Segunda vuelta electoral

La opinión de…

 

Dorindo Jayan Cortez

Al margen de los fraudes, las elecciones presidenciales en Panamá han estado normadas a través de un sistema electoral en el que el candidato con más votos (sin importar el margen) es declarado ganador. Con la reforma constitucional se pretende cambiar el modelo vigente, incluyendo la segunda vuelta; en esta, el candidato con mayor número de votos es proclamado, en la primera ronda, siempre que obtenga mayoría absoluta de los votos, o la mayoría relativa calificada, según lo que se establezca. Si ninguno de los postulados obtiene el porcentaje exigido, se realiza una “segunda vuelta” entre los dos candidatos con mayor número de votos, resultando triunfador el más votado.

Este mecanismo, en América, lo inauguran Costa Rica y Ecuador en 1979. En las dos décadas siguientes se incorporan Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. ¿Cuáles podrían ser los beneficios de la segunda vuelta? Las respuestas pueden ser diversas, según los intereses de quienes la juzguen. La visión general enfatiza el interés de fortalecer la legitimidad del sistema presidencialista y que el mandato del presidente goce del respaldo mayoritario que facilite la gobernabilidad. Son muchos los estudios, y los ejemplos, que no validan ni respaldan esta teoría; la contradicen, más bien.

En cuanto a Panamá, resultan preocupantes los perjuicios (los beneficios no los vemos). Como aspecto negativo, el nuevo modelo haría más onerosas las elecciones presidenciales provocando un saldo negativo para las finanzas públicas. No obviamos, además, la posibilidad de que la segunda vuelta responda a fines particulares de las fuerzas políticas, más que al interés general de la sociedad. Se trata, desde esta óptica, de un cambio funcional dentro de la estrategia electoral de uno de los sectores que ejerce el poder, a fin de potenciar el control político a través de una fórmula (integración de alianzas, superada la primera vuelta) con resultado conveniente en lo coyuntural. No es extraño, desde esta óptica, que se hable, ver ministra de Trabajo, miembro del CD [Cambio Democrático], de un 60%, lo que llevaría indudablemente a la segunda ronda (La Prensa, 10/1/2011). Porcentaje exagerado que supera a todos los países donde se practica este modelo.

Las recientes declaraciones de la ex presidenta Moscoso, en el sentido de que los panameñistas ignoran el acuerdo entre Martinelli y Varela (habla de acuerdo entre ellos), y las dudas respecto al triunfo de Varela en las primarias y del cumplimiento –la ex presidenta se hace esta interrogante- de lo acordado por parte del Presidente, dan razonamiento político a lo que pareciera una obra muy bien imaginada para que CD –al ser otro el candidato y no Varela, concurra con un candidato propio para fijar alianza en la segunda vuelta, ahora sin un candidato panameñista de por medio. “Mal le paga el diablo, a quien le sirve”, reza el adagio salvadoreño. Y los adagios, muchas veces, cobran vida.

Es ahí, de repente, donde está el interés porque de que la “segunda vuelta” garantice, per se, legitimidad y gobernabilidad, no lo creemos. Que haga más efectivo el mandato presidencial, tampoco. El ejercicio del poder con tales rasgos no depende, en nada, de las consideraciones con las que se le justifica. Una forma de elección puede ser tan legítima y eficaz en uno u otro modelo de elección. Y puede ser tan nefasta con una o con dos vueltas.

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Este artículo se publicó el 23  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Autodescalificación presidencial

La opinión de…

 

Roberto Arosemena Jaén

Históricamente, somos un estado presidencialista.   Es un invento estadounidense con más de 234 años de efectividad. Ese invento expresa el dicto aristotélico “que mande uno”.   Es la conclusión de su metafísica, o el esfuerzo enorme de explicarse el funcionamiento del mundo como algo ordenado y no caótico.

No obstante, en Panamá el presidencialismo está en crisis.   Es algo caótico. Todo lo caótico produce una crisis humana. Toda crisis se resuelve cuando la causa perturbadora desaparece. La crisis de la crisis de gobernabilidad es que todos saben que la causa debe desaparecer, pero nadie sabe ni cuándo ni cómo.

El presidencialismo panameño se ha descalificado intempestivamente desde que el gobierno del Cambio ganó las elecciones.   El jefe del Cambio ha sabido hacer suyo lo que establece la Constitución.   “El presidente de la República es responsable por sí mismo del “orden público”, del “nombramiento de los ministros” y de la “coordinación de la administración pública”.   Si los servicios públicos están deteriorándose el único responsable es el señor Presidente de la República.

Recientemente, Ricardo Martinelli ha ratificado que él es el que manda y seguirá mandando: “hasta junio del 2014. La soga de la crisis, el mismo se la ha colocado en el cuello.

No hay, fuera de Ricardo Martinelli, ningún causante de la crisis. Es decir que un esquema que se diseñó para el buen gobierno, tanto al nivel pragmático de Estados Unidos como al nivel filosófico de los clásicos griegos, hoy expresa la deriva de servicios públicos ingobernables y deteriorados.   Si la Presidencia no funciona en un régimen presidencialista, la nación se paraliza y la autodesestabilización crece exponencialmente.

Esta situación de crisis la ha denunciado con valentía cierto sector de la sociedad civil. La diferencia entre la denuncia de que el señor Martinelli se está haciendo dueño del aparato del Estado y de los Órganos del Estado y mi denuncia del fracaso del sistema presidencialista en Panamá es que la sociedad civil piensa que el problema es el “estilo autoritario” –Mauro Zúñiga lo califica de “fascista”, mientras que este artículo afirma que el problema es el presidencialismo.

El porrismo y el chiarismo, Torrijos-Noriega, Pérez Balladares y ahora, Ricardo Martinelli Berrocal manifiestan la perversión del presidencialismo panameño. Tanto la Constitución liberal como la actual torrijista reformada hacen de los poderes públicos “marionetas del poder ejecutivo”.   Se puede decir que nada ha hecho Martinelli que antes no hizo Porras o Pérez Balladares.   Ni el Ministerio Público ni la Corte Suprema de Justicia ni los diputados ni el presupuesto nacional han sido tan supeditados a Martinelli como lo fueron en los días de Porras y Pérez Balladares.

Somos un estado sometido al presidencialismo que se hace sentir caóticamente cuando nos toca un presidente fuerte o una fuerza pública presidencialista.   La ciudadanía es débil porque no existe un aparato estatal en manos de servidores públicos de carrera con capacidad e idoneidad moral e intelectual ni partidos políticos coherentes y fieles a unos determinados principios.

Tampoco existe una sociedad civil con una empresa privada nacional interesada en el funcionamiento democrático del Estado.   Por el contrario, el sector privado transnacional se complace en regalías, tráfico de influencia y lucha para no ser fiscalizada ni rendir cuenta de las inversiones megamillonarias que se le encomiendan. Tampoco se tienen gremios y sindicatos autosuficientes frente al Gobierno y a los empleadores. No se genera conocimiento desde las universidades ni se proporciona a la sociedad ni al estado profesionales decentes, revestidos de ciencia, creatividad y sentido ético y cívico.

Frente a estas carencias políticas y culturales la crisis del presidencialismo es un pretexto de quítate tú porque vengo yo. Las expectativas ciudadanas se precipitan en la indiferencia, el oportunismo y en la espera mágica de que las presiones de Estados Unidos y la Banca Mundial se harán sentir poco a poco. Además, aparece el fantasma y la ilusión del caudillo por venir.

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Este artículo se publicó el 22  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Las reformas constitucionales para la loco manía

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM   ASVAT
easvat@elsiglo.com

Lo bueno de este gobierno más de ingenuos que de locos (por respeto no utilizo otra palabra) es que siempre me da temas para escribir.

Luego de los informes norteamericanos que confirman que este gobierno pincha teléfonos y tiene una obsesión por conocer la vida de los ciudadanos su estrategia de esquivo es volver a tocar el tema de las reformas constitucionales.

Lo cómico de esta propuesta gubernamental es que cada cuatro meses los temas que deben reformarse son distintos. Todo lo cual me indica que ni siquiera están claro por qué desean reformar la constitución nacional.

Podemos imaginarnos el interés por permitir la reelección presidencial. El interés en este caso no es nacional sino personal del mandatario. Poner el tema a la discusión pública es medir la viabilidad para prolongar el mandato.

Han transcurrido apenas 18 meses de gobierno y ya lo consideran tan bueno como para repetir. No han medido las consecuencias del rompimiento de la alianza de gobierno y la gobernabilidad del país si proponen algo como eso violando las promesas partidarias. Así es este gobierno, incapaz de medir sus consecuencias porque todo es voluntad y acción y nada es Razón y Estado de Derecho.

Sumado al tema de la reelección proponen ligeramente variar la elección de los diputados para que sean nacionales y no circuitales. Como si la enfermedad está en la manta.

Me permito sugerirle que lo consulten primero con los diputados existentes y saber si ellos también están de acuerdo con la propuesta. Una reforma constitucional en las circunstancias actuales no le va a resolver ningún problema al país.

Una revisión integral de la constitución mediante una asamblea constituyente sería otra cosa. Para ello hay mucha carencia. El Gobierno cuenta con pocas mentes talentosas para realizar un ejercicio de esa magnitud.

Solo con la propuesta de elevar a rango constitucional el programa 100 para los 70 y la beca universal me demuestra la pobreza intelectual de los agitadores.

La extradición de panameños solo le podría quitar el sueño a un panameño que ya fue absuelto frente a tribunales nacionales. Sería una pesadilla para muchos notables ciudadanos si se ampliara la extradición para que incluyera el lavado de activos del narcotráfico y corrupción. Estoy seguro que el alcance no va dirigido a ellos.

Una nueva constitución sería un ejercicio interesante que atraería a los mejores panameños a la discusión del país que queremos.

Creo que es algo así como soñar despierto porque un gobierno que con descaro se inmiscuye y pretende controlar los otros órganos del Estado no tiene interés en permitir que el exagerado presidencialismo se limite.

 

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<> Artículo publicado el 3 de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Crónica de una reelección anunciada

La opinión del Médico y Político…


JORGE  GAMBOA  AROSEMENA
jgamboarosemena@hotmail.com
Parafraseando la obra de García Márquez, ‘Crónica de una muerte anunciada’ en este ‘bestiario’ político que es Panamá, afloró lo que era un secreto a voces; solo había unos cuantos ilusos que no lo veían: el clan íntimo del presiente del Partido Panameñista.

 

En medio de una serie de acontecimientos que abruman la mente de los panameños, dos diputados, de esos que solo han demostrado ser fieles servidores de los que en el momento les beneficie, propusieron que era ya el momento de impulsar la reelección del hoy erigido en beneficiario del presidencialismo exacerbado que nos dejó de herencia la dictadura militar.

Luego de este anuncio, el beneficiario del presidencialismo, como buen esgrimista de la demagogia, negó que ese anuncio le interesara. Pero ya antes había negado que continuaría apoyando como candidato de la llamada ‘Alianza del Cambio’ al que una, irrespetuosamente, vez llamó ‘burro’. El proyecto ha sumado varios diputados y hasta una ministra, que no lo harían, si no tuvieran el santo y seña del que manda en Cambio Democrático.

El poder embriaga y más si se llega a él sin una sólida formación política. Cuando Martinelli proclamó a Varela la concentración de poder no estaba tan enraizada como ahora, dominando más al Legislativo, al Judicial, al Ministerio Público como también al Tribunal Electoral que ya se había cuadrado cuando se hicieron de la vista gorda con el candidato a la Alcaldía, o ahora que el panameñismo está congelado por la falta de visión de su dirigencia, y teniendo al PRD como leal oposición.

Así las cosas, con encuestas que si son verdad, en este país hay poco que hacer, los reeleccionistas creen que llegó el momento de proponer el cambio constitucional, no como cuando Pérez B. que lo hicieron, el presidente incluido, a un año de la finalización del período, lo que valió para que el pueblo tuviera conocimiento de lo que sería darle cinco años más a la misma garrulilla. Ese error de oportunidad no piensan repetirlo y están arrancando temprano.

El panameñismo y el Molirena tienen que reaccionar, no con sus dirigencias adocenadas u oportunistas, sino con los dirigentes de base que tienen que empinarse sobre tradicionalismos y rescatar los partidos para que esta alianza, que no es de partidos, sino una alianza económica, por el bien de los pobres y la clase media, no se perpetúe en el poder.

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<> Artículo publicado el 17 de diciembre  de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El PRD toma su propio jarabe

La opinión del Educador…

Bertilo Mejía Ortega 

La Constitución política de 1972 es una amarga herencia del régimen militar para la endeble democracia panameña. Sigue siendo la piedra en el zapato que ha impedido los pasos correctos hacia un Estado moderno. No hemos podido avanzar hacia la consolidación democrática y las prácticas antidemocráticas tienen asidero en nuestra carta política.
Y es que la constitución de los militares, que le dio a su Comandante en Jefe poderes ilimitados, para una dictadura institucionalizada y, por ende, con absoluto control de la red pública y privada, muy a pesar de las reformas que se le han introducido, sigue siendo mezquina con la separación de los órganos del Estado; con la participación ciudadana y contra el derecho de los panameños a disfrutar de una institucionalidad sólida, segura y confiable.

Los militares y la dirigencia del principal partido de la oposición política se confabularon para ir cediendo migajas de participación electoral, interferidas por fraudes electorales y movimientos antojadizos de inquilinos de palacio, dirigidos desde los cuarteles. La Presidencia y las curules legislativas –en mayoría—fueron cedidas a perdedores, mientras la población electoral, estupefacta e impotente, asumía la alternativa de la protesta contra el desorden imperante.

La dictadura tenía todos los cabos atados. Un Tribunal Electoral bajo total control; la Corte Suprema de Justicia con sus amigotes con la toga de Magistrados; la Procuraduría de la Nación, con un servidor a las órdenes de la Presidencia y de los comandantes de la Fuerza de Defensa; un Contralor cuadrado con las órdenes superiores, y una Asamblea sumisa al extremo, pues muchas curules eran espurias. A todo este orden de cosas la entonces dirigencia del PRD le guardó profundo silencio, miró para otro lado y acompañó incondicionalmente el ejercicio autocrático del gobierno. Vencida la dirección del mando castrense, la democracia ha venido funcionando en ese marco jurídico que se presta para manejar el poder con un presidencialismo que bien puede, lamentablemente, adoptar las enseñanzas de los herederos de la tiranía militar.

Es por esta razón que los políticos inescrupulosos, los amigos del enriquecimiento ilícito y los discípulos de la dictadura, han cometido toda clase atropellos, excesos, arbitrariedades y vicios inconcebibles, sin recato alguno, confiados en la impunidad que les ofrece un marco jurídico hecho a imagen y semejanza de quienes jamás creyeron en la democracia, en la justicia y en los derechos y garantías individuales y sociales.

Mientras no surja un estadista que con visión de Patria convoque a una Asamblea Constituyente para modernizar el Estado y, entre tantas cosas, cortar los vínculos de la corrupción con los corruptos, tendremos más de lo mismo.

La nueva generación del partido Revolucionario Democrático ha cometido el grave error de no enmendar modelos desfasados; de no haber legislado para la democracia y para cuando les tocara el turno en la oposición.    Ellos son, en gran medida, responsables del presidencialismo en nuestro sistema de gobierno, y el que muy bien explotan para su beneficio cuando llegan al poder.

<> Artículo publicado el 10 de septiembre de 2010  en el diario El Panamá América, a quiens damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Dicotomía de una nación

La opinión del Cardiólogo…

Ricaurte Arrocha Adames

El fenómeno es único. Inigualable.   Produce efectos muy encontrados.   La admiración del mundo que lo observa y la enorme perplejidad que motiva la Zona del Canal, años antes bajo administración norteamericana, ahora en manos de un país tercermundista y por cuya capacidad de manejo nadie apostaba un vil centésimo. Pero, una elite de panameños hizo el milagro. Lo alcanzó bajo un esquema de labor organizada, disciplinada, con la eficiencia ganada a través de más de medio siglo de experiencias adquiridas y un sistema administrativo transparente y competitivo que no sólo disipó los temores del mundo desarrollado sino que los sacudió cuando, no satisfechos con el éxito obtenido, la pequeña República de Panamá se embarcaba en la empresa gigantesca de la ampliación del Canal y la construcción de un tercer juego de esclusas capaz de permitir la navegación de los más avanzados buques del transporte marítimo.
Sí. Sorprendente e increíble. Sobre todo al observarse el revés de esa moneda llamada Panamá, que muestra de igual modo una economía pujante, con un desarrollo urbanístico y turístico envidiables, pero que hiere la sensibilidad de sus propios ciudadanos al sobrevivir en una democracia sin separación de los poderes del Estado porque el presidencialismo se impone en todas las esferas desde que el poder civil volvió en 1990, tras la invasión norteamericana.
Con ausencia de Políticas de Estado que den continuidad a las metas que los gobiernos de turno se proponen, ya que no hay partidos programáticos sino de clientelismo político para servirse del Estado.   En donde la Corte Suprema de Justicia pasó a ser de Injusticias (honrosas excepciones) al extremo de que las víctimas de un genocidio por dietilenglicol duermen el sueño eterno y desconsolador al desconocerse ¿década después? los grandes actores de drama tan siniestro.
Que ex-Presidentes eliminaran a funcionarios de sus puestos públicos sin justificación legal mientras que nuestro Poder Judicial nunca se pronunció y fue la Comisión de Derechos Humanos de la OEA quien condenó la acción de Endara y Mireya Moscoso repuso después a los destituidos por Balladares.
El Estado (tú y yo, criaturas inocentes) pagaremos dinero compensatorio que podría ir a Salud, Educación, etc.   Que una Procuradora fuera penalizada con razón legal, por cuatro meses, pero retirada de su cargo por cuatro años (?) por pinchar, no antojadizamente sino a solicitud de una víctima desesperada de extorsión, ansiosa por certificar el delito que acusaba, mientras que otros altísimos funcionarios que actuaron muchísimo peor, pinchando a diestra y siniestra, permanezcan mostrando su faz indigna ante el país, burlándose de toda la nación de la misma manera que el extorsionador pescado in fraganti.
Que una Asamblea se dé el lujo de violar sin asco sus propios reglamentos para introducir, de última hora, artículos nuevos a las leyes que debate.
Que fondos del Canal (Prodec) se dilapiden sin ningún castigo a los bellacos. Sí. El cielo y el infierno se miran muy cercanamente en nuestro pequeño istmo.
¿Podrá el brillo dorado del envés resistir al óxido que carcome el revés de nuestra moneda, aceleradamente? ¡E ahí el dilema y el reto ineludible que enfrentamos como nación!

<>Artículo publicado el 6 de septiembre de 2010 en el diario  El Panamá América a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

No es el Presidente, es la Constitución

La opinión de…

Antonio Saldaña

El principal actor de la recuperación del Canal y de su zona adyacente fue el pueblo panameño, particularmente su juventud, por ello el general Omar Torrijos sentenció que a los bienes rescatados –unos 31 mil millones de dólares en valor de mercado de las áreas revertidas y otros 700 millones anuales, en promedio, que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entrega al presupuesto nacional– se les debía dar “el uso más colectivo posible”.

Suponíamos, en consecuencia, que a la lógica torrijista anteriormente enunciada respondían los dos programas emblemáticos de la administración del hijo del general: La Red de Oportunidades y el Programa de Desarrollo Comunitario (Prodec).

Hoy podemos especular que en estos dos programas se han despilfarrado algo más de 300 millones de dólares distribuidos entre malas prácticas administrativas, clientelismo político, sobreprecios y corrupción generalizada, es decir, sucumbieron ante el peso de la corrupción pública y privada engendrada en el gobierno oligárquico del pasado quinquenio, tal y como lo demuestran las marranadas dadas a conocer a la opinión pública a través de una prolija investigación periodística sobre las inversiones del Prodec, publicadas recientemente. (La Prensa 23/08/2010).

También en cierta ocasión el general Torrijos, ante las constantes quejas de los residentes de los corregimientos en virtud de la desaforada conducta de los representantes de corregimiento –el corregimiento era unidad política y administrativa del país en la Constitución de 1972, antes de las reformas de 1983– formuló la siguiente frase lapidaria: “La comunidad que elige a un pillo es tan pilla como aquél”.

¿Y qué refleja la investigación en comento? Que como en el pretérito militar, la comunidad nacional para las elecciones presidenciales de 2004 continuó siendo “tan pilla” como otrora.   Es por ésta y otras decenas de millones de razones, que he criticado y continuaré cuestionando la defensa a ultranza que realiza la directiva transitoria del PRD, de quienes tienen el deber ineludible de poner en claro ante las autoridades judiciales sus oscuras andanzas públicas, en especial en la administración de los fondos del Estado.

Sin embargo, pecaría de anecdótico sí al anterior comentario coyuntural, no agregara el antecedente constitucional del excesivo presidencialismo, que constituye la esencia de la mayoría de males que hoy aquejan a la República, sobre todo en el sentido de la separación y el ejercicio del poder público, tal y como lo dispone el artículo dos de la norma superior.   Por ello resulta ilustrativa la definición de Lassalle de la carta magna: La Constitución es el resultado de la suma de los factores reales de poder.

El hecho de que la Constitución de 1972 incorporara a la Fuerza Pública al ejercicio del poder, otorgara poderes extraordinarios al general Omar Torrijos Herrera y subrogara totalmente los numerales 16 y 21, y parcialmente el 25, del artículo 118 de la Constitución de 1946, constituyó el reflejo de la época que se vivía, donde el poder real residía en los cuarteles de la Guardia Nacional que el 11 de octubre de 1968 había asumido el poder político del Estado.

Extinguido por la invasión estadounidense, el proyecto político del cuartel, en que devino el proceso revolucionario, a raíz de la muerte del general Torrijos Herrera; lo que procedía era la instauración de un proyecto político de democracia participativa, mediante la convocatoria de una constituyente, para revertir todos los resabios autoritarios y presidencialistas que aún subsistían en la carta política. No obstante lo anterior, la neo oligarquía emergente, como en el pasado liberal, volvió a traicionar las legítimas aspiraciones populares y de la Cruzada Civilista.

En consecuencia, de lo que se trata en estos momentos no es reprobar per se, el excesivo presidencialismo contenido en la gestión de Martinelli que, a propósito del principio de legalidad, se encuentra sustentado en la Constitución Política vigente y que también ha sido ejercido por todos los presidentes de la República post invasión, sino de plantearse la renovación y modernización de la ley fundamental que hoy nos rige, reflejo de un pasado que debió ser sepultado en el mismo instante en que los invasores estadounidenses cedieron el poder al triunvirato Endara, Arias yFord.

¡Así de sencilla es la cosa!

<>Artículo publicado el 3  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa,   a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.