Evitemos otro 11 de octubre

 

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La opinión del Empresario….

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JAIME  CORREA  MORALES
jcorream@cwpanama.net
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Cualquier persona con algún grado de sensatez estará preocupada por lo que ocurre en nuestro campo político—social,  pues vemos cómo algunos medios de comunicación presentan en destaque cualquier acción gubernamental que pueda interpretarse como negativa, pero lo positivo pasa casi desapercibido.

Yo estoy muy de acuerdo con que el periodismo debe mantenerse investigativo y crítico contra la corrupción, que siempre la habrá, pero creo que se están yendo a extremos, quizás debido a que existe una fuerte competencia por lograr mayor circulación periodística, mayor sintonía en radio y televisión, el famoso ‘rating’, al que con razón o sin ella supeditan al morbo, y ello los lleva (nos lleva) a extremos peligrosos; pero debe haber un mínimo de sensatez, de amor patrio.

Tenemos un Panamá que muchos extranjeros quisieran para sí y por ello bastantes conviven con nosotros, porque estamos entre los más progresistas del mundo, pero la intensa campaña de negatividad imperante irá poco a poco minando nuestro prestigio internacional y, consecuentemente, nuestro desarrollo económico y social, perjudicándonos a todos.

Los que vivimos aquella triste época no podemos olvidar que las circunstancias que antecedieron al golpe de Estado de 1968 fueron casi idénticas a lo que está ocurriendo ahora. Panamá, orgullosamente ostentaba entonces una efectiva democracia con el más alto crecimiento económico de América: 8% anual sostenido durante más de diez años, algo pocas veces visto en el mundo entero, con baja tasa de desempleo, ello durante los gobiernos liberales de Roberto (Nino) Chiari, 1960—1964, y de Marcos Robles, 1964—1968, pero la politiquería y la publicidad negativa que desataron hizo que ‘todo parecía malo’.

Por ejemplo: al proyecto de tratados del Canal negociado por el gobierno de Robles, al que despectivamente llamaron los ‘tres en uno’ y que fueron rechazados en democracia; después los militares los impusieron, con mínimas variaciones, como un gran logro de su ‘revolución’ en la recuperación del Canal.   Además, acusaciones exageradas de corrupción, de fraudes y de cuanta otra cosa, sirvieron de excusa propiciatoria a los militares para dar su golpe.

Paradójicamente los promotores de tal situación: demócratacristianos, panameñistas, La Estrella, EPASA y algunas emisoras —La Prensa aún no existía— fueron los primeros en sufrir las persecuciones de los mismos militares. Idéntico ha sido el resultado en muchos otros países vecinos, debido a abusos de la democracia, aupados por insaciables ansias de poder.

¿Y en qué resultó la llamada ‘revolución’ militarista perredista?    Ni más, ni menos que en dos décadas tiradas al basurero. Y bastará una simple comparación entre el caos económico y social heredado de la dictadura de veinte años versus el mundialmente reconocido enorme desarrollo experimentado por Panamá en los veinte subsiguientes;   esto último a pesar de que en 1989 el gobierno encontró un país autocrático rampante; bajo crecimiento económico; alto desempleo; persecuciones y asesinatos políticos; presidentes, diputados y magistrados títeres nombrados por el dictador; imagen internacional negativa; cierre de bancos; escasez de dinero circulante; discrepancias entre connacionales como resultado de la promovida lucha de clases; todo ello agravado por la invasión que ellos mismos provocaron, con sus consecuentes saqueos; o sea que el país estaba devastado. ¡Y miren cómo hemos progresado!

Pensemos en todo esto y seamos sensatos; las cosas no pueden ser de acuerdo a nuestra muy particular conveniencia y mezquinos intereses, sin importar que ello nos perjudique a todos, y eso es, precisamente, a lo que consciente o inconscientemente nos están llevando.    Mantener esta actitud hasta podría llegar a propiciar otro 11 de octubre, pues, ni se les ocurra pensar que estamos vacunados contra tal devastadora calamidad, que ya se ha repetido en muchos otros países ante situaciones como las que señalo.

 

 

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<> Este artículo se publicó el 26 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/correa-morales-jaime/

¡Están promoviendo la anarquía en Panamá!

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La opinión del Empresario….

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JAIME CORREA MORALES –
jcorream@cwpanama.net

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A raíz del informe de la comisión sobre los hechos de Bocas, ha surgido un sinnúmero de cuestionamientos y yo también tengo algunas dudas de su justificación y validez.

Si aceptamos que cuando los órganos del Estado: Ejecutivo y Legislativo, haciendo uso de sus facultades constitucionales, aprueban una ley, automáticamente ello le daría derecho a cualquier grupo disidente a iniciar desórdenes públicos que afecten la propiedad privada, la pública y aún la seguridad y los derechos individuales de todos los demás ciudadanos, lo que estaríamos fomentando es la verdadera ANARQUÍA.

Soy un fiel creyente de que ‘el poder emana del pueblo’,  pero ello solo puede ser si se siguen las prácticas democráticas modernas, pues si no las acatamos, vamos a retroceder a los tiempos prehistóricos en que el más fuerte era quien dominaba y mandaba a su antojo. Bien podríamos, entonces, prescindir de elecciones y que sea el más ‘vivo’ quien se apodere del país por la fuerza, como ya lo hicieron los militares en 1968, de triste recordación.

Las elecciones nos dan a todos los ciudadanos el derecho de escoger a quienes queremos que dirijan el país, pero si no respetamos tal elección vamos por muy mal camino. No quiero decir que no pueda haber protestas ni oposición a nuestras autoridades, nada de eso, las protestas populares deben ser y son parte importante de la democracia, pero tales protestas no pueden sobrepasar lo establecido por la Constitución y las leyes.

Es obvio que en Panamá hay muchos que quieren gobernar o cogobernar, pero sin someterse al escrutinio de unas elecciones populares y eso no se puede permitir, pues estaríamos retrocediendo a la prehistoria.

Aceptemos que el procedimiento utilizado por el Ejecutivo y la Asamblea para la aprobación de la Ley 30 no fue el apropiado, pero para eso existe, precisamente, un tercer Órgano del Estado independiente de los dos anteriores: el Judicial, que es el que debe decidir una vez los disconformes presenten sus objeciones basándose en las leyes existentes. Ahora, si no queremos aceptar que sea la Corte la que decide, sino los grupos callejeros, entonces volvemos a lo que afirmo en el título de este escrito.

Desgraciadamente, los panameños nos hemos autootorgado un grado de intolerancia tal que todos queremos que las cosas se hagan solo según nuestro criterio e interés muy particular, por encima de la Constitución, las leyes y de las autoridades elegidas. Pruebas sobran y ello lo queremos imponer con violencia, cierre de calles y agresiones que perjudican la seguridad personal y la economía de todos los demás ciudadanos, lo cual no es permisible.

Asumamos que el gobierno no hubiera actuado firmemente para reprimir la insurrección en Bocas, que ya llevaba varios días, entonces hubieran salido las mismas voces agoreras a criticar que no se haya hecho nada para mantener el orden público y permitir que se continuara destruyendo la provincia, como ya estaban haciendo.

Pero lo que más me preocupa es que vemos que tanto algunos de la sociedad civil como también medios de comunicación que se precian de ser serios, aúpan estas actitudes anárquicas, que más tarde o más temprano los afectarán a ellos mismos.

Señores: ¡recurramos a la sensatez! Exhorto a las fuerzas vivas de Bocas del Toro, los más afectados, pues la economía del sector aún no se recupera, a que manifiesten su opinión al respecto.

¿Queremos institucionalidad con posibles deficiencias o queremos anarquía completamente incontrolable? Respóndase usted mismo.

Ciudadano panameño.

 

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<> Este artículo se publicó el  2  de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

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¿Quién quebró a la CSS?

La opinión de…

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JAIME  CORREA  M. —

Arnulfo Arias, en 1941, creó la Caja de Seguro Social (CSS) y se consideró un triunfo.   Yo opino lo contrario, pues, según nuestra Constitución (artículo 109 y 110), la salud pública es responsabilidad del Estado, pero la Caja de Seguro Social indirectamente nos la cobra.   El hospital ‘de caridad’, Santo Tomás, funcionaba de maravilla antes de que la politiquería también lo dañara. Además, se creó una nueva burocracia ‘para ayudar a los amigos’.

Aclaro: favorezco el Seguro Social solo en cuanto al programa de Vejez, Invalidez y Muerte. La CSS, no obstante es, hoy, un hecho irreversible.

Omar Torrijos, en 1973, saltándose el buen juicio y la autonomía de una institución de los asegurados, adicionó un promedio de 3.5 beneficiarios por cada cotizante, sus familiares, algo insostenible dentro de las más elementales prácticas financieras… y allí empezó la debacle.   Esta medida tuvo dos intenciones: lograr apoyo de las mayorías con menos educación y descargarle, aún más, a su gobierno inepto el alto costo de la salud pública, lo que le permitiría disponer de esos fondos, que los militares utilizaban para ‘otros propósitos’.

Fue más allá el nefasto dictador, pues, a sabiendas de que la Ley obliga a la Caja a mantener sus reservas en el Banco Nacional de Panamá (Banconal), hizo que dicha institución bancaria se los rebajaron a tan solo 1.5% sobre los más de 700 millones de dólares de reservas que tenía la institución. Ello otorgó al Banconal enormes ganancias que también quedaban a su disposición. Si el interés hubiese sido fijado en tan solo el 3%, los ingresos anuales de la Caja habrían sido de unos 10 millones más, o sea, unos 300 millones en los 30 años transcurridos. En esos tiempos los intereses rondaban por las dos cifras, ¡pero los dirigentes obreros callaron!

Como si todo esto no fuera suficiente, recortó la edad de jubilación a los asegurados, para que se pensionaran a más corta edad, incrementando las responsabilidades pecuniarias de la Caja.

En otras palabras, Torrijos se hizo líder regalándonos con una mano lo que aún continúa quitándonos con la otra. ¡Vaya liderazgo!   Fue aún más lejos Omar y nos dejó una legislación que hace casi imposible despedir a los empleados ineptos, la cual no ha permitido a los sucesivos administradores desempeñarse eficientemente, pero que él, por ser dictador no la respetaba. ¡Y aún no terminamos! Suspendió los préstamos hipotecarios para viviendas para la clase media y media baja y que les producían mucho mejores intereses, para así tener más fondos a disposición del Banconal.

¡Que viva el socialismo!; nadie se esfuerce mucho; vivamos todos felices a costa del Estado, aunque el Estado tenga que cobrárselo a nuestros descendientes, porque toda fiesta alguien tiene que pagarla!   De hecho, ya hemos empezado a pagar la fiesta que hace 30 años brindó Omar, y ha habido que aumentar las cuotas obrero—patronales en dos ocasiones y muy pronto vendrán la tercera y la cuarta, si es que no queremos liquidar la institución… ¡y los obreros callaron!

Juan Jované: Administró por corto período y no hizo otra cosa que nombrar más empleados en tiempos en que ya la Caja demostraba alta burocracia y deficiencias económicas: ‘caballos de Troya’; fueron varios miles de nuevos empleos en tan solo un año. ¡Bárbaro! ¡Pero nuevamente… los líderes obreros callaron!

Los gobiernos democráticos postdictadura se han atrevido a corregir pocos de estos entuertos, manteniendo, en mucho, el estatus quo, incluyendo los bajos intereses bancarios.

Posibles soluciones: Aprobar una ley que obligue al Banco Nacional a otorgar a la Caja de Seguro Social el mismo nivel de intereses que le ofrece a sus otros clientes preferenciales. Pero la solución aún mejor la ha propuesto el presidente Ricardo Martinelli, que es destinar tales fondos a inversiones locales avaladas por el propio Estado, que le puedan rendir hasta un 7%, como es el caso de los corredores Norte y Sur, con lo cual la CSS recibiría aproximadamente 30 millones de dólares adicionales anualmente.

Saca, entonces, tus propias conclusiones.

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Artículo publicado el 2 de julio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Qué le pasa a Martinelli?

La opinión de…..

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JAIME CORREA MORALES

En días recientes se le ha acusado de autocrático y, además, de que no ha podido combatir la delincuencia.

El gobierno de Martinelli es un gobierno de acción, un gobierno fuerte, no autocrático, como sí lo fueron los anteriores del PRD, y es, precisamente imprescindible que se imponga la autoridad, que es lo que más necesita nuestro alegre, confiado e indisciplinado pueblo, si es que queremos que el país marche bien.

Puedo dar muchos ejemplos de indisciplina y burla a la Ley, pero solo bastará con unas pocas que paso a relatar.

Cuatro gatos cerraban cualquier calle a cualquier hora, perjudicando a los otros 3.3 millones. Aproximadamente el 20% de los automóviles transitan con resonadores, troneras y hasta sin silenciador del todo.  Con las motos el porcentaje es como el doble (40%) además, por cualquier tontería se pegan a la bocina como energúmenos y se saltan los semáforos en rojo.

Cualquiera, aún a media noche y sin permisos municipales, dispara fuegos artificiales con bombas atronadoras, sin importarles los enfermos, los que descansan de su trabajo ni los turistas en los hoteles, que deberán quedar aterrorizados por tantos ruidos infernales.

Tres años se le había dado a los taxis para pintarse de amarillo… y nada, hasta que se les impuso. Buhoneros y automovilistas se apoderan de las aceras, poniendo en peligro a los peatones.

En los ascensores, los más ‘vivos’ llegan de últimos y se meten primero; todos quieren vivienda gratuita; nadie quiere pagar impuestos que benefician a los más pobres ni honrar sus compromisos, ni con el Estado, ni con los particulares.

Tremendo trabajo costará a las autoridades del cambio poder mejorar la actitud indisciplinada de los panameños.

En cuanto a la seguridad, esto no se logra con solo buenos deseos.  Los efectos de los anteriores gobiernos blandengues y permisivos están muy arraigados y muy recientes. Los negocios ilícitos son los que rinden mayores beneficios económicos, pero nunca antes había visto a la Policía actuar tan decididamente entrando a los barrios rojos y allanando moradas de delincuentes, inclusive y muy a menudo, con la presencia y supervisión del propio director Pérez.

Sabemos muy bien que la represión es apenas una de las formas de atacar la delincuencia, pero es la más fácil e inmediata. Conjuntamente se deberá mejorar las cárceles, instruir y educar a los delincuentes, incluyendo abrir las cocinas carcelarias en donde aprenderán a cocinar, pero, sobre todo, iniciar este programa en las propias escuelas, muchas están en manos de maestros incapaces e irresponsables.

Hay que cambiar las leyes que le restan a los maestros toda autoridad. Iniciar programas agrícolas para que los presos trabajen y aprendan en el campo. Talleres de todos los oficios. Campos deportivos, poner a los que quieran a limpiar y mantener áreas públicas y, sobre todo, darles asistencia psicológica para determinar cuáles tienen posibilidades de resocialización. Estoy seguro de que expertos en este tema tendrán muchas otras alternativas.

Como verán, esto no es tan fácil, requiere mucha inversión en dinero y en recursos humanos y en tiempo; por ello, el presidente ha pedido un plazo de tan solo tres años para lograrlo.

Resumen: Ni existe prepotencia de parte del presidente ni se ha perdido la lucha contra el crimen, todo lo contrario, estamos empezando a ganarles.

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Este artículo se publicó el 31 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Condominio o propiedad horizontal?

La opinión de…..

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JAIME CORREA MORALES

El Ministerio de Vivienda y Ordenación Territorial (MIVIOT) tiene un anteproyecto para revisar la Ley de Condominios (o P.H., o de Unidades Inmobiliarias o de Unidades Departamentales o Copropiedad Inmobiliaria) y al respecto me place hacer el siguiente aporte tratando también de evitar que tantas denominaciones confundan.

La Ley vigente, 39 de 2002, que se quiere y se debe modificar, ni siquiera contiene una definición de lo que se trata y si bien el anteproyecto en consideración sí la trae, en mi opinión, no es la más apropiada.

La comprensión de cualquier tema es tanto más fácil cuanto más explicita sea su exposición y, por tanto, la misma facilitaría el resto del desarrollo de la Ley. Y es la siguiente: “Créase la institución de El Condominio, mediante la cual se permite que uno o más edificios puedan ser divididos o segregados en dos o más Unidades Departamentales (U.D.) independientes unas de las otras para que puedan tener diferentes dueños, aunque conectadas entre sí por áreas de uso común que serán de propiedad colectiva de todos los propietarios de U.D., las cuales también les proveerán acceso a vías públicas.

Todas estas U.D. tendrán los mismos derechos reales que aquellos que ostentan las fincas ordinarias, excepto por las limitaciones o gravámenes que se establecen mediante esta ley y en el correspondiente Reglamento de Condominio.

Tales U. D. pueden ser: residenciales, comerciales, de oficinas, industriales o de otra naturaleza”. La Ley 39 de 2002 sustituyó la denominación Condominio, por la de Propiedad Horizontal, porque, se adujo, era un anglicismo, pero no lo es. El Diccionario de la Real Academia Española la define como: “Dominio de una cosa en común por dos o más personas” y si bien el término no tiene una acepción exclusiva para este tema, definitivamente sí se trata de una forma de condominio y por ello no veo por qué debió ser condenado; sobre todo porque es más corto y de uso más común entre los panameños.

Recordemos, además, que en el país tenemos muchos extranjeros residentes y otros posibles futuros compradores de propiedades y esa palabra les es mucho más familiar.

Por otra parte el de Propiedad Horizontal no es fiel definitorio de lo que se busca pues el anteproyecto de ley hasta habla de “los edificios de Propiedad Horizontal Verticales” lo cual es una verdadera paradoja. No habría que hacer este tipo de aclaración si habláramos de Condominio, el cual puede muy bien ser vertical, horizontal y hasta diagonal si se quiere.

También se sustituyó la denominación de copropietario por la de propietario, a secas, otro cambio innecesario pues los propietarios de U.D. de un condominio son, inevitablemente, copropietarios de las áreas comunes o sea de la Finca Madre del mismo.

El anteproyecto pretende nuevamente, cambiar la denominación de U. D., esta vez por la de Unidades Inmobiliarias. Otro error porque Unidad Inmobiliaria puede ser, y es, cualquier Finca o Predio o Edificación y se presta para confusión. Unidad Departamental se acerca mucho más al objetivo perseguido pues no tiene ninguna otra acepción en el diccionario. La Real Academia define Apartamentos o Departamentos, como: “Cada una de las partes en que se divide un territorio, un edificio….etc….”. Respecto, las U.D. pueden ser, como ya dijimos: residenciales, comerciales, o de otra naturaleza.

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Este artículo se publicó el 18 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La basura, nueva solución

La opinión de…..

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Jaime Correa Morales

La ciudad está asquerosa; más aún, el país entero está asqueroso, pero lo peor son los efectos en la salud pública; y no es totalmente responsabilidad de las actuales autoridades alcaldicias, porque el problema viene de arrastre por la ineptitud, también, de los anteriores, pero además porque los panameños somos muy cochinos e irresponsables y lanzamos de todo a las vías públicas. Sin embargo, todos lloramos porque la basura no se recoge, pero nadie quiere ni siquiera pagar por este costoso servicio.   No hay duda de que los panameños queremos todo gratis y vivir la vida feliz, esperando el maná del cielo; de allí la suma millonaria que la población le debe a la Dimaud y a otros municipios, sin importarles que nada puede hacerse sin apoyo monetario.

No soy experto en este tema, pero he escuchado decir que la solución perfecta sería el reciclaje, lo cual me parece muy lógico; sobra mencionar las ventajas que acarrearía el mismo, aunque parece que adoptar este sistema no es tan fácil como solamente mencionarlo, prueba de ello es que del mismo se ha venido hablando desde hace mucho, pero sin resultado.

Hace algunos años se decidió que el pago por la recolección de basura se efectuaría a través de la factura del Idaan pues se suponía, con mucha lógica, que la amenaza del corte de agua obligaría al pago de la basura, pero no contaron con la “astucia” popular que sabe que el Idaan no puede cortar agua por deudas de aseo y, además, porque lo que al Idaan le interesa es el cobro de agua y, por ello, no exige el pago del aseo.

Peor aún, también hay miles y miles de ciudadanos que ni siquiera pagan el agua y a pesar de ello no se la cortan, porque “es inhumano” hacerlo. Lo triste del caso es que muchos de aquellos que no pagan sí reciben agua, en cambio en un sinnúmero de sectores otros que sí pagan no pueden recibirla porque ésta la consumen y/o desperdician los eternos morosos.

El problema de fondo es que a las autoridades de Panamá, tanto las actuales como las anteriores, antes que hacer cumplir las regulaciones piensan más en las encuestas y en los votos de la próxima elección, sin percatarse de que es precisamente su irresponsabilidad y el incumplimiento de sus obligaciones lo que los hace perder tales votos; de ello sobran ejemplos.   Mientras ello sea así, no habrá solución. No podemos dejar pasar desapercibido que tales autoridades no pueden recurrir a la fuerza coercitiva para los cobros, porque en Panamá no hay cárcel por simple deuda.

La solución que se me ocurre es que el no pago por la recolección de basura sea erigido a “delito contra la salud pública”, que en efecto lo es, y en consecuencia muy bien se podría imponer penas muy estrictas, incluyendo hasta la cárcel, porque nadie tiene derecho –por irresponsabilidad o lo que sea– a propiciar condiciones que perjudiquen la salud del resto de los ciudadanos.

Recordemos que los panameños se gastan más de 300 millones de dólares anuales en celulares y que este año que pasó, de crisis mundial, se rompieron todos los récords de venta de licores. ¡Para eso sí hay dinero!

Lo que propongo es más que lógico y creo que una administración bien intencionada tendría, mediante esta fórmula, los medios legales necesarios para resolver este enorme problema.

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Este artículo se publicó el  7  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre los padres que mienten a sus hijos

La opinión de….

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JAIME CORREA M.

Dudo mucho que haya algún padre que no mienta a sus hijos, pero sin tomar en consideración que durante la infancia los padres son “TODO” para ellos y les creen cualquier cosa.

¿Cuál es el efecto que ha de producir en un niño el percatarse, en algún momento de su desarrollo, que aquello que él siempre había considerado verídico, porque se lo habían afirmado sus padres, resulta ser falsedad? Un gran desconcierto e inseguridad, sobre todo a aquellos de carácter más débil, pues ya no sabrán con certeza si todo lo demás que ellos aprendieron y daban por realidad, resultará también ser mentira.

Y, por supuesto, por temor a hacer el ridículo no se atreverán a participar, a tomar iniciativas o decisiones, lo que les impedirá ser emprendedores exitosos, empresarios, que son los que mueven la economía mundial. Esto se comprueba, porque la mayoría de los panameños siempre anda en busca de un empleo antes que aspirar a crear una empresa propia. Tal inseguridad hasta podría perdurar para toda la vida.

Por ello, controlar los ímpetus y travesuras infantiles inculcándoles temor al asegurarles la existencia del diablo, de brujas, duendes, tuliviejas y otras tantas estupideces, así como mofarse de sus acciones y preguntas no muy coherentes durante su período de aprendizaje, con toda seguridad lo convertirían, también para el resto de su vida, en una persona apocada, temerosa o su superación personal tomará mucho más tiempo de lo normal. Recuerde que los chicos más activos, los traviesos, generalmente son los que triunfan en la vida, no los apocados.

También me refiero a aquellas mentiras “ blandas ”, de supuesta buena fe, que pretenden otorgarle a los niños momentos de felicidad, pero a la vez acondicionamiento religioso, tales como la que: “ si te portas bien, el Niño Dios o Santa Claus, te traerán regalos ”, lo cual irremediablemente termina en decepción.

Los reyes y dictadores siempre utilizaron el terror como la forma de someter a sus súbditos. Igualmente, muchos chamanes, brujos, y religiosos de todo tipo, han dominado a las tribus, a los imperios y, aún hoy, a muchas naciones civilizadas, a través de supercherías y amenazas, asegurándoles que de no aceptar su palabra cometerían una grave falta o pecado que en algún momento le conducirá a una horrible desgracia.

En este sentido y para hacer valer su palabra, quienes históricamente aseveran comunicarse con Dios o con los dioses y ser sus voceros, frecuentemente han generado gran violencia física y psicológica contra otros, incluyendo la tortura y hasta los sacrificios humanos de aquellos que incumplan la supuesta voluntad de la deidad, pero en realidad de lo que se trata es de sembrar el terror para lograr imponer la propia, de la cual se benefician.

No en vano los reyes y demás absolutistas, siempre se presentaban como escogidos por la divinidad para gobernar; una farsa absoluta que casi nunca fue negada por los representantes religiosos de todos los signos y creencias, que a ellos se aliaban.

No mintamos a nuestros hijos, pues el costo psicológico que por ello deberán pagar de por vida es invaluable y esta condición de desconcierto puede llevarlos hasta a buscar apoyo y refugio en las malignas drogas.

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Artículo publicado el 21  de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El estatus de los empleados públicos

La opinión del Empresario…..

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Jaime Correa Morales

Hace años los empleados públicos eran de libre nombramiento y remoción, por lo que cada gobierno nuevo los cambiaba a su conveniencia.  Recientemente se instituyó una dizque carrera administrativa y a los gobiernos entrantes se les hace casi imposible despedir, para entonces nombrar a las personas de su confianza.  ¿Cuál sistema es mejor para el país,  no para los funcionarios sino para el país,  que es lo que nos debe interesar?

Ambos sistemas tienen sus beneficios y desventajas, y si bien la libre remoción puede pecar porque se podría perder la experiencia de años de algunos de estos empleados, por otra parte el hecho de que se podía remover libremente no necesariamente significaba que los despidos se hacían alegremente.   De hecho, ha habido numerosos empleados públicos que permanecieron en sus puestos a través de varios gobiernos hasta alcanzar la edad de jubilación y ello debido a que quienes podían removerlos los consideraban casi imprescindibles.   Sí, es inocultable que en ocasiones se despedía a personas capacitadas, pero eran los menos. A este respecto sabemos que un gobierno serio, como los que siempre deberíamos elegir, y esa es nuestra responsabilidad, no se desharía de los empleados eficientes, pues estos son su mejor garantía de éxito.

La carrera administrativa ha sido manipulada políticamente por gobiernos irresponsables y ello obliga a los nuevos gobernantes a mantener en su nómina a funcionarios politiqueros, carentes de capacidad y hasta de escrúpulos, que fueron incluidos en este sistema a la hora de salida en forma irregular y fraudulenta, como a todos nos consta.

Estos, a sabiendas de que es casi imposible despedirlos, se burlan de sus superiores jerárquicos y hasta llegan a sabotear su administración, perjudicándonos a todos los ciudadanos, no solo al nuevo gobierno.

Considero que debemos regresar al sistema anterior, que es más conveniente para el país, porque un nuevo gobierno elegido por mayoría de ciudadanos debería tener derecho a escoger a sus colaboradores para poder asumir la total responsabilidad de la administración, lo que no es posible hacer con funcionarios de dudoso origen que los antagonizan.

En otras palabras, un gobierno que elegimos todos es quien tiene que respondernos por la buena administración del país, pero no así los empleados que ni siquiera han sido elegidos ni tampoco asumen ninguna responsabilidad para con los votantes (nosotros), sino solo para con sus propios intereses. Además, la dificultad para despedir distrae la atención del gobierno entrante, en vez de dedicarla de lleno a mejoras al país.

No pongo en duda que lo mejor sería una verdadera, seria y responsable carrera administrativa tal como la que se ejerce en países de primer mundo, pero la realidad es que todavía no hemos llegado a esa etapa de desarrollo y lo que prevalece es el clientelismo político y la “ayuda a los copartidarios”. Gradualmente sí debemos llegar a aquello.

Urge desterrar el criterio de que un empleado despedido significa incremento del desempleo pues, lógicamente, otro nacional, con igual derecho a ganarse la vida honradamente, lo reemplazará. Nadie puede, nadie debe tener un empleo “comprado”, pues ello es garantía de corrupción.

Basta que recordemos las reiteradas pésimas experiencias que todos hemos vivido y aún vivimos, con funcionarios incapaces y groseros que deberían trabajar para nosotros y no “contra nosotros”, como la mayoría lo hace. Por lo anterior, insisto que el libre despido nos beneficia más a todo el país.

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Publicado el 5 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El controvertido caso de la Procuraduría

La opinión del Empresario……

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JAIME CORREA MORALES

Este tema ha creado mucha inquietud en nuestra sociedad y, como ciudadano, emito opinión basándome en las informaciones procedentes de los medios de comunicación, que son el único medio a nuestro alcance.   Creo que se ha estado pecando de excesiva suspicacia al acusar al Ejecutivo de manipular todo un andamiaje que conduciría a la remoción de la procuradora. A ella se le están siguiendo procesos en concordancia con las leyes y no arbitrariamente. Además, a ella le sobran abogados defensores, así como particulares que la apoyan y tiene amplio acceso a los medios, y así debe ser.

No soy abogado como para introducirme en los vericuetos de los actos supuestamente anómalos achacados a la procuradora y saber si estos riñen o no con la legalidad, esta decisión la tomará la Corte Suprema de Justicia, que es la autoridad competente y cualquiera sea su decisión tendremos que aceptarla, pues, sus fallos son finales. Sabemos, eso sí, que no fueron este presidente ni sus allegados quienes presentaron ninguna de las varias demandas que pesan sobre la procuradora, puesto que el asunto inició con anterioridad a su mandato. Tampoco fue él quien, para causarle problemas, le ordenó intervenir teléfonos ni tampoco que mediante un acto de prepotencia y sin las pruebas requeridas, despidiera a varios fiscales y al médico forense, que luego debieron ser restituidos en sus puestos por orden de la Corte Suprema y a un costo millonario para todos nosotros.   Lo que no sabemos es si tales acciones fueron legales y ello es, precisamente, lo que se está tratando de aclarar a través de los procesos en trámite.

Lo que no acabo de entender es que haya quienes piensen que una procuradora que está suspendida en sus funciones, debido a que se le siguen procesos legales, sea la que pueda nombrar a algún allegado para que la suplante durante el trámite de tales procesos.   Permitirlo, sería como poner al ratón a cuidar el queso. Vale recordar que constitucionalmente es el presidente quien nombra a los procuradores y mal podría evitarse que en un caso como este sea al propio presidente a quien corresponda tal nombramiento.

Vale traer al caso que el presidente del período anterior controló absolutamente todos los órganos del Estado, pero ello no fue motivo de gran escándalo. En ocasión de los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que todos conocemos, en período pasado, señalados como muy irregulares, sí hubo reacciones, pero ninguna tan marcada como esta que ahora estamos presenciando. Muy injusta, en mi opinión. Hasta pareciera que algunos medios de divulgación se han declarado opositores en contubernio con el PRD y ello no me sorprendería después que vimos a la Democracia Cristiana hacerlo sin ningún sonrojo.

La inconformidad pública con este tema se debe más bien a un rechazo a nuestra manipulada y deficiente Constitución Política, de la cual se origina la desconfianza generalizada hacia el Órgano Judicial. La solución, entonces, no es achacar la responsabilidad al presidente, sino iniciar campañas a favor de legítimas reformas constitucionales o de una Constituyente que corrijan estas deficiencias y muchas otras que subsisten del período militar.

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Publicado el 5 de marzo de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Policía y seguridad pública

La opinión del empresario……

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JAIME CORREA M.

El gobierno de Martinelli ya inició una campaña para brindarnos protección contra la delincuencia y la inseguridad galopante. El haber reducido a 12 años la edad de los menores imputables por delitos graves es un paso en firme, porque tolerar asesinatos por parte de menores de tales edades es, ni más ni menos, que aupar, que propiciar, la delincuencia, pues quien a los doce años se atreve a asesinar a otro, jamás en su vida volverá a ser un ciudadano decente.

Siempre hay quienes se oponen a todo y quienes quieren achacar todas las responsabilidades a un gobierno que apenas se inicia, pero esos son los negativistas, que solo saben hablar y petardear, pero nunca aportar nada bueno. ¡Claro que sabemos que lo anterior no es la única solución al problema y hay mucho más que hacer!, pero si esperamos a poder implementar todo lo demás, que es mucho, quizás nunca se logrará nada o pasarán muchos años más en los que se continuará agravando la situación, como ha venido ocurriendo desde hace ya varias décadas de gobiernos incapaces. Pero que nadie me diga que apresar delincuentes no es parte de la solución, pues de otra manera, si dejáramos que cada quien hiciera lo que quisiera, el país sería invivible.

Nunca antes, en mis más de ochenta años, he visto una Policía Nacional actuar con la firmeza y eficacia con que lo está haciendo la actual, hasta el punto en que de mantenerse esta enorme presión sobre los maleantes por unos pocos meses más empezaremos a ver su gradual desaparición. Tampoco antes se veía, como ahora, a altos oficiales (capitanes, mayores, subcomisionados y hasta al propio comandante o comisionado Gustavo Pérez) participar tan activamente en sus tareas de calle junto con sus tropas, en vez de estar, también como antes, enconchados en sus oficinas. Por todo lo anterior me complace felicitarlos a todos, sin dejar por fuera al premier José Raúl Mulino, que es quien dirige este equipo.

Por los años 90, siendo yo director de Proveeduría y Compras de Hacienda y Tesoro, el entonces ministro Mario Galindo y el presidente Endara dispusieron la compra de las mil hectáreas que constituían la finca “ La Joya ”, de la familia Arias Espinosa, por un millón de dólares, o sea a tan solo 10 centavos por metro, incluyendo una pista de aterrizaje, varios ríos y las edificaciones que dejó el ejército de EE.UU. Estas antiguas viviendas para tropas se habilitaron para albergar las cárceles La Joya y La Joyita, que ocupan si acaso unas 30 hectáreas, quedando vacantes como 970. Los incapaces gobiernos subsiguientes no se preocuparon por darle uso benéfico a estos terrenos, como, por ejemplo: crear, para los prisioneros, escuelas de: agricultura, de ganadería, talleres de oficios de todo tipo, aulas de clases, hospitales y quién sabe cuántas otras más que podrían haber servido para ir convirtiendo a los presos en ciudadanos útiles. Este podría ser el próximo paso del gobierno actual como parte complementaria de su política coherente para combatir la delincuencia.

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Publicado el 14 de febrero de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Buenas intenciones ‘versus’ buenos resultados

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La opinión de….

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Jaime Correa Morales

No toda buena intención se concreta en buenos resultados, aunque los buenos resultados suelan originarse en buenas intenciones. El desconocimiento pleno de los objetivos a que aspiramos podría ser causa de fracasos.

En el campo de la política económica estatal, hay muchas muestras de ello. Ejemplo: para lograr que los ciudadanos adquieran inmediatamente una mejor calidad de vida –lo cual es una magnífica intención– decides decretar un aumento general de salarios, pero sin tomar en cuenta, ante todo, que es minoritario el porcentaje de quienes ostentan empleos formales y ellos serían los únicos beneficiados; y sin tomar en cuenta otros factores naturales involucrados.

Ello, casi seguramente, logrará resultados negativos como: crear desempleo al ahuyentarse los inversionistas,   y las inversiones son el único medio de creación de empleos.

También incrementaríamos la inflación, como la que hemos tenido en los años más recientes, debido a los ajustes que deben hacer los empresarios para compensarse y ello es otro aspecto indeseable; y, por supuesto, se deteriora más la economía de aquellos que se quedan sin empleo a causa de esta medida, así como la de aquellos que nunca lo tuvieron y que ya son pobres de solemnidad.

Y no es que esté afirmando que nunca se podrá lograr una mejor calidad de vida para los empleados.   Corrigiendo rumbos la meta es alcanzable, pero sin estancarse solo en una fácil buena intención.    Si, por ejemplo, los gobiernos planearan medidas a mediano y largo plazo para promover la productividad y se eliminaran algunas trabas o limitaciones que preocupan a los inversionistas, se crearía la necesidad de mejorar salarios para obtener la mejor mano de obra para aventajar a los competidores.  Generalizando, el empleado que sabe garantizada su estabilidad y sus incrementos salariales bianuales no se preocupará por superarse, por ser más productivo.

Por supuesto que esto no es alcanzable a corto plazo y siempre acechará la tentación de medidas inmediatas, demagógicas y politiqueras, como las que estamos comentando.

Otro factor imprescindible para este logro es mejorar la educación; pero, al igual que en lo anterior, tomará bastante tiempo. Es conocido que, debido a nuestra deficiente educación, la cultura panameña se ha orientado hacia la de anhelar tener “buenos empleos” y no así la de ser buenos empresarios que aporten más al desarrollo del país. Los enormes privilegios conque cubre el Código de Trabajo a los empleados contribuyen a esta distorsión.

Hace algunos días, un amigo mío, cuyos negocios están enfocados hacia las clases más pudientes y a quien, en consecuencia, le ha sido fácil transferir a sus clientes cualquier aumento, escribió que desde siempre los empresarios se han opuesto a los incrementos forzados de salario, pero que al final todo ha salido bien, pues el sector comercio inmediatamente ha aumentado sus ventas.   No toma en cuenta que la economía de todo un país no es solo aquella de los comerciantes, el efecto que tendrá en lo agropecuario aumentará la inflación.

La realidad sigue siendo que tenemos el salario mínimo más alto de la región, pero también tenemos a casi la mitad de nuestra población viviendo en pobreza o en pobreza extrema, cuyas dolorosas realidades a menudo vemos en televisión.

Pero eso no es todo lo malo, también ostentamos la mayor disparidad de las ofertas económicas de la región y una insostenible creciente delincuencia, cuyo costo para el país es incalculable, la cual bien podría atribuírsele a las limitadas oportunidades de empleo.   Los periódicos incrementos obligatorios del salario mínimo no han solucionado ni solucionarán estos problemas.

Pongamos como ejemplo otros países: Japón, después de la guerra quedó devastado y lo remediaron creando muchos empleos de baja remuneración para así atraer a los grandes capitales mundiales.   Sus salarios fueron mejorándose solos a medida que mejoraba su economía.   Idéntico es el caso de Corea del Sur y, más recientemente: Brasil, China, India y Chile, entre otros, que marchan aceleradamente hacia una sólida riqueza.

No olvidemos que Panamá es apenas “un mercadito de 3 millones” y que forma parte del mundo globalizado en el que hay una lucha permanente entre países por beneficiarse del comercio internacional, y en la medida en que perdamos competitividad, estaremos “fritos”.

No podemos seguir durmiéndonos sobre los laureles de una economía canalera, a pesar de los buenos resultados logrados. Tenemos que diversificar y fomentar las exportaciones, como reducir las importaciones en la medida de lo posible.

¡Muy importante!: “El sector más vulnerable de la economía no son los empleados, como suele afirmarse, son los desempleados”. No los descuidemos por demagogia.

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Publicado  el   7  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Desorden universitario (II)

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La opinión del Empresario…..

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JAIME  CORREA  M.

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Hace días escribí la primera parte de este artículo, en el cual comentaba la irresponsable decisión de la rectoría universitaria de haberla mantenido cerrada durante varios días, como consecuencia de los disturbios promovidos por el mismo grupito de siempre, con lo cual se perjudicó a miles de estudiantes serios a quienes sí les interesa estudiar, como también al resto del país, en vez de expulsarlos.

Lo último fue que esos mismos camaradas salieron a decirnos “ que los daños causados por estos revoltosos irresponsables, solo alcanzan a unos $3000 ”, tratando de minimizar los mismos. No obstante, todos los daños directos causados, obviamente ascienden a más. Pero esto tiene el propósito de minimizar las faltas que cometieron, para poder aplicarles cualquier sanción poco severa, si es que les aplican alguna, pero nunca la expulsión, y.. todos tan felices, no ha pasado nada, puesto que los bobos que pagamos impuestos tendremos que cubrir esos “ pequeños ” gastos, en perjuicio de los pobres, que son quienes más se benefician de los presupuestos nacionales.

Pero la realidad es que los daños indirectos que han causado a todo el país son enormes.

Primero: por el hecho de que muchos policías tuvieron que dedicarle todo ese tiempo para tratar de controlarlos, utilizando toda clase de equipos muy costosos que ahora hay que readquirir y, a la vez, forzándolos a descuidar su obligación de protegernos a todos contra la creciente delincuencia. Después, esos mismos grupos son los que se quejan de que “ no hay seguridad ”. ¿Quién paga eso?

Segundo: porque también le hicieron daño a por lo menos un automóvil particular, que vimos en TV. ¿Quién paga eso, la Universidad?

Y tercero: pero mucho más importante aún, el enorme perjuicio causado a la economía nacional al mantener cerrada una vía de tanta importancia, secuestrando así, por horas, a numerosos ciudadanos e impedir que los demás pudieran efectuar sus diligencias.

Esta afectación sí la podemos calcular ya en millones de dólares. Pero obviamente que para ellos nada de eso importa.

Pero lo peor es que son esos mismos grupitos los que se hacen aparecer como defensores de las clases más necesitadas, a sabiendas de que mientras obstaculicen el desarrollo económico no podrá haber mejoría para aquellos a quienes falsamente dicen querer defender y ayudar.

Exactamente igual sucedió con la última revuelta de los institutores, que nos vinieron a decir que los daños habían sido mínimos (en este momento no recuerdo el monto que nos dijeron) y es obvio que a ese colegio mientras más dinero se le invierte, más lo destruyen los irresponsables.

¿No sospechan siquiera, las autoridades de la Universidad, que de lo que se trata es de acciones de movimientos ideológico—políticos? Obviamente que lo saben muy bien, así es que no hay dudas de que son estas mismas autoridades las que les están auspiciando y por ello buscan la forma de ayudarlos, sin expulsarlos, a costa del resto del país. De hecho están dándole largas a la decisión, a fin de que se olvide el tema, se calmen las aguas y que todo quede tal cual.

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Publicado el 17 de diciembre en el diario  La  Estrella  de  Panamá, a  quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.