tiempo y al final de cuentas que los delitos por los cuales son acusados prescriben o duerman el sueño eterno en una gaveta de un funcionario. Nadie debe tener inmunidad en Panamá constitucionalmente todos los ciudadanos somos iguales.

Ningún delincuente que cuente con dinero y un par de buenos abogados ha pagado jamás por sus fechorías. Casi siempre encuentran en la inmunidad un paraguas bajo el cual cobijarse.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.