Interferencias o políticas al desnudo

La opinión del Jurista…

Ramiro Guerra Morales 

En la teoría política moderna o si quiere en el moderno estado de derecho, siempre se ha tenido al parlamento, Órgano Legislativo, como el representativo y vehículo de la voluntad soberana, en tanto que, en lenguaje formal, expresa virtualmente todo el espectro nacional. En ese sentido, como Órgano de representación soberana, se debe entender que como hacedor de las leyes, lo hace en función del interés general de toda la sociedad. En consecuencia, desde el punto de vista de la función legislativa y política, se debe entender que las leyes que emanen del cuerpo legislativo, no pueden interpretarse o tenerse como interferentes en lo que toca a las funciones de otros Órganos, como el Ejecutivo y el Judicial.

 

El marco teórico y conceptual, muy a pesar de que estamos de acuerdo con la Sala Quinta, que no nos parece desde el punto de vista de una lógica y doctrina constitucional interpretar o traer como argumento, para sostener la inconstitucionalidad de la ley que derogó la ley que creó esta nueva jurisdicción, que la Asamblea, puede crear nuevas Salas en la Corte Suprema de Justicia, pero que no puede derogarla. Se trata de un argumento parecido al que sostiene que no se puede declarar al margen de la ley y la constitución, actos de gobiernos que son propios de la administración.

Hay que tener cuidado con estas interpretaciones, sobre todo cuando no faltan criterios doctrinales que apuntan hacia entregarle una cuota de función legislativa al Órgano Judicial, cuya función. sencillamente es decisoria y no legislar.

Por otro lado, nuestro sistema de hermenéutica, en su artículo 37, Código Civil, es claro, que una ley derogada , sobre cobra vida si otra ley la trae al mundo de la eficacia jurídica. Comparto la opinión de destacados juristas del país, que señalan que la Corte Suprema de Justicia no tiene el poder de devolverle la existencia jurídica a una ley derogada por el Órgano Legislativo (Asamblea Nacional). De acuerdo con esta regla de hermenéutica, claro que se produce el fenómeno de la interferencia, pero del Órgano Judicial en esta materia que es propia de la Asamblea Nacional.

Si el fallo de marras, que señala que la Asamblea Nacional no puede derogar una  Ley que crea una Sala, estuvo motivado por el temor que en el futuro se plantee, mediante una ley, alterar la Salas actuales, el mismo sería infundado, en tanto que se pudiera sostener la vigencia de la misma sobre la base de la costumbre constitucional; pero aún así, no perdamos de vista que estamos, desde el punto de vista de la norma suprema , ante un Órgano, que representa la voluntad soberana, por delegación del poder constituyente.

<>Artículo publicado el  3 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

2011: ¿Qué nos espera?

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La opinión del Presidente del PARLACEN…

Dorindo Jayan Cortez 

jayan2258@gmail.com

Para la democracia panameña el año viejo deja un “mal sabor”. El debilitamiento institucional del Estado de Derecho no es ajeno al modelo de administración huérfano de vocación democrática. Las consecuencias, tarde o temprano, irán en desmedro de la “imagen de Panamá” y de las condiciones propicias para fortalecer el crecimiento económico. Panamá tiene, si se compara con los países vecinos, un ritmo positivo de las actividades económicas.

Esa estabilidad y patrón de crecimiento –aunque con poco desarrollo social, no surge como generación espontánea en los últimos dieciocho meses. El lustro anterior, así como los años de mediado de los noventa, crearon el ritmo económico favorable para las finanzas públicas y el grado positivo de inversiones. Esa condición, de tener una economía que se sobrepone a las constantes crisis por la que atraviesan muchos países de la región, es la que se pone en riesgo con la flaqueza institucional por la que transita el país. Esto, desde luego, va en detrimento de los miles de panameños en condiciones deplorable de vida.

¿Cuál fue el panorama del año viejo? Con la donación de Taiwán para la compra del avión presidencial se inauguran las quejas de importantes sectores que reclaman transparencia en la actuación gubernamental; luego fue el maltrato a la libertad de expresión, tan básica y esencial para las democracias; de seguido, el manejo que se le dio al nombramiento de la Contralora generó duros cuestionamientos por su vinculación (ex empleada de la Cadena Super 99), con el Presidente; igual ocurrió con la escogencia de los Magistrados de la Corte Suprema. En este caso particular, la sociedad civil, a través de la Comisión que recomendaría a los candidatos, se sintió engañada al desconocerse el trabajo para la cual la había designado el mismo Ejecutivo; habría que sumar, la salida de la Procurada General –por no seguir, según denuncia de la misma afectada, la agenda política del Ejecutivo; y que pensar de la crisis generada en el Ministerio Público y remoción del Procurador Suplente. Para colmo, los cables diplomáticos de Wikileaks, informan otra novedad referente al pedido del Presidente a la Embajada de los Estados Unidos para escuchas telefónicas de los opositores políticos. En fin, inestabilidad sin receso.

Esos sobresaltos en nada ayudaron al país. Fueron tantas las promesas que, en verdad, se creyó posible un Panamá orientado por caminos seguros para el desarrollo. Hoy, en la puerta de entrada del nuevo año, se respira decepción. La población creyó en el cambio verdadero que, para el común de la gente, significa “mejor calidad de vida”, salud igual para todos, programas de viviendas accesibles para los pobres y sectores medios; caminos de penetración para los productores. Ya es claro que el Panamá prometido en campaña dista mucho del Panamá que vivimos en el 2010. ¿Qué ocurrirá en el nuevo año? ¿Seguirán los cantos de sirena dominando el escenario nacional? ¿Se repetirá en el 2011 aquello de “el pueblo al poder“? ¿No es acaso criminal, jugar con el poder mientras que una sociedad entera es golpeada por la naturaleza? El tiempo dará las respuestas.

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<>Artículo publicado el 31  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los vaivenes de una democracia insuficiente o pendular

La opinión del Jurista…

 

Ramiro Guerra Morales 

 

Aunque parezca una verdad de perogrullo, no nos cansaremos de señalar que la vida en sociedad es más que la economía.  El ser humano, no solo necesita alimentarse, trabajar, procrear, creer, respirar, sino vivir en libertad, poder escribir y decir lo que piensa, sin temor a represalias; a acceder, sin mediaciones perversas a la justicia y tutela de sus derechos fundamentales e existenciales.

La realidad nacional viene dando cuenta de un crecimiento económico importante y pujante, muy superior, cuando lo comparamos con otros países de Latinoamérica, que según algunos analista se mantendrá durante todo este año. Al margen de algunas variables objetivas que inciden en este crecimiento, justo reconocer, así como también se hizo con la administración pasada, el papel que viene jugando la gestión de los que hoy dirigen el estado.   Sin embargo, en el mundo de la democracia y la institucionalidad existe una especie de gatopardismo, que revela el carácter pendular de un ir y venir de una democracia que se nos presenta insuficiente y un sistema institucional que enfrenta serios desgaste, cuyo agravamiento pudiera producir un efecto de retorno negativo en la zona de la economía, no deseable para ningún panameño.   Está demostrado que una crisis en estas zonas de la superestructuras, afectan relaciones que rebasan el marco estatal y de país.

Hace algunas décadas, el estado de Cuba hizo un aporte importante a la ciencia política, al deslindar los campos de la acción partidaria y del estado.   Los parámetros con se administra relaciones partidarias,   no son los mismos con se administra el estado.

El partido es una cosa y el estado otra.   Cuando el partido o la relación partidaria se sobrepone sobre las relaciones del estado, este pierde la necesaria autonomía que requiere para actuar como el referente del todo social y este tipo de correspondencia, partidos–estado. si no se administra correctamente, puede dar lugar a los que Gransci, denominaba formas de ejercicio bastarda del poder.

En este contexto de una democracia e institucionalidad, por un lado deficiente, y por el otro, gastada, puedo entender la necesidad de trabajar hacia nuevos correlatos constitucionales que perfeccionen nuestra vida en democracia y remocen nuestro Estado de derecho, en la perspectiva de una institucionalidad al servicio del pueblo y los ciudadanos. Si lo anterior no es el norte a la cual deben apuntar las reformas constitucionales, sencillamente, es otra pose de gatopardismo, que tanto daño ha causado a nuestra región latinoamericana.

En consecuencia, si estamos frente a la creación de una Corte Constitucional, la elección del Procurador por elección popular, cambios en el procedimiento para elegir Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, mayor poder a la Defensoría del Pueblo, Ampliación de la democracia electoral, entre otros temas, entonces estaremos cambiando de verdad para avanzar en democracia e institucionalidad.

<>Artículo publicado el  10  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El efecto mariposa

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM ASVAT
easvat@elsiglo.com

Hay una metáfora con el nombre de este título para describir como un pequeño cambio que parece insignificativo en un sistema complejo puede producir efectos inesperados en otro lugar.

Quien se hubiera podido imaginar que un soldado norteamericano acantonado en Irak tuviese desde su computadora acceso a material clasificado tanto del Departamento de Estado como del Departamento de Defensa.

Que este joven de 23 años haya podido descargar en un disco más de 250,000 documentos sin que levantara una señal de alerta.   Que esta información luego terminara en manos de cinco diarios importantes y que en el camino estremeciera la opinión pública panameña y obligara al gobierno de Ricardo Martinelli en Panamá a ripostar y asumir una actitud defensiva.

Cuando el gobierno pretendía controlar todas las variables de los factores de poder real dentro de Panamá y promover una imagen internacional de negocios una variable insignificante, que pasaría desapercibida, logra producir efectos que neutraliza una estrategia política.

Ni la destitución de Ana Matilde Gomez, ni el escándalo del Ministerio Público, las lluvias torrenciales, o la intimidación a los medios de comunicación le ha producido más daño local e internacional al gobierno nacional que unos informes publicados por wikileaks ilegalmente entregados por un soldado norteamericano de nula jerarquía.

Es por ello que aquellos que se ufanan en querer controlar todas las variables para perpetuarse en el poder o pretender inmunizarse contra los pesos y contrapesos que representan los demás órganos del Estado o amedrentando a los periodistas se han dado cuenta que los tiros le pueden salir por los lugares menos esperados.

En materia climática se dice que el aleteo de una mariposa puede generar graves perturbaciones climatológicas. Es ese complejo sistema que llamamos democracia, unido a la tecnología de la información, la integración de las economías y la necesidad de relacionarnos entre Estados lo que impide a los gobernantes ejercer una especie de control autárquico sobre la verdad diseminada.

Hasta el día de ayer 372 diferentes medios periodísticos habían diseminado la noticia publicada por el New York Times sobre la DEA, la Embajadora Stephenson y las actitudes del Presidente panameño.

Millones de dólares en publicidad y promoción de Panamá se esfumaron por el mal manejo de una relación de cooperación y las ínfulas de mandamás y acosador del Estado de derecho.

Espero que hayan aprendido la lección. Les deseo a todos mis lectores un feliz año nuevo y un profundo agradecimiento por poder transmitirles mis opiniones a ustedes. Dios los bendiga a todos.

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<> Artículo publicado el 31  de diciembre  de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Las ínfulas de poder y una forma de gobernarn tosca, ruda y grosera

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM ASVAT
easvat@elsiglo.com

Los informes confidenciales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que poco ha poco están revelando diversos diarios del mundo (entre ellos El País de España), nos está dando luces de la opinión que tienen los Estados Unidos del gobierno de Ricardo Martinelli.

La percepción parece ser similar a la que hemos estado divulgando a través de estas columnas. Un estilo de gobierno crudo, sin refinamientos, sin importar el estado de derecho y con un marcado interés por aplastar a los adversarios políticos.

Todo esto sale a flote con el reciente cable que la ex embajadora de los Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson, envió al Departamento de Estado sobre el interés del gobierno nacional por interceptar llamadas telefónicas de los ciudadanos panameños y exigir bajo amenazas que se le proveyera de los equipos necesarios.

Las consecuencias de no ser así, reducir la cooperación con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Esta noticia ha recorrido el mundo y, a la vez expresa una opinión de importancia para los tomadores de decisión en el mundo político y financiero.

También para los analistas del riesgo político panameño. Si existe un gobernante que no cree o cree poder obviar el Estado de Derecho, desconoce el principio de gobierno sobre la separación de los poderes, destituye a funcionarios con estabilidad constitucional, tiene un marcado interés por aplastar a sus adversarios políticos, se jacta de torcer brazos a empresarios para sacarle más dinero y prefiere gobernar con súbditos leales que ciudadanos competentes; todo eso, es un peligroso indicativo de un creciente riesgo político en el país.

Se equivocan los que creen que por ser de Derecha o pro-americano se puede torcer la institucionalidad democrática de un país o contar con el continuo apoyo de los Estados Unidos de América.

La política americana de la década de los 80, del siglo pasado, no es la de hoy. Las presunciones simplistas o binarias no se adecuan a la realidad global de hoy. El camino se puede enderezar, lo difícil es que las estructuras mentales cambien.

La intimidación y el chantaje, no son herramientas políticas de los estadistas. Podrán haber funcionado en los negocios pero difícilmente en el mundo político sin producir, de acuerdo a su intensidad, quiebres en la institucionalidad democrática.

Un ejemplo de ello, es lo que ocurre en el Ministerio Público y casi apuesto que igual suerte correrán muchos de sus grandiosos proyectos.  Las ínfulas para que se le reconozca quien manda en un país solo lo tienen los que guardan una extrema inseguridad de si mismos.

 

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<> Artículo publicado el 28 de diciembre  de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

 

‘Quo vadis, iustitia’

 

La opinión de…

 

Ramón Morales Quijano

Hace poco menos de dos años pensé hacer un análisis crítico de la total desnaturalización del Órgano Judicial y del Ministerio Público, pero cedí el paso a la infusión de optimismo que me dispensó el futuro gobierno del cambio. Ahora, habiéndose hecha patente la continuada destrucción del sistema judicial y en vista de los últimos escándalos en la Procuraduría General de la Nación y en la Procuraduría de la Administración, considero imperativa la intervención de la ciudadanía entera.

Si una alta funcionaria del Ministerio Público involucrada en la liberación ilegal de cuatro narcotraficantes califica la institución como una cloaca, y el Procurador encargado revela que desde hace dos meses su despacho manejaba la información sobre el plan para liberarlos (La Prensa 21/12/2010), ¿qué más queda por descubrir?

Es tal el envilecimiento de la administración de justicia, que bien se puede decir que los magistrados y jueces están administrando la injusticia. Lo que la mayoría de los magistrados, fiscales y jueces le están dosificando a los ciudadanos son acciones grotescas y monstruosas, modeladas por el soborno y los intereses políticos, y los ciudadanos tenemos la obligación de pararlas si queremos la supervivencia de nuestras instituciones fundamentales. Los criticables fallos que se suceden en la Corte Suprema, en las procuradurías y en casi todos los tribunales “de justicia” han desnaturalizado la función del sistema judicial, dejándonos a todos en absoluta indefensión.

¿Cómo salir de la gravísima situación de conflicto existente entre las metas políticas que fomentan la corrupción y los valores de la estructura constitucional y judicial del país? Estamos, como en tiempos de la tiranía militar, entre mercenarios institucionales pervertidores de la Ley, violadores de los derechos humanos y cercenadores de las libertades públicas.

La Constitución y las leyes han sido contaminadas por magistrados, procuradores, fiscales, jueces y funcionarios pusilánimes o corruptos; son incontables los que han demostrado no tener marcas ni de distinción ni de dignidad. Y lo más grave es admitir que ellos sobreviven y lucran gracias a una ciudadanía despreocupada y conformista, y a los poderosos políticos que se aprovechan de la situación. Es inconcebible y degradante moralmente que continuemos viviendo indefinidamente sin extirpar este cáncer que ha corroído las fundaciones mismas de nuestra nación.

El problema tiene que ser atacado en sus fuentes, para rescatar al Órgano Judicial y al Ministerio Público de las garras de los individuos de baja calidad profesional, de dudosa reputación y comprometidos políticamente; y para también eliminar las manipulaciones y válvulas de escape procesales que les han servido de escudo para incumplir sus obligaciones.

Aún queda la frágil esperanza de que en nuestro medio surja pronto un movimiento que, haciendo gala de nuestros anhelos de democracia, justicia y libertad, se rebele contra la corriente que pretende hacernos perder la memoria y el sentido histórico de la nación. Queremos un verdadero estado de derecho; y más vale que los correctivos se den ya, antes de que sean fuerzas explosivas las que decidan el destino final de todo el sistema. Esto sería, más que lamentable, trágico.

 

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<> Este artículo se publicó el  28  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Gobernantes, gobernados y gobernabilidad (I)

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La opinión del Abogado, Político independiente…

Juan Manuel Castulovich

Los dos primeros términos no requieren ser definidos, aunque sí de algunas consideraciones y juicios valorativos para que todos podamos entendernos y, sobre todo, comportarnos de acuerdo a los derechos y las responsabilidades que nos corresponden. La gobernabilidad, en cambio, por ser mal interpretada por muchos, demanda de algunas precisiones y de mejor entendimiento, especialmente de quienes tienen la responsabilidad primaria de contribuir a que exista, y de garantizarla.

Por “Estado de Derecho”, universalmente se entiende que es aquél donde la Constitución y la Ley son el obligado marco de referencia para la conducta de todos, gobernantes y gobernados, o sea, aquél donde nadie está por encima de ellas y a todos se nos aplica por igual. El “Estado de Derecho” y la gobernabilidad están vinculados, de manera indisoluble. La gobernabilidad sólo puede existir en un “Estado de Derecho”.

El principal elemento del Estado es la población, el pueblo, única y legítima fuente del poder. Así lo reconoce y ratifica el Artículo 2 de la Constitución: “El poder público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado (entiéndase las instituciones que lo gobiernan) conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órgano Legislativos, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.”

La repartición del poder público en los tres órganos tradicionales supone que éstos deben actuar separadamente y cumplir funciones específicas y definidas: al Órgano Legislativo corresponde dictar las leyes o reformarlas; al Órgano Ejecutivo dirigir la Administración Pública, cumpliendo estrictamente con la Constitución y la Ley; y al Órgano Judicial administrar Justicia, interpretando y aplicando la Constitución y las leyes. El funcionamiento autónomo de cada uno de esos tres órganos básicos es la primera condición para que exista el “Estado de Derecho”, que supone que cada uno respeta y no se entromete en las competencias de los otros dos.

Los Órganos Legislativo y Ejecutivo (entiéndase el presidente) derivan su legitimidad y representación directamente del pueblo, pues ambos son producto directo de la voluntad popular que los elige; pero ese no es el caso del Órgano Judicial que se integra por la decisión concurrente del Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo (los magistrados son nombrado por acuerdo del Gabinete y ratificados por la Asamblea). Esta fórmula, puede comprometer gravemente la independencia del Órgano Judicial, si quienes detentan el control del Ejecutivo, principalmente de éste, y del Legislativo no resisten, como de hecho ha ocurrido en numerosas ocasiones, la tentación de favorecer a amigos o aliados políticos.

Aunque tradicionalmente se considera que son tres los órganos del Estado, también deben considerarse como tales a los tribunales electorales, la Contraloría General y el Ministerio Público. Estas instituciones son, o deben ser, absolutamente autónomas e independientes de los otros tres poderes. Pero las tres, al igual que el Órgano Judicial, se conforman de manera indirecta. Sus titulares son escogidos por la Asamblea, caso de la Contraloría o por la concurrencia de dos o de los tres órganos tradicionales, como sucede con las Procuradurías General y de la Administración y con el Tribunal Electoral.

 

(La segunda parte, el próximo martes).

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<>Artículo publicado el  28  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.