Pus por donde apriete

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La opinión de la Periodista…

Adelita Coriat

El desgaste del sistema judicial es de larga data. Reconocerlo no es fácil, menos recuperarlo. El crimen organizado no es el único responsable, también forman parte las influencias políticas, la compra de puestos, el nombramiento de personal los favores políticos.

Esta semana escuchamos declaraciones preocupantes por parte de dos ex funcionarias de la procuraduría. Una confiesa que a cambio liberar a 4 implicados en un supuesto caso de narcotráfico le entregaron el despacho de la fiscalía de drogas de Los Santos. La otra ex funcionaria relata sospechosas actuaciones de sus colegas en las fiscalías de Drogas; incautaciones, manejo de expedientes y pruebas, así como la anuencia de sus superiores en los nombramientos.

Marquel Mora fungía como fiscal en la mencionada fiscalía, en septiembre fue enviado de vacaciones por tres meses, por lo que le correspondía a los fiscales superiores de droga nombrar un reemplazo.

Así fue como llegó la ex fiscal Milagros Valdés a este cargo. No perdió tiempo en cumplir el trato acordado que se aceleró cuando, dice, recibió amenazas telefónicas.

Valdés también deja ver la existencia de influencias entre funcionarios de jerarquía del MP y los implicados del caso en cuestión.

Por otra parte vemos a la ex jefa de recursos humanos, Eva Lorenz, denunciando la falta de garantías en su proceso. Lorenz alerta sobre la actuación de los fiscales de droga donde en ocasiones no hay capturas humanas pero si toneladas de cocaína, habla de la identificación de “droga diluida para dejar pasar la buena”, que hay poca compatibilidad entre la droga incautada y la que se acredita en los expedientes, y que a pesar de la inteligencia y seguimientos no hay capturas en los allanamientos.

Si usted estaría bajo investigación criminal, ¿confiaría en la investigación de los funcionarios de esta institución? Quien toma el mando en esta situación es el crimen organizado.

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<>Artículo publicado el  27  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Ahora son tres los periodistas condenados

La opinión del Empresario….

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JUAN  RAMÓN  MORALES
juramor777@hotmail.com

Otro periodista condenado, pregunto: ¿Por qué esta coincidencia, cuando el presidente ha tenido enfrentamientos con el sector periodístico? ¿Coincidencia o realidad? Quiera Dios, sea lo primero.

Definitivamente en el Judicial hay funcionarios obsecuentes, genuflexos. Cada vez que ocurren situaciones como la de los periodistas condenados viene a mi memoria aquel episodio cuando el presidente Belisario Porras demandó a Domingo H. Turner, por el ‘delito’ de atentar contra los poderes constituidos, en aquel momento el Lic. Turner citó como testigo de descargo al Dr. Eusebio A. Morales, a la sazón, secretario de Hacienda, al comparecer, el Dr. Morales rindió la más enaltecedora declaración a favor del demandado.   Cumplida su misión, el Dr. Morales pasó al despacho del presidente Porras y le dijo, ‘acabo de declarar a favor de Turner y en contra tuya, dejo a tu disposición el cargo’.

¿A cuántos funcionarios del Órgano Judicial les falta ese temple, ese carácter irreductible, para actuar en justicia, no como obsecuentes borregos obedientes, sumisos de la voz del superior?

En mi artículo anterior expresé que conozco poco de lo que es el perdón presidencial.   Ahora explico por qué:   Cuando vemos que la facultad presidencial es usada de cualquier manera, contrario al sentido de la norma, quedamos desorientados y concluimos que no se ha dado el uso adecuado.

La labor periodística analizándola profundamente, reviste grave peligrosidad frente a funcionarios públicos que actúan al margen de la ley, dándose luego golpes de pecho y arremeten contra los periodistas, también peligran en su seguridad física, porque en reiteradas ocasiones enfrentan y denuncian hechos de peligro absoluto.

El periodista debe ser revestido de inmunidad, claro, bien reglamentada para evitar el abuso, porque también se podría dar, con el propósito de garantizar el desarrollo que por su importancia ha sido considerada desde tiempos remotos, el Cuarto Poder del Estado.   El soberano tiene derecho a saber sobre las acciones de los funcionarios públicos y es al periodista a quien corresponde divulgarlo. Un periodista es más merecedor de inmunidad que los candidatos a puesto de elección. La inmunidad le daría al periodista frente a los abusos gubernamentales respeto y, sobre todo, garantías para no ser perseguido, porque es evidente que en el campo político los funcionarios del Órgano Judicial son utilizados para perseguir.

Exponer lo anterior, no significa que esté de acuerdo con todo lo actuado dentro del amplio campo del periodismo, por cuanto que no lo profesan hombre y mujeres perfectos, de allí que la inmunidad que propongo debe ser juiciosamente reglamentada. Juiciosamente no quiere decir en forma alguna anular la inmunidad mediante medidas que desvirtúen tal propósito. Señores periodistas, luchen por esta conquista desde ya.

Volviendo al ejemplo sobre el Dr. Eusebio Morales y el Dr. Porras, me pregunto: ¿Cuántos ministros o magistrados del actual gobierno se atreverían a actuar como lo hizo el Dr. Morales?   Yo responderé, ninguno, porque hoy día son muchos los que confunden el servilismo con la lealtad, abandonando la justicia, anteponiendo el estómago.

Así son las cosas.

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<> Este artículo se publicó el 25 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/morales-m-juan-ramon/

Sobre caso de la jueza Zulay Rodríguez

La opinión del Abogado….

JAIME A. PADILLA GONZALEZ

Dentro de la maraña de arbitrariedades que se están experimentando en el Órgano Judicial, tenemos el caso reciente de la jueza suplente Zulay Rodríguez. No entiendo, ¿cómo es posible que un fiscal inicie una investigación contra la jueza Rodríguez, porque no le gustó que otorgara una fianza en un caso de narcotráfico?

Fuera de todo orden procesal, el fiscal Parodi inició de oficio una investigación contra la jueza Rodríguez por haber otorgado una fianza, ordenando su conducción, cuando en la etapa procesal correspondiente, si él no estaba de acuerdo, debió oponerse, pero no lo hizo y, contrariamente, dispuso abrirle una investigación.

Desde el punto de vista jurídico—procesal esto es una típica intromisión del Ministerio Público en las decisiones del Órgano Judicial, que violenta principios consagrados en nuestra Constitución y en el Código Procesal Penal.

Si bien es cierto, según estas excertas legales, el Ministerio Público y el Órgano Judicial se encuentran en paridad, ésta rige para ciertas actuaciones y no para todas, o sea que esta paridad no es restrictiva y tiene sus excepciones. (Artículo 216 de la Constitución Política de la República. Artículo 127, numeral 1 del Código Procesal Penal. —Artículo 350 del Código Penal).

Las decisiones de los jueces o magistrados no pueden cuestionarse arbitrariamente; si se tiene la percepción de que sus actuaciones, en un caso determinado, tienen visos de corrupción o de ilegales, deben seguirse las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, de acuerdo a la Constitución.

Lo viable era interponer una querella en contra de la jueza, a través de la cual podría iniciarse la investigación, solicitando su separación y adjuntando las pruebas, todo ante su superior jerárquico, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que es la autoridad competente.

Las actuaciones del fiscal violentaron flagrantemente los siguientes principios:

Principio de Independencia Judicial: Los jueces y magistrados del Órgano Judicial son independientes en el ejercicio de sus funciones, nadie los puede cuestionar y mucho menos perseguir por los actos que decidan en el ejercicio de sus funciones.

Principio del Debido Proceso: Al no seguir los mecanismos que la Ley dispone, para este tipo de procesos, es el superior jerárquico de la jueza quien debió conocer del caso, pedir su separación, presentar la prueba sumaria, si es que existe alguna, y luego iniciar la investigación.

No podía el fiscal iniciarla y mucho menos girar orden de conducción en su contra, aún cuando no estuviere de acuerdo en el otorgamiento de la fianza. Es cierto que el Código Penal establece que no habrá fianza de excarcelación en los delitos de drogas, pero igual establece una excepción clara, dejando al criterio de la Sana Crítica del juzgador, si otorga o no la fianza. Por ende, presumimos que la jueza utilizó la Sana Crítica y motivó su decisión en aplicar medida cautelar distinta a la detención preventiva.

El Derecho Procesal Penal no se basa en fórmulas alquimistas, es decir, que si la norma dice que no habrá derecho a fianza en los delitos de narcotráfico, automáticamente tenga que aplicarse la detención preventiva, pero así lo entienden los obtusos del Ministerio Público.

Principio de Legítima Defensa: La señora jueza tenía derecho a defenderse y saber por qué la estaban investigando. Lo curioso e inconcebible de este caso es ¿cómo a una funcionaria de justicia, que administra justicia, la quieran conducir como si estuviera evadiendo la justicia? Es lo más gracioso, doloroso y preocupante, porque esto no es más que un acto de persecución contra la funcionaria. Actos como éstos solo los veíamos en tiempos del noriegato o gorilato.

Principio de Inocencia: El fiscal giró nota de conducción, presumiendo su culpabilidad, ignorando el derecho a defenderse; vemos que no tuvo otro mecanismo más inteligente que conducirla. Pareciera que el fiscal ignoraba el paradero de la jueza o un número telefónico o correo electrónico o la ubicación del juzgado donde ella ejercía su suplencia.

Ni los abogados, ni la sociedad panameña, podemos permitir actos como éstos bajo ningún concepto. Imagínense, ¿si esto está pasando en contra de una funcionaria judicial, qué no harán entonces con un hijo o hija de Juan Pueblo?

Rechazamos categóricamente este tipo de actuaciones que fueron costosamente superadas y exigimos la vuelta al respeto al debido proceso y a los principios sagrados del proceso penal.

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Este artículo fue publicado el 2 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Visitas, transparencia y consensos

La opinión del Abogado y Político Independiente…..


Juan Manuel Castulovich

Conspicuos y muy altos personajes de los Departamentos de Estado y de Defensa de los Estados Unidos nos “han honrado” con sus recientes visitas.   La última, la de los señores Arturo Valenzuela, Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos, quien se hizo acompañar de John Maisto, de larga vinculación y con muchos “contactos” en nuestro país.

Habrá, desde luego, información dosificada y maquillada sobre lo tratado que, para la exportación, fue “examinar temas de seguridad y aspectos relacionados con la lucha contra el narcotráfico”. Algo de eso hubo, pero mucho más que no nos contarán.

Es por demás llamativo que no bien levantaron vuelo “los distinguidos visitantes”, medios de información costarricenses dieron cuenta de “ciertos roces” entre los norteamericanos y el gobierno Martinelli, debidos a insatisfacciones, privadamente expresadas por aquellos, sobre la independencia del Ministerio Público y el Órgano Judicial y los pocos resultados en los temas seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

En la administración norteamericana, no es un secreto para nadie, existen importantes e influyentes funcionarios con agendas específicas que determinan el diseño de las políticas y las acciones de su gobierno hacia nuestros países, sin que importe mucho si gobiernan republicanos o demócratas.

Panamá, por el canal y por nuestra posición geográfica sigue siendo “punto aparte” en el ajedrez de la política norteamericana para América Latina. Y como no somos uno de “los grandes”, nuestra capacidad de resistir “las sanas y amistosas sugerencias” de “nuestros tutores” es, por consiguiente, limitada. Eso lo sabemos desde el nacimiento mismo de la república. La larga y también cruenta lucha que sostuvimos por casi un siglo para librarnos del enclave colonial es el mejor referente.

Lo grave de la situación presente es que parece que hemos olvidado las lecciones de la historia.   La causa del Canal triunfó porque en ella se involucró toda la nación. Los gobiernos y las sucesivas generaciones, cada uno en su momento, hizo su aporte. No apartarse del guión fue fundamental.

Una de fallas de la administración Martinelli es su cada vez más marcada tendencia a desconocer la importancia de los otros actores de la vida nacional. Y por sus aciertos, así como de sus errores, responderá políticamente en su momento, cuando al pueblo le toque volver a votar.  Pero hay temas, como la política exterior, o el de las relaciones con los Estados Unidos, en el que no debe haber margen para errores.

Poco o nada sabemos el resto de los panameños sobre la verdadera situación del Tratado de Libre Comercio.   Poco o nada sabemos sobre los acuerdos que seguramente existen para nuestra participación como país en el “nuevo diseño de seguridad” que impulsa el gobierno norteamericano. Poco o nada sabemos sobre “las condiciones que se nos demandan”, por ejemplo, en materia laboral, para merecer “la buena disposición” de la administración Obama hacia nuestras pretensiones comerciales o para que se nos mantenga el “llamado grado de inversión”.

Saludable sería, más que para la administración Martinelli, para el país, que nos pertenece a todos, que en temas de tanta importancia se abandone “la política de los secretos” y se la sustituya por la del consenso. En el pasado nos dio buenos resultados. Y siempre ha sido un error ignorar las lecciones de la historia.

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Este artículo se publicó el  11  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sangre y proceso

La opinión de…..

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Silvio Guerra Morales

Según las estadísticas del Órgano Judicial de Panamá un 33% de los acusados por homicidios son declarados inocentes o terminan con sentencias absolutorias.   Más de un 40% son sobreseídos, ya sea de manera definitiva o provisional, al fin de cuentas, quedan en libertad; un 7% de esos mismos casos, por cualquier otra razón, no quedan en nada.

Estos números, analizados fríamente, indican que, siendo así las cosas, por cada 100 víctimas de las garras del crimen y que pierden sus vidas, más de 80% de los autores de esos crímenes quedan en libertad o, simplemente, nunca purgarán una pena.

Sin desmedro de considerar que muchos de los casos de homicidio que terminan con decisiones de inocencia por parte del jurado o con sentencias de absolución si se trata de juzgamientos en Derecho, realmente obedecen a la efectiva inocencia de las personas que han sido juzgadas, tampoco podemos ocultar o esconder nuestro rostro de una patética realidad: casos que son, desde la perspectiva procesal y probatoria, irregularmente instruidos; casos que desde sus inicios, durante el procedimiento investigativo, se encuentran plagados de violaciones sin fin al debido proceso y a otras disposiciones constitucionales consignatarias de derechos y libertades individuales y procesales, etc., son los que permiten al hábil abogado señalarle a los jueces o al jurado que la prueba es ilícita, que la prueba está contaminada, etc. y de este modo lograr “poner al acusado de vuelta en la calle”.

En este orden de ideas, respaldado por la experiencia en los tribunales y especialmente ante los jurados que deciden en conciencia, puedo afirmar que no hay nada que moleste tanto a un decisor de justicia –juez o jurado- como cuando advierte o indica que se han violentado las formas propias del juicio penal en contra de un ciudadano y que tal hecho entraña clara y evidente violación a los derechos y libertades consagrados en el estatuto constitucional.

Luego, queremos culpar a los jueces y a los magistrados, sobre todo al jurado, porque dictan absoluciones o veredictos de inocencia según corresponda, y salimos a la palestra a censurar y despotricar en contra de la Administración de Justicia –sin desmedro de que algunas críticas han de ser fundadas- generalizando una crisis que tiene distintos focos y que, no necesariamente, se encuentran en el seno de Temis.

Por ello, recientemente, señalaba en un programa de televisión, que hay que poner un alto, un basta a las investigaciones improvisadas; un freno a las detenciones sin fundamento legal y que nacen a merced de un espíritu investigativo inquisitivo, perseguidor, sanguinario, carcelario y, en defecto de ello, hacernos parte de una cultura procesal, de investigación, que incluya a abogados, fiscales, jueces, sociedad, en la que destaquen votos concretos de una feligresía jurídica que postula y cree en el estado de inocencia y el respeto casi absoluto debido a este apotegma constitucional; creencia en el debido proceso ya que sin él no hay proceso sino una parodia burda y torpe de juicio; una constante devoción a la igualdad de todos ante la ley y que, finalmente, tengamos la convicción de que cuando se condena a un ciudadano es porque se le ha probado su culpa en un juicio cónsono con el debido proceso y que si se le absuelve o declara inocente es porque así ha sido en estricto derecho.

Pero también de una sociedad cuya cultura forense empiece a dar muestras de “respetar las decisiones de los tribunales” y aprender que se trata de fortalecer el Estado de Derecho para bien de todos.

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Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El controvertido caso de la Procuraduría

La opinión del Empresario……

JAIME CORREA MORALES

Este tema ha creado mucha inquietud en nuestra sociedad y, como ciudadano, emito opinión basándome en las informaciones procedentes de los medios de comunicación, que son el único medio a nuestro alcance.   Creo que se ha estado pecando de excesiva suspicacia al acusar al Ejecutivo de manipular todo un andamiaje que conduciría a la remoción de la procuradora. A ella se le están siguiendo procesos en concordancia con las leyes y no arbitrariamente. Además, a ella le sobran abogados defensores, así como particulares que la apoyan y tiene amplio acceso a los medios, y así debe ser.

No soy abogado como para introducirme en los vericuetos de los actos supuestamente anómalos achacados a la procuradora y saber si estos riñen o no con la legalidad, esta decisión la tomará la Corte Suprema de Justicia, que es la autoridad competente y cualquiera sea su decisión tendremos que aceptarla, pues, sus fallos son finales. Sabemos, eso sí, que no fueron este presidente ni sus allegados quienes presentaron ninguna de las varias demandas que pesan sobre la procuradora, puesto que el asunto inició con anterioridad a su mandato. Tampoco fue él quien, para causarle problemas, le ordenó intervenir teléfonos ni tampoco que mediante un acto de prepotencia y sin las pruebas requeridas, despidiera a varios fiscales y al médico forense, que luego debieron ser restituidos en sus puestos por orden de la Corte Suprema y a un costo millonario para todos nosotros.   Lo que no sabemos es si tales acciones fueron legales y ello es, precisamente, lo que se está tratando de aclarar a través de los procesos en trámite.

Lo que no acabo de entender es que haya quienes piensen que una procuradora que está suspendida en sus funciones, debido a que se le siguen procesos legales, sea la que pueda nombrar a algún allegado para que la suplante durante el trámite de tales procesos.   Permitirlo, sería como poner al ratón a cuidar el queso. Vale recordar que constitucionalmente es el presidente quien nombra a los procuradores y mal podría evitarse que en un caso como este sea al propio presidente a quien corresponda tal nombramiento.

Vale traer al caso que el presidente del período anterior controló absolutamente todos los órganos del Estado, pero ello no fue motivo de gran escándalo. En ocasión de los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que todos conocemos, en período pasado, señalados como muy irregulares, sí hubo reacciones, pero ninguna tan marcada como esta que ahora estamos presenciando. Muy injusta, en mi opinión. Hasta pareciera que algunos medios de divulgación se han declarado opositores en contubernio con el PRD y ello no me sorprendería después que vimos a la Democracia Cristiana hacerlo sin ningún sonrojo.

La inconformidad pública con este tema se debe más bien a un rechazo a nuestra manipulada y deficiente Constitución Política, de la cual se origina la desconfianza generalizada hacia el Órgano Judicial. La solución, entonces, no es achacar la responsabilidad al presidente, sino iniciar campañas a favor de legítimas reformas constitucionales o de una Constituyente que corrijan estas deficiencias y muchas otras que subsisten del período militar.

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Publicado el 5 de marzo de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Siento vergüenza…

La opinión del Abogado….

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Juan Ramón Sevillano Callejas

Nunca he esperado nada bueno, ni de los funcionarios del Órgano Judicial ni de los funcionarios del Ministerio Público. No veo por qué no voy a pensar así, si por ejemplo, es vox pópuli que los unos se acusan a los otros, los jueces dicen que los fiscales realizan investigaciones defectuosas y estos dicen que los jueces sueltan a todos los delincuentes.

Tramito mis casos bajo la premisa antes mencionada, por tanto, monto una estrategia no solo jurídica sino una forma de litigar sin dilataciones, pero en la cual la parte que no tenga el derecho ni la razón siempre vaya, de una u otra forma, a perder.

Tengo un hijo abogado y otro menor que quiere estudiar derecho, a ellos les digo lo mismo que les digo a mis clientes: la justicia es una lotería, por tanto, prepárense, porque esta es una profesión en la cual hay que pelear constantemente.

Que sepan que en cada juzgado hay un Código Judicial diferente, que si le caes mal al secretario o al juez, porque te das a respetar, vayan pensando en la apelación.

No me extraña la decisión de minutos en el caso de la procuradora. Ella debe saber que este caso lo tiene perdido desde que se inició, le aconsejo que busque justicia en otros lares. Además, esto le pasó por poner su fe en el sistema judicial de Panamá.

Hace meses escribí otro artículo que se denominaba Panamá está al revés, por tanto, no me extrañaría que al fiscal que supuestamente lo detuvieron con los billetes marcados, le hagan una estatua de héroe y hasta lo vuelvan a nombrar en el Ministerio Público.   Pero con ese rápido precedente, cómo le explico a un cliente cuyo caso aún en primera instancia, tiene 16 años en un Juzgado Civil, que contra la jueza del caso, 250 abogados firmaron una nota de queja por irregularidades, y lo que dijo el Órgano Judicial fue que todos debían ir a juramentar la queja, por supuesto, ella sigue en el puesto, ya que ni de oficio se inició una investigación.

Hay o hubo una investigación por irregularidades contra un juez y un magistrado de lo penal, que lleva años, y digo así porque como demora tanto, ya no sabemos si los casos se resolvieron o no, en estos casos, por supuesto, no hubo la celeridad antes mencionada y ellos siguen en sus puestos.

A muchos abogados que laboran en las instituciones mencionadas les digo que renuncien, que con sus conocimientos ganarían más dinero y que tendrían mejor calidad de vida.   Pero, también veo abogados sin dignidad ni vergüenza, que hacen lo imposible porque los nombren en esos puestos, definitivamente, no tienen capacidad para ganarse la vida en las calles.

Hace pocos días una persona mayor de edad, en forma de broma, me dijo que por qué no era procurador, le contesté: “que te he hecho para que me desees tanto mal” .

El pueblo tiene la percepción de que la justicia es selectiva, se favorece el poder político y al poder económico.

He interpuesto una demanda de inconstitucionalidad en contra del contrato entre el Estado y Petaquilla. Una de dos, o se me niega la admisión por omisiones de forma (no hay búsqueda de la justicia), en esta etapa llevamos meses no minutos, o se demora tantos años que para cuando se resuelva ya habrán devastado toda el área en concesión.

Siento vergüenza de ser abogado en este sistema podrido.

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Publicado el 2 de marzo de 2010  en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Poder político vs poder justicial

La opinión del Docente Universitario…..

DORINDO JAYAN CORTEZ

¿Está el poder judicial fortaleciendo la institucionalidad democrática o es el poder político el que está determinando la dinámica de aquel? Proporciones guardadas, sostengo que Panamá transita por un proceso de “involución”, donde el componente judicial corre el riesgo de debilitarse y concentrarse en “otro” poder. Así lo han denunciado sectores de la sociedad civil.

La crisis toca las puertas del poder judicial y el desánimo ha sido generalizado. La sociedad civil, incluidos los partidos de oposición y la desaparecida Cruzada Civilista, denuncia el peligro que corre el régimen institucional. Son situaciones que tienen sus antecedentes en la política tradicional, siendo esta, la política, un talón por encima de la justicia.

En nuestra historia política ha existido una línea delgada entre el poder judicial y el poder político. El control político de la Corte Suprema (la Corte) ha sido de siempre. En 1905, los Conservadores a través de la Corte privan al liberal Belisario Porras de la nacionalidad, so pretexto de ser contrario a la emancipación de Colombia. Así, quedaba impedido de actuar en la política nacional. Años después, a raíz del golpe de Acción Comunal 1931, la Corte invalida la elección de los designados realizada por la Asamblea Nacional en 1930 y reconoció los de 1928. De esa manera, el Órgano Judicial decidía el rumbo de lo político, y lo político extraía de la Corte el mecanismo para imponer intereses del grupo en el poder.

Y qué decir de la crisis de 1948 con el golpe de Estado legislativo que anula las elecciones y elige presidente y vicepresidentes por encima del torneo realizado. Al final, el presidente Enrique Jiménez frustra a los golpistas con el apoyo de la Policía y el fallo de la Corte que declara inconstitucional lo actuado por la Asamblea Nacional. El oficialismo “ imponía ” a Domingo Díaz en contra de Arnulfo Arias, quien, según cifras preliminares, resultaba ganador. Al fallecer el presidente Díaz, y decidir el presidente Chanis destituir a los comandantes de la Policía, éstos disponen el reconteo de votos. El Dr. Arnulfo Arias volvía a la Presidencia y los comandantes conservaban sus cargos.

La crisis de gobierno del Dr. Arias, en 1951, surge con la derogatoria de la Constitución de 1946. La solución del conflicto fue posible —como confesó el comandante Remón— una vez se contó con la intervención de la Corte, la cual, a diferencia de 1948, falló a favor la Asamblea Nacional resolviendo como “ inobjetable el acto legislativo en el que se suspendía al Dr. Arias y se llamaba al primer vicepresidente Alcibíades Arosemena a ocupar la Presidencia ”.

El juego de lo judicial y lo político se presentó, una vez más, al juzgar la Asamblea Nacional al presidente José Ramón Guizado acusado, injustamente, de asesinar al presidente José Remón Cantera. La Corte dictaminó la constitucionalidad de la actuación de la Asamblea, en fallo que no dejaba duda del contenido político.

El Poder Judicial, como se ve, ha estado debajo del talón político.

Hoy, en “ democracia ”, resulta necesario oponerse a los vicios dañinos del pasado.   El Poder Judicial no debe ser instrumento, como lo era antes, para concentrar los poderes.

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Publicado el 19 de febrero de 2010 en el Diario   La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Ahora le toca al Canal?

La opinión de……

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Franklin Castrellón

Confieso haber abrazado con entusiasmo y optimismo la propuesta del “cambio”, liderada por el hoy Presidente de la República, Ricardo Martinelli.   Esa actitud como ciudadano se sustentó en sus promesas electorales, las cuales fueron satisfechas en parte durante los primeros meses de su gestión, con acciones alentadoras en la lucha contra la corrupción y en el enderezamiento de entuertos dejados por el pasado gobierno.

Pero, lamentablemente, ese optimismo comenzó a cambiar al observar el interés obsesivo del Presidente por asumir el control sobre los otros órganos del Estado llamados a ejercer algún grado de supervisión sobre el desempeño del Ejecutivo, incluyendo a la Contraloría General.   Y al hacerlo ha ignorado una de sus más caras promesas de campaña. Ese empeño obsesivo ha llevado al Presidente, con el manso respaldo de un Órgano Legislativo totalmente subordinado, a asaltar literalmente al Órgano Judicial y a crear condiciones para hacer lo propio con el Tribunal Electoral.   Como veo las cosas, el próximo paso de esta estrategia contraria a los intereses nacionales, es el de tomar absoluto control de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la única institución del país que funciona al nivel del primer mundo.

Cabe apuntar que el éxito del Canal en manos panameñas se debe a que, gracias a iniciativa del ex presidente Guillermo Endara en la década de 1990, como resultado de un proceso de concertación nacional, se aprobó un título constitucional para proteger al Canal de la voracidad de los políticos y una ley orgánica que desarrolla los principios constitucionales que le otorgan autonomía a esta agencia.   La transparencia y eficiencia de la ACP se sustentan en sistemas de administración de personal, contrataciones y operación aprobados por su junta directiva.

No pretendo elaborar sobre la forma arrolladora como el Ejecutivo ha logrado sus objetivos en la Contraloría, la Corte y la Procuraduría, pues ya lo han hecho juristas de reconocido prestigio.   Sí cabe observar que en el caso de la procuradora Ana Matilde Gómez, ésta ha sido removida del cargo por la mayoría oficialista de la Corte Suprema basándose en una denuncia presentada por un ex fiscal a quien la procuradora destituyó por “coimero”.

El escenario que se nos presenta ahora con la ACP es tan preocupante como el de la procuradora, por cuanto al Presidente le corresponderá reemplazar a tres directivos (Mario Galindo, Guillermo Quijano y Antonio Domínguez), cuyos periodos concluyen en febrero de 2010.

La junta directiva de la ACP está integrada por 11 miembros, incluido su presidente (Rómulo Roux), de los cuales cinco –tres designados por Mireya Moscoso y dos por Martinelli y la actual Asamblea Nacional– son afectos al actual gobierno.

Ello le permitirá al Presidente contar con una mayoría de ocho de los 11 miembros de la junta directiva.

A la nueva junta directiva que resulte de las designaciones indicadas le corresponderá nombrar en 2012 al administrador que reemplazará a Alberto Alemán Zubieta. Éste no podrá ser reelecto en el cargo, pues –lamentablemente– el artículo 24 de la ley orgánica de la ACP solo permite una reelección inmediata.  Alemán Zubieta fue reelecto en 2005 y su periodo concluye el 22 de agosto de 2012.

Como la actual, la nueva junta directiva tendrá la potestad de modificar el sistema de mérito que rige en el Canal para el reclutamiento de personal y los ascensos, así como el de contrataciones y el de operaciones. Y al próximo administrador le tocará continuar lo que ha sido un impecable manejo del Canal, tanto en su aspecto operativo como administrativo.

De emularse los censurables casos comentados, resulta previsible que se tomen decisiones que conviertan en una caricatura el sistema de méritos y el de contrataciones, para colocarlos al nivel de los que rigen en el resto del gobierno.

De allí que se requiera una gran dosis de responsabilidad y sentido común en las designaciones de los miembros de la Directiva y del próximo administrador del Canal. Algo que, lamentablemente, no han demostrado quienes dirigen los destinos del país.

En consecuencia, apelamos a un activo rol de las organizaciones que impulsaron en 1990 el título constitucional y la ley orgánica de la ACP para proteger los acuerdos de aquella concertación nacional.

De otra suerte, correremos el riesgo de que el Canal de Panamá deje de ser el instrumento de desarrollo que es hoy día, para convertirse en un botín político más.

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Publicado el 10 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El poder predador

La opinión del Catedrático de Derecho Constitucional…..

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Miguel Antonio Bernal

Los acontecimientos que se precipitan en nuestro país, hacen obligatorio que los ciudadanos retomemos la responsabilidad y el compromiso de participar. Sin la participación ciudadana y, claro está, sin justicia social, es imposible hoy día hablar de democracia.

“Vivir en democracia, -se ha dicho con claridad- es díficil, pero es más fácil si hay instituciones sólidas que garantizan seguridad y justicia”. ¿Cuáles son en Panamá esas instituciones? No las hay y tenemos que apurarnos en tenerlas, antes que sea tarde.

En la lucha por la libertad, ya sea como exigencia moral o como imperativo jurídico, hay una premisa básica: un orden jurídico y un régimen político son injustos y tiránicos si no reconocen, protegen y velan por las libertades y los Derechos Humanos. El Estado en Panamá no está cumpliendo esa tarea, entre otras rezones porque, en primer lugar, no tenemos un Estado de Derecho. Por otro lado, el presidencialismo se ha desbocado y solo el poder ciudadano, si actúa, podrá controlarlo.

El poder en nuestro país, es cada vez más menos jurídico y más normalizador, de ahí que su alejamiento del ordenamiento jurídico continuará acrecentándose, alejándose así de cualquier referencia a la necesidad de un verdadero Estado de Derecho. Por ello, la supremacía de la Constitución ha ido pasando a segundo plano, para ceder así, su lugar, a la voluntad del gobernante de turno, que es respaldado por los factores reales de poder, cada vez más carentes de convicciones democráticas y adversarios permanentes del debido proceso, de la presunción de inocencia, de la independencia del Órgano Judicial, de la transparencia, pero sobre todo, de cualquier posibilidad real, efectiva y concreta de participación ciudadana.

Todo actúa en contra del constitucionalismo como técnica de libertad. Todo gira, más y más, en torno a un exacerbado pseudoconstitucionalismo, acompañado de la violación y la elusión constitucional.

La autocracia envuelta en su ropaje de neopopulismo, clientelismo y demagogia, se esmera entonces en hacer creer que no es lo que es: un despotismo moderno cuya naturaleza real consistirá en no dejar hacer al pueblo nada por sí mismo.

El poder, entonces, presa de delirio, deja atrás toda promesa de cambio, seducido por el ejercicio del poder mismo y se prepara para imponer un nuevo “parche” a la constitución militarista para prolongarse.

Velará desde ahora, para desarmar cualquier propósito de fiscalización, control o participación ciudadana, promoviendo para ello la inconciencia ciudadana y la debilidad cerebral que facilite la confusión y el fanatismo.

Las tretas y patrañas del poder, sus engaños y desviaciones logran apoderarse de posiciones claves, particularmente de carácter mediático para sus propósitos, por la pasividad e inacción ciudadana.

Tengamos presente que: “Sólo el verdadero ciudadano sabe que la libertad y la verdad, las dos grandes conquistas de la raza humana, tienen un alto precio, y que ser ciudadano implica velar las armas y vigilar constantemente el poder predador”.

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Publicado el 5 de febrero de 2010 en el diario Panamá América Digital, a quienes damos, lo msmo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Dónde estás Panamá?

La opinión de…..

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Federico Humbert Arias

Hay que ser pigmeo de intelecto o tener una visión miope de nuestro futuro si, por pasar de inverosímiles, no nos revientan en la cara los peligros que se ciernen hoy sobre la institucionalidad del frágil Estado panameño.   La tormenta que se ve venir, como resultado del martilleo con que el Órgano Ejecutivo arremete contra el Órgano Judicial, causándole fisuras gravísimas, es preocupante.

La designación –una vez más- de magistrados allegados, pero peor aún, su zambullida inmediata en una gestión expedita para remover a la Procuradora General de la Nación, aparte de altamente peligrosa, es inmoral.

Hoy están en juego principios que van mucho más allá de quién es el procurador/a, o cuán eficiente o débil es su gestión. En peligro está la institucionalidad del Estado panameño, la cual debe cimentarse sobre la independencia de sus tres órganos, pero pareciera estar girando hacia una concentración de poderes con dominio absoluto sobre el rumbo y devenir del país.

En la política criolla latinoamericana, lastimosamente, es común que nos encontremos con exabruptos y dificultades que nos corroen, que van desde malos manejos y actos de corrupción, hasta atentados contra nuestros valores, principios y derechos constitucionales; sin embargo, ante estos funestos escenarios, tenemos la dicha de que siempre hay quienes alzan su voces y, con sus acciones sirven de contrapeso a los excesos y nos regresan un sentir de esperanza.

Toda sociedad consciente y responsable, debe gozar de quienes ayuden a mantener un equilibrio sensato, coadyuvando a detener este tipo de vicisitudes. Sin embargo, tan preocupante como lo que está ocurriendo con el Órgano Judicial y el Ministerio Público, es la ausencia de esas voces que, como cantalantes, deben servir de reflexión y guía.

¿Dónde están? ¿Dónde está la incisiva voracidad de los medios de comunicación, que tienen que servir de críticos frente a todas estas arbitrariedades?

¿Dónde están los intelectuales cuya tinta no conocía el miedo y que, ante circunstancias similares, tanto ilustraron y dieron valor a las páginas de opinión?

¿Dónde están las voces de panameños íntegros como José Raúl Mulino u otros miembros del actual gobierno, con quienes en la época de la dictadura peleamos hombro a hombro contra irresponsabilidades como las que ocurren hoy con la Procuraduría?

¿Dónde están esas voces, que conociendo lo imprudente y nefasto de estas acciones, hoy nos dejan perplejos con su silencio?

¿Dónde están los pronunciamientos de la Iglesia, de los gremios o de la sociedad civil?   Sin duda, su silencio se verá como cómplice, cuando todo se haya derrumbado.

¿Dónde están las personas cercanas al Presidente y su Gabinete?

¿Dónde están sus amigos personales, esos verdaderos amigos que dicen lo que no se quiere oír, y cuyos principios y valores están por encima de la pusilanimidad y adulación?  ¿O es que todas esas personas cercanas no ven lo que está ocurriendo?

¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está el PRD?, quien con sus virtudes y defectos tiene la obligación de servir de contrapeso en el tinglado político, con críticas y arrimos, pero también con voceros creíbles y planteamientos productivos.

En fin, ¿dónde está Panamá?

Como panameños, tenemos una responsabilidad inalienable de defender la institucionalidad del Estado, ante las oscuras nubes que se ciernen sobre los estamentos democráticos por los cuales tanto batallamos. No verlo es triste; no quererlo ver, inmoral.

Hoy el país nos pregunta: ¿dónde estás tú? Solo esperemos que nuestras voces y acciones eviten que en el futuro, el país y nuestros hijos nos tengan que preguntar: ¿dónde estabas tú?

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Publicado el 31 de enero de 2010  en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El ejercicio del poder democrático y libertad

La opinión del Jurista ……

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Ramiro Guerra Morales

En la transición del medioevo hacia la modernidad, surgió una serie de investigaciones y teorías sobre las cuales se fueron construyendo los fundamentos científicos de lo que se conoce como el estado de derecho.

Unos de esos pensadores, lo fue sin lugar a dudas, el conde de Montequieu, que según Irving Ziitlin, autor de la “obra Ideología y Teoría Sociológica” trabajó profundamente el estudio sobre la relación del poder con la libertad.

En efecto, Montesquieu (1689-1755) acotaba: “Los hombres no son libres porque tengan derechos naturales o porque se rebelan cuando la opresión se hace intolerable;  son libres en la medida en que se distribuyan y se organice el poder para impedir que se abuse de él o al menos para reducir este peligro al mínimo. Más aún, se conserva mejor la libertad allí donde los grupos interesados o los sectores organizados se controlan mutuamente y controlan al gobierno y donde las leyes establecen debidamente la posibilidad de hacerlo”.

El moderno estado de derecho-constitucional, encuentra en Montequieu, los principios de teoría política y sociológicas que le sirven de fundamento a varias de sus normas, teniendo como norte, el control que debe existir sobre los que ejercen el poder de tal suerte que no derive hacia formas abusivas del ejercicio de los mismos. Precisamente, al decir del jurista colombiano, Madriñán, la clásica teoría de la separación de poderes en el fondo se traduce en una teoría de la evitación del control excesivo o localizado del ejercicio del poder.

Como desarrollo de estas teorías, sobre todo la que tiene que ver con la separación de poderes como fundamento clásico, vigente hoy, del estado de derecho, se concluye, de manera enfática, que el funcionamiento equilibrado de esta triangular relación (de los tres poderes), es al Órgano Judicial al que le compete controlar todo indicio que pueda significar una hipertrofia de tal relación. Al punto que pueda generar lo que, precisamente, procura evitar la teoría de la separación. Cuando este equilibrio se altera, corre peligro el estado de derecho y, por derivación, la democracia y la libertad.

En otras ocasiones, hemos sido contundentes en señalar que la democracia y el ejercicio del poder pasan por la construcción de espacios para la consulta y el diálogo con la sociedad civil. No es cierto, que la condición de ciudadano se pierde con el ejercicio del sufragio. La teoría, de que una vez que pasan las elecciones, pasamos a la condición de súbdito del poder, es degradante y humillante.

Un buen ejercicio de gobernabilidad, no contradice los escenarios propios de democracia participativa. Todo lo contrario, fortalece la cultura ciudadana y el estado de derecho.

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Publicado el 30 de enero de 2010 el Panamá América Digital. a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.