Interferencias o políticas al desnudo

La opinión del Jurista…

Ramiro Guerra Morales 

En la teoría política moderna o si quiere en el moderno estado de derecho, siempre se ha tenido al parlamento, Órgano Legislativo, como el representativo y vehículo de la voluntad soberana, en tanto que, en lenguaje formal, expresa virtualmente todo el espectro nacional. En ese sentido, como Órgano de representación soberana, se debe entender que como hacedor de las leyes, lo hace en función del interés general de toda la sociedad. En consecuencia, desde el punto de vista de la función legislativa y política, se debe entender que las leyes que emanen del cuerpo legislativo, no pueden interpretarse o tenerse como interferentes en lo que toca a las funciones de otros Órganos, como el Ejecutivo y el Judicial.

 

El marco teórico y conceptual, muy a pesar de que estamos de acuerdo con la Sala Quinta, que no nos parece desde el punto de vista de una lógica y doctrina constitucional interpretar o traer como argumento, para sostener la inconstitucionalidad de la ley que derogó la ley que creó esta nueva jurisdicción, que la Asamblea, puede crear nuevas Salas en la Corte Suprema de Justicia, pero que no puede derogarla. Se trata de un argumento parecido al que sostiene que no se puede declarar al margen de la ley y la constitución, actos de gobiernos que son propios de la administración.

Hay que tener cuidado con estas interpretaciones, sobre todo cuando no faltan criterios doctrinales que apuntan hacia entregarle una cuota de función legislativa al Órgano Judicial, cuya función. sencillamente es decisoria y no legislar.

Por otro lado, nuestro sistema de hermenéutica, en su artículo 37, Código Civil, es claro, que una ley derogada , sobre cobra vida si otra ley la trae al mundo de la eficacia jurídica. Comparto la opinión de destacados juristas del país, que señalan que la Corte Suprema de Justicia no tiene el poder de devolverle la existencia jurídica a una ley derogada por el Órgano Legislativo (Asamblea Nacional). De acuerdo con esta regla de hermenéutica, claro que se produce el fenómeno de la interferencia, pero del Órgano Judicial en esta materia que es propia de la Asamblea Nacional.

Si el fallo de marras, que señala que la Asamblea Nacional no puede derogar una  Ley que crea una Sala, estuvo motivado por el temor que en el futuro se plantee, mediante una ley, alterar la Salas actuales, el mismo sería infundado, en tanto que se pudiera sostener la vigencia de la misma sobre la base de la costumbre constitucional; pero aún así, no perdamos de vista que estamos, desde el punto de vista de la norma suprema , ante un Órgano, que representa la voluntad soberana, por delegación del poder constituyente.

<>Artículo publicado el  3 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El debate constitucional sobre los acuerdos simplificados

La opinión del Ex Secretario General de la Procuraduría General de la Nación….

RIGOBERTO GONZÁLEZ M

En  el ámbito del Derecho Internacional Público, se parte del principio que los Estados pueden obligarse con otro u otros Estados, para lo cual cuentan con los instrumentos jurídicos internacionales apropiados, como lo son los tratados o convenios internacionales. En ese sentido, cada Estado, conforme a su ordenamiento constitucional, establece los parámetros a seguir para que, celebrado un tratado, éste quedé obligado. En cuanto a esto se dispone, en la mayoría de los casos, que la responsabilidad de las relaciones internacionales compete al Órgano Ejecutivo, concretamente al presidente de la República correspondiéndole, por lo mismo, la celebración de los tratados y convenios internacionales.

Tal es el caso de nuestro ordenamiento constitucional, al establecerse en el artículo 184, numeral 9 de la Constitución, que es atribución del presidente de la República con la participación del ministro respectivo (entiéndase el ministro de Relaciones Exteriores), ‘dirigir las relaciones exteriores; celebrar tratados y convenios internacionales… y acreditar y recibir agentes diplomáticos y consulares’. Ahora bien, en el caso de los tratados y convenios internacionales se dispone que, celebrados éstos, ‘serán sometidos a la consideración del Órgano Legislativo’, porque compete a este órgano constitucional, ‘aprobar o desaprobar, antes de su ratificación, los tratados y los convenios internacionales que celebre el Órgano Ejecutivo’, tal y como lo dispone el numeral 3 del artículo 159 de la Constitución.

Esto lo que viene a significar, dicho de otra forma, es que el Estado panameño no puede obligarse mediante un tratado o convenio internacional, si no se cuenta con la participación del órgano que representa la voluntad popular, como lo es el Órgano Legislativo. Lo que se busca y pretende con tal formula constitucional, es hacer efectivos los controles políticos que están atribuidos, en el caso nuestro, a la Asamblea Nacional, estando ésta, inclusive, en la posibilidad de no aprobar un tratado celebrado por el Órgano Ejecutivo.

Esta etapa del proceso de celebración de un tratado se ve eludida o evadida, cuando se recurre a los llamados acuerdos simplificados, los que, según la doctrina autorizada sobre la materia, son aquellos que para su perfeccionamiento solo se requiere de la firma, ya sea del presidente de la República o del ministro de Relaciones Exteriores, sin que deba ser sometido a la aprobación del Órgano Legislativo.   Basta con la firma para que éstos se entiendan perfeccionados y de obligatorio cumplimiento entre las partes.

El problema que representan los acuerdos simplificados, desde el punto de vista jurídico, tiene que ver con su posible inconstitucionalidad, desde el momento en que se recurra a éstos, sin que, por una parte, exista previamente un tratado marco en base al cual se adopta dicho acuerdo; y, por la otra, cuando al celebrar dicho acto internacional se le da la calificación de un acuerdo simplificado, cuando en su contenido y en su forma lo que existe es un tratado internacional.

Los problemas que se derivan al aceptarse la existencia de los acuerdos simplificados, en cuanto a su posible inconstitucionalidad, tiene que ver con las siguientes interrogantes, ¿un acuerdo internacional ha de entenderse simplificado, y por ende exento de la aprobación del Órgano Legislativo, por la sola calificación como tal por parte de quien lo celebró? ¿Esta discrecionalidad estará exenta de control alguno, ya sea de carácter político, cuando interviene el Órgano Legislativo, o Jurídico, cuando es sometido al control de la constitucionalidad? ¿Puede un acuerdo simplificado establecer o regular aspectos que tengan que ver con derechos fundamentales? ¿Hasta dónde le está permitido al Ejecutivo, mediante este tipo de acuerdos, comprometer al Estado, internacionalmente, sin que cuente con la aprobación de la Asamblea Nacional?

Estas y otras interrogantes surgen desde el momento en que se acepta la tesis de la existencia de los acuerdos simplificados, tema que amerita, y exige, un debate sobre su constitucionalidad, por las implicaciones que tienen, al tratarse de un mecanismo a través del cual el Estado panameño asume ciertos compromisos u obligaciones, sin que éstos sean sometidos a la aprobación de la Asamblea Nacional, con lo que se evade el control político que al respecto establece la Constitución.

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<> Este artículo se publicó el 5  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Diputados nacionales: ¿Necesitamos un minisenado?

La opinión del  Abogado, político independiente…

Juan Manuel Castulovich

La Constitución de 1904 tuvo como modelo a la colombiana de 1886; pero, de manera notable, se divorció de ésta en cuanto a la conformación del Órgano Legislativo.   Colombia, al igual que la mayoría de los países, tiene un Órgano Legislativo bicameral, con Asamblea de Diputados y Senado; Panamá, en cambio, adoptó el sistema unicameral, con una sola corporación legislativa: la Asamblea de Diputados.   Su nombre ha variado de Asamblea Nacional a Asamblea Legislativa y viceversa, pero no su naturaleza esencial.

 

Cuando para superar la crisis política de 1945, incubada desde “el golpe de estado” del 41, fue convocada la Asamblea Nacional Constituyente, se introdujo la fórmula de “los diputados nacionales”, elegidos junto con los que representarían a cada una de las nueve provincias. Este grupo especial de nueve (9) diputados, seis principales y tres suplentes, no representaban a ninguna provincia sino a todo el país.   Ellos fueron: Abilio Bellido, Diógenes de la Rosa, Luis E. García de Paredes, Jacinto López y León, José Isaac Fábrega y Esther Neira de Calvo, principales, y Antonio Carrillo Vargas, Luis M. Hernández y Raquel Walker de Ducruet, suplentes.

El ensayo de los “diputados nacionales” tuvo corta existencia. La Constitución de 1946 no recogió esa figura. En su artículo 106, expresamente dispuso que todos los diputados a la Asamblea Nacional serían elegidos, por provincias.

En las Constituciones de 1941 y 1946, se crearon, respectivamente, una “Comisión Permanente” y “la Comisión Legislativa Permanente”. En la del 41, integrada por cinco (5) diputados, con la función de “asesorar al Poder Ejecutivo” cuando éste así lo solicite”. En la del 46, eran siete, uno de los cuales era el presidente de la última legislatura, que la presidía

La “Comisión Permanente” del 41 (ver Art. 79) era intrascendente, pues en el Art. 88, de la misma Constitución se creó otra “Comisión, Ad-hoc”, que era la que debía intervenir cuando la Asamblea otorgara al presidente de la República “facultades extraordinarias” para legislar mediante “decretos leyes”.

Los diputados que formaban parte de esas comisiones, por la función que ejercían, elevaban temporalmente “su estatura política” y, en cierta forma, “se desprendían del resto de sus colegas”; pero no eran un “mini Senado” ni nada que se le pareciera.

Según se ha anunciado, “los beneméritos magistrados”, como “ultima y novedosa aportación de su sabiduría electoral”, estarán proponiendo reintroducir la figura de “los diputados nacionales”, para que sea discutida como corolario de las interminables sesiones de la Comisión de Reformas Electorales; con la pretensión de que entre en vigor para las elecciones del 2014.

En esta materia, al igual que con “otras iniciativas”, como las de “las listas cerradas”, el triunvirato electoral demuestra su falta de sentido de la realidad. Desconoce nuestra tradición constitucional, ha perdido y hecho perder tiempo y recursos del Estado en “debates bizantinos”, con el deliberado propósito de soslayar los temas esenciales, para preservar “el status quo” y el reinado de la “partidocracia”.

Los llamados “diputados nacionales” sólo servirían para encumbrar a supuestos “super sabios legisladores”, una especie de “minisenado”, que accederían a ese privilegio por “arreglos” entre quienes controlan los partidos. Y como no habrá que esperar mucho, pronto se aclarará el entuerto.

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<>Artículo publicado el  30  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/castulovich-juan-m/