El dolo, la culpa y la cadena de mando en el derecho penal

La opinión del Jurista…


Ramiro Guerra Morales 

A los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se les plantea la oportunidad en virtud de la acción de habeas corpus presentada por nuestro hermano, el Dr. Silvio Guerra, de esclarecer varios tópicos relacionados con la investigación del caso de los envenenamientos de miles de compatriotas producto de la ingesta del jarabe contaminado por sustancias tenidas como mortíferas para la salud y como en efecto ocurrió, produjo la muerte de muchos panameños y miles se mantienen una situación.

Las consecuencias por este envenenamiento, causado por el medicamento producido en la Caja de Seguro Social, traen consigo consecuencia penales y civiles que a nuestro juicio, no hay manera de evitar los respectivos resarcimientos, tanto por la institución mencionada como los que resulten responsables penalmente.

En nuestro país, pocos penalistas, le han dedicado tiempo y esfuerzo para desde la perspectiva doctrinal y positiva, teorizar la cuestión asociada con la cadena de mando, la culpa y el dolo.

El abogado y fiscal, Dimas Guevara, recién formuló cargos contra miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, por delitos contra la salud pública. El funcionarios, para tal medida, se basó en que estos, pudiendo evitar el resultado funesto del envenenamiento, no lo hicieron. En el expediente, según me informa mi hermano, penalista consagrado, se encuentran los dictámenes de varios peritos, que aseguran , que el error fatal, se debió a la omisión y diligencias adecuadas, tanto de control y supervisión del ente donde se producía los medicamentos.   La pregunta que nos hacemos, ¿es como podían los directivos de la Caja de Seguro Social, evitar lo ocurrido?, cuando los mecanismo de control, supervisión de los insumos para elaborar el jarabe asesino, estaban muy distantes del ente administrativo que se ubicaba en la parte superior de la pirámide institucional.

Sostener el argumento de la falta de previsión por parte de los directivos, resulta jalado por la manga y nos ubica en la pervertida teoría, de que si no hay culpables penalmente, hay que crearlos a como de lugar.

Por otro lado, en este contexto, la aberrante tesis del dolo por omisión, para ubicar a los directivos en los tipos penales que señala el código penal en cuanto a delitos contra la salud pública y proceder a imponer medidas cautelares de prohibición de salir del país, reportarse al despacho de instrucción y separarlo del cargo de directivo, ni siquiera se compadece con la doctrina científica del dolo.

Este siempre será la acción con intención de producir una lesión a un bien tutelado por el derecho. La mayoría de los doctrinantes en materia penal, asimilan este tipo de dolo impropio a la simple culpa, por la cual tampoco es viable algún tipo de sindicación a los ciudadanos mencionados.

Por otro lado, asimilar la condición de funcionario público a los directivos, representantes de los trabajadores y empleadores en la Directiva de la Caja de Seguro Social, es ilógica y forzada. El hecho de que sean legitimado en esos cargos por decreto ejecutivo, constituye una solemnidad de ley que acredita la representación y no la condición de funcionario público.

Aceptar el criterio del fiscal arriba mencionado, sería admitir que los representantes de los empleadores, que laboran en sus empresas cuarenta y ocho horas y más, por el solo hecho de asistir a la reunión de horas de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, ostentan una condición dual, por un lado, funcionarios públicos pero también trabajadores privados.

El derecho es lógico al igual coherente. En consecuencia, somos del criterio que la Corte le debe señalar al funcionario de instrucción, que dada la condición de sujetos privados de los ciudadanos aludidos, no tenía competencia para dictar algunas de las medidas cautelares arriba mencionada.

<>Artículo publicado el  27  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Medidas cautelares?

La opinión de…

Miguel Antonio Bernal

Cada día resulta más incomprensible e injustificable, cómo, en virtud de las normas jurídicas, funcionarios del Ministerio Público, supuestamente encargados de buscar la verdad e investigar con objetividad, sirvan cada vez más como brazo perseguidor del Ejecutivo.

Cada día más, en el Ministerio Público, la ciudadanía identifica más y más funcionarios, cuya dedicación no es otra que la de romper la trilogía sobre la cual está llamado a descansar un Estado de Derecho.    Con su actuar, nos dejan como fábula la teoría de Montesquieu.

Lo anterior queda de manifiesto cuando un Fiscal, utilizando teorías que contradicen todo principio básico de la administración, opta por ignorar las pruebas, el debido proceso y todo lo que debió aprender en las aulas, para así justificar medidas cautelares innecesarias.

Esto acontece con el tratamiento dado por el Fiscal a los siete miembros y ex miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social,  a los cuales se le ha dado categoría de peligrosos delincuentes, al exigirles el tener que acudir al Ministerio Público a firmar los 15 y los 30 de cada mes. El objetivo primordial de este proceder, no es otro que el de inhabilitar a los tres que son miembros actuales de la Junta Directiva de la Caja, para así poder tener todos los votos que requieren para aprobar todo lo que desea el Ejecutivo en esa institución.

Este funcionario, obviando el Artículo 447 del Código Judicial donde se establecen las “Normas de Conducta”, ha violado los principios básicos y necesarios para interponer medidas cautelares.    Pero, lo más preocupante, es ver como estos funcionarios llamados a ser fieles cumplidores de las normas y las leyes, en nombre de ellas, juegan con el bien más preciado de todo hombre: su libertad, honra y decoro.

¿Qué los lleva a dejar a un lado procedimientos básicos, como el que plantea el Numeral 3 del Artículo 2031 del Código Judicial que dice: “Averiguar todas las circunstancias que sirvan para calificar el hecho punible, o que lo agraven, atenúen o justifiquen”? Esto se evidencia cuando para satisfacer el morbo, creado por el propio Ministerio Público, afirman que la Vista (que al parecer es bizca), “estará lista pronto”.

¿Cómo pueden adelantar esas precisiones, sin tomar en consideración las declaraciones indagatorias recogidas a los “peligrosos delincuentes”, ni las pruebas aportadas dónde se demuestra que la compra se realizó por debajo del monto que la Ley le permite aprobar a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social?.

¿Por qué el Ministerio Público, en abierto abuso del propio carcomido sistema inquisitivo y sin causa justificable en la norma, les declara estas absurda medidas a los “siete del patíbulo”, desconociendo el Artículo 2128 del Código Judicial, que, entre otras cosas, menciona que las medidas cautelares serán aplicables cuando el imputado se de a la fuga o exista peligro evidente que intente hacerlo?

Está evidenciado que estas “medidas cautelares”, impuestas a un grupo de ciudadanos que no representan un peligro a la sociedad, son utilizadas para poder beneficiar los intereses económicos de algunos bellacos que solo buscan salir más ricos de lo que entraron, gracias una vez más, a los dineros de los asegurados.

Resulta cada día más doloroso, que nuestra justicia, y nuestra libertad, se encuentren en manos de quienes, solo por preservar sus altos salarios, privilegios y prebendas, no cumplen con su verdadera función.

<>Artículo publicado el  3  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Hoy el ‘factoring’ es un delito…

La opinión del Abogado y Ex Fiscal …

ARMANDO   FUENTES
armandofuentes@hotmail.com

¿ Mañana cuál será el nuevo delito en Panamá?.. El factoring es un financiamiento que otorga un banco, una financiera o un prestamista, al cliente que tiene una factura, contrato u orden de compra, cuya fecha de pago es a largo o mediano plazo.   Esta operación ayuda al cliente a obtener dinero en efectivo de inmediato, en vez de esperar el plazo de pago a cobrar a su deudor. Como se aprecia, es una simple operación de crédito en la que no hay nada fuera de lo común y que su génesis es ayudar a la pequeña empresa con fuente de financiamiento para enfrentar los retos del mercado comercial y lo único que evalúa el financista es la veracidad y solidez de su fuente de repago.

Por ser una actividad crediticia lícita, que se realiza frecuentemente en la plaza panameña, es totalmente incomprensible e inaceptable que conceder un financiamiento de esta naturaleza sea sustento para vincular a una persona a un proceso penal.   No obstante, eso es lo que está padeciendo Teófilo Gateno en el proceso que se le sigue, por la única y sencilla razón de haber otorgado un préstamo tradicional. En ningún momento Gateno intervino en el proceso de compra y venta de los suministros, que resultaron ser dietilenglicol.

Es incorrecto vincular a un financista a un proceso en dichos términos, dado que ello raya más allá de lo que se denomina la responsabilidad objetiva, que no está reconocida por el Código Penal panameño. Resulta aún más preocupante que, ante el panorama descrito, se impongan severas medidas cautelares y prolongadas, fundamentándose exclusivamente en apreciaciones subjetivas como la posible existencia del delito y la presunta vinculación, sin que existan las exigencias de cautelaridad, tales como peligro de fuga, de interferencia en la práctica de las pruebas o de comisión de delitos graves.

El uso inadecuado de medidas cautelares como penas anticipadas, hace que las mismas sean desproporcionadas e injustas, porque violan la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, que reconoce la Constitución Política de nuestro país.

Si la finalidad de las medidas cautelares personales es garantizar la presencia de la persona en juicio y no condenarla anticipadamente,   ¿por qué en la práctica suele aplicarse como primera medida la detención preventiva,   sin apreciar nada más que la pena establecida para el delito?

Si lo que se quiere es lograr que las audiencias se realicen, ¿por qué demora tanto la celebración de los juicios, manteniendo la privación de libertad?

Atribuirle cargos penales a una persona que tiene un único rol de financista y someterla a severas medidas cautelares, por el solo hecho de haber concedido un factoring, es poner en riesgo el ejercicio del negocio bancario y financiero, es censurable y deja mucho que desear de la justicia panameña.

En la actualidad es bastante largo el camino que transita una persona desde que es detenida hasta que es presentada ante un tribunal para una audiencia, por lo que la realidad reclama análisis más justos de las exigencias de cautelaridad por parte de un juez imparcial, así como la reducción de los términos procesales, para que se pueda, tal como lo expresa Alberto Binder, ‘fortalecer la capacidad del sistema judicial de reconocer los intereses de las partes y, en este sentido, humanizarlo’.

Teófilo Gateno, como financista, no hizo más que prestar un dinero para que un pequeño empresario pudiera pagar sus impuestos e importar una mercancía al país. Por esto, hoy es él quien se encuentra en esta lamentable situación, privado de sus libertades básicas como ciudadano.

Hoy es Teófilo Gateno, mañana podría ser cualquier banquero o financista responsable que se dedica al negocio de préstamos, cualquier abogado que representa a una sociedad anónima o simplemente cualquier directivo respetable haciendo su labor.   Hoy es un factoring lo que se considera una operación ilícita, mañana podría ser la aprobación de un leasing, préstamo comercial o préstamo personal o cualquier actividad económica que realiza un ciudadano, si así lo considera un funcionario en particular.

<> Este artículo se publicó el 2 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Orden de conducción o de detención solapada?

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-La opinión del Jurista…

JAIME A. PADILLA G.

Vemos con preocupación, el abuso en que han caído funcionarios del Ministerio Público con relación a la ‘orden de conducción’, percatándonos de que existe una solapada intención de convertirla en una ‘orden de detención’.  Esto es peligroso y violatorio del principio del debido proceso y de las garantías constitucionales que salvaguardan a nacionales y extranjeros, la Carta Magna y otras normas de derecho sustantivo y adjetivo, que están siendo burladas por estos funcionarios.

¿Qué se entiende por ‘conducción’?   De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal que entrará en vigencia el próximo año, la ‘conducción’ es ‘el acto de conducir a una persona al despacho del funcionario de instrucción cuando la investigación requiera su presencia’. De igual forma el juez también lo podrá ordenar, siempre y cuando él estime que existe mérito para ello o para aclarar algunos puntos oscuros o dudosos en el expediente. Yo la podría definir como ‘mecanismo procesal mediante el cual el despacho instructor, ante la necesidad de requerir a alguna persona, haga que ésta comparezca al despacho para alguna diligencia, al término de la distancia o sea al instante’.

En cuanto a los trámites procesales a cumplir, antes de ordenar la conducción de alguna persona al despacho requirente, se tiene que seguir el parámetro substancial que brinda el Artículo 17 de nuestra Constitución, que prevé los derechos fundamentales mínimos que deben respetarse ante todo.   En todo momento, los funcionarios de instrucción, deben respetar y proteger estas garantías fundamentales, con marcado respeto a la dignidad humana, y no ordenar la conducción, sino se han agotado previamente todos los mecanismos elementales de comunicación y notificación, como llamadas telefónicas a celulares, correos electrónicos, faxes y cualesquiera otros.    Concluida esta etapa, si se comprueba la renuencia o rebeldía de la persona en no asistir, entonces es que puede ordenarse su conducción al despacho, pues ya no le queda otra salida al funcionario de instrucción que utilizar este mecanismo procesal de comparecencia obligada.

¿Pero qué sucede hoy por hoy? Que sin ningún tipo de comunicación, o búsqueda previa, se procede directamente a ordenar la conducción de la persona. Recordemos el caso de la juez suplente Zulay Rodríguez, a quien el Ministerio Público le ordenó conducción sin ningún acto previo de notificación o llamado, y el reciente caso de Saúl Méndez, tratándolos como evasores de la justicia.

Esta mala praxis, no es otra cosa que la intención solapada de ignorar el orden de las medidas cautelares que contempla el Código Judicial en su Artículo 2127 y siguientes y aplicar directamente la detención preventiva, sin ningún sustento fáctico—jurídico y sin haber cumplido con los trámites procesales para aquella.

Aquí tenemos que aclarar que la detención preventiva es la última y la más gravosa de las medidas cautelares, y que para ordenarse tienen que haberse cumplido los requisitos exigidos por el Código Judicial en el Artículo 2128, siendo medida distinta a la simple conducción, pues, la conducción es netamente administrativa procesal y la detención preventiva es de naturaleza procesal con fines distintos.

La conducción pretende hacer comparecer al sujeto requerido al despacho requirente; mientras que la detención, priva de la libertad al sujeto requerido y lo aisla por completo de la sociedad, so pretexto de tenerlo a órdenes del despacho indefinidamente.

En fallo del 23 de julio de los corrientes, dentro del caso de la solicitud de Habeas Corpus a favor de Saúl Méndez, la Corte Suprema, en pleno, advirtió al Ministerio Público que las órdenes de conducción para la comparecencia de una persona no pueden convertirse en un ‘régimen preliminar de detención’, y que ‘debe manejarse con prudencia’, de manera que solo se aplique cuando ‘se hayan agotado los trámites ordinarios para conseguir la presencia voluntaria y oportuna de la persona requerida al proceso’.

El fallo agrega que la orden de conducción debe producirse dentro del margen de la constitucionalidad. La advertencia de la Corte indica a los funcionarios de instrucción que la orden de conducción incluye poner en conocimiento del conducido, los derechos contenidos en los Artículos 22 y 25 de nuestra Constitución.

<> Artículo publicado el 11  de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Fianza de cárcel

La opinión de….

CARLOS AUGUSTO HERRERA

El domingo pasado conversamos sobre las detenciones provisionales como medidas preventivas, aplicadas en los extremos y durante el periodo de instrucción, hasta la valoración final sobre la responsabilidad del acusado. Tocamos lo atinente al artículo 1948 de nuestro Código de procedimientos, y la interpretación restrictiva a favor del procesado.   Es aquí donde se conoce si un juez o jueza es sabio o, por lo menos, cumple con la Ley.

Nos referimos igualmente al artículo 2155 del Código Judicial sobre la solicitud de fianza de cárcel, para detenidos o para otros, si hay temor de una detención. Sobre el artículo 2156 de nuestro Código de Procedimiento, que califica la forma de hacerlo con hipoteca, certificado de garantía bancario, póliza o bonos de seguro o títulos de la deuda pública del Estado, a través del Banco Nacional. Tenemos la juratoria concedida al imputado bajo palabra y juramento solemne, con algunas condiciones planteadas por el artículo 2167, también de la misma excerta que siempre mencionamos. Finalmente, encontramos la fianza personal otorgada de acuerdo con el artículo 2166 de nuestro Código Judicial, con la cual, fijada previamente la cuantía, se garantizará por medio de fiador solvente y hábil, quien deberá estar a paz y salvo con el Tesoro Nacional, con las obligaciones del fiador de acuerdo a los códigos Judicial y Civil, sobre normas relativas a esta clase de fianza, además de lo preceptuado en el artículo 2167 del Código Judicial, sobre el domicilio del procesado en la circunscripción del Tribunal, de por lo menos dos años antes, el compromiso de presentarse al tribunal o juez siempre que se le ordene; y que sea un delito cuya pena mínima no exceda de dos años de prisión; y que el imputado o procesado no tenga antecedentes penales y sea conocido como persona honesta que vive de su trabajo.

Lo importante es que la fianza se concede, niega, reforma, puede ser aumentada o disminuida o revocada si ya en ejecución el beneficiado incurre en un nuevo acto delictivo.   Lo importante es conocer que el auto que se refiere a la fianza, nunca queda en firme y corre entre los delitos excarcelables y otros in excarcelables, y en el caso del artículo 2171, el tribunal de segunda instancia si resuelve declarar la libertad del sujeto detenido ordena que se cumpla sin que el auto esté en firme.   El artículo 267 ordena a los jueces y magistrados resolver la solicitud en días inhábiles si es en ese momento que se solicita.

Por supuesto que nadie tiene paciencia si le niegan una fianza de excarcelación, lo cual debe estar debidamente explicado en la resolución que se dicte, pero se puede solicitar nuevamente si se mejoran las pruebas del sujeto acusado en vez de ir a segunda instancia.

En los extremos y de acuerdo con el artículo 2170 de nuestro Código de Procedimiento, la fianza es revocable o reformable de oficio o a solicitud de parte interesada y puede ocurrir que se levante la detención, si el tribunal considera que no hay lugar para mantener la medida decretada.

Lo importante es conocer que quien solicita la fianza de acuerdo con el artículo 2163 del Código Judicial, se convierte en fiador con la enorme responsabilidad de: 1. Coadyuvar a mantener al imputado dentro de la circunscripción del tribunal del conocimiento; 2. Comunicar al funcionario del conocimiento los cambios de su domicilio y los del fiado; 3. Presentarlo al tribunal de la causa o a la autoridad que éste designe, cada vez que se le ordene; 4. Satisfacer los gastos de captura, las costas procesales causadas hasta el día en que cese el ocultamiento o fuga del fiado; 5. A pagar por vía de multa, en caso de no presentar al imputado, dentro del término que se le señale, el valor de la caución prestada, que ingresará al Tesoro Nacional; y 6. El fiador asume, por el hecho de haberse dispuesto la excarcelación, la obligación de presentar al fiado dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del auto respectivo para que rinda indagatoria, cuando no lo haya hecho antes, requisito sin el cual no se considerará perfeccionada la fianza. Observen los extremos en estas seis puntas, dentro de las que aparece la captura y otros gastos hasta que comparezca, pero qué hay si todo esto se logra con relación a la devolución de la fianza. Siempre el detenido está sujeto al fiador, quien es el que responde económicamente si el acusado descuida sus obligaciones con el Tribunal. Otro de los asunto es el hacinamiento frente a la lentitud del sistema y por otro lado, las medidas cautelares distintas a la detención y la fianza.

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Este artículo fue publicado el  18 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La justicia en Panamá

La opinión del periodista…..

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Vidal González

No me sorprende las suspensiones de las medidas cautelares que el Ministerio Público mantenía sobre el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, podía imaginarme que esto ocurriría. Es el sistema deshonesto de la justicia en Panamá; tampoco me sorprende que Balladares sea puesto en completa libertad y otros ex presidentes panameños jamás sean condenados por corrupción en sus gobiernos.

Me pregunto ¿cuál es el afán del ex dictador de Panamá Manuel Noriega, en venir al país? Noriega y sus abogados no desconocen la manera de aplicar justicia a en Panamá.

La ciudadanía no tenemos más que hacer, que llamarle al tema por su nombre, una justicia panameña en estado de putrefacción; sin embargo el gobierno nacional defendiendo sus acciones busca desacreditar a organizaciones civiles como sino lidiaran con el sistema de justicia de Panamá.

Vergüenza les debe dar a las autoridades toda la corrupción que les envuelve, que se manifiesta en una sociedad sin valores. Como pueden exigir respeto, esto es inconcebible, cuando han hecho que los panameños seamos conocidos en el extranjero como juega vivos.

Y me digo habiendo ciudadanos dignos de respeto, los panameños ¿Por qué eligen a los corruptos para que los representen? Finalmente se puede ver los planes de estudio del sistema educativo, tergiversan la historia, no se consulta a los profesores las transformaciones educativas, no se habla en las aulas de honor, de responsabilidad, de justicia y somos pocos los privilegiados de un sistema que podemos lograr mayores estudios.

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Este artículo se publicó el  13  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Medidas cautelares improcedentes…

La opinión de…..

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CARLOS CAMARENA

Mucho se ha dicho en medio del debate mediático y legal, con ingerencia de poderosos sectores políticos, en torno a la medida cautelar dictada contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares. Pero ahora, que pareciera que ha bajado el calor, luego del espectáculo montado por un medio de comunicación y el Gobierno, ambos a la caza de un trofeo de guerra (con rabieta incluida en la primera y fallida intentona), vale la pena valorar los aspectos jurídicos de dicha decisión.

En ese sentido, las medidas cautelares personales contra Pérez Balladares son improcedentes, debido a que la diligencia sumarial del 14 de enero de 2010 violó el Código Judicial, además de carecer de fundamento, porque no se acreditó la existencia de un delito precedente, mucho menos el blanqueo de capitales.

Igualmente, un fiscal no puede especular sobre que no se desea colaborar con una investigación e instrucción de un sumario, solo porque la persona indagada decidió acogerse a un derecho constitucional.

Por ello, la decisión del fiscal, de dictar medidas cautelares contra Pérez Balladares, no tiene ni pies, ni cabeza, pues, se le ha querido dar un argumento de legalidad, a pesar de que el fiscal ni siquiera leyó el expediente en el cual no existen pruebas que acrediten el hecho punible.

En Panamá las leyes son claras y señalan tres razones para otorgar medidas cautelares privativas o restrictivas de la libertad personal:

La primera razón no aplica a Pérez Balladares, porque la adquisición o autenticidad de las pruebas no están en peligro, porque el ex presidente no es funcionario público ni tiene ningún grado de cercanía familiar o política con los actuales gobernantes, como para pensar que su libertad corporal podría hacer peligrar la adquisición de las pruebas en su contra.

También, hay que destacar que Pérez Balladares no es una persona que se vaya a dar a la fuga, y prueba de ello fue que cuando se ordenó su conducción para la indagatoria se presentó voluntariamente ante la agencia de instrucción.

La tercera razón mucho menos, porque no existe peligro o indicios que sugieran que Pérez Balladares cometerá delitos graves ni que su personalidad denote tendencias hacia la violencia personal y en contra de terceros.

Por todo lo anterior, queda demostrado que el hecho de que Pérez Balladares no haya declarado en el proceso que se sigue en su contra, no es más que un argumento traído de los cabellos por el fiscal Ayú Prado, para decretar medidas cautelares graves y diversas contra Pérez Balladares.

Estamos, pues, ante una realidad y muestra de que tras esta decisión existen muchos hilos entrelazados, no necesariamente con los fundamentos de las leyes y la justicia.

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Artículo publicado el 11 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el credito que les corresponde.