Preocupaciones ciudadanas al detalle

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La opinión del Abogado…

Ramiro Guerra Morales 

En Latinoamérica, nuestro país es uno de los pocos que no cuentan con una jurisdicción constitucional especializada en cuanto a tutela de la libertad y control de los actos de poder que impliquen abuso, cuando estamos frente a órdenes de hacer o no hacer.

Muy a pesar que la Constitución Nacional, señala de manera expresa que la Acción de Habeas Corpus, surte un procedimiento sumario y el Recurso de Amparo de las garantías que establece nuestra Carta Magna, debe tramitarse de manera sumarísima, la realidad da cuenta de todo lo contrario, es decir, los mismos no se resuelven con la urgencia propia de una jurisdicción que al decir del maestro, Héctor Fix Samudio, tiene como misión, tutelar la libertad y controlar los abusos hacia los ciudadanos cuando estamos ante arbitrariedades que desbordan la normativa garantista.

En consecuencia, una Sala en la Corte Suprema, para dirimir conflictos de la naturaleza mencionada, si bien no es lo deseable, constituye un paso importante en el perfeccionamiento de la tutela de los derechos fundamentales. La institucionalidad que concierne a la protección o tutela de los derechos fundamentales, debe traducirse en la creación de una Corte Constitucional.   Importante precisar, que la Sala de lo Constitucional, tal como lo diseña la ley que le dio vida, no conocerá de los Recursos de inconstitucionalidad; esta materia por mandato constitucional, está reservada al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En el marco de mis preocupaciones ciudadanas, vuelve el tapete la explotación de Cerro Colorado. El Gobierno Nacional, tiene que tener cuidado y mucha cautela en este tipo de proyecto. La región de por si, es de alta sensibilidad social, muy volátil.

Como estudioso de la cuestión política y social, he venido señalando, que un manejo inadecuado e inconsulto de la cuestión minera, pudiera reeditar un nuevo escenario de confrontación, con saldos negativos, para la paz y tranquilidad del país.

En torno al tema del agua, como abogado me he preguntado, si la crisis que estamos viviendo, corre por cuenta exclusivamente de la naturaleza o si faltó mayor diligencia en el cuidado y mantenimiento de la planta potabilizadora, de tal suerte que se hubiera podido evitar los niveles de gravedad del fenómeno aludido y los perjuicios a la salud de miles de panameños. Somos partidario, que lo anterior ha debido ser objeto de una investigación por parte del Ministerio Público.

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<>Artículo publicado el  20  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Exceso de litigiosidad

La opinión del Abogado y Profesor Universitario en el ramo….

CARLOS AUGUSTO HERRERA

A veces nos cuesta creer que en el ejercicio de la defensa del abogado a favor de su cliente, las autoridades sientan que se abusa en el uso de los recursos o de las acciones a seguir. Todo esto parece inaudito, cuando se trata del abuso de litigio. Seguro que todo esto ante Dios y la Ley es un contrasentido, frente al ilimitado derecho a la defensa que permite la contradicción hasta el final del proceso.

Es imposible que se piense que si el proceso consta de fases preclusivas, se pueda realizar una actividad que demore la terminación de dicho proceso. Puede ser que se den cuestiones dilatorias, que si son imputables a la defensa, entonces que se aplique la Ley, pero como todo en Derecho, debe comprobarse.

Si nosotros analizamos lo relativo a la defensa de un acusado al cual le siguen una instrucción, que la Ley Procesal establece en cuatro meses, plazo que se puede extender por la ausencia o multiplicidad de sospechosos o la gravedad del acto delictivo, tenemos que establece un piso y techo calculado en 16 semanas, dentro de las que, como mínimo, hay que revisar el legajo dos veces a la semana y presentar epístolas, entonces podrían ser 32 escritos sin contar con el poder de representación o la solicitud de copias.

Claro que este es un postulado ciego y que responde a una correlación matemática. Como hay casos en los que nada más aparece el poder y una que otra solicitud simple; entonces esto parece todo lo contrario a lo excesivo y lo critica el artículo 638 del Código Judicial, sobre lo relativo al apoderado que actúa su trámite hasta el final en nombre del poderdante en el proceso, a menos que se le revoque el poder o que renuncie. Si de manera arbitraria se ausenta o se separa, antes de que se haya nombrado otro apoderado, responderá por el abandono.

Otra norma coercitiva es el artículo 217, también del Código Judicial, sobre la responsabilidad de las partes por los perjuicios que causen a otra parte o a terceros si procesalmente actúan de manera temeraria o de mala fe. Pero esto hay que probarlo, para que el juez imponga ‘la correspondiente condena en la sentencia o el auto que lo decida, y si no fuere posible fijar allí su monto, se liquidará en la forma prevista en el Artículo 996; si el proceso ha concluido, dicho trámite se adelantará con independencia de aquél’.

El artículo 996 del Código Judicial regula la condena en abstracto y que aúpa a la parte favorecida para que dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia pueda solicitar que se cumpla el fallo, para lo cual presentará una liquidación motivada y especificada que se da en traslado a la contraparte por el término de cinco días para que opine y luego se decide con pruebas si hay oposición.

Pero volvamos a esto sobre el exceso de defensa que cuesta un mundo digerirlo, al igual que el concepto compuesto sobre la guerra justa o lícita, que por cierto ha trasnochado a insignes pensadores y filósofos y que por ahora no vamos a ahondar.

Con relación al título, copiamos un extracto enviado por la autoridad demandada en el expediente 771—08 de 08 de julio de 2009 en el amparo de garantían propuesto al pleno: ‘Es claro que el presente proceso se ha venido dilatando en extremo, ante la gestión de la parte demandada, señor FBG que acciona reiteradamente, incluso a nivel constitucionalmente, sin que de ello se colija no más que el abuso de su derecho a litigar y por consiguiente el exceso de litigiosidad, al haberse dilatado desde el año 2003 y que a la fecha, aún no ha podido resolverse.   Si bien no existe impedimento alguno, a fin de que las partes hagan valer sus derechos y aquellos que estimen les corresponde, el derecho a litigar tiene una limitación, la cual es entendida así en el artículo 217 del Código Judicial, referido a la temeridad o abuso del litigio’.

Como lo expusimos en el párrafo anterior se trata de mala fe y temeridad, un asunto que debe comprobarse.

Es imperativo ese ineludible deber del abogado sobre la defensa del permanente principio de la inviolabilidad a la defensa y dentro de la lealtad procesal, evitar las actuaciones dilatorias, pero del mismo modo, actuar con firmeza frente a la utilización de pruebas falsas o amañadas por la contraparte o advertir la ignorancia o negligencia del funcionario ante quien opera sobre la defensa.

<> Artículo publicado el 26 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Nuevos paradigmas de la casación en Panamá

La opinión del Jurista y Docente Universitario….

Silvio Guerra Morales

Como conquistas más notables del recurso, en la nueva normativa, estimamos que destacan, sobre todo, el hecho de que se haya incorporado como causales para la casación penal las infracciones al debido proceso y la violación a derechos libertades y garantías consagrados en nuestro ordenamiento jurídico ya sea en la propia Constitución, en las leyes o en los tratados y convenciones ratificados por la República de Panamá.

En este orden de ideas, tenemos que para la Sala Penal como Tribunal de Casación Penal puede presentársele cuestiones de suma importancia jurídica en cuanto inciden en el debido proceso o en la infracción de preceptos constitucionales, legales y convencionales y que atañen a derechos y garantías procesales. Así, por ejemplo, tenemos el caso que cuando se invocan las causales en el recurso de anulación al tenor de lo que prescribe el artículo 171 y 172 del Nuevo Código, y para ello se citaren las causales contenidas en los numerales 1 ó 2 del artículo 181, el recurso de anulación debe serle remitido a la Sala Segunda de lo Penal a efectos de que determine el ámbito de su competencia y de ser así tendrá que conocer, del mismo modo, tanto de la casación como del respectivo recurso de anulación del juicio o la sentencia. Ello significa que a la Sala Segunda de lo Penal pueden llegar causas que por el solo hecho de haberse invocado causales en el sentido que prescriben los numerales 1 ó 2 del artículo 181 del Nuevo Código, pueden emanar tanto del Tribunal del Juicio, como de los Jueces Municipales o Jueces de Garantía según lo dispone el artículo 172 del Código. Ahora bien, aunque el código mencione a los jueces de garantías, nos parece un equívoco, ya que éste no produce sentencias al tenor de las funciones que expresamente le están delegadas en el artículo 44.

Se estatuye una nueva modalidad de la casación penal denominada Recurso de Casación para la Uniformidad de la Jurisprudencia, pretendiéndose con ella lograr, entre otras cosas, el desiderátum previsto en las primeras líneas del artículo 180 en cuanto esta norma prescribe como fines primordiales de la casación la uniformidad de la jurisprudencia nacional.

A pesar de ello el recurso sigue manteniendo su función nomofiláctica; preserva sus tradicionales causales sin desmedro de las nuevas; no atribuye una tercera instancia; se niega a sí mismo el renunciar del todo al formalismo, en fin. Por ello es que leemos en el artículo 180 de la nueva codificación lo siguiente: “El recurso de casación tiene por objeto enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales que hacen tránsito a cosa juzgada. También tiene por objeto procurar la exacta observancia de las leyes por parte de los tribunales y uniformar la jurisprudencia nacional”.

<> Artículo publicado el 24  de septiembre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

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Los recursos del consumidor

El artículo 189 de la Ley 38 de 2000 establece cuándo es opcional utilizar el Recurso de Revisión Administrativa.  Abundemos en este tema con el siguiente artículo de opinión del Administrador General de ACODECO…

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PEDRO MEILÁN

LA LEY NO. 38 de 31 de julio de 2000, establece una serie de recursos que se pueden utilizar en la vía gubernativa, como el de reconsideración, apelación, de hecho y revisión administrativa, siendo los dos últimos, recursos extraordinarios que se pueden invocar en materia de protección al consumidor, por ser las normas que regulan el procedimiento administrativo general, normas supletorias.

El numeral 4, del artículo 166 de la citada Ley 38, establece que el Recurso de Revisión Administrativa se interpone contra resoluciones o decisiones que agoten la vía gubernativa, para lograr la anulación de la resolución respectiva, con base en las siguientes causales:

a) Si la decisión ha sido emitida por una autoridad carente de competencia;

b) Cuando se condene a una persona a cumplir una prestación tributaria o económica, o a una sanción por un cargo o causa que no le ha sido formulado;

c) Si se condena a una persona a cumplir una prestación tributaria o económica, o a una sanción por un cargo o causa distinta de aquél o aquélla que le fue formulada;

d) Cuando no se haya concedido a la persona que recurre oportunidad para presentar, proponer o practicar pruebas.

De igual forma, conforme la norma, procede el recurso en las siguientes causas:

e) Si dos o más personas están cumpliendo una pena o sanción por una infracción o falta que no ha podido ser ejecutada más que por una sola persona;

f) Cuando el documento se haya basado en documentos u otras pruebas posteriormente declarados falsos mediante sentencia ejecutoriada;

g) Si con posterioridad a la decisión, se encuentren documentos decisivos que la parte no hubiere podido aportar o introducir durante el proceso, por causa de fuerza mayor o por obra de la parte favorecida;

h) Cuando la resolución se haya obtenido en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, o cuando la resolución se haya fundado en un dictamen pericial rendido por soborno o cohecho, en el caso que estos hechos hayan sido declarados así en sentencia ejecutoriada;

i) Cuando una parte afectada por la decisión no fue legalmente notificada o emplazada en el proceso, siempre que en uno y otro caso no haya mediado ratificación expresa o tácita de dicha parte, ni el objeto o asunto hubiere sido debatido en el proceso;

j) De conformidad con otras causas y supuestos establecidos en la Ley.

El recurso se interpone en el término de un mes, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución que agotó la vía gubernativa, cuando se invoque alguna o algunas de las causales señaladas en los literales a, b, c y d del artículo 166 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 y cuando se fundamente en los literales f, g, h, e i, del mencionado artículo, dentro del término de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la citada Ley.

Por su parte, el artículo 189 de la Ley 38 de 2000, establece cuando es opcional utilizar el Recurso de Revisión Administrativa y las causales que permiten interponerlo en forma paralela o posterior a la acción o recurso de plena jurisdicción.

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Este artículo fue publicado el  31 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Una actuación insólita

La opinión de…..

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Rigoberto González Montenegro

Un principio de simple lógica jurídica da cuenta de que una decisión adoptada por un tribunal colegiado debe ser recurrida, en caso de tribunal de única instancia, ante el mismo tribunal.

Ello implica que si en un fallo en el que se adoptó una decisión, de existir una inconformidad por parte de quien se sienta afectado con lo decidido, ésta ha de ser del conocimiento de todos los miembros de dicho tribunal, a objeto de conocer en qué consiste tal inconformidad.

Aún más, pese a que se termine considerando que el recurso al que se recurre para hacer saber el cuestionamiento a lo decidido es improcedente, por haber surgido el fallo del seno del tribunal como un todo, es ante éste, y no ante uno solo de sus miembros, a quien compete decidir ello.

De proceder de otra manera, es decir, que uno solo de los integrantes se arrogue la facultad de los demás, se estaría infringiendo, por lo menos, dos derechos fundamentales, a saber:

1. El derecho de acceso a la justicia, al impedir que quien recurre sea oído por los demás integrantes del tribunal, quienes son los que deben conocer el recurso promovido, en el que se plantea la inconformidad de quien recurre, y

2. El derecho al debido proceso, es decir, lo atinente al tribunal competente, en la medida en que deben ser todos los integrantes del tribunal colegiado, que ha actuado como tribunal de única instancia, quienes deben conocer y decidir sobre el recurso que se haya presentado.

Esto constituye un razonamiento de simple lógica jurídica de derecho procesal.

Tan elemental razonamiento jurídico, que a su vez conlleva el reconocimiento de derechos fundamentales, ha sido desconocido recientemente por un magistrado suplente de la Corte Suprema. Los hechos son los siguientes:

El 28 de enero de 2010, el pleno de la Corte, con el salvamento de voto de cuatro de los nueve integrantes de este tribunal, emitió una decisión. Dicha decisión se da dentro de la causa penal que se le sigue a la procuradora, mediante la cual se dispuso prohibirle que abandone el territorio de la República sin autorización judicial, así como la suspensión de su cargo, hasta tanto finalice el proceso respectivo.

Esta resolución, como es lógico, debía ser notificada a la persona afectada, quien al estar en conocimiento de lo decidido anunció un recurso de reconsideración.

Devuelto el expediente a la Corte, y en un corto tiempo, se le vuelve a notificar el rechazo de su recurso por parte del magistrado suplente, quien ante sí y de por sí, sin darle conocimiento al resto de los magistrados, adoptó tal posición.

Ante esta eventualidad, y en base al artículo 109 del Código Judicial, la procuradora anuncia el recurso de apelación ante el resto de los magistrados.

No obstante, el mismo magistrado suplente, una vez más, por sí solo sin que los demás magistrados conozcan de lo que se les está cuestionando por parte de la persona y funcionaria que se siente afectada del fallo de 28 de enero de 2010, decide rechazar el recurso de apelación anunciado, ahora contra su resolución que declaraba inadmisible el de reconsideración.

Como se ve, con dicho proceder, el magistrado suplente de la Corte vulnera no solo el razonamiento de lógica jurídica, sino que le desconoce los derechos que le asisten a la procuradora de ser oída por su juez natural o, si se quiere, por el tribunal competente para conocer su causa, que no es otro que el pleno de la Corte.

Lo anterior obliga a hacer las siguientes reflexiones y preguntas. Si existen los tribunales colegiados, eso significa que sus decisiones deben ser adoptadas una vez que todos sus integrantes hayan conocido el tema con respecto al cual se van a pronunciar.

Por ende, si el fallo de 28 de enero fue discutido por el pleno de la Corte y su adopción, con los salvamentos de votos respectivos, lleva la firma de los nueve magistrados ¿cómo es posible que cuando se da su impugnación por la procuradora, uno solo de los magistrados de la Corte, en este caso el sustanciador, arrogándose la facultad de los demás magistrados decida no admitir el recurso de reconsideración, primero, y el de apelación después?

¿Lo propio no era que se siguiera igual procedimiento para conocer del recurso de reconsideración que el seguido para el debate y adopción del fallo de 28 de enero de 2010?

¿El papel del magistrado sustanciador no era el de adelantar lo referente al recurso de reconsideración, dar traslado para su sustentación, preparar el proyecto de fallo con su criterio y darle conocimiento al resto de los magistrados, a fin de contar con los votos necesarios en respaldo de su decisión?

¿Por qué el fallo de 28 de enero es debatido por el pleno de la Corte y no así el recurso promovido en su contra?

Llama la atención que en la resolución de 5 de febrero de 2010, mediante la cual el magistrado sustanciador, en la que decide no dar curso al recurso de apelación ante el resto de los magistrados de la Corte, anunciado por la procuradora, se señala: “en consecuencia, declaramos inadmisible el recurso de apelación anunciado”, cuando su actuación solo lleva su firma, con la del secretario general de la Corte, sin que aparezca la de ningún otro magistrado.

Por tanto, ¿quiénes son los que debemos entender, son los que “declaramos inadmisible el recurso de apelación anunciado”? ¿El magistrado sustanciador con el secretario general de la Corte? ¿Y el criterio de los demás magistrados qué?

¿Se debe entender en función de lo anterior que el magistrado sustanciador, al dejar consignado “declaramos inadmisible el recurso de apelación anunciado”, consideró que en ese momento y de acuerdo a su criterio su sola voluntad recogía y constituía el pleno de la Corte?

¿Cómo sabemos si el resto de los magistrados estaban o no de acuerdo con la decisión adoptada por uno solo de sus magistrados? ¿Es esto lo correcto jurídicamente?

Éstas son las preguntas que surgen ante lo actuado por el magistrado sustanciador del fallo del 28 de enero de 2010, quien ante los recursos anunciados por la procuradora, ante sí y de por sí, se erigió como juez único e infalible, al decidir no dar traslado y poner del conocimiento de los demás magistrados, los referidos medios impugnativos.

Con tal proceder, se vulneró el derecho de acceso a la justicia y de paso, el debido proceso legal.

A todas luces, esto es una actuación insólita.

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Publicado el 10 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Habeas corpus salvador

La opinión del Abogado y Docente Universitario…..

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CARLOS AUGUSTO HERRERA

Habeas corpus salvador

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No comparto las tendencias políticas de los acusados, pero sí les reconozco una ejemplar trayectoria como educadores. Sobre esta investigación penal por la fibra de vidrio, aparece la invisible parodia de comparar a los sindicados con monos gordos. Lo cierto es que en las publicitadas investigaciones, la macerada procesal y la detención del primer indagado, más la suspensión valorativa por parte del Ministerio Público en el segundo caso, me han saturado de perplejidad.

Los mismos síntomas me produjeron los cuarenta días de cárcel y los tres proyectos de Habeas Corpus, la sesión permanente y habilitación de un mediodía del sábado pasado, para arribar a lo mismo que se pudo hacer a través de la aplicación del Debido Proceso, por medio del vanagloriado sistema de la Sana Crítica. Aquí la injusticia montó el plato para sentar al preso como figura de cadalso. Para el otro caso no hubo tal ignominia, se supone que por el sentido común o criterio particular de quien valoró este asunto en espera del pronunciamiento por el pleno de la Corte Suprema, que lo consideró “ no viable ” el recurso.

En la primera vuelta, con los tres proyectos, la declaración de sesión permanente y habilitación de un sábado, se ordenó la detención en el domicilio que, de acuerdo con el artículo 2127 del Código Judicial es: “ d. La obligación de mantenerse recluido en su propia casa, habitación o establecimiento de salud, según sea el caso ”. Si resulta culpable, este tiempo se descuenta de la pena. El hombre está preso nuevamente por desacato y no por la acusación.

Esto lo pudimos ahorrar al cumplimos con los trámites legales. A diferenciar los delitos por investigar y los flagrantes antes de detener. Lo otros es la debida instrucción. El artículo 1941 del Código Judicial anuncia: ” El objeto del proceso penal es investigar los delitos, descubrir y juzgar a sus autores y partícipes ”. Claro que sin delito no hay proceso. Este asunto parece sencillo, pero es un poco más complicado, debido a que una vez determinada la conducta delictiva, hay que descubrir a los responsables, pero como ocurre en estos casos publicitados, se tiene que establecer antes la clase de delito y el grado de participación como los delitos dolosos, culposos, comisión, omisión, omisión propia, omisión impropia, de resultado, de actividad, de lesiones, de peligro, comunes, especiales. Todo esto hay que distinguirlo antes de indagar u ordenar la medida cautelar.

El Ministerio de Educación funciona con 23 direcciones y como cuatro mil quinientas escuelas, diseminadas en todo el territorio nacional, esto hace imposible que un ministro responda personalmente y menos revise o inspeccione cada lugar. La investigación hay que hacerla a partir de los menos comprometidos en ascendencia y quién debe, en el menor de los casos, responder por la omisión impropia garante. Todo esto si no hay normas que establecen responsabilidad sectorial o por compartimiento, que es propio en organizaciones multisectoriales como un ministerio de educación.

A propósito de la figura de la Omisión Impropia, que no aparece regulada en nuestros Código Penal, pero forma parte del ajuar de conocimientos que, junto con la lógica, se agregan a la experiencia del valorador, como lo indica la Sana Crítica, que además de expresión, es una conducta, un comportamiento, una comprobable realización, el razonamiento planteado.

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Publicado el 14 de octubre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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Defendamos nuestros intereses

Defendamos nuestros intereses


Víctor J. Fábrega V.

Con el título me refiero específicamente a los embalses, hidroeléctricas, minería, pastoreo, agricultura, desarrollo habitacional, obras de infraestructura, proyectos industriales, turísticos, portuarios, parques temáticos, tratados internacionales, sistema bancario, comercio, sociedades anónimas, etc., pues son importantes y necesitamos de todos ellos para nuestro desarrollo.

Todos, en mayor o menor grado, tienen oposición. Los principales opositores son los afectados y desplazados por estos proyectos, quienes deben ser razonablemente compensados; a éstos se suman los negativos permanentes que se oponen hasta a ellos mismos; otros lo hacen de buena fe, pero con información incompleta o equivocada; otros se oponen por motivos políticos, a pesar del daño que causan a obras prioritarias de interés nacional. También se oponen empresas y naciones que no quieren competencia y que sugieren, piden y hasta exigen cosas opuestas a las que ellos practican.

Todos los seres vivientes luchan en defensa de sus intereses. Los seres humanos, empresas, sociedades de todo tipo, y naciones, lo hacen con intensidad, sagacidad, sutileza y astucia, utilizando todos los medios posibles, incluso tras bastidores.

Como argumento esgrimen verdades parciales y hasta mentiras. Como banderas airean temas sensibles y simpáticos como medio ambiente, cambio climático, contaminación, ecología, deforestación, preservación de la flora y fauna, derechos humanos, moral, temas religiosos, derechos ancestrales y posesorios, discriminación, etc., pero el verdadero motivo es eliminar la competencia.

Como arma utilizan los medios de comunicación, las manifestaciones, tranques de calles, huelgas, demandas judiciales, sanciones económicas, embargos, guerras, etc. Además envían “expertos” asesores que están muy bien cuando sus intereses coinciden con los nuestros, pero en caso contrario sutilmente nos tiran al desvío.

Los panameños tenemos, con inteligencia y firmeza, que promover, proteger y defender nuestros intereses. En este mundo no hay nada perfecto, todo tiene ventajas y desventajas, lo primordial para nosotros es que tengan muchas ventajas y que podamos vivir con sus desventajas.

Las actividades que crean puestos de trabajo tanto en la ciudad como en la campiña son indispensables para nuestra estabilidad y progreso. El mayor causante de la degradación del ambiente en el campo es el campesino desempleado, quien con su machete y hacha derriba más árboles de lo necesario para leña y para la agricultura y pastoreo rudimentario.

Es básico mejorar la educación, sobre todo la primaria, pues es donde se da confianza al niño, se estimulan y orientan sus habilidades y sus deseos de instruirse y mejorarse. Después de una buena escuela primaria ese niño se educa a como dé lugar, aunque sea sólo. Las fuentes de trabajo en el campo evitan que los jóvenes emigren hacia las ciudades, aumentando la aglomeración con todas sus consecuencias negativas.

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Publicado el 26 de junio de 2009 en el diario La Prensa a quien damos todo el crédito que corresponde