Respuesta al fiscal costarricense

La opinión del Doctor en Derecho Constitucional  y Primer Defensor del Pueblo en Panamá…..

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ITALO  ANTINORI  BOLAÑOS

Responderle a Dall”Anese no me interesa. Aclararle a los panameños las mentiras de un alto funcionario costarricense, sí me interesa. El 12 de enero en APEDE, señalé que la procuradora había cometido un delito al ordenar la interceptación telefónica sin autorización judicial y lo sustenté académicamente.

Advertí que lo hacía con el respeto que la Lcda. Gómez me merece como dama y como profesional. Ella, sentada a un metro frente a mí, replicó que también debía respetarla como procuradora, confundiendo nuevamente el caso penal contra la persona natural de Ana Matilde Gómez, con la institución y el cargo que ella representa. Así como el Estado no es de una persona, la Procuraduría no es de ella.

Desde julio de 2004 (cinco meses antes que ella tomara posesión), el artículo 29 de la Constitución había sido reformado.   Agregaron la frase “ autoridad judicial ” para aclarar que debía entenderse que solamente el Órgano Judicial era la única entidad que podía autorizar las interceptaciones telefónicas, no el Ministerio Público.

Hablé de las actas de la Asamblea para demostrar que ése había sido el propósito de la reforma del 2004, sobre dicho artículo. Jamás dije que las actas fueran leyes, como aseguró Dall”Anese; éstas son fuente de interpretación y aclaración. Ésa es la utilidad de las actas parlamentarias.

Después de la reforma del artículo 29, la Corte señaló que existe una “ derogación tácita ” de cualquiera ley contraria al procedimiento para la interceptación telefónica, porque el Artículo 326 de la Constitución, establece que quedan derogadas todas las leyes y normas jurídicas que contradigan la Constitución. Y según la parte final del Artículo 206 de la Constitución, los fallos de la Corte son finales, definitivos y obligatorios y contra éstos y los de sus salas, no caben recursos (Artículo 207 de la Constitución).

Dall”Anese también desinforma, porque la parte final del artículo 29 define la conducta de quien intercepta llamadas sin autorización, como un acto delictivo. El artículo 18 de la Constitución aclara que los servidores públicos son responsables por actos violatorios a la Constitución y a la Ley, en la modalidad de extralimitación de funciones.   De allí nace el delito de abuso de autoridad que establece el artículo 351 del Código Penal (nueva numeración) por el que se querellaron contra la procuradora.

La ignorancia tampoco sirve de excusa a la procuradora para haber pasado por encima de la Constitución, porque ésta no exime de responsabilidad, según lo establece el artículo 1 del Código Civil.

Mientras aquí pretenden justificar lo que hizo la procuradora, en España el famoso juez Baltasar Garzón enfrenta un posible proceso por ordenar interceptaciones de conversaciones privadas, sin el debido procedimiento. Ni Garzón, ni ningún español ha osado decir que se está resquebrajando la institucionalidad democrática del Estado español.

En países desarrollados nadie puede estar por encima de la Constitución ni de Ley, por eso Garzón tiene problemas y hace años el presidente Nixon los tuvo con las escuchas ilegales en el edificio “ Watergate ”.  Veamos los vínculos siguientes sobre el caso del juez Garzón: http://www.elconfidencial.com/espana/colegio-abogados-madrid-intencion-querellarse-garzon-gurtel-20100114.html; http://www.libertaddigital.com/nacional/la-union-internacional-de-abogados-tambien-denuncia-las-escuchas-de-gar zon-1276375047/

El fiscal Dall”Anese nunca pensó preguntar en la APEDE, pretendió intervenir después del último expositor, sin estar en el programa.   Aunque soy descendiente de costarricenses por vía materna, jamás se me ocurriría ir a Costa Rica —menos aún si fuese un alto funcionario— para opinar de temas que competen a los costarricenses.

Ése es un principio de derecho internacional que al fiscal Dall”Anese no le gusta acatar. Por eso, tiene experiencias en escándalos internacionales, como el que provocó en Estados Unidos el 23 de abril de 2008, cuando lo detuvieron y lo mandaron de regreso a Costa Rica. En su informe sobre los acontecimientos aseguró que “ me detuvieron y me trataron peor que a un delincuente ”.   Sea cual fuere la razón, desató un incidente internacional, como el que pudo provocar en Panamá.

Es que quien vino a ofendernos, para defender a su amiga la procuradora, es ducho en problemas internacionales. Veamos los siguientes vínculos: http://www.munditico.com/documentos/4-documentos/111-informe-del-fiscal-dall-anese.html; http://www.eluniverso.com/2008/04/26/0001/14/2C5721DB9A8542278458

B7EE32904CD0.html

El suscrito sí puede viajar a EE.UU. con toda tranquilidad, país al que admiro y quiero, donde estudiaron mi padre y mi amada esposa y donde tengo grandes amigos. El fiscal Dall”Anese en su escrito intentó tergiversar los hechos que ocurrieron en la APEDE.   Solo me pregunto: ¿Será imparcial y objetiva la justicia en Costa Rica?

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Publicado el  26  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Abel Zamorano: un nombramiento acertado

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La opinión del Abogado …..

ITALO I. ANTINORI BOLAÑOS

En 1976 cuando empezaba mi carrera de Derecho en la Universidad de Panamá, conocí a un joven inteligente, amante de la justicia e inquieto por grandes reivindicaciones sociales. Ambos veníamos del interior: él,  de La Peña en Veraguas, y yo, de Tolé en Chiriquí.   Así conocí a Abel Augusto Zamorano.

Nunca he sido su amigo íntimo, pero he seguido de cerca su actuación como profesional, docente y administrador de justicia.  En 1993 cuando el suscrito había regresado al país con el Doctorado en Derecho (especializado en Derecho Constitucional) por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) me solicitó que dictara la Cátedra de Derecho Constitucional para estudiantes de la Maestría en Derecho.

Todos mis estudiantes eran licenciados en Derecho, requisito elemental para acceder a la maestría. Cuando empecé a dictar la clase, encontré que entre mis alumnos había conocidos y connotados abogados de primer orden y entre éstos estaba Abel Zamorano.   No dudé en manifestarles que había sido la vida y las circunstancias de ostentar el grado de Doctor lo que me había llevado a estar colocado frente a ellos como profesor, pero que durante el curso iba a estar sentado como alumno aprendiendo de todos ellos, como doctos profesores míos.

Y así fue, puesto que el intercambio de conceptos hizo que interactuáramos en fértiles y profundas cavilaciones del derecho constitucional, de la teoría de Estado y de la teoría de la representación.

Abel Zamorano ha sido una persona tan considerada y respetuosa que después de ese curso, no ha dejado de distinguirme con el saludo de profesor, hecho que denota una calidad personal y profesional cada vez menos común en nuestra sociedad.

La designación de Abel Zamorano como magistrado suplente de la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte del Ejecutivo, es atinada y adecuada. Con ella se hace un homenaje a quienes venimos, hace más de veinte años, desde el campo a la ciudad en procura de un título académico en derecho, obtenido en buena lid.

Tal nombramiento es un reconocimiento al académico y al estudioso del Derecho Procesal, al profesional destacado que ha buscado siempre despuntar intelectualmente, al docente que sin egoísmos ha compartido sus conocimientos, al Administrador de justicia sensato y justo, al autor de obras, al organizador de foros y seminarios de gran calidad donde se difunde el pensamiento.

Se hace una distinción al abogado que buscó grados académicos superiores al de la licenciatura, obteniéndolos dentro y fuera del país (Maestrías en ULACIT y especialidades en la Universidad de Salamanca, España).

En fin, con la designación de Abel Augusto Zamorano se cumplen los presupuestos adecuados para ser magistrado de la CSJ y no se puede negar que en él tenemos a un profesional estudioso que ha buscado siempre la excelencia académica. Su designación no solo es apropiada y juiciosa, sino que envía un mensaje correcto a quienes ansían superarse por la vía del estudio y de la perseverancia.

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Publicado el  10  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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El gran perdedor

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La opinión del Abogado….

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Italo Antinori Bolaños
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El 26 de octubre de 2009 declaré que no presentaría mis documentos a la convocatoria porque no me gustan ni participo de las farsas; mucho menos de las comedias bufas (El Siglo, 26/10/2009).   El tiempo me dio la razón.

El Gobierno se burló de la dignidad de los abogados que creyeron en la sinceridad de la convocatoria.

En la lista desechada y mancillada, había abogados dignos y probos como Guillermo Márquez Amado, Julio Arias Villalaz, Ángela Russo, Dimas Guevara y muchos otros que nos merecen consideración y gran respeto.

¿Por qué convocarles y luego no acatar las reglas del juego que ellos mismos habían impuesto?   No encuentro razón ni sentido racional para que el Presidente haya herido la dignidad personal y profesional de los aspirantes, no sólo con ignorarles para una de las dos posiciones, sino que laceró, sin ninguna necesidad, su integridad cuando sorpresivamente declaró “que de la lista de 71 aspirantes, 26 de los abogados habían defendido a narcotraficantes” (La Prensa, sábado 19/12/2009).

El Presidente se equivoca terriblemente, porque confunde la causa que se defiende o se representa con el abogado que está ejerciendo la profesión de la que vive y para la que se preparó.

Según tan peculiar teoría, tendríamos que decir que el médico que atiende y salva a un asesino se convierte en otro asesino similar al que salvó. ¡Qué horror…!

Suponemos que por eso –entre otras razones– buscó fuera de la lista al impoluto, virtuoso, académico, culto y erudito personaje, llamado Alejandro Moncada, quien en menos de una semana apareció, brilló y resucitó como nuevo ungido; proclamado y designado magistrado.

Y como si fuera poco, le otorgaron una resolución automática en el Ministerio de Gobierno y Justicia (idoneidad para ser magistrado) que, en menos de 24 horas, la firmó el ministro y viceministro y publicada ese mismo día en la Gaceta Oficial. Es una extraordinaria velocidad no vista antes.

José Abel Almengor estuvo en la lista de los 71 aspirantes. Fue sometido al escrutinio, igual que los demás y hubo objeciones en su contra.  Las analicé con sumo cuidado y también los descargos que éste presentó con un documento con pruebas para desvirtuar las objeciones.

Contra Almengor también circula, por internet, un legajo de 67 páginas que gentilmente me hizo llegar el abogado Sidney Sittón.  No obstante, el documento no tiene firma responsable y, por tanto, no podemos darle validez a un anónimo. Tal hecho sería como aupar la “subcultura del anónimo” que, por elemental principio, toda sociedad debe rechazar.

Debemos ejercitar el deber cívico de objetar, pero dando nuestro nombre y no escudarnos en anónimos que utilizan los asaltantes de honras, para desacreditar a los demás. Es probable que a Almengor le haya resultado de alguna conveniencia tener como suplente al magistrado Wilfredo Sáenz –quien no tuvo objeciones en contra– y quien es, todo un gran señor, honorable, recto y académicamente sobresaliente.

El otro designado, Moncada, como no estaba en la lista, no fue sometido al período de observaciones por el que pasaron todos los 71 aspirantes, en la Comisión de Credenciales.  Irónicamente a quien le designaron como su suplente, la Lcda. Zaira de Latorraca parece estar mejor preparada que él para el cargo y cuenta con experiencia en el Órgano Judicial. Como Moncada apareció y fue designado rápidamente, nadie tuvo tiempo de buscar elementos para objetarle.

Como particularmente tenía informes fidedignos –desde el jueves 10 de diciembre– que sería designado magistrado, logré preparar algunas observaciones conceptuales, firmes y puntuales. En un acto responsable critiqué conceptos y nunca entré a mencionar temas personales de Moncada.

Con seriedad académica sustenté mis observaciones en una entrevista con Álvaro Alvarado (Canal 13), el lunes 14 de diciembre.   Sin embargo, al día siguiente en el programa “Debate Abierto” (Canal 4) una representante de Moncada, respondió a mis críticas de altura, con un agreste y chocarrero ataque personal lleno de calumnias contra mí, tan bajo, ruin, cochambroso y burdo, que sentí vergüenza ajena.

Pero, ¿qué hay en el fondo de este proceder? Quizá un mensaje intimidatorio contra el que se atreve a levantar su voz crítica e independiente.  Si actuaron de esta forma sin que Moncada fuese aún magistrado ¿qué no harán cuando sea magistrado titular?

En cuanto a la ratificación en la Asamblea, no existe autonomía de los diputados con relación al Ejecutivo, cuyo grupo parlamentario tiene una cómoda mayoría.

Sin embargo, la sociedad tiene el deber cívico de dejar constancia histórica de su opinión. Sin duda, algún día liberaremos a la Patria de los políticos que tienen como medio la mentira y como fin el poder… Si Martinelli cree que se salió con la suya, que vaya sabiendo que en este asunto, él es el gran perdedor.

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Publicado el  21  de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.