Lamento por el Canajagua

La opinión de …

ANTONIO PINZON-DEL CASTILLO

“No se puede entender a Rusia con la razón, no se puede medir en yardas. Tiene un carácter especial, en Rusia, solo se puede creer”. Siempre he amado este noble fragmento de un poema creación de un connotado bardo de la tierra de los zares, porque me hace reflexionar sobre mis propios lares y el pensamiento de mi gente; porque es difícil comprender la mentalidad de nuestros coterráneos, muchas veces totalmente errática, barnizada, pero carente de toda forma y solidez; otras veces imbuida de un supuesto amor por la cultura, tergiversado en la borrachera de la juerga y otras veces postulante de un arte soso y mal enjalmado, ofreciendo pan en unos sitios, mientras se carece en trigo en los propios.

No se puede entender a esta nación con medidas o encuestas, ni con meses raciales, ni festivales a raudales; primero hay que comprender a la patria chica y entender su engranaje en el conjunto de su multietnicidad. A veces, para que la seda del entendimiento roce la esterilla mental de algunos, es necesario descender a su vocablo coloquial y hacer malabares con las palabras para que algo de luz entre al oscuro tugurio de ideas que flota en sus cabezas.

Tal vez sea culpa de nuestra multiculturalidad lo que nos hace tan diferentes y lo que a veces en vez de unirnos nos aleja, tal vez lo sean otros factores más o menos educativos o sociales, lo cierto es que tenemos un carácter especial, y a veces, al igual que Rusia, solo podemos creer para confiar en días mejores en que dejemos de vender el alma por tres pesos, empecemos a valorarnos y a ser autocríticos, pues barriendo las hojas de nuestros mangos podremos hablar sobre la hojarasca de los cortijos vecinos. No se puede entender con la razón lo baladí, lo fatuo, la inconsciencia y la desunión entre hombre y natura en nuestra propia morada, clamando esta última por piedad.

Canajagua ha sido traicionado por sus propios vástagos, por quienes serviles le venden, cuales fenicios, en el mercado de esclavos y le embarcan hacia la deriva en que yace nuestro terruño de incomprensiones y desencantos. Nos estamos pudriendo, porque las bases del santeñismo tambalean entre las manos de los que tienen muy poca o ninguna noción de gobierno y justicia.

¿A quiénes damos el privilegio de regir los destinos de la patria de Porras, a quiénes concedemos el caro honor de izar la gran nación?

Primero Cerro Quema y ahora Canajagua, heridos sagazmente, a traición, apuñalados con la rúbrica de sus propios retoños y la miseria colectiva del mercantilismo. ¡Cuán difícil y trabajosa faena puede ser el tratar de entender a nuestra gente! ¿Es que acaso la ignorancia ríe a carcajadas y junto al cinismo nos hace muecas desde la comodidad del negociado de algunos? Es que mi corazón orejano no quiere creer lo que los ojos leen, porque al igual que Céspedes, prefiere que un dardo lo atraviese o que un alfanje cercene las entrañas del cuerpo adolorido, antes que resignarse a la pérdida paulatina y mordaz de los grandes símbolos de la tierra de las nostalgias. Un lamento se escucha en el monte, las mejoranas han enmudecido y la cascá no ha salido a volar; se han guardado todas las polleras, los diablicos han dejado caer sus castañuelas, los violines no tocan sollozos más y el acordeón de Gelo prefiere callar. Los versos de Sergio se desgranan al mirar al promontorio gritar, malherido, avasallado… Los Santos está de luto, su cielo se ha tiznado de lóbregas cenizas y muchos, sí, muchos queremos llorar.

Este artículo se publicó el 27 de mayo  de 2016  en el Diario La Prensa de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Derogación de Ley Minera

DEROGACIÓN DE LEY MINERA ~ REUNIÓN EN SAN FÉLIX Y SESIÓN DE GABINETE CON APROBACIÓN A LA DEROGATORIA.  El reportaje de …

JENNIE  GONZALEZ


No quiero más actos violentos entre mi pueblo, Martinelli

Presidente acude a tierras del pueblo Ngäbe y anuncia derogación de la Ley 8

Atendiendo al llamado del pueblo Ngäbe Bugle, el presidente Ricardo Martinelli se trasladó al área comarcal de la provincia de Chiriquí donde expresó -a miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Minerales y de los Derechos del Pueblo Ngöbe Bugle y Campesinos, además de otros moradores- que el gobierno desea mantener el clima de paz que vive su pueblo, por lo cual anuncia la derogación la Ley 8 de 2011, en sesión de Gabinete hoy, jueves 3 de marzo.

“Como Presidente, mi principal responsabilidad es velar por la conservación del orden público y que se mantenga un clima de paz y convivencia pacífica entre todos los panameños, por ello, he decidido presentar un proyecto que deroga en todas sus partes la Ley 8 de 2011. No se puede permitir que las confusiones provocadas por grupos radicales, que se aprovechan de la nobleza y la valentía de los hermanos de las comarcas, destruyan la paz que vive Panamá”, sostuvo el Mandatario.

Martinelli se trasladó a tierras de la comarca junto al ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu y otras autoridades de gobierno, donde convocó a todos los grupos del área y humildes panameños a quienes dijo: “Quiero dejar bien claro que nuestro  gobierno entiende y respeta las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, especialmente su apego y amor por la tierra que los vio nacer”.

Ante moradores y dirigentes, anunció un agresivo plan de inversiones por 100 millones de balboas que se desarrollará en las comarcas para construir nuevas escuelas, centros de salud, además de rehabilitar y construir caminos de producción para que mejores días lleguen a los habitantes de estas regiones.

“Yo soy el Presidente de todos los panameños, incluyendo a ustedes los moradores de las comarcas, creo en sus tradiciones y entiendo que no quieren la minería y a mi tampoco me interesa ese tema para estar empantanándonos y no seguir adelante buscando cambiar este país y lograr cosas que nos unan más para combatir la pobreza y la desigualdad”, afirmó.

Pese a que el gobierno reiteró que la norma a derogarse no buscaba promover ni desarrollar yacimientos mineros dentro de las comarcas, se deploró que grupos a los cuales no les importa la paz del pueblo han producido enfrentamientos manteniendo al país en un clima de tensión, afectando considerablemente las actividades comerciales que son el “nervio motor de nuestro envidiable crecimiento económico”.

“No puedo permitir que las confusiones provocadas por grupos radicales que se aprovechan de la nobleza y la valentía del hermano pueblo Ngäbe Bugle, pongan en peligro la paz social que vivimos los panameños, la cual es sin duda nuestra principal ventaja frente a un mundo que no supera aún del todo la crisis económica mundial y los conflictos entre hermanos que desangran a muchos países”, explicó el gobernante a su pueblo.

Dejó claro que la decisión del gobierno no es una muestra de debilidad sino de responsabilidad, que busca desaparecer un elemento que distrae innecesariamente de la impostergable tarea de continuar construyendo juntos un mejor Panamá.

“Siempre dije que no soy perfecto y, por ello, no tengo temor en reconocer que pese a lo beneficioso de la norma, los enfrentamientos producidos por las confusiones que han provocado los grupos extremistas, parece demostrar que no fuimos lo suficientemente activos y efectivos como se requería”,concluyó Ricardo Martinelli.

En San Félix, en la Parroquia Nuestra Señora de Los Caminos, monseñor José Luis Lacunza, en representación de la Iglesia Católica como garante de estas conversaciones y acuerdos, aplaudió la voluntad de ambas partes por haber logrado un entendimiento y llamó a la reflexión de buscar siempre un método de diálogo para mantener la paz entre el pueblo panameño, mientras que los dirigentes del pueblo Ngäbe aceptaron el compromiso pactado con el gobierno de mantener un diálogo.

Como parte de la comitiva presidencial, acompañaron al Mandatario el vicepresidente y Canciller, Juan Carlos Varela; la ministra de Gobierno, Roxana Méndez; el presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz; los viceministros María Fábrega –de la Presidencia- y Ricardo Quijano –del Mici- así como los diputados Fernando Carrillo y Luis Eduardo Quiroz.

Presidente cumple otra vez con indígenas: Gabinete aprueba derogar Código Minero

En un Consejo de Gabinete extraordinario, el presidente Ricardo Martinelli, en conjunto con sus Ministros de Estado,  cumplió su palabra con los grupos indígenas y aprobó un proyecto de ley en el que se deroga la Ley 8 de 11 de febrero de 2011 que reforma el Código Minero.

La propuesta fue presentada por el ministro de Comercio e Industria, Roberto Henríquez, quien dijo que -ante el clima de desasosiego que ha estado envuelto el país durante las últimas semanas- el Gobierno Nacional ha considerado necesario adoptar medidas dirigidas a restablecer el orden público y la convivencia pacífica.

“(…) en aras de procurar un ambiente en donde prevalezca la paz, principio sobre la cual se cimenta el desarrollo de un país, hemos estimado la necesidad de someter a consideración de la Asamblea Nacional de Diputados, el presente proyecto de ley para que, una vez aprobado por los Honorables Diputados, se satisfagan los mejores intereses nacionales”, se señala en la exposición de motivo de la propuesta de reforma.

Esta misma tarde, el ministro Henríquez presentó la propuesta en referencia ante la Asamblea Nacional de Diputados.

GOBIERNO NACIONAL

¡JUNTOS HACIENDO UN MEJOR PANAMÁ!

-No quiero más actos violentos entre mi pueblo, Martinelli- 

Presidente cumple otra vez con indígenas: Gabinete aprueba derogar Código Minero
<> Reproducción  de reportaje publicado el  Viernes, 04 de marzo de 2011 a las 0:51  en Facebook y etiquetado en nuestro muro por la autora a quien damos todo el crédito que le corresponde.

¿Cómo creerle, señor presidente…?


La opinión del Secretario General de CONUSI FRENADESO…

GENARO LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

Ante el anuncio del inicio de una nueva jornada de resistencia contra las reformas al Código Minero, el Gobierno de Ricardo Martinelli hizo circular un comunicado en el que señalaba que ‘El Gobierno Nacional hace de conocimiento público, y en especial, a los habitantes de la comarca Ngöbe Buglé —atendiendo la preocupación evidenciada por sus dirigentes— de nuestro firme y categórico compromiso de no iniciar, promover ni aprobar durante la totalidad de nuestra gestión de gobierno, la explotación de Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas’. Veinte (20) minutos después hizo circular el mismo comunicado, pero le agregaba la siguiente línea: ‘Salvo que lo pidan las autoridades comarcales’.

Se trata de un acto de cinismo toda vez que se sabe que Martinelli pretende imponer autoridades espurias, que saldrán electas de un congreso que es rechazado por el Pueblo Ngäbe. Esos delegados al congreso fueron electos por menos del 20% de la población apta para votar, en unos comicios que fueron denunciados como una farsa por la dirigencia indígena y organizados en base al repudiado Decreto Ejecutivo No. 537 (Que modifica la Carta Orgánica de la Comarca, creada por el Decreto Ejecutivo No. 194 del 25 de agosto de 1999. La modificación se produjo el 2 de junio de 2010, mediante el Decreto Ejecutivo No. 537 de 2010, impuesto por Martinelli y Mulino), que ha sido demandado por inconstitucional.

Con este Decreto el Gobierno central tiene injerencia directa en las decisiones que tomen las autoridades indígenas de la Comarca Ngäbe Buglé, en tanto se establece que los llamados ‘encuentros interregionales de las autoridades gubernamentales’ serán parte del Congreso General; mientras que los ‘encuentros locales de autoridades gubernamentales’ serán parte del Congreso Local de la comarca.

Frente al engaño, diversas comunidades indígenas realizaron, en varios puntos del país, actividades de Resistencia Indígena y Popular contra las reformas al Código Minero. Los indígenas han reiterado que esta lucha no se detiene hasta la derogación de la Ley 8, pues atenta contra el ecosistema y favorece los intereses de las transnacionales mineras y de sus socios enquistados en la esfera gubernamental.

Mientras tanto, el gobierno de Corea del Sur felicitaba a Ricardo Martinelli por la aprobación de la Ley 8 (Reforma al Código de Recursos Minerales), pues se garantizaba con ello los intereses coreanos en la actividad minera, demostrando que su gobierno mercader está dispuesto a continuar la política de venta de la patria, para satisfacer sus apetitos de más ganancias personales.

Recordemos que en la Cumbre del SICA Martinelli aseguró a los surcoreanos que estaba dispuesto a someter a reforma el Código Minero.    Con esta acción, demuestra ser un hombre de palabra con los intereses foráneos y de engaños para con sus conciudadanos.

En esta larga lista de engañados se encuentran los jubilados, los cuales se han visto obligados a salir a las calles por el incumplimiento del Gobierno en el aumento de las jubilaciones y pensiones. Los jubilados, a pesar de movilizarse en Panamá, Colón, Chiriquí y Bocas del Toro, el gobierno los mantiene en completo abandono.

Frente a las mentiras y la represión del gobierno de Martinelli, el pueblo sigue en las calles. Indígenas, campesinos, ambientalistas, pescadores, educadores, pobladores, obreros, estudiantes, jubilados y funcionarios públicos (Técnicos y asistentes de enfermería así como funcionarios de los Correos), todos ellos se manifestaron esta semana para exigir respeto, atención a los problemas y que cese la represión y la persecución.

Durante el proceso electoral, Martinelli prometió que no reformaría el Código de Trabajo, pero en menos de un año promulgó tres decretos y una ley (Ley Chorizo); dijo que no aumentarían los impuestos a los consumidores, pero incremento el ITBMS (7%); cuestionó los viajes presidenciales, pero acumula millas en su jet privado.

Estos son solo algunos ejemplos de engaños de los cientos que pudieran citarse.

¿Cómo creerle, señor presidente, si su gestión gubernamental está sustentada sobre el engaño y atropello a la sociedad panameña?

Este artículo se publicó el 20 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El acuerdo minero Martinelli—Lee

La opinión del Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado al CELA

MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO
gandasegui@hotmail.com

El acuerdo minero (2011) entre los presidentes Ricardo Martinelli y Lee Myung—Bak (de Corea del Sur) tiene similitudes con el Tratado del Canal Hay—Bunau Varilla (1903). En primer lugar, la concesión minera de Panamá a favor de Corea, acordada por los ejecutivos, debe ser aprobada por la Asamblea de Diputados. En segundo lugar, los diputados tienen que cederle a Corea parte de la soberanía panameña, prohibido expresamente por la Constitución Política. El proyecto de ley minero, actualmente debatiéndose en la Asamblea, permitiría que una bandera extranjera se izara soberana en una parte de nuestro territorio. Además, tiene otros dos problemas que han sido denunciados por los panameños sin que el gobierno quiera escuchar: El proyecto permite la depredación de la naturaleza y no contempla el desarrollo social y económico del país.

El proyecto de ley minero refleja la tendencia antinacional de los últimos gobiernos, llevada a su extremo por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Ignora la importancia del concepto de soberanía que fue defendida por todas las generaciones de panameños en el siglo XX. Entrega los instrumentos legales a gobiernos extranjeros para que exploten los recursos del país sin retribución alguna. Destruye el ambiente panameño, poniendo en peligro el Canal de Panamá y todas las actividades económicas del país.

La contradicción constitucional estriba en que ‘la propuesta permite a gobiernos extranjeros participar de empresas privadas, eliminando la prohibición actual’. El proyecto ignora el artículo 290 de la Constitución que dice:  ‘Ningún gobierno extranjero podrá adquirir dominio sobre parte del territorio nacional’, definido ‘dominio’ como ‘la facultad de aprovechar las utilidades o beneficios de las cosas’.

Panamá inauguró el siglo XX concediendo la ruta de tránsito a EE.UU. para que construyera el Canal de Panamá. Ahora a principios del siglo XXI, el gobierno pretende cederle el subsuelo del territorio nacional al gobierno de Corea del Sur.

Además, el artículo 20 reescribe el texto constitucional y asegura que ‘los recursos minerales de todo tipo, podrán ser explotados directamente por el Estado, a través de empresas estatales o mixtas, así como para formar empresas privadas para este propósito o participar dentro del capital accionario de empresas privadas’ (Artículo 257). El abogado Harley Mitchel plantea que ‘la ley solo puede reglamentar ‘las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal’, no sobre las maneras en que el Estado puede explotar las minas. El mismo Estado crearía empresas mineras, con dinero público, cuyo patrimonio no sería del Estado, sino de la empresa, la cual puede trasladar acciones a otras empresas con capital y apoyo público de otros países’.

Desde el punto de vista económico, el proyecto de ley le entrega directamente a concesionarios extranjeros las riquezas del país. Según el médico Alessandro Ganci, las empresas que operan en el país proyectan una producción anual equivalente a 2,300 millones de dólares a partir de 2016. (Una producción anual de 255 mil toneladas de cobre, 90 mil onzas de oro y 1.5 millones de onzas de plata). Panamá recibirá solo un 4% en regalías; es decir, 92 millones de dólares al año. Chile recibe el 14% en regalías de las empresas cupríferas que explotan a cielo abierto las minas en el desierto de ese país. Los países del llamado primer mundo reciben el 50% o más por concesiones de este tipo.

El proyecto de ley pone en peligro el ambiente al modificar reglamentos y ordenamientos institucionales para favorecer a las empresas mineras. Por un lado, transfiere las responsabilidades ambientales de la ANAM a la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias. Por el otro, el proyecto ordena a la ANAM a realizar auditorías ambientales, sin que exista regulación al respecto, toda vez que no es este organismo, sino la Contraloría General de la República la que tiene la potestad gubernamental para hacerlo. Además, impide que las instancias gubernamentales puedan suspender las actividades de las mineras que no cumplen con sus responsabilidades ambientales.

El proyecto también promoverá la corrupción entre los funcionarios públicos, colocados en posiciones de mando, quienes puedan enriquecerse en forma contraria a las leyes. Según la Alianza Ciudadana, ‘el proyecto deroga el artículo 165 del mismo Código, que ordena colocar en Gaceta Oficial los nombres y domicilios de los servidores públicos que reciban las solicitudes de concesión y sus correspondientes pagos, mientras evita el derogar artículos que posibilitan que personeros de gobierno mantengan intereses en concesiones mineras’.

Este artículo se publicó el 11 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Minería ‘salvaje’… la madre de todos los expolios

La opinión del Médico y miembro de la Asociación Conciencia Ciudadana…

ALESSANDRO GANCI
concienciaciudadana09@gmail.com

Expolio se define como ‘despojar con violencia o con injusticia’, sus sinónimos… desposeer, quitar, desvalijar, pillar, saquear…

La minería responsable debe fundamentarse en siete pilares básicos. Desarrollo sostenible, equidad, toma de decisiones participativas, responsabilidad, transparencia, previsión y eficiencia.

El desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la habilidad de futuras generaciones de satisfacer las propias.

En equidad, tanto los beneficios como riesgos deben distribuirse de manera ‘justa’. Las decisiones deben consensuarse de una manera libre e informada. Las comunidades tienen el derecho de decidir de manera independiente si aceptan o no la práctica minera en sus territorios, también de conocer, si existen otras alternativas menos lucrativas, pero más rentables, en términos de conservación y generación de empleos, como la silvicultura o el turismo.

Responsabilidad y transparencia, implican que las compañías deberían apoyar el monitoreo y supervisión independiente de los proyectos, la divulgación sobre los impactos de sus operaciones en un lenguaje sencillo, para que toda la comunidad pueda entender.

Previsión, donde haya amenazas de daño serio o irreversible, el gobierno debe decidirse en contra de la promoción del desarrollo minero. Son las llamadas ‘zonas intangibles’. Aquellas que por su diversidad biológica, fragilidad de los ecosistemas o riqueza acuífera deben preservarse.

No se pueden descuidar los problemas comunitarios de fondo, como la pobreza por la inflación de precios, desnutrición, baja escolaridad, alcoholismo, violencia doméstica y abuso infantil. El contaminador debe pagar por la limpieza y remediación ambiental.

Eficiencia, significa optimización del uso de recursos naturales y la reducción de los desechos en el uso de la energía y el agua.

Ahora… ¿es nuestra minería realmente responsable y limpia?..

Primero, la minería limpia NO EXISTE. Siempre habrá contaminación. Al eliminar el manto vegetal, contaminar el aire con el polvo de las voladuras y el desplazamiento de camiones, contaminación acústica con las explosiones y afectación de las fuentes de agua.

Minería responsable es factible, pero… ¿se aplica en Panamá?

No hay un plan maestro de desarrollo sostenible para las áreas, que implique un objetivo de ‘Pobreza extrema cero’ en 20 años. Para eso, según el BID, se necesitarían 500 Millones por año que, podrían obtenerse si la distribución de las acciones fuera en equidad y se les diera a los originarios al menos un 20 % del capital. Tampoco se han definido las ‘zonas intangibles’ dentro de las concesiones, una de las cuales aspira a tener 842 kilómetros cuadrados, el equivalente a más de cuatro veces el tamaño total de la ciudad de Panamá. El estudio ambiental es desconocido por los no técnicos y no existen estudios de impacto de género, social o de conflicto.

Tampoco hay equidad en cómo se distribuirá la riqueza. El contrato dado a Petaquilla, es propio de una ‘Banana Republic’. Tiene dos prórrogas de 20 años, por lo que puede durar 60 años. Cuando terminen, pueden llevarse libremente todas las instalaciones, mejoras o anexos que hayan hecho. Están exonerados del impuesto de importación, del impuesto sobre la renta por remesas, asesoramiento profesional o administrativo fuera del territorio.

Podrán deducirse como ‘gasto de operación’, los cánones superficiales, Regalías, impuestos y el cargo por depreciación. Los gastos por servicios y abastos, así como los demás gastos que se realicen en relación con las investigaciones geológicas preliminares y todas las exploraciones mineras con o sin éxito.

Los gastos en relación con la educación y adiestramiento de ciudadanos panameños incluidos las escuelas y materiales docentes.

Los pagos a los municipios no acreditados en el impuesto sobre la renta, se pueden deducir como ‘gastos generales’, también cualquier pago de impuestos municipales por encima de los 100 000 dólares, es deducible como un ‘crédito fiscal’.

El ‘crédito fiscal’, además permite deducir el 100 por ciento de la inversión directa y en infraestructura, incluyendo las carreteras, plantas de energía eléctrica, puertos, potabilizadoras, viviendas, alojamientos para los trabajadores, hospitales, estaciones de primeros auxilios, estructuras para uso social y recreacional de la comunidad, calles, aceras y ornamentación.

En resumen, la inmensa mayoría de los miles de millones que se dice, invertirán en los proyectos, será pagado al final por todos los panameños. Una especie de ‘Desarrollo deducible’, cuya decisión no será potestad de la comunidad, sino que dependerá de los criterios de la empresa. Tampoco, al menos en los primeros años, contribuirá a fortalecer el presupuesto, pues, prácticamente no recibiremos dinero útil hasta que se ‘recupere’ la inversión.

Ante tan ‘tiranosáurica’ concesión, lo lógico hubiera sido una moratoria para iniciar un diálogo cuadripartita (gobierno, comunidad, empresas, sociedad civil), que permitirá una revisión completa y no una modificación de la ley minera, bajo los criterios de una minería verdaderamente responsable.

Es fundamental contar con un plan de desarrollo integral y estratégico, que evite las llamadas economías de ‘auge y caída’, donde la comunidad depende de una sola actividad (minería), descuidándose la agricultura y los métodos tradicionales de subsistencia. Así como la formación de empresas mixtas, Estado—comunidad—empresarios, que permitirá un desarrollo integral y justo para la nación entera.

 

Este artículo se publicó el  18  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

La minería

La opinión del Arquitecto y Ex Presidente de la SPIA…

JORGE RODRÍGUEZ MORENO
rodarq@cwpanama.net

La minería es una actividad industrial calificada con un uso de suelo industrial pesado Es una actividad industrial peligrosa para las personas, animales, plantas, el suelo, el agua y el aire.   Esto no significa que no se pueda realizar, significa que su realización debe cumplir normas de construcción, ejecución y operación que garanticen la explotación con seguridad para todos los mencionados anteriormente.

Las malas experiencias padecidas en el pasado tuvieron unos contratos de concesión con completo desamparo de los afectados.   Para evitar malos entendidos, la ley deberá ser clara y detallada en las obligaciones de la empresa concesionaria.

Los aspectos generales que se deben incluir: 1. Calles y accesos aprobados por el MOP. Indemnización de las servidumbres requeridas para que al finalizar la concesión, se reciba una vialidad que se incorpore a las comunidades vecinas.

2. El plan de explotación deberá ser por etapas para evitar la deforestación generalizada.

3. Movimientos de tierra y excavaciones debidamente planificados, diseñados e indicados en planos, aprobados por Ingeniería Municipal del lugar. Las excavaciones a cielo abierto son las más seguras para las personas, pero requieren un plan para proteger el vecindario y el ambiente.

4. Reforestación aprobada por la ANAM de las secciones terminadas.

5. El control de la erosión es fundamental en todo movimiento de tierra por la alta precipitación y duración de la estación lluviosa en Panamá.

6. El procesamiento del mineral deberá ser bajo techo para el control de vapores, protección de la lluvia y control del polvo.

7. Las aguas industriales producto del procesamiento, deberán ser tratadas para la extracción de los contaminantes utilizado. La capacidad de la planta de tratamiento deberá ser para la producción de las aguas industriales del día. Así se evitarán los embalses de aguas peligrosas, se promoverá la reutilización del agua y la reposición de las aguas subterráneas del área.

8. En la actualidad se dispone en Panamá, de tecnología y el personal técnico para el diseño, operación y mantenimiento de industrias peligrosas como la minería.

La realidad del accidente de la Mina San José en Chile, opacada por la euforia de la recuperación de los mineros atrapados, la puso de manifiesto el presidente Piñera cuando dijo que la mina continuaría cerrada hasta que se garantizara la seguridad en la explotación. Conclusión, a los mineros no se les puede dejar solos.

 

<>Este artículo se publicó el 14  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Y si no celebramos carnavales?

La opinión del Comunicador Social…

ERNESTO  A. HOLDER
ernestoholder@gmail.com

Me incomoda la pasividad de la mayoría de la población ante los retos de avaricia y sordidez que enfrentamos.   Creo que lo que hay es una gran pereza, sí y compartida; multiplicada a la enésima potencia del desinterés. Confieso, nuevamente que, cada semana, se hace más difícil escribir esta columna frente a los acontecimientos que se dan, rápidamente y tan de seguido en el espacio de siete días.

Antes he expuesto que mis preocupaciones fundamentales se centran en el deterioro de la condición social y cultural de la especie y particularmente, de los que habitan esta estrecha franja de tierra en las Américas.  El Yo por Yo y mis amigos, más nadie.

Acaba de terminar la primera década del nuevo milenio. Hemos recuperado la totalidad de nuestro territorio a expensas de la vida de tantos ilustres héroes de todas las capas sociales, que en muchos casos, sacrificaron todo para que fuéramos soberanos a cabalidad. Idealicé para este tiempo, una sociedad en franco camino a compartir espacios de crecimiento, desarrollo social y cultural. Una sociedad entretejida, avanzando hacia metas comunes de prosperidad; mejores condiciones de vida para todos. Una sociedad respetuosa del espacio, las ideas, la cultura y los deseos de cada sector como retribución a los sacrificios de los que expusieron o dieron sus vidas por la causa patriótica. Aún guardo esperanzas de que no me haya engañado.

A principios de la semana pasada, varios analistas internacionales mostraban preocupación porque después de dos semanas de protestas en Egipto, la intensidad de las mismas fuera disminuyendo.   Era razonable especular sobre esa baja en las presiones multitudinarias que el pueblo egipcio había expresado. Parecía que el ritmo iba en decadencia frente a la negativa del presidente Mubarak de abandonar el poder. El jueves se intensificó nuevamente y la presencia de manifestantes, casi 24 horas al día, aumentó a razón de las negativas declaraciones de Mubarak esa tarde.   A la hora de entrega de este artículo todo parece indicar que el pueblo egipcio ha triunfado: Mubarak ha abandonado el poder.

En Panamá, como ya sabemos y si han estado prestando atención, se daban demostraciones en contra del código que permite el desarrollo de la actividad minera en nuestro país.   Las protestas se han dado particularmente en los sectores indígenas del país, quienes serían los directamente afectados por las consecuencias de la explotación minera. Tal como reportó La Estrella de Panamá el jueves pasado en su edición en línea, ‘la diputada Crecencia Prado, de ascendencia Ngäbe Buglé, denunció que la aprobación del mencionado Código, es indicativo de que el presidente Ricardo Martinelli nos ha agarrado de ‘tontos, mientras envía representantes a hablar con el pueblo Ngäbe aquí aprueba la ley’, en referencia a la Asamblea de Diputados.   Según Dichter & Neira, el 68% de la población encuestada rechaza la modificación el código en mención.

Hubo tímidas manifestaciones de parte de algunos sectores populares ante un tema de tanta importancia, y que tiene el potencial de afectar permanentemente nuestro rico y exuberante hábitat y ambiente.   La Universidad de Panamá fue cerrada desde el jueves, no por lo significativo de las manifestaciones (muy tímidas de parte de un sector que debería ser socialmente proactivo), sino por el vandalismo y el robo de insumos a lo interno del Campus, aprovechándose de las circunstancias.

En Panamá, esa misma tarde del jueves en las noticias de una televisora local que escuchaba, el tema de Egipto fue mencionado brevemente.   El de las protestas por la minería, también. Con bombos y platillos como se dice en el argot local, transmitía los últimos detalles de los carnavales venideros bautizados ‘Carnaval de la City’ y con el lema ‘Goza lo tuyo Panamá’.    Se oficializó la Cinta Costera como ruta oficial.    Un ‘culecódromo’ será organizado entre la calle 29 y 30, cerca de la avenida Balboa. La reina será escogida el día 16 de febrero y como premio especial será embajadora cultural y participaría en todas las ferias internacionales en donde estuviera la presencia de Panamá como parte de la estrategia de turismo del país.

¿Por qué no abolimos los carnavales para siempre, a lo largo y ancho del país? ¿Cuántos protestarían? El dinero que todos los sectores invierten y lo que se gastan en preparativos para estas superficialidades, pudiera muy bien servir para invertir en mejorar las deficiencias que nos amenazan.   En educación, por ejemplo.

Calle Abajo y Calle Arriba de Las Tablas, pudieran hacer las paces, limar vetustas asperezas que nadie ya recuerda. Juntar esa energía y esos esfuerzos de todo el año por deslucir a la parte contraria. Trabajar con ese afán y protestar con esa vehemencia, pasión y alegría por preservar lo que tenemos y en repudio a los que atentan contra el futuro del país.

 

Este artículo se publicó el  14  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.