Menos crítica y más ‘lobby’

La opinión de…..

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Mónica Guardia de Pérez


Siempre he admirado a los activistas del movimiento verde de Panamá. En su mayoría, son jóvenes educados, comprometidos, que han ganado muchas batallas en contra de intereses económicos ecológicamente irresponsables.

Sin embargo, en estos días, al pasar por la Calle 50, frente al grupo que protestaba contra la tala de árboles en los terrenos de lo que fuera el área residencial de la familia De la Guardia, me vino a la cabeza que en esta ocasión el método había fallado.

No se trataba aquí de un proyecto como Camino de Cruces, ubicado en medio de un bosque tropical protegido. Se trata de un terreno de valor incalculable, en la zona comercial más importante de la ciudad y del país, que ha formado parte de la zona urbana desde hace décadas. Desde hacía muchos años se sabía, además, que el terreno había sido comprado y que se proyectaba construir allí un megaproyecto.

Si se hubiera querido influenciar la forma como habría de ser utilizado ese terreno, la iniciativa debió haberse tomado en el transcurso de estos años en que el terreno estaba en desuso. Habría podido hacerse, por ejemplo, una recolección de firmas para que el Gobierno adquiriera de alguna forma ese terreno y se convirtiera en un parque. O habrían podido recogerse firmas para solicitar a la Anam o al propietario del proyecto que salvara el mayor número posible de árboles. Ahora ya es demasiado tarde.

Lo que ha pasado en el terreno de Calle 50 no es diferente de lo que viene sucediendo en Obarrio desde hace unos años. Ahora que muchas de las familias que vivían en esas grandes residencias llenas de jardines y espacio verde experimentan el síndrome del nido vacío, muchas de las propiedades se han ido vendiendo.   La mayoría de ellas han sido y seguirán siendo compradas para proyectos comerciales que utilizarán al máximo su inversión, tumbando los árboles que quedan y convirtiendo esta zona en una de cemento puro.

Lo ideal sería en este momento identificar algunas de esas casas, y de alguna manera unir a la ciudadanía, Gobierno y donantes (grandes empresas, por ejemplo) con conciencia social para convertir esos terrenos en zonas verdes.

Se podría hacer lobby con tiempo para que el Gobierno cree un paquete de incentivos fiscales a este tipo de donaciones. Las zonas verdes podrían llevar el nombre de los donantes, así como se ha hecho con los estadios deportivos en Estados Unidos.

Hay ciudades del mundo –Atlanta es un ejemplo– que se han convertido en ciudades bellísimas llenas de áreas verdes, a través de iniciativas ciudadanas como siembras masivas de árboles y a donaciones de millonarios que al morir han optado por ceder una parte de sus bienes para embellecimiento de la ciudad. Estos son recordados con monumentos a su nombre.

Creo que somos los ciudadanos, a través de organizaciones establecidas de mucha valía, quienes debemos tomar la iniciativa en el tema de la ciudad. Pero es importante, a mi entender, desligarse del movimiento de adecentamiento del Gobierno –cuya bandera es portada por grupos como Transparencia Internacional–. Aunque pueden coincidir en algunos objetivos, no aspiran a lo mismo. El movimiento verde no puede confiar en que un día los gobernantes se levanten viendo la luz y actúen en beneficio de intereses ecológicos de largo plazo. El Órgano Ejecutivo funciona a base de presiones y necesidades inmediatas. Siempre ha habido y habrá más de un funcionario dispuesto a intercambiar favores.

La lucha por una ciudad verde, llena de árboles y jardines, debe ser una constructiva, con visión y objetivos de mediano plazo, que trabaje a través del lobby y refuerzos positivos.

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Este artículo se publicó el 5 de abril de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

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