Dicen que viene la cosa

La opinión del Abogado y Profesor Universitario…

CARLOS AUGUSTO HERRERA
cherrera255@hotmail.com

El nuevo Código Procesal Penal pletórico de garantías procesales, está a la vuelta de la esquina, dicen que con más ventajas que el que está en boga, cercenado por una equivocada aplicación tradicionalista, preñada de ignorancia por desalmados empíricos, educados o mal educados, pero seguimos con la lucha para corregir los excesos por el desabrigado tratamiento del Ministerio Público a las partes por ese abultado poder y el desmesurado abuso inquisitivo, abanderado como un estandarte abrumador, como concepto que se reduce a inquirir, indagar, investigar profundamente algo, pero el pecado está en que su aplicación se convierte en una actividad exagerada que raya en lo déspota, total esto proviene de la Santa Inquisición entorchada por las iglesias católica, luterana y calvinista dedicadas a combatir las herejías con la inmolación de los pecadores, con la equivocada concepción de que se expiaban los pecados en las piras públicas.

Nos dicen que con el nuevo sistema se emparejarán las cargas y quienes tomarán las decisiones jurisdiccionales serán los jueces de garantías, ya el Ministerio Público no podrá detener ni ordenar actividades que rayan en abuso. Por ejemplo, un allanamiento legal de morada es un asunto delicadísimo que se debe aplicar por excepción, luego de comprobar que es imprescindiblemente necesario (estado ideal), pero en estos momentos se ha convertido en una regla común que la Policía utiliza a los corregidores y jueces nocturnos o el propio Ministerio Público,  que poco interés le toman a las consecuencias legales y morales y mucho menos a los derechos humanos (estado real). Esta es nuestra realidad nos guste o lo contrario.

Vale la pena que analicemos el artículo 17 del nuevo Código Procesal Penal, el cual se refiere a la validez de la prueba. Aquí empieza a exigir que para que tenga el valor legal debe ser obtenida por medios lícitos y practicada por organismos jurisdiccionales. Ya sabemos que los funcionarios del Ministerio Público no encajan en este propósito de la norma que comentamos, entonces todas estas actividades se tendrán que realizar ante los jueces.

El artículo sataniza a las pruebas obtenidas por medio de torturas, amenazas o violación de los derechos fundamentales de las personas. La otra cuestión es que niega las pruebas obtenidas por información que se origine mediante un procedimiento o medio ilícito.

En la actualidad tenemos unas extravagancias que consisten en recibir informaciones anónimas que transcriben los investigadores en escuetos informes, pero que la dan tal fuerza legal que involucran a cualquiera y lo llevan al proceso y los fiscales los sindican y los jueces abren causa y hasta los condenan.

El artículo 922 de nuestro código Judicial reza de la siguiente manera: ‘No hará fe el dicho del testigo si resulta que no ha declarado de sus propias y directas percepciones, salvo los casos en que la ley admita declaración sobre el conocimiento formado por inferencia; pero en este caso se deben expresar los fundamentos de ésta’. Lo anunciado sobre ese indicio telefónico no tiene sentido, si en el universo probatorio no se mezclaron el caudal y es cuando se debe inferir, con base a la sana crítica, para poder determinar la probabilidad de la implicación. Lo cierto es que los fiscales detienen provisionalmente y empieza el calvario de días, meses, años hasta que resultan absueltos. Esto pasó con tres audiencias celebradas el año pasado en la que representé al acusados y en los juicios en que los fiscales se sintieron seguros de que condenarían, un argumento que me dejó mucho más confundido.

El asunto es que con el Código Penal actual, tenemos en el artículo 130 la siguiente advertencia procesal:   ‘El Estado estará obligado a la reparación civil cuando el imputado sea sobreseído o absuelto, si ha permanecido en detención provisional por más de dos años’.

Bueno, vamos a tratar de mejorar la prevención delictual, la rehabilitación del condenado y en la represión del delito, tener mucho cuidado con esas investigaciones insulsas, lo que probablemente debe mejorar con el sistema de garantías que está por nacer.    Aunque me parece que muchas de las garantías vocingleadas a los cuatro vientos las tenemos en el actual Código, pero una cantidad de funcionarios le voltea la mirada.

El otro artículo que comentaremos en este breve espacio es el 22, el cual regula sobre lo relativo a las autoridades judiciales y del Ministerio Público, a las que conminan el deber de motivar de manera jurídicamente, de una forma ‘congruente, clara y precisa, sus decisiones judiciales, salvo las de mero trámite.   La simple mención de las pruebas y la petición de las partes o de exposiciones genéricas no suple la motivación jurídica’. Vea usted cómo brilla aquí ese principio de valoración de la prueba mediante la sana crítica. Ojalá esto se cumpla.

 

Este artículo se publicó el  13  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Arquitectos: ‘una denuncia que espero acojan’

La opinión del Miembro Emérito e Insigne de la SPIA.  Miembro de la CAPAC (Ingenieros Asesores). Inspector Ad Honorem de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura…

Ing. Humberto E. Reynolds de Unamuno – –

*

Nicolás Real Osorio

Mi estimado Nicky:

Al regresar del exterior y enterarme de que estás en la Junta Técnica, consideré prudente notificarte que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura tiene que actuar para mitigar la ‘mala práctica’ que se está usando en la mayoría de las obras civiles.

Si se mantienen callados serán cómplices por omisión y tú conoces, Nicky, la cantidad de cosas que se están haciendo mal, pues, fuiste coordinador de la Comisión Vial, donde denuncié esta mala práctica.

Espero que actúen en la Junta Técnica, teniendo como base nuestras disposiciones, pues, toda empresa que se dedique a edificar obras civiles tiene que tener registrados profesionales panameños que son responsables de lo que realiza la empresa, especialmente si existe la mala práctica que tú bien conoces.

Si la Junta Técnica no le pone atención a este llamado, se convertirán en cómplices de las anomalías que se denuncian diaria mente en los medios y existen en los informes nuestros.

Espero atiendas esta respetuosa notificación, pues el Ministerio Público está avanzando con mi denuncia del 2009 y me pidieron ampliar la denuncia que interpuse en aquella época.

Estoy seguro de que Julio Rovi no apadrinará estas anomalías, pues le conozco desde nuestros años mozos cuando estábamos en La Salle y estoy al mismo tiempo comunicándome con él. El propósito, Nicky, es depurar nuestro ejercicio de la profesión…

Respetuosamente,

Ing. Humberto E. Reynolds de Unamuno*

CC.: Administración S.P.I.A.; Colegio de Ingenieros Civiles.

Este artículo se publicó el  9  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los cambios de Ayú Prado

La opinión del Profesor de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá…

ELIÉCER  RODRÍGUEZ
eliecerrodriguez3@gmail.com

En la designación del nuevo procurador no hubo sorpresas, sí bastantes sorprendidos. El principal de ellos, el licenciado Franklin Rodríguez G., el viejo zorro anticorrupción, el más versado y competente profesional de la especialidad, quien acaba de acariciar, en el recién iniciado decenio, la quinta década al servicio del Ministerio Público.

Todavía no había sido ratificado por el pleno de la Asamblea, cuando al licenciado Rodríguez no solo lo estaban defenestrando del cargo, sino que le estaban quitando hasta la silla donde se sentaba en su anterior puesto de asistente corporativo de las cuatro fiscalías establecidas para combatir la corrupción.

Cuando el nuevo procurador ingresó al Ministerio Público como Oficial en una de las fiscalías de Colón, alrededor del año 1984, ya el licenciado Rodríguez tenía quince años de servir eficientemente a la institución, incluso para ese año se desempeñaba como personero municipal en Colón, oficio de mayor jerarquía que el ejercido por el ahora procurador,  para la época.

Inexplicablemente, desde 1984 ocuparon la silla principal al menos unos ocho procuradores y, pese a conocer todos la trayectoria impecable del licenciado Rodríguez, solo el Licenciado Bonissi se ‘atrevió a hacerle justicia’, designándolo como fiscal tercero Anticorrupción, en reemplazo de la licenciada Yolanda Austin, quien se había acogido a merecida pensión, por haber cumplido la edad requerida para ese derecho.

Sorprendentemente, la Licda. Austin dio sus primeros pininos institucionales de la mano del licenciado Rodríguez, como subalterna, al igual que muchos otros profesionales que ahora ejercen cargos de fiscales.

Desde hace una buena cantidad de años, el licenciado Rodríguez venía haciendo en el Ministerio Público, lo que en el boxeo se conoce como ‘sparring partner’.    Para los que no conocen ese deporte, alguien así es un boxeador experimentado, de muchas mañas, sabiduría y técnica, nunca llegará a ser campeón, pero sirve de trampolín para que otros prospectos o ungidos escalen hasta la cúspide del engranaje.   Por supuesto, de tanto golpe que recibe un ‘sparring’, queda desfigurado y al final se desecha cuando ya no es útil.

De acuerdo con Bonissi, ex procurador suplente, no hacerle justicia a un profesional como el licenciado Rodríguez, no solo es una afrenta a la institucionalidad, sino un mal ejemplo a las generaciones de nuevos profesionales que se incorporan a la institución.

Desafortunadamente, lo que para un procurador es un acto de justicia, para el otro es una ofensa. Tal parece ser el caso del regente del Ministerio Público, quien a pesar de enviarle de mensajeros a los actuales secretario general y jefa de Recursos Humanos, en el sentido de que el licenciado Rodríguez no iba a ser despedido, sí fue rebajado de su estatus, humillado personal y profesionalmente, por la sola razón de aceptar que se concretara una vieja aspiración de todo servidor público.    Fue cierto, cerró la puerta de la destitución, pero abrió un boquete para el suicidio.   Se sienta con esta acción un muy feo precedente en el Ministerio Público y se olvidan las actuales autoridades de la institución que esta ‘papa’ solo durará cuatro años.   El procurador (a) del 2014 tendrá los suficientes elementos para destituir a todo aquél que recibió una distinción de Ayú Prado.

Este artículo se publicó el 6  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los quemados, ¿víctimas o victimarios?

La opinión del Abogado …

Roberto Díaz Herrera

La administración Torrijos tuvo como Talón de Aquiles social y mediático, el caso de los envenenados del jarabe maldito distribuido oficialmente por la Caja de Seguro Social y el bus incendiado, con múltiples muertos calcinados.
Tal hecho, como es normal en la subcultura política recíproca que vivimos, fue pateado por la oposición de entonces, actual gobierno.

Como la historia suele repetirse en espiral, según Arnulfo Arias, el tiempo se ha encargado de poner al actual régimen en un problema psicológico, penal y también mediático, con el caso de los que ardieron en el centro de menores.

Voces y comentarios diversos se escuchan. He leído en glosas, ¿ahora sí quieren los parientes que el país llore con ellos, y no cuando esos muchachos criminales mataron a gente inocente? Esa versión nos dice que estos jóvenes eran victimarios. Y luego resultaron víctimas, pero primero lo primero. Otros, la mayoría afortunadamente, nos inclinamos por partir de una premisa, de doctrina penal universal: “las cárceles se hicieron por seguridad social, y no para castigo de los delincuentes”.

Si bien no conozco las razones judiciales por las cuales esos muchachos estaban como reclusos, podemos suponer que alguno de ellos quedó inmerso en el delito de homicidio o lesiones graves contra un tercero.    ¿Es eso, en tal caso una razón para alegrarnos o justificar semejante delito oficial, de llenar de gases a unos jóvenes que estaban encerrados, indefensos, al menos para huir libremente? ¿No es acaso eso un crimen, por agredir -aunque protestaran dentro de las jaulas de espanto que tenemos por cárceles- frente a algún hecho o situación que ellos consideraran injusta   (¿en verdad hay algo justo en nuestras cárceles, aunque se busque sancionar penalmente conductas antijurídicas o inhumanas incluso? ).

 

Para que el Señor Presidente haya dicho que “esos jóvenes no merecían morir”, el gobierno, aunque fuese por cálculo mediático, dijo al menos algo.   El Señor Procurador ha ido algo más lejitos.   Ha expresado que el proceso sumarial se fundamentará en un homicidio doloso.

 

El tema es que – si o si – los abogados (por las razones que lo hagan en defensa de víctimas y familiares) están preparando, seguro que sí, sus planteamientos, para irse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.   Estamos seguros de que en tal instancia, el caso prosperará judicialmente, en especial, si el Estado Panameño se queda, como la mayoría de las veces, a medio palo. O en interludios jurídicos, de cero “hits”, cero errores, cero carreras.

 

Si de algo debe servir este hecho terrible, y si no lo aprovechamos merecemos, en especial las autoridades, quedar presos o calcinados nosotros;    es que este homicidio grupal, sirva para que la autoridad superior del nivel administrativo -que tiene que ver con penales y sus agencias colaterales- porque no es una sola instancia, sino varias (ministerio de seguridad, el de justicia (que buena oportunidad para doña Roxana, ser efectiva y decisiva).

 

Pero está el Ministerio Público y el Juez o jueces que tengan que revisar y sentar precedentes históricos.   De lo contrario la justicia llegará, algo tarde, pero vendrá desde San José de Costa Rica. No lo dudemos. Y tal vez los “victimarios” sean esta vez víctimas, para el mundo jurídico internacional.   Y nuevamente nuestros gobiernos sean victimarios.

 

<>Artículo publicado el  4 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El nuevo Procurador General de la Nación

La opinión del  Empresario…


Guillermo Roca Rivas

El Ministerio Público ha venido sufriendo en los últimos años quebrantos de conducta en los diferentes despachos que ha mermado la confianza y la credibilidad en ese importante estamento que debe velar por la justicia en Panamá.
Tales escándalos han motivado renuncias y separaciones de sus cargos hasta aclararse la situación. La titular del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez, fue separada del cargo por acusaciones que aún se encuentran en los despachos judiciales en la espera de establecer la verdad o la nulidad de los cargos.
Al seguir el proceso de encontrar un nuevo Procurador interino hasta vencer el período de la titular surgió el nombre de Giuseppe Bonissi, figura desconocida en el ambiente político y en posiciones; relevantes sin embargo su nombramiento, fue ratificado sin ninguno de los diferentes sectores políticos y sociales del país.   De un momento a otro surgió la renuncia del Procurador interino a raíz de algunas denuncias públicas que lastimaban el prestigio y la filosofía del Ministerio Público.

Dicho funcionario no me inspiró ni confianza ni desconfianza en el cargo debido a ser una figura desconocida en los diferentes ambientes de la vida pública.   Después de todos esos incidentes políticos sociales y administrativos, surge el nombre de José Ayú Prado para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación a fin de terminar el período constitucional, cargo que fue aprobado por un grupo de ministros de Estado con el visto bueno del Presidente de la República, el cual será ratificado por la Asamblea de Diputados posteriormente.

Los funcionarios del Estado en base a sus acciones crean la confianza, la credibilidad de la sociedad y de los gobiernos y de la patria. El nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación se debe, según los entendidos, al mensaje y las determinaciones patrióticas y valientes que ha demostrado frente a los cargos que ha desempeñado en el Ministerio Público, de llamar en busca de la verdad sin intenciones de venganzas políticas personales a los grandes nombres y apellidos, poderes sociales y económicos, en busca de la verdad para el bien de la sociedad, de la patria y la justicia. Ello ha traído como consecuencia el apoyo y la anuencia de todos los sectores de la sociedad a nivel nacional.

Ahora le corresponde al nuevo Procurador General de la Nación hacerle honor a la confianza depositada en él, de manejar el Ministerio Público con carácter patriótico, personal en bien de la justicia, los derechos humanos y la democracia; tiene por delante una dura tarea de regresarle al país la confianza de que la justicia es para todos, llevando en cuenta que en Panamá existen dos carteles, uno el cartel de las drogas y el lavado de dinero donde sus castigadores son los sicarios y el cartel de los políticos influyentes, poseídos, egoístas, ambiciosos igual que algunos civiles que en contubernio con los militares hicieron fortunas a costa del Estado, escudriñar todas esas cosas es la tarea patriótica que le corresponde al nuevo Procurador General de la Nación para reivindicar la justicia en Panamá, los malos políticos han quebrantado la bonita filosofía de la política para el bien de sus intereses.

<>Artículo publicado el  23  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El nuevo procurador general

La opinión del Empresario…

Guillermo Roca Rivas

El Ministerio Público ha venido sufriendo en los últimos años quebrantos de conducta en diferentes despachos, lo que que ha mermado la confianza y la credibilidad en ese importante estamento que debe velar por la justicia en Panamá. Tales escándalos han motivado renuncias y separaciones de sus cargos hasta aclararse la situación.

La titular del Ministerio Público Ana Matilde Gómez fue separada del cargo por acusaciones que aún se encuentran en los despachos judiciales a la espera de establecer la verdad o la nulidad de los cargos. Al seguir el proceso de encontrar un nuevo Procurador interino hasta vencer el período de la titular surgió el nombre de Guiseppe Bonissi, figura desconocida en el ambiente político y en posiciones relevantes; sin embargo, su nombramiento fue ratificado sin ninguna consulta de los diferentes sectores políticos y sociales del país.

De un momento a otro surgió la renuncia del Procurador interino a raíz de algunas denuncias públicas que lastimaban el prestigio y la filosofía del Ministerio Público. Dicho funcionario no me inspiró ni confianza ni desconfianza en el cargo debido a ser una figura desconocida en los diferentes ambientes de la vida pública.

Después de todos esos incidentes políticos, sociales y administrativos surge el nombre de José Ayú Prado para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación a fin de terminar el período constitucional, cargo que fue aprobado por un grupo de ministros de Estado con el visto bueno del Presidente de la República, el cual fue ratificado por la Asamblea de Diputados posteriormente.

Los funcionarios del Estado con base en sus acciones crean la confianza, la credibilidad de la sociedad, de los gobiernos y de la patria. El nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación se debe, según los entendidos, al mensaje y las determinaciones patrióticas y valientes que ha demostrado frente a los cargos que ha desempeñado en el Ministerio Público de llamar, en busca de la verdad sin intenciones de venganzas políticas personales, a los grandes nombres y apellidos, poderes sociales y económicos, para el bien de la sociedad, de la patria y la justicia. Ello ha traído como consecuencia el apoyo y la anuencia de todos los sectores de la sociedad.

Ahora le corresponde al nuevo Procurador General de la Nación hacerle honor a la confianza depositada en él de manejar el Ministerio Público con carácter patriótico, en bien de la justicia, los derechos humanos y la democracia. Tiene por delante una dura tarea de regresarle al país la confianza de que la justicia es para todos, llevando en cuenta que en Panamá existen dos carteles, uno el cartel de las drogas y el lavado de dinero, donde sus castigadores son los sicarios, y el cartel de los políticos influyentes, poseídos, egoístas, ambiciosos, igual que algunos civiles que en contubernio con los militares hicieron fortunas a costa del Estado.

Escudriñar todas esas cosas es la tarea patriótica que le corresponde al nuevo Procurador General de la Nación para reivindicar la justicia en Panamá, pues los malos políticos han quebrantado la bonita filosofía de la política para el bien de sus intereses.

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Este artículo se publicó el 18  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De pinchazos procuradores, Metro Bus y sobresaltos

La opinión de…

 

Eudoro Jaén Esquivel

Los panameños vivimos de sobresalto en sobresalto. No pasa una semana sin un escándalo nuevo. No es mera coincidencia que los medicamentos que más se agotan en nuestras farmacias son Lomotil y Tafil.

Me remito a los escándalos más recientes, pues si empiezo desde el comienzo no tendré espacio. Empezamos con el escándalo de una avioneta “iguanando” en un potrero de Los Santos que destapó el tema de la penetración del narcotráfico en el Ministerio Publico, lo que a su vez motivó la salida del Procurador encargado o suplente (nunca llegué a entender cuál era su verdadero título) a quien, en mi concepto, le cayó injustificadamente la teja y se convirtió en la oveja de sacrificio.   Ahora se nombra a otro “de confianza” (esta vez, la primera opción “de confianza”, no llegó a home).   El tema no se ha agotado. Creo que apenas toma fuerza y con las promesas de “limpieza”, del nuevo Procu, continuará siendo el tema para rato.

De repente, desde la madre patria, el diario El País destapa otro tamal criollo con aquello de la solicitud de ayuda para “pinchar” que a los gringos no les supo bien y, por justa razón, (no “justa causa”). Los gringos de The New York Times, a quienes no le falta maldad, ahondan sobre el tema, incluyendo el mensaje subliminal de poner una foto del jefe entre dos gobernantes africanos con problemas de relación con la DEA. El temita de la solicitud de ayuda de la DEA para “pinchar” ha puesto a los spin doctors del Gobierno a trabajar sobretiempo, buscando cómo enterrar la noticia o darle otro giro, hasta ahora sin mucho éxito. Nos toman por tontos con los argumentos que usan, pero somos un pueblo sabio.

Eso de que la gringa no gustaba del jefe y todo fue su revancha, porque “la pararon firme”, me la cambean, como decimos por allá. El nuevo giro que quieren dar es que vienen Wikileaks del PRD, como si un mal justifica otro mal. Mejor aceptar la realidad de que metieron la pata. De todas maneras eso está oficialmente permitido en este gobierno. Lo que no se permite oficialmente es meter la mano. La noticia anticipando los Wikileaks del PRD, que creo es cierta, tendrá a muchos ingiriendo Lomotil y Tafil a puñados.

Si alguna vez tuve dudas de que somos un país surrealista, las perdí con el tema de jours: las quejas sobre el Metro Bus.   Solo tenían horas de estar circulando cuando ya abundaban quejas. Hay más quejas que elogios. Ahora resulta ser que para muchos los Diablos Rojos eran lo máximo.    Abundan los comentarios a favor de los Diablos Rojos: que los Metro Bus son más caros; que en los Diablos Rojos iba más gente sentada; que se podía dormir, porque los respaldares era más altos; que se podía subir y bajar por la misma puerta y donde nos venía en ganas.    Otras quejas de los metro buses son que el aire acondicionado no funciona (¿funcionaban en los Diablos Rojos?); que hay que caminar mucho por la ubicación de las paradas, que opera el sistema de que “entre que caben 100”,  que los asientos son incómodos: que hay que ir parados, etc., etc.

¿Devolvemos los metro buses a Colombia, donde sí saben usarlos?

 

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<> Este artículo se publicó el  31  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.