Pus por donde apriete

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La opinión de la Periodista…

Adelita Coriat

El desgaste del sistema judicial es de larga data. Reconocerlo no es fácil, menos recuperarlo. El crimen organizado no es el único responsable, también forman parte las influencias políticas, la compra de puestos, el nombramiento de personal los favores políticos.

Esta semana escuchamos declaraciones preocupantes por parte de dos ex funcionarias de la procuraduría. Una confiesa que a cambio liberar a 4 implicados en un supuesto caso de narcotráfico le entregaron el despacho de la fiscalía de drogas de Los Santos. La otra ex funcionaria relata sospechosas actuaciones de sus colegas en las fiscalías de Drogas; incautaciones, manejo de expedientes y pruebas, así como la anuencia de sus superiores en los nombramientos.

Marquel Mora fungía como fiscal en la mencionada fiscalía, en septiembre fue enviado de vacaciones por tres meses, por lo que le correspondía a los fiscales superiores de droga nombrar un reemplazo.

Así fue como llegó la ex fiscal Milagros Valdés a este cargo. No perdió tiempo en cumplir el trato acordado que se aceleró cuando, dice, recibió amenazas telefónicas.

Valdés también deja ver la existencia de influencias entre funcionarios de jerarquía del MP y los implicados del caso en cuestión.

Por otra parte vemos a la ex jefa de recursos humanos, Eva Lorenz, denunciando la falta de garantías en su proceso. Lorenz alerta sobre la actuación de los fiscales de droga donde en ocasiones no hay capturas humanas pero si toneladas de cocaína, habla de la identificación de “droga diluida para dejar pasar la buena”, que hay poca compatibilidad entre la droga incautada y la que se acredita en los expedientes, y que a pesar de la inteligencia y seguimientos no hay capturas en los allanamientos.

Si usted estaría bajo investigación criminal, ¿confiaría en la investigación de los funcionarios de esta institución? Quien toma el mando en esta situación es el crimen organizado.

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<>Artículo publicado el  27  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Ahora son tres los periodistas condenados

La opinión del Empresario….

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JUAN  RAMÓN  MORALES
juramor777@hotmail.com

Otro periodista condenado, pregunto: ¿Por qué esta coincidencia, cuando el presidente ha tenido enfrentamientos con el sector periodístico? ¿Coincidencia o realidad? Quiera Dios, sea lo primero.

Definitivamente en el Judicial hay funcionarios obsecuentes, genuflexos. Cada vez que ocurren situaciones como la de los periodistas condenados viene a mi memoria aquel episodio cuando el presidente Belisario Porras demandó a Domingo H. Turner, por el ‘delito’ de atentar contra los poderes constituidos, en aquel momento el Lic. Turner citó como testigo de descargo al Dr. Eusebio A. Morales, a la sazón, secretario de Hacienda, al comparecer, el Dr. Morales rindió la más enaltecedora declaración a favor del demandado.   Cumplida su misión, el Dr. Morales pasó al despacho del presidente Porras y le dijo, ‘acabo de declarar a favor de Turner y en contra tuya, dejo a tu disposición el cargo’.

¿A cuántos funcionarios del Órgano Judicial les falta ese temple, ese carácter irreductible, para actuar en justicia, no como obsecuentes borregos obedientes, sumisos de la voz del superior?

En mi artículo anterior expresé que conozco poco de lo que es el perdón presidencial.   Ahora explico por qué:   Cuando vemos que la facultad presidencial es usada de cualquier manera, contrario al sentido de la norma, quedamos desorientados y concluimos que no se ha dado el uso adecuado.

La labor periodística analizándola profundamente, reviste grave peligrosidad frente a funcionarios públicos que actúan al margen de la ley, dándose luego golpes de pecho y arremeten contra los periodistas, también peligran en su seguridad física, porque en reiteradas ocasiones enfrentan y denuncian hechos de peligro absoluto.

El periodista debe ser revestido de inmunidad, claro, bien reglamentada para evitar el abuso, porque también se podría dar, con el propósito de garantizar el desarrollo que por su importancia ha sido considerada desde tiempos remotos, el Cuarto Poder del Estado.   El soberano tiene derecho a saber sobre las acciones de los funcionarios públicos y es al periodista a quien corresponde divulgarlo. Un periodista es más merecedor de inmunidad que los candidatos a puesto de elección. La inmunidad le daría al periodista frente a los abusos gubernamentales respeto y, sobre todo, garantías para no ser perseguido, porque es evidente que en el campo político los funcionarios del Órgano Judicial son utilizados para perseguir.

Exponer lo anterior, no significa que esté de acuerdo con todo lo actuado dentro del amplio campo del periodismo, por cuanto que no lo profesan hombre y mujeres perfectos, de allí que la inmunidad que propongo debe ser juiciosamente reglamentada. Juiciosamente no quiere decir en forma alguna anular la inmunidad mediante medidas que desvirtúen tal propósito. Señores periodistas, luchen por esta conquista desde ya.

Volviendo al ejemplo sobre el Dr. Eusebio Morales y el Dr. Porras, me pregunto: ¿Cuántos ministros o magistrados del actual gobierno se atreverían a actuar como lo hizo el Dr. Morales?   Yo responderé, ninguno, porque hoy día son muchos los que confunden el servilismo con la lealtad, abandonando la justicia, anteponiendo el estómago.

Así son las cosas.

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<> Este artículo se publicó el 25 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/morales-m-juan-ramon/

Sobre caso de la jueza Zulay Rodríguez

La opinión del Abogado….

JAIME A. PADILLA GONZALEZ

Dentro de la maraña de arbitrariedades que se están experimentando en el Órgano Judicial, tenemos el caso reciente de la jueza suplente Zulay Rodríguez. No entiendo, ¿cómo es posible que un fiscal inicie una investigación contra la jueza Rodríguez, porque no le gustó que otorgara una fianza en un caso de narcotráfico?

Fuera de todo orden procesal, el fiscal Parodi inició de oficio una investigación contra la jueza Rodríguez por haber otorgado una fianza, ordenando su conducción, cuando en la etapa procesal correspondiente, si él no estaba de acuerdo, debió oponerse, pero no lo hizo y, contrariamente, dispuso abrirle una investigación.

Desde el punto de vista jurídico—procesal esto es una típica intromisión del Ministerio Público en las decisiones del Órgano Judicial, que violenta principios consagrados en nuestra Constitución y en el Código Procesal Penal.

Si bien es cierto, según estas excertas legales, el Ministerio Público y el Órgano Judicial se encuentran en paridad, ésta rige para ciertas actuaciones y no para todas, o sea que esta paridad no es restrictiva y tiene sus excepciones. (Artículo 216 de la Constitución Política de la República. Artículo 127, numeral 1 del Código Procesal Penal. —Artículo 350 del Código Penal).

Las decisiones de los jueces o magistrados no pueden cuestionarse arbitrariamente; si se tiene la percepción de que sus actuaciones, en un caso determinado, tienen visos de corrupción o de ilegales, deben seguirse las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, de acuerdo a la Constitución.

Lo viable era interponer una querella en contra de la jueza, a través de la cual podría iniciarse la investigación, solicitando su separación y adjuntando las pruebas, todo ante su superior jerárquico, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que es la autoridad competente.

Las actuaciones del fiscal violentaron flagrantemente los siguientes principios:

Principio de Independencia Judicial: Los jueces y magistrados del Órgano Judicial son independientes en el ejercicio de sus funciones, nadie los puede cuestionar y mucho menos perseguir por los actos que decidan en el ejercicio de sus funciones.

Principio del Debido Proceso: Al no seguir los mecanismos que la Ley dispone, para este tipo de procesos, es el superior jerárquico de la jueza quien debió conocer del caso, pedir su separación, presentar la prueba sumaria, si es que existe alguna, y luego iniciar la investigación.

No podía el fiscal iniciarla y mucho menos girar orden de conducción en su contra, aún cuando no estuviere de acuerdo en el otorgamiento de la fianza. Es cierto que el Código Penal establece que no habrá fianza de excarcelación en los delitos de drogas, pero igual establece una excepción clara, dejando al criterio de la Sana Crítica del juzgador, si otorga o no la fianza. Por ende, presumimos que la jueza utilizó la Sana Crítica y motivó su decisión en aplicar medida cautelar distinta a la detención preventiva.

El Derecho Procesal Penal no se basa en fórmulas alquimistas, es decir, que si la norma dice que no habrá derecho a fianza en los delitos de narcotráfico, automáticamente tenga que aplicarse la detención preventiva, pero así lo entienden los obtusos del Ministerio Público.

Principio de Legítima Defensa: La señora jueza tenía derecho a defenderse y saber por qué la estaban investigando. Lo curioso e inconcebible de este caso es ¿cómo a una funcionaria de justicia, que administra justicia, la quieran conducir como si estuviera evadiendo la justicia? Es lo más gracioso, doloroso y preocupante, porque esto no es más que un acto de persecución contra la funcionaria. Actos como éstos solo los veíamos en tiempos del noriegato o gorilato.

Principio de Inocencia: El fiscal giró nota de conducción, presumiendo su culpabilidad, ignorando el derecho a defenderse; vemos que no tuvo otro mecanismo más inteligente que conducirla. Pareciera que el fiscal ignoraba el paradero de la jueza o un número telefónico o correo electrónico o la ubicación del juzgado donde ella ejercía su suplencia.

Ni los abogados, ni la sociedad panameña, podemos permitir actos como éstos bajo ningún concepto. Imagínense, ¿si esto está pasando en contra de una funcionaria judicial, qué no harán entonces con un hijo o hija de Juan Pueblo?

Rechazamos categóricamente este tipo de actuaciones que fueron costosamente superadas y exigimos la vuelta al respeto al debido proceso y a los principios sagrados del proceso penal.

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Este artículo fue publicado el 2 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Visitas, transparencia y consensos

La opinión del Abogado y Político Independiente…..


Juan Manuel Castulovich

Conspicuos y muy altos personajes de los Departamentos de Estado y de Defensa de los Estados Unidos nos “han honrado” con sus recientes visitas.   La última, la de los señores Arturo Valenzuela, Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos, quien se hizo acompañar de John Maisto, de larga vinculación y con muchos “contactos” en nuestro país.

Habrá, desde luego, información dosificada y maquillada sobre lo tratado que, para la exportación, fue “examinar temas de seguridad y aspectos relacionados con la lucha contra el narcotráfico”. Algo de eso hubo, pero mucho más que no nos contarán.

Es por demás llamativo que no bien levantaron vuelo “los distinguidos visitantes”, medios de información costarricenses dieron cuenta de “ciertos roces” entre los norteamericanos y el gobierno Martinelli, debidos a insatisfacciones, privadamente expresadas por aquellos, sobre la independencia del Ministerio Público y el Órgano Judicial y los pocos resultados en los temas seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

En la administración norteamericana, no es un secreto para nadie, existen importantes e influyentes funcionarios con agendas específicas que determinan el diseño de las políticas y las acciones de su gobierno hacia nuestros países, sin que importe mucho si gobiernan republicanos o demócratas.

Panamá, por el canal y por nuestra posición geográfica sigue siendo “punto aparte” en el ajedrez de la política norteamericana para América Latina. Y como no somos uno de “los grandes”, nuestra capacidad de resistir “las sanas y amistosas sugerencias” de “nuestros tutores” es, por consiguiente, limitada. Eso lo sabemos desde el nacimiento mismo de la república. La larga y también cruenta lucha que sostuvimos por casi un siglo para librarnos del enclave colonial es el mejor referente.

Lo grave de la situación presente es que parece que hemos olvidado las lecciones de la historia.   La causa del Canal triunfó porque en ella se involucró toda la nación. Los gobiernos y las sucesivas generaciones, cada uno en su momento, hizo su aporte. No apartarse del guión fue fundamental.

Una de fallas de la administración Martinelli es su cada vez más marcada tendencia a desconocer la importancia de los otros actores de la vida nacional. Y por sus aciertos, así como de sus errores, responderá políticamente en su momento, cuando al pueblo le toque volver a votar.  Pero hay temas, como la política exterior, o el de las relaciones con los Estados Unidos, en el que no debe haber margen para errores.

Poco o nada sabemos el resto de los panameños sobre la verdadera situación del Tratado de Libre Comercio.   Poco o nada sabemos sobre los acuerdos que seguramente existen para nuestra participación como país en el “nuevo diseño de seguridad” que impulsa el gobierno norteamericano. Poco o nada sabemos sobre “las condiciones que se nos demandan”, por ejemplo, en materia laboral, para merecer “la buena disposición” de la administración Obama hacia nuestras pretensiones comerciales o para que se nos mantenga el “llamado grado de inversión”.

Saludable sería, más que para la administración Martinelli, para el país, que nos pertenece a todos, que en temas de tanta importancia se abandone “la política de los secretos” y se la sustituya por la del consenso. En el pasado nos dio buenos resultados. Y siempre ha sido un error ignorar las lecciones de la historia.

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Este artículo se publicó el  11  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sangre y proceso

La opinión de…..

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Silvio Guerra Morales

Según las estadísticas del Órgano Judicial de Panamá un 33% de los acusados por homicidios son declarados inocentes o terminan con sentencias absolutorias.   Más de un 40% son sobreseídos, ya sea de manera definitiva o provisional, al fin de cuentas, quedan en libertad; un 7% de esos mismos casos, por cualquier otra razón, no quedan en nada.

Estos números, analizados fríamente, indican que, siendo así las cosas, por cada 100 víctimas de las garras del crimen y que pierden sus vidas, más de 80% de los autores de esos crímenes quedan en libertad o, simplemente, nunca purgarán una pena.

Sin desmedro de considerar que muchos de los casos de homicidio que terminan con decisiones de inocencia por parte del jurado o con sentencias de absolución si se trata de juzgamientos en Derecho, realmente obedecen a la efectiva inocencia de las personas que han sido juzgadas, tampoco podemos ocultar o esconder nuestro rostro de una patética realidad: casos que son, desde la perspectiva procesal y probatoria, irregularmente instruidos; casos que desde sus inicios, durante el procedimiento investigativo, se encuentran plagados de violaciones sin fin al debido proceso y a otras disposiciones constitucionales consignatarias de derechos y libertades individuales y procesales, etc., son los que permiten al hábil abogado señalarle a los jueces o al jurado que la prueba es ilícita, que la prueba está contaminada, etc. y de este modo lograr “poner al acusado de vuelta en la calle”.

En este orden de ideas, respaldado por la experiencia en los tribunales y especialmente ante los jurados que deciden en conciencia, puedo afirmar que no hay nada que moleste tanto a un decisor de justicia –juez o jurado- como cuando advierte o indica que se han violentado las formas propias del juicio penal en contra de un ciudadano y que tal hecho entraña clara y evidente violación a los derechos y libertades consagrados en el estatuto constitucional.

Luego, queremos culpar a los jueces y a los magistrados, sobre todo al jurado, porque dictan absoluciones o veredictos de inocencia según corresponda, y salimos a la palestra a censurar y despotricar en contra de la Administración de Justicia –sin desmedro de que algunas críticas han de ser fundadas- generalizando una crisis que tiene distintos focos y que, no necesariamente, se encuentran en el seno de Temis.

Por ello, recientemente, señalaba en un programa de televisión, que hay que poner un alto, un basta a las investigaciones improvisadas; un freno a las detenciones sin fundamento legal y que nacen a merced de un espíritu investigativo inquisitivo, perseguidor, sanguinario, carcelario y, en defecto de ello, hacernos parte de una cultura procesal, de investigación, que incluya a abogados, fiscales, jueces, sociedad, en la que destaquen votos concretos de una feligresía jurídica que postula y cree en el estado de inocencia y el respeto casi absoluto debido a este apotegma constitucional; creencia en el debido proceso ya que sin él no hay proceso sino una parodia burda y torpe de juicio; una constante devoción a la igualdad de todos ante la ley y que, finalmente, tengamos la convicción de que cuando se condena a un ciudadano es porque se le ha probado su culpa en un juicio cónsono con el debido proceso y que si se le absuelve o declara inocente es porque así ha sido en estricto derecho.

Pero también de una sociedad cuya cultura forense empiece a dar muestras de “respetar las decisiones de los tribunales” y aprender que se trata de fortalecer el Estado de Derecho para bien de todos.

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Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El controvertido caso de la Procuraduría

La opinión del Empresario……

JAIME CORREA MORALES

Este tema ha creado mucha inquietud en nuestra sociedad y, como ciudadano, emito opinión basándome en las informaciones procedentes de los medios de comunicación, que son el único medio a nuestro alcance.   Creo que se ha estado pecando de excesiva suspicacia al acusar al Ejecutivo de manipular todo un andamiaje que conduciría a la remoción de la procuradora. A ella se le están siguiendo procesos en concordancia con las leyes y no arbitrariamente. Además, a ella le sobran abogados defensores, así como particulares que la apoyan y tiene amplio acceso a los medios, y así debe ser.

No soy abogado como para introducirme en los vericuetos de los actos supuestamente anómalos achacados a la procuradora y saber si estos riñen o no con la legalidad, esta decisión la tomará la Corte Suprema de Justicia, que es la autoridad competente y cualquiera sea su decisión tendremos que aceptarla, pues, sus fallos son finales. Sabemos, eso sí, que no fueron este presidente ni sus allegados quienes presentaron ninguna de las varias demandas que pesan sobre la procuradora, puesto que el asunto inició con anterioridad a su mandato. Tampoco fue él quien, para causarle problemas, le ordenó intervenir teléfonos ni tampoco que mediante un acto de prepotencia y sin las pruebas requeridas, despidiera a varios fiscales y al médico forense, que luego debieron ser restituidos en sus puestos por orden de la Corte Suprema y a un costo millonario para todos nosotros.   Lo que no sabemos es si tales acciones fueron legales y ello es, precisamente, lo que se está tratando de aclarar a través de los procesos en trámite.

Lo que no acabo de entender es que haya quienes piensen que una procuradora que está suspendida en sus funciones, debido a que se le siguen procesos legales, sea la que pueda nombrar a algún allegado para que la suplante durante el trámite de tales procesos.   Permitirlo, sería como poner al ratón a cuidar el queso. Vale recordar que constitucionalmente es el presidente quien nombra a los procuradores y mal podría evitarse que en un caso como este sea al propio presidente a quien corresponda tal nombramiento.

Vale traer al caso que el presidente del período anterior controló absolutamente todos los órganos del Estado, pero ello no fue motivo de gran escándalo. En ocasión de los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que todos conocemos, en período pasado, señalados como muy irregulares, sí hubo reacciones, pero ninguna tan marcada como esta que ahora estamos presenciando. Muy injusta, en mi opinión. Hasta pareciera que algunos medios de divulgación se han declarado opositores en contubernio con el PRD y ello no me sorprendería después que vimos a la Democracia Cristiana hacerlo sin ningún sonrojo.

La inconformidad pública con este tema se debe más bien a un rechazo a nuestra manipulada y deficiente Constitución Política, de la cual se origina la desconfianza generalizada hacia el Órgano Judicial. La solución, entonces, no es achacar la responsabilidad al presidente, sino iniciar campañas a favor de legítimas reformas constitucionales o de una Constituyente que corrijan estas deficiencias y muchas otras que subsisten del período militar.

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Publicado el 5 de marzo de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Siento vergüenza…

La opinión del Abogado….

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Juan Ramón Sevillano Callejas

Nunca he esperado nada bueno, ni de los funcionarios del Órgano Judicial ni de los funcionarios del Ministerio Público. No veo por qué no voy a pensar así, si por ejemplo, es vox pópuli que los unos se acusan a los otros, los jueces dicen que los fiscales realizan investigaciones defectuosas y estos dicen que los jueces sueltan a todos los delincuentes.

Tramito mis casos bajo la premisa antes mencionada, por tanto, monto una estrategia no solo jurídica sino una forma de litigar sin dilataciones, pero en la cual la parte que no tenga el derecho ni la razón siempre vaya, de una u otra forma, a perder.

Tengo un hijo abogado y otro menor que quiere estudiar derecho, a ellos les digo lo mismo que les digo a mis clientes: la justicia es una lotería, por tanto, prepárense, porque esta es una profesión en la cual hay que pelear constantemente.

Que sepan que en cada juzgado hay un Código Judicial diferente, que si le caes mal al secretario o al juez, porque te das a respetar, vayan pensando en la apelación.

No me extraña la decisión de minutos en el caso de la procuradora. Ella debe saber que este caso lo tiene perdido desde que se inició, le aconsejo que busque justicia en otros lares. Además, esto le pasó por poner su fe en el sistema judicial de Panamá.

Hace meses escribí otro artículo que se denominaba Panamá está al revés, por tanto, no me extrañaría que al fiscal que supuestamente lo detuvieron con los billetes marcados, le hagan una estatua de héroe y hasta lo vuelvan a nombrar en el Ministerio Público.   Pero con ese rápido precedente, cómo le explico a un cliente cuyo caso aún en primera instancia, tiene 16 años en un Juzgado Civil, que contra la jueza del caso, 250 abogados firmaron una nota de queja por irregularidades, y lo que dijo el Órgano Judicial fue que todos debían ir a juramentar la queja, por supuesto, ella sigue en el puesto, ya que ni de oficio se inició una investigación.

Hay o hubo una investigación por irregularidades contra un juez y un magistrado de lo penal, que lleva años, y digo así porque como demora tanto, ya no sabemos si los casos se resolvieron o no, en estos casos, por supuesto, no hubo la celeridad antes mencionada y ellos siguen en sus puestos.

A muchos abogados que laboran en las instituciones mencionadas les digo que renuncien, que con sus conocimientos ganarían más dinero y que tendrían mejor calidad de vida.   Pero, también veo abogados sin dignidad ni vergüenza, que hacen lo imposible porque los nombren en esos puestos, definitivamente, no tienen capacidad para ganarse la vida en las calles.

Hace pocos días una persona mayor de edad, en forma de broma, me dijo que por qué no era procurador, le contesté: “que te he hecho para que me desees tanto mal” .

El pueblo tiene la percepción de que la justicia es selectiva, se favorece el poder político y al poder económico.

He interpuesto una demanda de inconstitucionalidad en contra del contrato entre el Estado y Petaquilla. Una de dos, o se me niega la admisión por omisiones de forma (no hay búsqueda de la justicia), en esta etapa llevamos meses no minutos, o se demora tantos años que para cuando se resuelva ya habrán devastado toda el área en concesión.

Siento vergüenza de ser abogado en este sistema podrido.

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Publicado el 2 de marzo de 2010  en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.