El triunfo del derecho y la razón

Sobreseimiento definitivo a favor del Ing. Roger Moscote y el Lic. Melitón Sánchez.  La opinión de…

ROLANDO VILLALAZ
villasoc@yahoo.es

Dos importantes sentencias se han dictado en los inicios del año 2011, reivindicando a la Administración de Justicia, a los Tribunales y jueces. Por una parte, el Segundo Tribunal Superior ratificó y confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Decimoquinto Penal donde se dictó sobreseimiento definitivo a favor del ingeniero Roger Moscote y el licenciado Melitón Sánchez, sobre supuestos actos irregulares en torno a dineros de la Delegación de Panamá que fue a los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004.

No solamente se demostró su total inocencia, sino que se evidenció la mala fe de quienes dirigiendo el Instituto Panameño de Deportes y la Contraloría General, torcieron informes para aplicar leyes que no se le pueden aplicar al Comité Olímpico y usar Manuales que solo tienen vigencia para federaciones y organizaciones deportivas de menor jerarquía al Comité Olímpico.

Fue este proceso en el cual, violando la presunción de inocencia, se linchó mediáticamente a estas personas y se les condenó anticipadamente, calumniando e injuriando, sin pruebas de ningún tipo, en una tarea donde hasta el Ministerio Público colaboró violando elementales garantías constitucionales. Se demostró que ningún dinero se usó indebidamente y que hasta se le devolvió al INDE más de 60,000 balboas que no se habían usado.

La otra sentencia la acaba de dictar el Juzgado Décimo de Circuito Ramo Penal, en un proceso desfigurado desde su inicios y montado ante los medios como un ‘show’ donde se vilipendió a mas no poder a los directivos del Comité Olímpico de Panamá, violándose la reserva del sumario y la presunción de inocencia, sin importar su honra ni sus familias en una demostración abierta de que se quería sacar a los directivos del Comité Olímpico a como diera lugar, a pesar de que lo único que estos hicieron fue acatar un fallo de un tribunal de justicia y con el aval del COI y la ODEPA, para hacer nuevas elecciones en base a los Estatutos de 1970, que permiten la vigencia de la Carta Olímpica en la República de Panamá sin cortapisas ni limitaciones.

Estos fallos son una bofetada a los que usando los medios de comunicación se prestaron para una sistemática campaña de ataques personales, injurias y hasta poco faltó para que le pidieran a los Jueces que ellos redactarían las sentencias.

Es una lección para quienes creen que se puede torcer la justicia para darle la razón a quien usurpa un organismo fantasma que no tiene reconocimiento de nadie fuera de Panamá y que solo ha servido para que unos cuantos avivatos reciban apoyos disimulados o abiertos de los Directores del INDE o Pandeportes de turno, para socavar al Comité Olímpico y seguir ellos fantaseando una representación hecha a base de violaciones a la ley panameña, a la Carta Olímpica y al sentido común.

Como un castillo de arena o de naipes se han ido cayendo cada una de las mentiras y falsedades que se han estado vociferando todos estos años de quienes creen que pueden sustituir a los tribunales con campañas amenazantes e intimidantes y con vulgaridades de todo tipo para forzar algo que nunca ha estado cerca de la verdad.

Quienes en este periodo han alegremente jugando con la honra y la decencia de las personas, sepan que existe el delito de calumnia judicial y simulación de hechos punibles, para los que con temeridad creen alegremente que se puede ir a los tribunales para usarlos de trampolín para la infamia y la descalificación pueril de sus adversarios.

Sabemos que las autoridades del Comité Olímpico Internacional y de la Organización Deportiva Panamericana con la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales han tomado debida nota de estos acontecimientos y debe el Gobierno Nacional actuar en consecuencia antes de que sea demasiado tarde para el deporte panameño que no resiste más farsantes de opereta barata.

<> Este artículo se publicó el 9 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

La cautela de bienes

La opinión del Abogado Litigante y Docente Universitario….

CARLOS AUGUSTO HERRERA
cherrera255@hotmail.com

El abogado Roniel Ortíz, se ha quejado de la lentitud que existe para la devolución de unos vehículos que estaban cautelados en un supuesto rosario de delito imputados al legendario David Murcia Guzmán, a quien junto con el letrado mencionado, tuvimos el honor de conocer e intercambiar algunos conceptos jurídico para su defensa.

Hoy existe ese descomedido modo de investigar, que es como el que le pega a una piñata con ojos vendados, y por eso los procesos sucumben en ese mar de desaciertos e ignorancia, más grave por la obligada devolución de todo lo aprehendido en sus bienes, una vez fenezca el último cargo.

Ya empezaron a devolver los carros, aunque faltan algunos que hasta pintaron de otro color. Al final y cuando lluevan las demandas, tal vez se toquen el corazón para tener un criterio razonable y compartir las responsabilidades con los propios sospechosos, sin dudas los más adecuados para cuidar los bienes mencionados.

Es cacareada la frase sobre presunción de inocencia con rango Constitucional (Art. 22).   Lo otro es el artículo 17 de la misma excerta legal, que empareja a los nacionales con los extranjeros en Panamá, y que deben ser tratados como igual. Digo esto porque siempre que aprehenden a un sujeto, recogen muchas cosas que nada tienen que ver con el caso,  si el artículo 1227 del Código Civil, que hasta la venta de la cosa ajena vale sin perjuicio del dueño de la cosa vendida, un derecho que se extingue por el tiempo que transcurra.

Dice nuestro Código Judicial, en el artículo 2188, que todos los objetos que se recojan durante un allanamiento hay que inventariarlos y agregar la información al expediente. Me imagino que en homenaje a la honradez, habrá que explicar las razones de dichas aprehensiones.

Lo que pasa es que tanto el allanamiento, su registro y la colección de objetos, resulta un asunto relativamente fácil, pero después se agrega lo perecedero de dichos bienes o el deterioro, muy propio de nuestro medio ambiente impregnado de humedad y calor. Esta es una preocupación administrativa por parte de los funcionarios, de resguardar los objetos como carros, casas, yates y afines, que entre meses a la intemperie se afectan considerablemente.

Una salida inteligente es nombrar a los tenedores como depositarios, pero qué va, mejor es recoger dinero, prendas, televisores, componentes, aparatos de línea blanca y qué se yo,    pero luego es un tejemaneje que los devuelvan y más cuando aparece un tercero incidental y los reclama porque le pertenecen.

Es impropio el daño que se produce con estos actos irreflexivos, porque una vez inventariados debe quedar sujetos a un tercero, que los cuide y que responda como un buen padre de familia por dichos objetos, los que, de acuerdo con el artículo 1454 del Código Civil, se puede lograr con los bienes muebles; y es propio mencionar el artículo 1480, también del mismo compendio legal referido, sobre esa obligación ineludible que recae sobre el depositarios sobre bienes secuestrados de cumplir como si se tratara de su familia.   Lo cierto es que el artículo 1976 de nuestro Código de Procedimiento, anuncia la devolución de las cosas retenidas como consecuencia de un allanamiento, sino están sujetas al comiso, restitución, secuestro o embargo.

Nosotros conocemos ese gravamen público del allanamiento judicial con registro, en busca fundamentalmente de los efectos o instrumentos con los que se realizó la operación delictiva, tal y como lo anuncia el artículo 2178 del Código Judicial, ya mencionado en este conversatorio, desde otro ángulo.

Me parece adecuado y jurispráctico que siempre se funcione en estos menesteres con la lógica al momento de horadar la tranquilidad sacrosanta de la residencia o domicilio del oprimido y que siempre se permita, dentro de los descargos, la justificación de la tenencia de bienes para su debida devolución, un asunto que se muestra sombrío, en el contenido con las reformas de la Ley 30 de 1984, en lo relativo a la devolución de dineros retenidos o decomisados por la Dirección General de Aduanas, a los viajeros o transeúntes aéreo o portuarios, sobre dineros no declarados sobre la cantidad de 10,000 dólares. De verdad que por variados enfoques, siento esto como una injusticia.

Por supuesto que hay ingentes esfuerzos para regular esta incómoda materia, aparte de lo oneroso que resulta aquello de custodiar por años objetos que se deterioran o que son presa de los deshuesadores, como ocurre con las piezas de los automóviles o máquinas similares.

El Ministerio Público tiene enormes depósitos, amplios patios a los que no cabe nada más, mientras los procesos se ahogan en gestiones y documentos que no logran el objetivo de una justicia expedita, un sueño de cada uno de los que ocupan los puestos llenos de entusiasmo.

 

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<> Este artículo se publicó 19  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Intervenciones telefónicas en la doctrina procesal penal

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La opinión del Abogado…

Ramiro Guerra Morales

Acotaba el maestro y destacado constitucionalista panameño, el Dr. José Dolores Moscote, que los derechos y libertades fundamentales, vinieron a hacer la diferencia entre el viejo régimen del estado poderoso, absoluto y la modernidad liberal, que se caracterizó por el advenimiento de un estado limitado en su poder frente al ejercicio de derechos considerados como naturales e inherentes a la condición humana.

Nuestra Constitución Nacional, para los propósitos del presente artículo de opinión Jurídica y doctrinal, señala que “todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial”.

La Corte Suprema de Justicia, ha señalado, que lo de autoridad judicial, debe entenderse como la proveniente de mandato o decisión judicial, excluyendo al Ministerio Público del concepto de la judicialidad.   En ese sentido para que proceda la ejecución de una intervención de la naturaleza mencionada, la institución que lleva el sumario adelante, tiene la obligación de solicitar el mandato

que no puede otro, que el proveniente del Órgano Judicial.

La doctrina procesal penal, en cuanto a las intervenciones telefónicas, ha señalado que cuando estamos frente a intervenciones telefónicas,   a riegos de no caer en el campo de la arbitrariedad, el proceso que conduzca a la implementación de tal medida instrumental, deberá ceñirse al cumplimiento de varios principios, que según la jurisprudencia de el alto tribunal constitucional de España y la doctrina. corresponden a los Principios de Proporcionalidad;  el de Idoneidad y  el Principio del Mandato de lo Especial.

Los principios mencionados, implícitos en toda Constitución que se aprecie de tutelar de los derechos y garantías fundamentales. conducen a señalar, que la solicitud del funcionario instructor, tiene que darse dentro un sumario iniciado, debidamente fundamentado por el denominado auto cabeza de la investigación; la solicitud elevada a lo judicial, tiene que dar debidamente sustentada, marginada de conjeturas e inconducencias; de apreciaciones subjetivas y juicios de valoración; en otras palabras la petición tiene que estar sometida a los rigores propios de una relación de objetividad, entre el hecho objeto de la investigación y su eventual autoría.

En un estado de derecho, una solicitud al órgano Judicial, en el caso panameño, a la Sala de lo Penal, que no reúna los requisitos mencionados, trasunta el campo de la arbitrariedad y debe ser rechazada o en su defecto ordenada su ampliación, de tal suerte que se preserve la defensa del derecho a la no intervención de la comunicación privada.

Es importante señalar, que la decisión del Órgano Judicial de ordenar o mandatar la intervención, tiene que estar fundamentada, para no caer en el campo de la arbitrariedad y abuso. Tiene que ponderar, si lo solicitado por el Ministerio Público, en cuanto a la investigación del presunto delito, puede ser instrumentalizado por otros medios, sin que se tenga que exponer o cruzar los límites de un derecho fundamental, como el objeto de estos comentarios.

Somos del criterio, que un proceso penal, donde se hayan omitidos tales formalidades, riñe con claros principios de la defensa penal, lo que pudiera dar lugar a la nulidad de todo lo actuado.

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<>Artículo publicado el 17  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/guerra-morales-ramiro/
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Sobre caso de la jueza Zulay Rodríguez

La opinión del Abogado….

JAIME A. PADILLA GONZALEZ

Dentro de la maraña de arbitrariedades que se están experimentando en el Órgano Judicial, tenemos el caso reciente de la jueza suplente Zulay Rodríguez. No entiendo, ¿cómo es posible que un fiscal inicie una investigación contra la jueza Rodríguez, porque no le gustó que otorgara una fianza en un caso de narcotráfico?

Fuera de todo orden procesal, el fiscal Parodi inició de oficio una investigación contra la jueza Rodríguez por haber otorgado una fianza, ordenando su conducción, cuando en la etapa procesal correspondiente, si él no estaba de acuerdo, debió oponerse, pero no lo hizo y, contrariamente, dispuso abrirle una investigación.

Desde el punto de vista jurídico—procesal esto es una típica intromisión del Ministerio Público en las decisiones del Órgano Judicial, que violenta principios consagrados en nuestra Constitución y en el Código Procesal Penal.

Si bien es cierto, según estas excertas legales, el Ministerio Público y el Órgano Judicial se encuentran en paridad, ésta rige para ciertas actuaciones y no para todas, o sea que esta paridad no es restrictiva y tiene sus excepciones. (Artículo 216 de la Constitución Política de la República. Artículo 127, numeral 1 del Código Procesal Penal. —Artículo 350 del Código Penal).

Las decisiones de los jueces o magistrados no pueden cuestionarse arbitrariamente; si se tiene la percepción de que sus actuaciones, en un caso determinado, tienen visos de corrupción o de ilegales, deben seguirse las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, de acuerdo a la Constitución.

Lo viable era interponer una querella en contra de la jueza, a través de la cual podría iniciarse la investigación, solicitando su separación y adjuntando las pruebas, todo ante su superior jerárquico, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que es la autoridad competente.

Las actuaciones del fiscal violentaron flagrantemente los siguientes principios:

Principio de Independencia Judicial: Los jueces y magistrados del Órgano Judicial son independientes en el ejercicio de sus funciones, nadie los puede cuestionar y mucho menos perseguir por los actos que decidan en el ejercicio de sus funciones.

Principio del Debido Proceso: Al no seguir los mecanismos que la Ley dispone, para este tipo de procesos, es el superior jerárquico de la jueza quien debió conocer del caso, pedir su separación, presentar la prueba sumaria, si es que existe alguna, y luego iniciar la investigación.

No podía el fiscal iniciarla y mucho menos girar orden de conducción en su contra, aún cuando no estuviere de acuerdo en el otorgamiento de la fianza. Es cierto que el Código Penal establece que no habrá fianza de excarcelación en los delitos de drogas, pero igual establece una excepción clara, dejando al criterio de la Sana Crítica del juzgador, si otorga o no la fianza. Por ende, presumimos que la jueza utilizó la Sana Crítica y motivó su decisión en aplicar medida cautelar distinta a la detención preventiva.

El Derecho Procesal Penal no se basa en fórmulas alquimistas, es decir, que si la norma dice que no habrá derecho a fianza en los delitos de narcotráfico, automáticamente tenga que aplicarse la detención preventiva, pero así lo entienden los obtusos del Ministerio Público.

Principio de Legítima Defensa: La señora jueza tenía derecho a defenderse y saber por qué la estaban investigando. Lo curioso e inconcebible de este caso es ¿cómo a una funcionaria de justicia, que administra justicia, la quieran conducir como si estuviera evadiendo la justicia? Es lo más gracioso, doloroso y preocupante, porque esto no es más que un acto de persecución contra la funcionaria. Actos como éstos solo los veíamos en tiempos del noriegato o gorilato.

Principio de Inocencia: El fiscal giró nota de conducción, presumiendo su culpabilidad, ignorando el derecho a defenderse; vemos que no tuvo otro mecanismo más inteligente que conducirla. Pareciera que el fiscal ignoraba el paradero de la jueza o un número telefónico o correo electrónico o la ubicación del juzgado donde ella ejercía su suplencia.

Ni los abogados, ni la sociedad panameña, podemos permitir actos como éstos bajo ningún concepto. Imagínense, ¿si esto está pasando en contra de una funcionaria judicial, qué no harán entonces con un hijo o hija de Juan Pueblo?

Rechazamos categóricamente este tipo de actuaciones que fueron costosamente superadas y exigimos la vuelta al respeto al debido proceso y a los principios sagrados del proceso penal.

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Este artículo fue publicado el 2 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.