De pinchazos procuradores, Metro Bus y sobresaltos

La opinión de…

 

Eudoro Jaén Esquivel

Los panameños vivimos de sobresalto en sobresalto. No pasa una semana sin un escándalo nuevo. No es mera coincidencia que los medicamentos que más se agotan en nuestras farmacias son Lomotil y Tafil.

Me remito a los escándalos más recientes, pues si empiezo desde el comienzo no tendré espacio. Empezamos con el escándalo de una avioneta “iguanando” en un potrero de Los Santos que destapó el tema de la penetración del narcotráfico en el Ministerio Publico, lo que a su vez motivó la salida del Procurador encargado o suplente (nunca llegué a entender cuál era su verdadero título) a quien, en mi concepto, le cayó injustificadamente la teja y se convirtió en la oveja de sacrificio.   Ahora se nombra a otro “de confianza” (esta vez, la primera opción “de confianza”, no llegó a home).   El tema no se ha agotado. Creo que apenas toma fuerza y con las promesas de “limpieza”, del nuevo Procu, continuará siendo el tema para rato.

De repente, desde la madre patria, el diario El País destapa otro tamal criollo con aquello de la solicitud de ayuda para “pinchar” que a los gringos no les supo bien y, por justa razón, (no “justa causa”). Los gringos de The New York Times, a quienes no le falta maldad, ahondan sobre el tema, incluyendo el mensaje subliminal de poner una foto del jefe entre dos gobernantes africanos con problemas de relación con la DEA. El temita de la solicitud de ayuda de la DEA para “pinchar” ha puesto a los spin doctors del Gobierno a trabajar sobretiempo, buscando cómo enterrar la noticia o darle otro giro, hasta ahora sin mucho éxito. Nos toman por tontos con los argumentos que usan, pero somos un pueblo sabio.

Eso de que la gringa no gustaba del jefe y todo fue su revancha, porque “la pararon firme”, me la cambean, como decimos por allá. El nuevo giro que quieren dar es que vienen Wikileaks del PRD, como si un mal justifica otro mal. Mejor aceptar la realidad de que metieron la pata. De todas maneras eso está oficialmente permitido en este gobierno. Lo que no se permite oficialmente es meter la mano. La noticia anticipando los Wikileaks del PRD, que creo es cierta, tendrá a muchos ingiriendo Lomotil y Tafil a puñados.

Si alguna vez tuve dudas de que somos un país surrealista, las perdí con el tema de jours: las quejas sobre el Metro Bus.   Solo tenían horas de estar circulando cuando ya abundaban quejas. Hay más quejas que elogios. Ahora resulta ser que para muchos los Diablos Rojos eran lo máximo.    Abundan los comentarios a favor de los Diablos Rojos: que los Metro Bus son más caros; que en los Diablos Rojos iba más gente sentada; que se podía dormir, porque los respaldares era más altos; que se podía subir y bajar por la misma puerta y donde nos venía en ganas.    Otras quejas de los metro buses son que el aire acondicionado no funciona (¿funcionaban en los Diablos Rojos?); que hay que caminar mucho por la ubicación de las paradas, que opera el sistema de que “entre que caben 100”,  que los asientos son incómodos: que hay que ir parados, etc., etc.

¿Devolvemos los metro buses a Colombia, donde sí saben usarlos?

 

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<> Este artículo se publicó el  31  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Sobre el sadismo político

La opinión del Escritor…

 

Guillermo Sánchez Borbón

Está visto que me es imposible retirarme (como lo exigen, casi a gritos, mi edad, mi salud y la sensación de que mi trabajo es inútil), gracias a los lustrados gobernantes –crecientemente mediocres y deshonestos– que se autoinflige el país cada cinco años.

Cuando recuperamos la democracia, tuvimos la gran suerte de que el primer Presidente fuera el probo, tolerante y sorprendentemente capaz Guillermo Endara. Este hombre, talentoso y bonachón, tuvo la gran virtud de calmar a un país crispado por el odio.   A los pocos días de haberse afianzado en el poder, fueron a visitarlo a la Presidencia, en nombre del PRD, dos de sus principales dirigentes, a quienes el flamante mandatario recibió en su despacho. Endara les ofreció todas las garantías para que se reincorporaran a la vida política de la nación.

Así lo hicieron, con gran disgusto de los fanáticos de signo contrario, que soñaban con venganzas y proscripciones. El hombre bonachón y sagaz que ocupaba la Presidencia sabía que su misión era acabar con el odio que envenenaba al país, y propiciar la reconciliación de todos los panameños, sin excepción. Ésta fue una de sus grandes contribuciones a la paz nacional. Además de poner en su lugar a quienes soñaban con venganzas y persecuciones. Calmó a un país crispado por el odio. Y algún día se lo reconocerán todos los panameños.

Su otra gran contribución a la salud política de nuestra patria fue haber presidido unas elecciones ejemplarmente puras, que rompieron (espero que para siempre) la cadena de fraudes que envenenó, durante demasiado tiempo, la vida política de la nación. Y a él no se le puede imputar un solo asesinato, una sola persecución, un solo carcelazo, un solo chanchullo personal o político.

Este hombre admirable, defensor de las libertades públicas y de las garantías personales, es uno de los grandes mandatarios que ha tenido nuestra patria. Uno de sus mayores méritos es haber recibido un país crispado por el odio, y haberlo calmado. Y, por sobre todas las cosas, haber roto la cadena de fraudes electorales que envenenaron la vida política de la nación durante demasiado tiempo. Sus sucesores (es justo reconocerlo) han seguido hasta ahora el saludable ejemplo. En todas las elecciones que se han celebrado, desde entonces, siempre ha ganado la oposición, y el candidato perdedor ha sido siempre el primero en reconocer públicamente el triunfo de su adversario. Hasta ahora.

Hoy soplan vientos de fronda. Martinelli está empeñado en espiar a todos sus adversarios políticos, como lo han revelado las filtraciones del famoso Wikileaks, cuya autenticidad no ha impugnado ningún funcionario del Gobierno norteamericano. Se quejan de la publicación de documentos secretos. Jamás han dicho que alguno de ellos sea falso. Por otra parte, 600 personas tenían acceso a los famosos documentos, supuestamente secretos; era solo cuestión de tiempo para que uno de ellos se los filtrara al gran público.

No voy a juzgar su valor ni su importancia. Para ello tendría que leer todos los papeles, cosa que no tengo ni tiempo, ni capacidad ni ganas de hacer ahora, ni después, ni nunca. Estos líos me aburren a muerte.

Pero hay otras razones. Una vez le dijeron a Diógenes de la Rosa, en mi presencia,  que estaban escuchando sus conversaciones telefónicas.   Respuesta: “no ve que yo soy tan tonto para conspirar por teléfono”. En mi caso tenían grabado mi teléfono, no para averiguar lo que yo opinaba del gobierno, pues lo sabían de sobra –porque yo se los decía todos los días en mi columna– sino para saber quiénes me daban informaciones supuestamente secretas. Otra idiotez, pues mis informantes burlaban esta posibilidad llamándome desde teléfonos públicos, y deformando su voz (cosa muy fácil: basta poner un pañuelo sobre el transmisor).

La única persona en el mundo que todavía cree en la santidad del secreto telefónico es Martinelli. Entre amigos, toda conversación telefónica (aun la más inocente) está hecha de sobrentendidos, es incomprensible para una tercera persona.

Martinelli revela una gran ingenuidad, si cree que los verdaderos conspiradores dan a conocer por teléfono sus planes y andanzas subversivas. Además –como lo he dicho varias veces–, toda conversación entre personas muy allegadas es incomprensible para una tercera, porque está hecha de sobrentendidos. Ejemplo:

–¿Lo viste?

–Sí.

–¿Y qué te dijo?

–Lo mismo que la vez anterior. Me vino con unas cortas y otras largas. Total que no pude sacar nada en claro.

Un criptólogo le daría la más siniestra interpretación a lo que no pasa de ser un intercambio de bobadas, sin la menor importancia. Si dos tipos se propusieran, digamos, tumbar al Gobierno, lo planearían en la calle o sentados a la mesa más discreta de un parque cualquiera.

Martinelli, muy enojado por la negativa de los gringos a espiar a sus adversarios reales o imaginarios, amenazó con contratar a los ingleses, los mejores aliados de Estados Unidos.   O a los israelíes, cuya nación no podría sobrevivir sin el apoyo de los gringos. No van a pelearse con Estados Unidos solo para calmar la manía de persecución del Presidente de lo que (para ellos) es una banana republic.

<> Este artículo se publicó el 31 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en:

Derecho a la intimidad y escuchas telefónicas

La opinión del Abogado…


SIDNEY SITTON URETA
sidney@sittonabogados.com

 

El Consejo de Gabinete aprobó un anteproyecto de ley (019-09) que busca, ‘establecer una norma que regule el procedimiento para interceptar comunicaciones en casos de crímenes complejos…’

Sin embargo, cualquier proyecto que se precie de tutelar, con apego a las normas constitucionales y del orden internacional, la figura de las interceptaciones obtenidas por medios electrónicos, debe preveer lo siguiente:

a) Prohibición de escuchas de las conversaciones mantenidas entre el imputado y su defensor: el derecho de defensa presupone el poder contar con un abogado a quien de manera libre se le comuniquen cuestiones propias de su ejercicio como abogado.

b) Conocimientos de hechos delictivos de un tercero: cuando las autoridades llegan a descubrir hechos delictivos sobre los cuales no existía orden judicial, debe existir una ampliación, y los hechos conocidos en forma casual, suponen que fueron adquiridos sin orden judicial.

c) Ejecución de la medida: debe existir un componente humano que será la receptora de tales órdenes judiciales, con preparación técnica y científica, para evitar justamente un uso arbitrario de tales intervenciones. Este personal debe, con rigor, incorporar el material pertinente y destruir aquel que no guarde relación alguna con el hecho investigado.

d) Control posterior de la intervención: debe la autoridad judicial comunicar al imputado, una vez cese la misma, la resolución que la ordenó, para restablecer el derecho de defensa, y poder permitírsele escuchar lo grabado para que pueda seleccionar lo que considere útil a su defensa, comparado esto con las desgrabaciones.

e) Identificación de la voz: el personal idóneo debe poder determinar la voz indubitable con la indubitada, es decir el peritazgo que compare las voces grabadas – vs – las que se usan del imputado como muestra para comparar.

f) Delitos en los que se ordena la medida: en la mayoría de los países de Europa, la medida de interceptación de las comunicaciones se hacen por interés de la seguridad nacional, delitos penados con prisión superior a cinco (5) años, delitos de narcotráfico o lavado de activos, armas, homicidio, secuestro, seguridad terrestre, aérea o marítima, tráfico de órganos o seres humanos, etc.

g) Tiempo de la medida: la ejecución de la medida dictada por orden judicial debe tener un límite de tiempo, pues de lo contrario se convierte en una pesca legal, con el fin de ‘encontrar’ algo que comprometa al imputado.

En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia determinó que la única autoridad judicial competente para ordenar la intervención de cualquier medio de comunicación electrónica es el juez a cargo del caso.   En otras palabras, la Corte interpretó que el mandato constitucional prohibe al Ministerio Público violar el derecho a la intimidad, sin contar con autorización judicial previa.

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<> Artículo publicado el 25 de enero  de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

No me pinche, Sr. Presidente

La opinión de…

 

Roberto Quintero

Gracias a Wikileaks y los cables filtrados, nos enteramos de que la ex embajadora de Estados Unidos en Panamá advirtió a su gobierno que el presidente, Ricardo Martinelli, quería utilizar el programa de escuchas telefónicas de la DEA para perseguir a sus adversarios políticos, recurriendo a chantajes y amenazas con tal de obtener el discreto pinchazo del Tío Sam.

Pero más que desatar un escándalo, la revelación provocó un numerito circense protagonizado por los fieles voceros martinellistas y su creatividad ilimitada para recoger los platos rotos.   Lejos de esclarecer, transformaron la realidad nacional en una telenovela esquizofrénica en la que cada ministro dio una explicación distinta, demostrando que en Panamá es muy cierto aquel refrán popular que reza “Cada loco con su tema”.

Los más cautos dijeron que el gobierno estadounidense malinterpretó una genuina solicitud de apoyo para combatir el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, porque lo que ellos querían era espiar solo un poquito para localizar a un niño secuestrado en La Chorrera.

Pero los más fieros pelaron los dientes y hablaron de rabia, amparándose en jubiladas teorías de conspiraciones internacionales y venganzas orquestadas por gringos entrometidos. Dijeron que entre el Presidente y la Embajadora existían diferencias. Ella le agarró tirria porque él “se le paró firme” cuando osó opinar sobre la designación del jefe de la policía y el manejo de la frontera con Colombia, abuso intervencionista ante el que nuestro mandatario reaccionó cual mártir del 9 de enero y gritó firme Yankee go home. Nacionalista de los que ya no quedan.

Cuando más turbia (palabra que está de moda) era la cosa, otro aseguró que se trataba de un mero asunto de carnicería y que a la embajadora “se le había ido la mano en pollo”. Y como si el exceso avícola fuese poca cosa, hizo otra revelación aún más curiosa.   Dijo que el programa de escuchas funcionaba de lo más bien, bajo supervisión del Ministerio Público y para los fines por los que se había creado, pero al día siguiente avisó que realmente hay dos pinchadoras perdidas y otra que está dañada. Y entonces ¿cómo es que funciona?

Ya cualquier cosa era posible. Y entonces dijeron que lo que faltaba era reformar la Constitución para incluir la reelección inmediata. ¿Qué tenía que ver aquello con los pinchazos? Quién sabe, pero funcionó maravillosamente porque ya nadie habla de otra cosa. Aún me pregunto qué fue del niño secuestrado.

Si por salvarlo terminaron aproblemados con EU, merecemos saber si lo lograron. ¿Dónde está, cómo se llama y quién lo secuestró? ¿Por qué la Embajadora no apoyó la heroica iniciativa? ¿Por qué no lo mencionó en el cable?

El jefe de gobierno, a quien le confiamos los designios de este país, no apareció en toda una semana. Y cuando finalmente dio la cara dijo “Jamás en la vida les pedí pinchar teléfonos”.   Menos mal. Y uno ingenuamente preocupado pensando que, en vez de trabajar, al Presidente le gustaba jugar al súper espía. ¡Pero haberlo dicho antes, hombre! Nos hubiésemos ahorrado tanta acrobacia gubernamental. En Panamá, la responsabilidad siempre es ajena.

 

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Este artículo se publicó el 6  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Auxilio, quiero interceptar llamadas telefónicas

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM ASVAT
easvat@elsiglo.com

La solicitud no pudo ser más inapropiada. Denota que, al final de todo, un 60% de popularidad no significa nada sin la capacidad para destruir a los adversarios políticos.

Interceptar llamadas telefónicas es apenas un recurso de los servicios de inteligencia. Si los idiotas que se la pasan escuchando y grabando conversaciones no tienen la capacidad de análisis, toda esas horas de información son inútiles. Los políticos que le ponen demasiado énfasis a conocer la vida ajena denotan su inseguridad al poder. Al final, quien tiene miedo es él y no los ciudadanos.

En cierta forma hay una reversión de los miedos en Panamá. Los políticos, empresarios y los ciudadanos dicen tener miedo a las intercepciones telefónicas, a las amenazas, al chantaje, a la persecución.   Pero quien utiliza esas herramientas a pesar de sus altos niveles de popularidad denota una inseguridad extrema. El que tiene miedo es quien manda no los gobernados. Es por ello que, asustar a quien tiene miedo, con poder es una forma de mantenerlo bajo control. Hasta la fecha solo los americanos con un mejor análisis de la situación panameña han levantado una voz de alerta.

Este informe confidencial enviado por la embajadora saliente de Estados Unidos en Panamá al Departamento de Estado, y que revela Wikileaks, es hasta ahora el documento que mejor describe la conducta y proceder de nuestras autoridades.

Explica coherentemente el peligro que representa el personaje para la democracia panameña y el distanciamiento que existe entre las autoridades estadounidenses y las panameñas.

También nos da luces del por qué el mandatario panameño no ha podido visitar Washington D.C. en año y medio de gestión y por qué esas posibilidades se encuentran, por lo menos, estancadas.

Explica de igual forma el peligro que se ciñe sobre la aprobación de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos por sugestionar a una alta autoridad del Gobierno estadounidense sobre temas sensitivos como la cooperación internacional contra la delincuencia organizada.

El estilo de política de este Gobierno es crudo, sin refinamientos. La embajadora saliente, inclusive, acusa al nuevo Gobierno de querer lograr sus objetivos, hasta los políticos, con total desprecio del estado de derecho. Esto lo manifiesta la propia diplomática y lo ratifica el propio mandatario al calificarla a ella como ‘muy legalista’.

Conclusiones sobre este cable: el Gobierno nacional no puede negar que graba e intercepta llamadas de sus adversarios políticos y quizás de otros también. Que es una prioridad de su estrategia de seguridad interceptar llamadas telefónicas sin control judicial y por motivos políticos o de otra índole.

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<> Artículo publicado el 27  de diciembre  de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

 

Chúzate ésta…

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La opinión de la Periodista…

ADELITA CORIAT
Este fin de semana muchos vecinos colombianos se cayeron de espaldas cuando se enteraron del asilo otorgado a la ex jefa del DAS María del Pilar Hurtado.  La ex funcionaria de inteligencia argumentó riesgo para su seguridad personal y huyó a suelo panameño. Pieza clave en la investigación de la fiscalía colombiana sobre las chuzadas y seguimientos ilegales realizados periodistas, políticas y magistrados, Hurtado fue llamada a rendir indagatoria por una investigación abierta desde hace más de un año.

La protección otorgada por Panamá dejó muy mal sabor de boca en los magistrados colombianos. Algunos califican el hecho como una bofetada a la justicia de ese país, pues sienta un mal precedente al abrir la puerta para que otros investigados en el mismo caso sigan sus pasos.

Hurtado alega que se le persigue por acatar órdenes superiores, la concesión panameña es subjetiva, pues a pesar de que la persona haya cometido un delito en su territorio, los diplomáticos consideran que el asilo contribuye a evitar una desestabilización en el gobierno colombiano.

Sin embargo la medida adoptada por la cancillería panameña podría enardecer los ánimos de los vecinos que claman justicia sobre uno de los mayores escándalos de escuchas telefónicas sin autorización en su país.   Hurtado fue inhabilitada de funciones públicas por 18 años, y las investigaciones podrían alcanzar los más altos niveles de la administración Uribe.

Hurtado en cambio, ha sostenido a los medios que nunca ordenó el seguimiento a magistrados, que simplemente cumplió un requerimiento encaminado para saber si un polémico abogado, presuntamente relacionado con la mafia estaba infiltrado en la Corte Suprema de este país.

El caso no tiene connotaciones políticas, pues se investiga su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, violación de comunicaciones, por lo que el asilo pareciera obedecer más a un favor norteño que a otra cosa.

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<>Artículo publicado el  22  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la  autoar en: https://panaletras.wordpress.com/category/coriat-adelita/

Intervenciones telefónicas en la doctrina procesal penal

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La opinión del Abogado…

Ramiro Guerra Morales

Acotaba el maestro y destacado constitucionalista panameño, el Dr. José Dolores Moscote, que los derechos y libertades fundamentales, vinieron a hacer la diferencia entre el viejo régimen del estado poderoso, absoluto y la modernidad liberal, que se caracterizó por el advenimiento de un estado limitado en su poder frente al ejercicio de derechos considerados como naturales e inherentes a la condición humana.

Nuestra Constitución Nacional, para los propósitos del presente artículo de opinión Jurídica y doctrinal, señala que “todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial”.

La Corte Suprema de Justicia, ha señalado, que lo de autoridad judicial, debe entenderse como la proveniente de mandato o decisión judicial, excluyendo al Ministerio Público del concepto de la judicialidad.   En ese sentido para que proceda la ejecución de una intervención de la naturaleza mencionada, la institución que lleva el sumario adelante, tiene la obligación de solicitar el mandato

que no puede otro, que el proveniente del Órgano Judicial.

La doctrina procesal penal, en cuanto a las intervenciones telefónicas, ha señalado que cuando estamos frente a intervenciones telefónicas,   a riegos de no caer en el campo de la arbitrariedad, el proceso que conduzca a la implementación de tal medida instrumental, deberá ceñirse al cumplimiento de varios principios, que según la jurisprudencia de el alto tribunal constitucional de España y la doctrina. corresponden a los Principios de Proporcionalidad;  el de Idoneidad y  el Principio del Mandato de lo Especial.

Los principios mencionados, implícitos en toda Constitución que se aprecie de tutelar de los derechos y garantías fundamentales. conducen a señalar, que la solicitud del funcionario instructor, tiene que darse dentro un sumario iniciado, debidamente fundamentado por el denominado auto cabeza de la investigación; la solicitud elevada a lo judicial, tiene que dar debidamente sustentada, marginada de conjeturas e inconducencias; de apreciaciones subjetivas y juicios de valoración; en otras palabras la petición tiene que estar sometida a los rigores propios de una relación de objetividad, entre el hecho objeto de la investigación y su eventual autoría.

En un estado de derecho, una solicitud al órgano Judicial, en el caso panameño, a la Sala de lo Penal, que no reúna los requisitos mencionados, trasunta el campo de la arbitrariedad y debe ser rechazada o en su defecto ordenada su ampliación, de tal suerte que se preserve la defensa del derecho a la no intervención de la comunicación privada.

Es importante señalar, que la decisión del Órgano Judicial de ordenar o mandatar la intervención, tiene que estar fundamentada, para no caer en el campo de la arbitrariedad y abuso. Tiene que ponderar, si lo solicitado por el Ministerio Público, en cuanto a la investigación del presunto delito, puede ser instrumentalizado por otros medios, sin que se tenga que exponer o cruzar los límites de un derecho fundamental, como el objeto de estos comentarios.

Somos del criterio, que un proceso penal, donde se hayan omitidos tales formalidades, riñe con claros principios de la defensa penal, lo que pudiera dar lugar a la nulidad de todo lo actuado.

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<>Artículo publicado el 17  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/guerra-morales-ramiro/
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