Interferencias o políticas al desnudo

La opinión del Jurista…

Ramiro Guerra Morales 

En la teoría política moderna o si quiere en el moderno estado de derecho, siempre se ha tenido al parlamento, Órgano Legislativo, como el representativo y vehículo de la voluntad soberana, en tanto que, en lenguaje formal, expresa virtualmente todo el espectro nacional. En ese sentido, como Órgano de representación soberana, se debe entender que como hacedor de las leyes, lo hace en función del interés general de toda la sociedad. En consecuencia, desde el punto de vista de la función legislativa y política, se debe entender que las leyes que emanen del cuerpo legislativo, no pueden interpretarse o tenerse como interferentes en lo que toca a las funciones de otros Órganos, como el Ejecutivo y el Judicial.

 

El marco teórico y conceptual, muy a pesar de que estamos de acuerdo con la Sala Quinta, que no nos parece desde el punto de vista de una lógica y doctrina constitucional interpretar o traer como argumento, para sostener la inconstitucionalidad de la ley que derogó la ley que creó esta nueva jurisdicción, que la Asamblea, puede crear nuevas Salas en la Corte Suprema de Justicia, pero que no puede derogarla. Se trata de un argumento parecido al que sostiene que no se puede declarar al margen de la ley y la constitución, actos de gobiernos que son propios de la administración.

Hay que tener cuidado con estas interpretaciones, sobre todo cuando no faltan criterios doctrinales que apuntan hacia entregarle una cuota de función legislativa al Órgano Judicial, cuya función. sencillamente es decisoria y no legislar.

Por otro lado, nuestro sistema de hermenéutica, en su artículo 37, Código Civil, es claro, que una ley derogada , sobre cobra vida si otra ley la trae al mundo de la eficacia jurídica. Comparto la opinión de destacados juristas del país, que señalan que la Corte Suprema de Justicia no tiene el poder de devolverle la existencia jurídica a una ley derogada por el Órgano Legislativo (Asamblea Nacional). De acuerdo con esta regla de hermenéutica, claro que se produce el fenómeno de la interferencia, pero del Órgano Judicial en esta materia que es propia de la Asamblea Nacional.

Si el fallo de marras, que señala que la Asamblea Nacional no puede derogar una  Ley que crea una Sala, estuvo motivado por el temor que en el futuro se plantee, mediante una ley, alterar la Salas actuales, el mismo sería infundado, en tanto que se pudiera sostener la vigencia de la misma sobre la base de la costumbre constitucional; pero aún así, no perdamos de vista que estamos, desde el punto de vista de la norma suprema , ante un Órgano, que representa la voluntad soberana, por delegación del poder constituyente.

<>Artículo publicado el  3 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Preocupaciones ciudadanas al detalle

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La opinión del Abogado…

Ramiro Guerra Morales 

En Latinoamérica, nuestro país es uno de los pocos que no cuentan con una jurisdicción constitucional especializada en cuanto a tutela de la libertad y control de los actos de poder que impliquen abuso, cuando estamos frente a órdenes de hacer o no hacer.

Muy a pesar que la Constitución Nacional, señala de manera expresa que la Acción de Habeas Corpus, surte un procedimiento sumario y el Recurso de Amparo de las garantías que establece nuestra Carta Magna, debe tramitarse de manera sumarísima, la realidad da cuenta de todo lo contrario, es decir, los mismos no se resuelven con la urgencia propia de una jurisdicción que al decir del maestro, Héctor Fix Samudio, tiene como misión, tutelar la libertad y controlar los abusos hacia los ciudadanos cuando estamos ante arbitrariedades que desbordan la normativa garantista.

En consecuencia, una Sala en la Corte Suprema, para dirimir conflictos de la naturaleza mencionada, si bien no es lo deseable, constituye un paso importante en el perfeccionamiento de la tutela de los derechos fundamentales. La institucionalidad que concierne a la protección o tutela de los derechos fundamentales, debe traducirse en la creación de una Corte Constitucional.   Importante precisar, que la Sala de lo Constitucional, tal como lo diseña la ley que le dio vida, no conocerá de los Recursos de inconstitucionalidad; esta materia por mandato constitucional, está reservada al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En el marco de mis preocupaciones ciudadanas, vuelve el tapete la explotación de Cerro Colorado. El Gobierno Nacional, tiene que tener cuidado y mucha cautela en este tipo de proyecto. La región de por si, es de alta sensibilidad social, muy volátil.

Como estudioso de la cuestión política y social, he venido señalando, que un manejo inadecuado e inconsulto de la cuestión minera, pudiera reeditar un nuevo escenario de confrontación, con saldos negativos, para la paz y tranquilidad del país.

En torno al tema del agua, como abogado me he preguntado, si la crisis que estamos viviendo, corre por cuenta exclusivamente de la naturaleza o si faltó mayor diligencia en el cuidado y mantenimiento de la planta potabilizadora, de tal suerte que se hubiera podido evitar los niveles de gravedad del fenómeno aludido y los perjuicios a la salud de miles de panameños. Somos partidario, que lo anterior ha debido ser objeto de una investigación por parte del Ministerio Público.

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<>Artículo publicado el  20  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Enfoques enfrentados

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La opinión del Abogado…

Ramiro Guerra Morales 

En momentos en que el pueblo panameño sufre los rigores de una crisis en la planta de Chilibre que potabiliza el agua que proviene del lago Alajuela, destinada al consumo de la ciudad de Panamá, se produce la tragedia del Centro, que sirve en la ciudad de albergue y custodio de los menores infractores de la ley penal.
Al unísono, el pueblo panameño pudo observar en los momentos que se producía la desafortunada situación y ante el grito desgarrador de los menores, que pedían auxilio, como se imponía como respuesta un dejar de hacer de alta felonía, execra deshumanización y pérfida alevosía. 

Lo anterior ocurre, precisamente, cuando la Lic. Roxana Méndez, Ministra de Gobierno, ha venido promoviendo el cumplimiento cabal de la norma constitucional, que consagra el trato digno, resocializador y de alta humanidad, para los que cumplen penas en las cárceles panameñas y por eso camino darle fiel cumplimiento a normativas internacionales relacionadas con el trato al detenido y a los menores infractores.

Lo ocurrido en el Centro mencionando, viene a dar cuenta, que en nuestro medio todavía priva el concepto, que tiene al detenido como ser indigno, relegado de cualquier derecho inherente a su condición humana.    No me cansaré de señalar, que además de las infraestructuras caducas, el problema es de enfoque. El modelo, propio del derecho penal de enemigo, represivo, ha propiciado en gran parte la irrupción en forma violenta de la crisis de los centros penitenciarios en Latinoamérica.

Lo más seguro, que para los ideólogos que tiene al detenido, al recluido, como una execra humana, rechazan el modelo que tiene la defensa social, como la brújula que debe orientar el actuar y obrar de nuestro sistema penitenciario.   Aquellos abogan más por el confinamiento y el aislamiento como medida regeneración.

Los esfuerzos en la dirección a la resocialización, la defensa social, encontrará siempre nuestro apoyo. Lo anterior, tiene que ir agarrado de la mano de un nuevo enfoque de la justicia penal, que priorice el modelo acusatorio-garantista.
No perdamos de vista que el modelo inquisitivo todavía galopa en la esfera de la instrucción penal. No es más la traducción de ese esquema policial y represivo, que ha devenido obsoleto para abordar la problemática penitenciaria. 

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<>Artículo publicado el 17  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Gatopardismo constitucional o nuevos paradigmas

La opinión de…

Ramiro Guerra Morales 

En reiteradas ocasiones, y por diversos medios, he señalado y criticado el carácter deficitario de nuestra democracia e institucionalidad político–jurídico, y las veces que se ha recreado la reforma constitucional, hemos sido enfáticos en que esta no debe instrumentalizarse para nimiedades o enfoques de corto alcance, que en nada alteran los correlatos o paradigmas, que concurren a mantener el estado de desazón y contradicciones que sobrevienen como consecuencia de un desgaste serio y abrumador de nuestra débil y precaria institucionalidad, que de democrática queda muy poco.

Desafortunada ha sido la historia constitucional de nuestra patria grande, Latinoamérica, cuyos procesos reformistas han adolecido de lo que en ciencia política se conoce como el gatopardismo constitucional; es decir, producir cambios para que nada cambie.

Salvo excepciones, como la reforma constitucional de 1941 y 1946, que en nuestro país, por lo menos desde el punto de vista de un constitucionalismo moderno, le permitió al Estado panameño dar un salto de calidad importante, sobre todo en lo que respecta al constitucionalismo social de la época, inspirado y trabajado por extraordinarios juristas de la talla de José Dolores Moscote, don Ricardo J. Alfaro y Eduardo Chiari. En el caso colombiano, su Constitución del inicio de la década de 1990 amplió la democracia electoral y remozó su jurisdicción constitucional.

En consecuencia, no somos partidarios de ningún debate sobre reformas constitucionales que, en su origen, revela senectud y más de lo mismo. Rechazamos, y siempre lo hemos hecho, esa manía que nos viene de historia pasada de hacer diversionismo político, lo que no soluciona los profundos y reales dilemas de nuestra república.

Exhortamos al debate de fondo; cuestiones como la Corte Constitucional, la elección del procurador por votación popular, el reforzamiento institucional y coactivo de la institución de la Defensoría del Pueblo, la democracia participativa, la creación del Consejo de Magistraturas, son cuestiones que tienen que hacer parte del debate. De lo contrario, seguiremos en la lógica del trompo, dando vueltas para volver siempre a lo mismo.

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Este artículo se publicó el 9  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Quiénes conspiran contra la Filosofía y la Lógica?

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La opinión del Jurista..

Ramiro Guerra Morales 

Siempre seré categórico en señalar mi oposición al concepto de una educación que todo lo reduce al pragmatismo y la utilidad que se desprende de la misma, sobre todo porque reduce al individuo en sus posibilidades de crear y producir verdades, conocimientos; en otras palabras, una educación que tenga como esencia la acción práctica, obnubila la criticidad y la razón de ser las cosas.

Observo con mucha preocupación cómo en nuestro medio intelectual y teórico, entre ellos algunos supuestamente gurús de la educación que con el argumento de un mundo virtual, tecnológicamente endiosado, viene abanicando los criterios de un modelo de aprendizaje, de una pedagogía que considera al hombre como un ente solo para el trabajo, despojado de una cultura humanizada y creativa.

En los modelos pragmáticos de la educación, hoy muy de moda en la cultura de nuevo cuyo liberal, no cabe o no tiene sentido la indagación por saber el origen y las conexiones internas de las cosas, sus relaciones con el mundo circundante, su historia; se trata de un enfoque que limita la capacidad creativa, cognoscitiva y crítica del mundo que nos rodea.

En ese contexto, consideramos como una sigilosa conspiración contra nuestro pueblo, sus estudiantes, la pretensión en curso de menospreciar la filosofía y la lógica, como herramientas en el aprendizaje que coadyuvan al proceso que algunos pedagogos han denominado como la formación crítica y de búsqueda incesante del saber de las cosas que nos rodean y que se desenvuelven de manera y naturalmente contradictoria.

En ese sentido, el proceso de una conciencia crítica pasa por indagar y de allí que un modelo que no propende a ello, deviene anti democrático. Una educación democrática se sustenta en la formación crítica, humanista y práctica, es decir tiene que ser tridimensional y en eso consiste el aprender a aprender.

Como escribe Gantiva Silva, “Si los griegos de la Escuela Cínica, hubieran sabido que su movimiento intelectual sería distorsionado con el correr de los tiempos, por el pragmatismo, la simulación, la conveniencia, la pérdida de dignidad y autonomía, de Seguro que hubieran pensado en otro concepto que honrara el sentido de su proyecto filosófico y cultural.”

La escuela Cínica, en la antigüedad Grecia, “sobresalieron por su filantropía y espíritu educativo; representaron la moral de la independencia, simbolizaron desde la individualidad crítica a la civilización y expresaron la idea de la universalidad como ciudadanos del mundo”.

El pragmatismo, elevado a modelo educativo, subestima el arte, la cultura, la historicidad como nación y tal aberración explica la absurda idea de introducir procedimientos de polivalencia en campos del conocimientos que deben de abordarse con grados de especialización y no como un todo.

Pedirle a un docente, que enseñe, religión, arte y música, es como pedirle que no enseñe nada en estos aspectos de la universidad cultural.

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<>Artículo publicado el 4  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los vaivenes de una democracia insuficiente o pendular

La opinión del Jurista…

 

Ramiro Guerra Morales 

 

Aunque parezca una verdad de perogrullo, no nos cansaremos de señalar que la vida en sociedad es más que la economía.  El ser humano, no solo necesita alimentarse, trabajar, procrear, creer, respirar, sino vivir en libertad, poder escribir y decir lo que piensa, sin temor a represalias; a acceder, sin mediaciones perversas a la justicia y tutela de sus derechos fundamentales e existenciales.

La realidad nacional viene dando cuenta de un crecimiento económico importante y pujante, muy superior, cuando lo comparamos con otros países de Latinoamérica, que según algunos analista se mantendrá durante todo este año. Al margen de algunas variables objetivas que inciden en este crecimiento, justo reconocer, así como también se hizo con la administración pasada, el papel que viene jugando la gestión de los que hoy dirigen el estado.   Sin embargo, en el mundo de la democracia y la institucionalidad existe una especie de gatopardismo, que revela el carácter pendular de un ir y venir de una democracia que se nos presenta insuficiente y un sistema institucional que enfrenta serios desgaste, cuyo agravamiento pudiera producir un efecto de retorno negativo en la zona de la economía, no deseable para ningún panameño.   Está demostrado que una crisis en estas zonas de la superestructuras, afectan relaciones que rebasan el marco estatal y de país.

Hace algunas décadas, el estado de Cuba hizo un aporte importante a la ciencia política, al deslindar los campos de la acción partidaria y del estado.   Los parámetros con se administra relaciones partidarias,   no son los mismos con se administra el estado.

El partido es una cosa y el estado otra.   Cuando el partido o la relación partidaria se sobrepone sobre las relaciones del estado, este pierde la necesaria autonomía que requiere para actuar como el referente del todo social y este tipo de correspondencia, partidos–estado. si no se administra correctamente, puede dar lugar a los que Gransci, denominaba formas de ejercicio bastarda del poder.

En este contexto de una democracia e institucionalidad, por un lado deficiente, y por el otro, gastada, puedo entender la necesidad de trabajar hacia nuevos correlatos constitucionales que perfeccionen nuestra vida en democracia y remocen nuestro Estado de derecho, en la perspectiva de una institucionalidad al servicio del pueblo y los ciudadanos. Si lo anterior no es el norte a la cual deben apuntar las reformas constitucionales, sencillamente, es otra pose de gatopardismo, que tanto daño ha causado a nuestra región latinoamericana.

En consecuencia, si estamos frente a la creación de una Corte Constitucional, la elección del Procurador por elección popular, cambios en el procedimiento para elegir Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, mayor poder a la Defensoría del Pueblo, Ampliación de la democracia electoral, entre otros temas, entonces estaremos cambiando de verdad para avanzar en democracia e institucionalidad.

<>Artículo publicado el  10  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.