“Wakaleads”, ¿Hasta cuándo?

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La opinión de la periodista…

Judy Meana

“Especial y única”, así calificó la ex embajadora de Estados Unidos en Panamá, Bárbara Stephenson su relación con Panamá, tras recibir la condecoración nacional de la Orden Vasco Nuñez de Balboa en el grado de Gran Cruz.   El gobierno panameño reconoció su labor en el fortalecimiento de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Y bien merecida la medalla, porque seguimos siendo paises hermanos, a pesar de todo lo que ella escribió en sus informes al Departamento de Estado.

Me interesan más nuestros “wakaleads”, yo diría que son aquellas denuncias que se presentan a diario y aquí no pasa nada.   Por ejemplo, el caso CEMIS, famoso escándalo que se destapó durante el Gobierno de Mireya Moscoso. Vimos al entonces legislador Carlos Afú, abanicar los “Afu dólares”, confesando públicamente que los había recibido a cambio de votar a favor de ese proyecto. También, los medios mostraron un papelito encontrado en la oficina de uno de los directivos de la empresa responsable del proyecto, con los nombres de famosos políticos. Afú se encargó de señalar a los que supuestamente recibieron y pagaron sobornos.

Otro caso importante es el del envenenamiento masivo con dietilene glicol registrado durante el gobierno del Presidente Martín Torrijos. Los familiares de las víctimas y los afectados llevan años exigiendo justicia y aquí no pasa nada.   Ojalá el gobierno del Presidente Martinelli atienda el llamado de los envenenados, dándole respuesta a sus necesidades de atención médica y el apoyo necesario para que puedan vivir dignamente. Y para poner algo de actualidad, sería bueno que leyeran el “Informe Especial sobre la Cuenca del Canal de Panamá” elaborado en el año dos mil uno, por el entonces defensor del Pueblo, Italo Antinori. En dicho documento, Antinori advirtió que habría problemas con el suministro de agua potable.

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<>Artículo publicado el 18  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.
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La justicia no es igual para todos

La opinión y el planteamiento de la….

FAMILIA  GATENO
opinion@laestrella.com.pa

Hace más de nueve meses se mantiene injustamente detenido el ciudadano panameño Teófilo Gateno. El señor Gateno ha sido acusado por el fiscal del caso y por quien fuera, hasta hace poco, el procurador general de la Nación- suplente, de estar vinculado a la sociedad Grupo Comercial Medicom, empresa que importó glicerina, la entregó al Seguro Social y que luego de dos años fuera confirmada como dietilenglicol.

Ni el fiscal ni el procurador suplente, tienen documento ni señalamiento alguno que sustente esta supuesta vinculación, pues no existen. Teófilo Gateno, no aparece en el pacto social de esa empresa, no es miembro de su Junta Directiva, ni accionista, y jamás recibió salarios ni dividendos de la misma. La acusación, por lo tanto, se basa en meras suposiciones e insinuaciones.

De acuerdo con la ley panameña vigente, los verdaderos responsables de una sociedad anónima son sus representantes legales, y el señor Gateno no aparece como tal, porque no lo es. Mal pudiera ser responsable él de las actuaciones de los directivos y gerente de MEDICOM, a quien solo le prestó cinco mil balboas (B./5,000.00) en un financiamiento tradicional que únicamente fue utilizado por esa empresa para el pago de fletes e impuestos y así cumplir con una orden de compra emitida por la Caja de Seguro Social.

Durante el proceso, el fiscal ha alegado que el señor Gateno, debía haber hecho las pruebas para comprobar la naturaleza del producto al que solamente le estaba financiando los derechos de importación. Ni siquiera los laboratorios del Seguro Social pudieron detectar el tóxico, ¿cómo se pretende entonces que lo haga el financista? Si cada vez que un banco o financiera hiciera un préstamo para una importación tuviese que comprobar la naturaleza de los productos, el sistema financiero colapsaría. ¿Acaso son los bancos responsables de defectos de fábrica de autos cuya importación financiaron? ¿Deben las instituciones financieras contratar expertos en todos los campos, cada vez que financian una importación, o son las autoridades competentes en cada ramo las que deben velar por el cumplimiento de las normas básicas de cada producto? En el caso por el que se le acusa al señor Gateno, cuya participación fue únicamente como financista, el Seguro Social recibió conforme el producto entregado por Grupo Comercial Medicom.

Sin embargo, el fiscal insistió en mantener la detención de Gateno, obviando la presunción de inocencia y en reiteradas ocasiones le negó permisos de trabajo, al que tiene derecho y necesidad para su salud mental y para poder mantener a su familia.

No pretendemos analizar las razones ni argumentaciones que pudiera tener el fiscal para su conducta, pero llama poderosamente la atención que no ha podido sustentar sus respuestas con argumentos válidos.

Durante todos estos meses, la familia ha preferido mantenerse callada ante los medios de comunicación, con la esperanza de que el Ministerio Público diera indicios de que realmente estaba en busca de los verdaderos responsables de esta tragedia que afectó a miles de panameños. Sin embargo, no pareciera que esa es su intención, pues si bien hay más de ‘una veintena de imputados, lo cual no significa que son responsables’, él único que está siendo castigado con una prolongada detención es Teófilo Gateno.

El tiempo corre, los efectos de esta caprichosa detención ya se hacen sentir sobre los hijos, la esposa y los padres, y la paciencia se agota. Ya no podemos seguir callados, y es por ello que hemos decidido que la ciudadanía debe estar informada sobre el manejo que se le está dando a este caso. Tener a un ‘chivo expiatorio’ detenido no nos llevará a la verdad, ni resolverá los problemas de salud de los afectados. Lo único que logra es desviar la atención del público de una solución justa para todos.

Respetados magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ahora tienen ustedes el caso en sus manos y esperamos que se haga justicia finalmente. Teófilo Gateno, debe ser liberado, como lo están los demás acusados, y debe tener los mismos derechos de defender su posición en libertad, como todos. ‘La justicia, señores, debe ser igual para todos.’*

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<> Este artículo se publicó el  21  de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a los  autores,  todo el crédito que les corresponde.

Una víctima más del dietilenglicol

La opinión del Educador….

BERTILO MEJÍA ORTEGA
bmejiao@yahoo.com

Manuel Abelardo Araúz Prado, ciudadano residente en el corregimiento de Chiriquí, distrito de David, es uno de los tantos afectados por el envenenamiento masivo que a nivel nacional ha causado el fatídico dietilenglicol, como resultado del descuido de los funcionarios que en la Caja de Seguro Social no actuaron con sentido de responsabilidad para evitar este inconmensurable e irreparable daño a niños, jóvenes y adultos en nuestro país.

Manuelito, de humilde cuna ancestral, jovial, entusiasta y de buen humor, ya perdió a su madre, también víctima del veneno proveniente del laboratorio de la institución que creara un estadista para brindar salud y seguridad a sus beneficiarios directos e indirectos. ‘¡Qué puedo hacer!’… me comentó hace unos días frente al antiguo teatro plaza en la ciudad de David. ‘Ya perdí a mi madre, y ahora me toca a mí esperar la parca, sin esperanza alguna, porque dicen que este mal no tiene cura’. Pero, a pesar de sus dolores corporales, de su incapacidad para realizar actividades laborales y de su impotencia para caminatas normales, tiene voluntad para reír, para comunicarse con los pocos amigos que en tales circunstancias ofertan afecto, y para esperar, como él mismo sostiene, los designios de los días venideros.

A este chiricano lo conocí en las postrimerías de los años setenta, cuando las manifestaciones públicas de los educadores captaban la atención y respaldo de quienes habían perdido la fe y la confianza en el régimen público imperante. Posteriormente lo vi militando en un partido civilista que aupaba la lucha por el retorno a la democracia, como ciudadano dispuesto a ofre cer sus fibras más nobles a la causa por la vuelta a un régimen de democracia y libertad. Aportó todo lo que estuvo a su alcance, y al final expresó, con legítimo orgullo personal, la satisfacción del deber cumplido.

En la última campaña electoral, muy a pesar de que ya sabía que estaba padeciendo el envenenamiento, lo encontramos en el occidente de Chiriquí, en una concentración pública encabezada por el Ingeniero Juan Carlos Varela, hoy vicepresidente de la República. Nunca ha escatimado esfuerzo para ofertar su concurso personal a la lucha civilista y honesta, motivado, no hay dudas, por anhelos concurrentes en quienes creemos que a través de un proceso electoral vamos a alcanzar los cambios que todos deseamos para nuestro Panamá.

Hoy, sin embargo, Manuelito Araúz, confiesa, con visible nostalgia, la profunda decepción que padece al unísono de una enfermedad indeseada, al no lograr una pensión por la que ha subido y bajado escaleras hasta el cansancio (ha cotizado 212 cuotas), sin haber logrado ni siquiera una atención que lo haya dejado satisfecho. También siente la distancia de quienes en momentos de efervescencia popular y política le tocaban el hombro por su inquebrantable voluntad de lucha y colaboración. A pesar de todo, se levanta diariamente y trata de llegar hasta algunos familiares y amigos que le dan soplos de ánimo y hasta la oportunidad de conversar con quien, reitero, aún brinda espacio para la alegría frente al dolor. Que en esta Navidad y Año Nuevo algunos corazones extiendan la mano al irreductible civilista y colaborador de siempre.

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<> Este artículo se publicó el 26 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El dolo, la culpa y la cadena de mando en el derecho penal

La opinión del Jurista…


Ramiro Guerra Morales 

A los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se les plantea la oportunidad en virtud de la acción de habeas corpus presentada por nuestro hermano, el Dr. Silvio Guerra, de esclarecer varios tópicos relacionados con la investigación del caso de los envenenamientos de miles de compatriotas producto de la ingesta del jarabe contaminado por sustancias tenidas como mortíferas para la salud y como en efecto ocurrió, produjo la muerte de muchos panameños y miles se mantienen una situación.

Las consecuencias por este envenenamiento, causado por el medicamento producido en la Caja de Seguro Social, traen consigo consecuencia penales y civiles que a nuestro juicio, no hay manera de evitar los respectivos resarcimientos, tanto por la institución mencionada como los que resulten responsables penalmente.

En nuestro país, pocos penalistas, le han dedicado tiempo y esfuerzo para desde la perspectiva doctrinal y positiva, teorizar la cuestión asociada con la cadena de mando, la culpa y el dolo.

El abogado y fiscal, Dimas Guevara, recién formuló cargos contra miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, por delitos contra la salud pública. El funcionarios, para tal medida, se basó en que estos, pudiendo evitar el resultado funesto del envenenamiento, no lo hicieron. En el expediente, según me informa mi hermano, penalista consagrado, se encuentran los dictámenes de varios peritos, que aseguran , que el error fatal, se debió a la omisión y diligencias adecuadas, tanto de control y supervisión del ente donde se producía los medicamentos.   La pregunta que nos hacemos, ¿es como podían los directivos de la Caja de Seguro Social, evitar lo ocurrido?, cuando los mecanismo de control, supervisión de los insumos para elaborar el jarabe asesino, estaban muy distantes del ente administrativo que se ubicaba en la parte superior de la pirámide institucional.

Sostener el argumento de la falta de previsión por parte de los directivos, resulta jalado por la manga y nos ubica en la pervertida teoría, de que si no hay culpables penalmente, hay que crearlos a como de lugar.

Por otro lado, en este contexto, la aberrante tesis del dolo por omisión, para ubicar a los directivos en los tipos penales que señala el código penal en cuanto a delitos contra la salud pública y proceder a imponer medidas cautelares de prohibición de salir del país, reportarse al despacho de instrucción y separarlo del cargo de directivo, ni siquiera se compadece con la doctrina científica del dolo.

Este siempre será la acción con intención de producir una lesión a un bien tutelado por el derecho. La mayoría de los doctrinantes en materia penal, asimilan este tipo de dolo impropio a la simple culpa, por la cual tampoco es viable algún tipo de sindicación a los ciudadanos mencionados.

Por otro lado, asimilar la condición de funcionario público a los directivos, representantes de los trabajadores y empleadores en la Directiva de la Caja de Seguro Social, es ilógica y forzada. El hecho de que sean legitimado en esos cargos por decreto ejecutivo, constituye una solemnidad de ley que acredita la representación y no la condición de funcionario público.

Aceptar el criterio del fiscal arriba mencionado, sería admitir que los representantes de los empleadores, que laboran en sus empresas cuarenta y ocho horas y más, por el solo hecho de asistir a la reunión de horas de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, ostentan una condición dual, por un lado, funcionarios públicos pero también trabajadores privados.

El derecho es lógico al igual coherente. En consecuencia, somos del criterio que la Corte le debe señalar al funcionario de instrucción, que dada la condición de sujetos privados de los ciudadanos aludidos, no tenía competencia para dictar algunas de las medidas cautelares arriba mencionada.

<>Artículo publicado el  27  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los envenenados; los olvidados, los humillados, los impotentes

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La opinión de…

Milagro B. de Calvo 

Esos son los niños, hombres y mujeres que, buscando una cura para su enfermedad, han sido víctimas de un envenenamiento masivo que se ha convertido en insoluble problema.

Es cierto que, es una situación que encara un gobierno que no tuvo en ella ninguna injerencia. Lo reconoce el Sr. Presidente de la República que impactado por los hechos: muertos, enfermos con multiplicidad de síntomas y complicaciones dijo, en su momento, que estos enfermos debían ser pensionados..

Y es que hay de ellos, quienes ya no tienen tiempo para sus incapacidades, por que todas han sido agotadas por sus enfermedades; otros están pasando hambre al carecer de recursos y están agobiados por la pena y la desesperación.

Siento que a los Directores de las Instituciones y Ministros, a quienes compete la solución del problema les está faltando voluntad y capacidad para hacerlo.

A los envenenados les deben tolerancia prudencia y respeto.

En cambio, algunos médicos, olvidando el Juramento Hipocrático, los maltratan con actitudes, palabras desalentadoras y hay de ellos los que se han prestado para intentar fraccionar la unidad del grupo, lo cual no es honesto ni ético.

Sancionar los responsables es asunto de la justicia de los Magistrados que, conociendo la triste realidad, parecieran dilatar su accionar y con ello un engranaje de profesionales que siguen esta línea.

En la historia, se han dado situaciones catastróficas que nos han conmocionado; acá, en Panamá, desde hace 4 años, se han minimizado los efectos y estragos del envenenamiento. Ojalá, a nivel internacional las querellas encuentren eco en gente más sensible y humanitaria.

Me uno al dolor de estos enfermos y los admiro, por su persistencia, valor y deseos de acabar sus días con dignidad y honor.

La medida extrema y desesperada de los Directores de las instituciones de orientar sus ofensivas hacia el líder del grupo ha generados el repudio y reprobación de quienes seguimos el caso con civismo y rectitud.

Estar sentenciados los llena de angustia de impotencia y eso es comprensible. Ellos solo pueden inspirar compasión, solidaridad y respeto.

No permitamos que forme parte y permanezca en nuestra historia el más fatídico y doloroso acontecimiento sin ofrecerle la atención equitativa y la justa solución.

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<>Artículo publicado el  17  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

¿Cuánto vale la vida?

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La opinión de la Abogada…

Sharon Alemán 

En el transcurso del tiempo, a través de los medios de comunicación, somos testigos de eventos trágicos que nos llaman la atención y deben despertar nuestra consciencia. Por un lado, catástrofes naturales, como: terremotos, maremotos, inundaciones, entre otros desastres; cuyas secuelas generan un gran número de pérdidas humanas; y, pueden ocasionar que víctimas sobrevivientes mueran de enfermedades y/o de hambre.

Por otra parte, las guerras y el terrorismo; y, no menos relevantes, la violencia provocada por la delincuencia común y la que emerge en el seno de las familias, las que, lamentablemente, están en aumento en el mundo y que, en particular, en nuestra sociedad se perciben cada vez más crecientes y cercanas.

En un contexto diferente, vemos casos como el envenenamiento ocurrido en nuestro país, que ocasionó varias víctimas fatales y otras que aún mantienen secuelas; y, algunos llamados públicos (en medios de comunicación, uso de alcancías en las calles y establecimientos comerciales; entre otros) de personas que tienen un hijo o familiar que padece una enfermedad cuya gravedad le pone en riesgo la vida y los tratamientos necesarios tienen costos tan elevados que no pueden sufragarlos, porque no poseen recursos propios suficientes, o no cuentan con un seguro médico (social y/o privado); o debido a que cuentan con un seguro, pero no les ampara en su totalidad contra el siniestro que padecen. Los comentados eventos nos confirman la convicción de que, sin distinción de raza, género, credo, condición social o ideológica, todos estamos expuestos a la furia de la naturaleza, a la poca estima que tienen algunos sobre la vida e integridad de otros, así como a cualquiera de las enfermedades implacables, que pueden enfrentarnos a la más grande de las batallas.

Debemos actuar y ser solidarios, ante desastres naturales y la existencia de víctimas que precisan de nuestra ayuda, no dejar para después, por encontrarnos envueltos en la rutina y tener todo cuanto precisamos, esa ayuda indispensable que puede satisfacer las necesidades inmediatas de otros que sufren la pérdida de todo.

Frente a la creciente violencia que azota nuestra sociedad y la difícil situación de padres y madres que deben agotar medidas desesperadas para salvar la vida de sus seres queridos o que han perdido familiares porque no lograron la ayuda necesaria; resalta: “la vida es un derecho humano fundamental” y no debe estar a merced de la voluntad de otros.

La Constitución Política de la República de Panamá establece la obligación del Estado y de las autoridades de proteger, velar y asegurar la vida, así como la salud, respectivamente; por lo que, es apremiante que se evalúe con la debida atención la normativa y las acciones existentes y, por otro lado, las alternativas aplicables; e implanten, sin demora, mecanismos efectivos que aseguren y protejan, en su justa dimensión, a todos los niveles, la vida y la integridad así como la salud (atención y cuidados médicos idóneos, suficientes y oportunos).

¡La vida es invaluable!, cualquier esfuerzo es poco para asegurarla y mantenerla con la mejor calidad posible. Todos debemos estar atentos, cuidarnos y unir fuerzas, ya que algún familiar, amigo, conocido y/o cualquiera de nosotros podría necesitar esa acción que para otros hizo la diferencia entre la vida y la muerte.

*Dedicado a Viktor y Enrique.

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<>Artículo publicado el  8  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la autora.   todo el crédito que les corresponde.

Antídoto político para un envenenamiento

La opinión de…

 

Sebastián Vásquez Bonilla

Me llama la atención que en el caso del envenenamiento masivo en la Caja de Seguro Social (CSS) las víctimas aún no han sido resarcidas satisfactoriamente.   Es un caso en el que no hay duda de quiénes fueron los afectados ni de quién es el culpable, el Estado; lo que me permite cuestionar el trabajo de los abogados en favor de las víctimas.

Estamos hablando de un envenenamiento ocasionado en una entidad pública, perpetrado por funcionarios públicos a asociados que pagaron por un servicio. No entiendo cómo el Estado rehúsa darle una pronta atención a este caso, donde tratan a las víctimas como si hubieran adquirido la enfermedad (o la muerte) por conducir borracho, por una riña callejera, por una sobredosis de droga o por un acto sexual. Señores de la CSS, esa gente fue a sus instalaciones en busca de un medicamento para mejorar su salud y en su lugar ustedes les dieron un veneno. ¿Eso no les causa ningún pesar?

Entiendo que el Estado quiera buscar atenuantes por el error cometido o ponerle nombre y apellido a los responsables pero, ¡por favor!, ¡ya basta!, devuélvanle algo de lo que inocentemente se le arrebató a esa gente. El Estado debe primero cumplir con las víctimas que ha ocasionado y luego tratar de recuperar su dinero de los responsables directos, sean estos ejecutivos, farmacéuticos, vendedores, españoles o chinos.

No me sorprendería que detrás de todo esto estén involucrados políticos de oposición tratando de “pescar en río revuelto”, lo que me hace pensar que a los gobiernos de turno les preocupa que al compensar a los afectados alguien de oposición gane créditos. Me imagino que también hay oportunistas “juega vivos” que quieren hacerse las víctimas de un jarabe que nunca tomaron, a quienes el gobierno no quiere darles dinero. Sobre esto puedo decir que cualquier experto en estadística podrá demostrar que la cantidad de asegurados que no se enteraron de que fueron envenenados por esos “jarabes” o que, simplemente, no quisieron presentar su denuncia es superior a los infiltrados como víctimas; así que ¡por favor! paguen a esas personas lo que se merecen.

Pienso que este caso aún no se ha resuelto, porque está en manos de políticos, por tal, “la solución” será política y nunca será justa ni de contenido social. No se puede decir que no hay dinero, porque hemos visto cómo han salido los millones para personas que poco cotizaron para la CSS e, incluso, para personas que nunca pagaron impuesto.

Avergüenza decirlo, pero el problema está en que los envenenados son pocos.   Los afectados no representan tantos votos como los jubilados y los no jubilados mayores de 70 años. A los gobiernos de turno les duele dar tanto dinero a unas cuantas personas, aunque se lo merezcan. Ellos prefieren dárselo a otros que no se lo merecen, después que generen muchos votos. ¡Qué asco!

Lo anterior me recuerda una ocasión en que la Universidad de Panamá logró que el gobierno le diera una partida extraordinaria para desarrollar las áreas científicas. El apoyo se dio pero condicionado a que el mismo se invirtiera en los cursos básicos, dejando las necesidades de los cursos avanzados y de las investigaciones en segundo plano. Dado el hecho de que el apoyo se ofreció previo a las elecciones presidenciales de ese entonces, no me quedó duda de que los gobernantes de esa época preferían comprar miles tubos de ensayo para cientos de estudiantes de primer año, que seguramente no terminarían la carrera, que comprar un aparato para una docena de estudiantes graduandos o investigadores. Así es como ellos se manejan.

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<> Este artículo se publicó el 11  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.