El asilo contra la opresión

La opinión de la Periodista…

CATIA ROJAS TORO
crojas@cwpanama.net

El coro del himno de Chile reza en una de sus estrofas ‘o el asilo contra la opresión’ idea que evoca el sentido de libertad y de protección y que ha sido usada para titular la experiencia que vivieron cinco sobrevivientes de Auschwitz y que terminaron en ese país sudamericano.

La acepción ‘asilum’ tiene su origen en Grecia y entraña lo inviolable. El concepto implica la protección a un individuo perseguido, pero además deja sentada esa protección en un lugar en que se sienta inmune y seguro de cualquier persecución.

Este principio está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, por citar las más elementales. En todas, el asilo se reconoce cuando hay una (s) persona (s) que es perseguida (s) por motivos ideológicos o políticos y por lo tanto se ve (n) obligada (s) a pedir protección a otro Estado. La Fundación Español Urgente advierte que asilo diplomático y político tienen distintos significados. El primero hace referencia al derecho que tienen los legaciones diplomáticas de ‘albergar y proteger a cualquier persona perseguida por razones políticas’, mientras que el político o territorial es la ‘acogida dispensada por un Estado en el territorio de su soberanía a los extranjeros que buscan refugio en él por encontrarse perseguidos en sus países de origen por razones políticas, raciales o religiosas’.

El asilo concedido a la ex jefa del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), María del Pilar Hurtado, ha generado una controversia que transgredió nuestra fronteras y ha colocado la política exterior en una mala posición, lo que como de costumbre no le quita el sueño al gobierno. No hubo necesidad de campaneo, para que, más rápido que ligero, Panamá le concediera la calidad de asilada a tan polémica figura.

No se puede soslayar que este asilo genera mucha suspicacia. Un asilo que sabe más a impunidad que a inmunidad. Sabemos —como lo confirmó la propia Hurtado— que la idea le fue dada por el ex presidente Álvaro Uribe, tal vez como medida que le permitiría evadir la investigación de las que es objeto la ex funcionario por ‘pinchar’ conversaciones de opositores, un delito por el que en Panamá se juzgó, condenó y destituyó a la ex procuradora Ana Matilde Gómez. ¿Acaso esto no es una incongruencia moral, jurídica y hasta política?

Pero no conforme con esto, el gobierno suma a sus argumentos que como país, tiene derecho soberano para reconocer la condición de asilo y lo comparan con otros dados a reconocidas figuras de relieve internacional.

Pues sí, es cierto que el país tiene el derecho soberano no solo de aceptar sino a rechazar la solicitud, pero, por favor, no sean necios con las comparaciones. Revisemos algunos ejemplo, con solo repasar algunas biografías en Wikipedia. Raoul Cedras, recibe asilo tras su derrocamiento en 1994 con la operación Restaurar la Democracia, ordenada por Bill Clinton; Jorge Serrano Elías termina asilado en Panamá luego de que se declarara inconstitucional el autogolpe de Estado llamado el ‘Serranazo’. Panamá tiene una tradición en esta materia y concedió asilo a víctimas de persecución política de las dictaduras militares surgidas durante la década de los ’70 en Centro y Sudamérica. El marco referencial de estos asilos es que los sujetos activos fueron víctimas de persecuciones políticas y en sus Estados no tenían garantizada la seguridad y protección personal. Los entornos en sus países eran violentos, represivos y con la consecuente ruptura del orden constitucional. Esta no se parece en nada a la situación argumentada por Hurtado.

Lo último que pensé que se podía sugerir es que Manuel Antonio Noriega debió pedir asilo para evitar la invasión, lo que es una ignorancia supina, porque no tenía los motivos para hacerlo, pues, no era perseguido. Todo lo contrario.

Los ejemplos más arriba descritos, se ajustan al principio internacional que reconoce el asilo y no deja a interpretaciones convenientes su aplicación, porque sería desvirtuar ese derecho universal. No se asila a delincuentes comunes, con el único propósito de que evadan la justicia y la rendición de cuentas menos aún si en ese Estado, la separación de poderes está claramente dividida y se respeta el debido proceso. Justificar la condición de asilo otorgada a Hurtado solo puede ser interpretado como una dicotomía moral, puesto que por un lado a la nacional la mandan a la cárcel y a la extranjera la protegen. La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo —le dijo el emperador a Pompeya— y agrego; por favor, pongan a esa ‘chuzadora’ en su lugar.

<> Este artículo se publicó el 10 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.
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Viajeros presidenciales

La opinión de la periodista….

CATIA ROJAS TORO  
crojas@cwpanama.net

Un tema que despierta el interés de todos son los viajes que hacen nuestros mandatarios. Una cuestión que no se ve con buenos ojos en varios países de Sur y Centroamérica. Un mismo tema, con las mismas preguntas sin respuestas.

En Argentina —como da a conocer aeronoticias.com.pe— se quiere conocer el costo que tiene para los contribuyentes que la presidenta Cristina Fernández use el Air Bus A—340 de la Aerolínea Argentina y no el avión presidencial que Carlos Menem adquirió por un valor de $50 millones. Con datos como este nos preguntamos: ¿dónde dejan nuestros mandatarios el pudor ético?

En nuestro país el tema toma relevancia mediática particularmente en campaña electoral. Pero mientras llega ese momento, las críticas de los opositores de turno no cesan. Martín Torrijos en el año 2001 aseguró que los de Mireya Moscoso no resultaban, porque la inversión extranjera —necesaria en ese momento para atacar la desaceleración— no se montaba en la aeronave con ella.

Un Torrijos ya con banda presidencial, sí pudo hacer la diferencia: viajó 89 veces —no en vano se ganó el apodo ‘el muñeco que pasea’—. Antes que él, Guillermo Endara lo hizo 23 veces, Ernesto Pérez Balladares dejaba el palacio de las Garzas y una marca de 49 viajes —los más criticados—. Mireya Moscoso, programó 40 salidas —nueve menos que las de Pérez Balladares—, pero con propósitos que motivaron reprobación y hasta la hilaridad por lo ridículo de sus justificaciones.

Volviendo a Torrijos, recordamos que salió a la palestra pública para dejar claro que; ‘sus viajes serían solamente de trabajo’, declaración que al final no resultó ser del todo cierta, tal como los medios lo reportaron en más de una ocasión.

Bien dicen que el pez muere por la boca. El presidente Ricardo Martinelli acusó a Torrijos de usar el avión para ‘parrandear y pachanguear’ a costilla de nuestra plata, pasarse de viaje en viaje y no atender los asuntos del país. Desde la oposición criticó la intención de comprar una nueva aeronave. ‘Yo no tengo ninguna intención de comprar un avión para usarlo, porque yo no necesito esas babosadas’, afirmó categóricamente. Y fue más lejos cuando en campaña electoral puso a disposición de su gobierno el avión personal.

El discurso a la hora del quiubo desafinó. Se puso en remate el viejo avión y se tramitó la compra de uno de lujo —valorado en $22 millones— y cuyo nombre quedó reducido a Legacy —que traduzco como el legado de una deuda que pagaremos todos con nuestra plata—.

Compiten por la marca más grande en millas acumuladas, Torrijos y Martinelli. Mientras el último suma 25 con dos cancelaciones en su primer año de gobierno; el último para el mismo período realizó 27.

Los viajes presidenciales deben enseriarse y un primer paso es que se formalice una política de Estado al respecto. Demandar de los partidos políticos propuestas de gobierno encaminadas a dar a la Nación prestigio y seriedad en los periplos internacionales y que incorporen la rendición de cuenta en términos de develar la inversión que proponen hacer para de este modo separar este tema de la propaganda. Este camino evitará en el futuro a los cínicos que creen que pueden engatusarnos con sus discursos improvisados de campaña electoral.

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<> Este artículo se publicó el 19 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la   autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/rojas-toro-catia/

El FFD y la tozudez de los gobiernos

La opinión de la periodista…

CATIA ROJAS TORO

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) fue creado por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares en 1995 —no por generación espontánea— con la finalidad de que los dineros de la privatización revirtieran en obras sociales en pro del país, al mismo tiempo que se constituía la única fuente de ahorro nacional.

El FFD se compuso por los ingresos provenientes de la privatización de empresas públicas —IRHE, INTEL y puertos— y de los activos de la Región Interoceánica. Las disposiciones sobre su uso prohibían la utilización del capital, que a finales de la administración Pérez Balladares totalizaba mil trescientos (1300) millones de dólares, cantidad equivalente en acciones que el Estado tiene en las empresas operadora. Se estableció una política de inversión de bajo riesgo, para lo que se ordenaron depósitos a corto plazo en bancos solventes.

Desde el año 2000 sufrió modificaciones, que resultaron en importantes mermas a su capital. Mientras que a finales de 1999 el 95% del capital era líquido, a mediados de la administración Torrijos solo el 5% del monto total cumplía con esa condición. Mientras el monto total del FFD sumó en 1999 mil trescientos millones; en 2007 la cuantía se desmejoró sustancialmente para totalizar unos 1120 millones.

La ex presidenta Mireya Moscoso fue la primera en proponer una modificación a la ley original, cuando impulsó un cambio que permitiera usar el capital del Fondo Fiduciario para el Desarrollo en obras sociales con el pretexto de reactivar la economía. La Asamblea Nacional aprobó el uso de 200 millones en una diversidad de obras, entre ellas el proyecto de riego en la provincia de Chiriquí Remigio Rojas, que terminó siendo financiado con un préstamo de un banco local. A la fecha no se han rendido cuentas, no solo del uso sino del destino de fuentes que debieron ir a ese fondo durante los gobiernos de Moscoso y Torrijos.

Una investigación del diario La Prensa, en el año 2007, evidenció que durante esos períodos gubernamentales se dejaron de depositar cerca de 229 millones producto de ventas de activos de la Región Interoceánica; mermando el capital del FFD y contraviniendo la Ley que lo creó.

Incluso un Torrijos, que dedicó gran parte de su discurso presidencial a destacar su gestión por encima de los gobiernos anteriores, utilizó 10 de los 200 millones en el año 2007 argumentando que se requirieron para activar la economía, una excusa que ese año perdía validez. Este gobierno, cuantifica los montos que no fueron depositados en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo por la administración Torrijos en 520 millones.

Aunque la salida al mercado liderada por la Administración Martinelli aumentó su capital y le devolvió liquidez, reavivar iniciativas como la de Moscoso, puede arrojar resultados más drásticos que los vistos —mejor dicho, no vistos— en ese momento.

Proponer el uso de cerca de 400 millones para la compra de los corredores es un cambio en sentido de retroceso y por demás incoherente, si el principal motivo que se tuvo para que estos pasaran a manos del Estado fue una reducción en el costo del peaje, lo que fue descartado inmediatamente por el presidente de la República.

El Estado panameño traspasó a manos de operadores privados los servicios públicos, los que, además de invertir en infraestructura, respondían por la eficiencia y eficacia en la prestación de estos servicios.

Lo ideal sería que, así como la ampliación del Canal se consultó en un referéndum, el uso de los dineros del Fondo Fiduciario para el Desarrollo sea una decisión de todos y no una cuestión dejada a la tozudez que tienen los gobiernos en meterle la mano. Aunque he de reconocer que la idea da escalofríos. No vaya a ser, al paso que vamos, que quedemos aprobando la reelección a 5 años.

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Artículo publicado el 25 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

Meter la mano al fondo

La opinión de….

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Catia Rojas Toro

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) fue creado por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares en 1995 –no por generación espontánea– con la finalidad de que el dinero de la privatización se revirtiera en obras sociales en pro del país, al mismo tiempo que se constituía como la única fuente de ahorro nacional.

El FFD se compuso por los ingresos provenientes de la privatización de empresas públicas –IRHE, Intel y puertos– y de los activos de la Región Interoceánica. Las disposiciones sobre su uso prohibían la utilización del capital que, a finales de la administración Pérez Balladares totalizaba mil 300 millones de dólares, cantidad equivalente en acciones que el Estado tiene en las empresas operadoras. Se estableció una política de inversión de bajo riesgo, para lo que se ordenó depósitos a corto plazo en bancos solventes.

Desde el año 2000 sufrió modificaciones que resultaron en importantes mermas a su capital. Mientras que a finales de 1999, el 95% del capital era líquido, a mediados de la administración Torrijos solo el 5% del monto total cumplía con esa condición. Mientras el monto total del FFD sumó en 1999, mil 300 millones; en 2007 la cuantía se desmejoró sustancialmente para totalizar unos mil 120 millones.

La ex presidenta Mireya Moscoso fue la primera en proponer una modificación a la ley original, cuando impulsó un cambio que permitiera usar el capital del FFD en obras sociales con el pretexto de reactivar la economía. La Asamblea Nacional aprobó el uso de 200 millones en una diversidad de obras, entre ellas el proyecto de riego Remigio Rojas que terminó siendo financiado con un préstamo de un banco local. A la fecha no se han rendido cuentas no solo del uso sino del destino de fuentes que debieron ir a ese fondo; durante los gobiernos de Moscoso y Torrijos.

Una investigación de La Prensa en 2007 evidenció que durante esos períodos gubernamentales se dejaron de depositar cerca de 229 millones producto de ventas de activos de la Región Interoceánica; mermando el capital del FFD y contraviniendo la ley que lo creó.

Incluso un Torrijos que dedicó gran parte de su discurso presidencial a destacar su gestión por encima de los gobiernos anteriores, utilizó 10 de los 200 millones en el año 2007, argumentando que se requirieron para activar la economía, una excusa que ese año perdía validez. Este gobierno cuantifica los montos que no fueron depositados en el FFD por la administración Torrijos, en 520 millones.

Aunque la salida al mercado liderada por la administración Martinelli aumentó su capital y le devolvió liquidez, reavivar iniciativas como la de Moscoso, puede arrojar resultados más drásticos que los vistos –mejor dicho no vistos– en ese momento. Proponer el uso de cerca de 400 millones para la compra de los corredores es un cambio en sentido de retroceso y por demás incoherente sí, el principal motivo que se tuvo para que estos pasaran a manos del Estado fue una reducción en el costo del peaje; lo que fue descartado inmediatamente por el Presidente.

El Estado panameño traspasó a manos de operadores privados los servicios públicos, quienes además de invertir en infraestructura respondían por la eficiencia y eficacia en la prestación de estos servicios. Lo ideal sería que, así como la ampliación del Canal se consultó en un referéndum, el uso de los dineros del FFD sea una decisión de todos y no una cuestión dejada a la tozudez que tienen los gobiernos en meterle la mano. Aunque he de reconocer que la idea da escalofríos. No vaya a ser que al paso que vamos, quedemos aprobando la reelección a cinco años.

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Este artículo se publico el 22 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a l autor,  todo el crédito que les corresponde.

Respuesta a un disenso cínico

Respuesta a un disenso cínico

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La opinión de la Periodista y Jefe de Prensa del Ex Presidente Dr. Ernesto Perez Balladares…

CATIA ROJAS TORO

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Hace unos días un articulista de este medio escrito (Estrella de Panamá) esbozó una serie de argumentos —desfachatados— contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares con la vana intención de descalificar su liderazgo político en el plano nacional.

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El autor llega a conclusiones bastantes forzadas en temas como el que quiere trascender.  Paso a responder.  La Junta de Control de Juegos (JCJ) determinó que a nombre del ex jefe del Ejecutivo no existen acciones en ninguna de las empresas que se asocian a él por vínculos amicales o familiares.

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Aunado a esto, el propio ex mandatario ha reconocido que durante su administración se otorgaron concesiones en sus diversas figuras en apego a la Ley y respetando el marco jurídico creado para tales fines. Con este proceso se puso en manos privadas la operación de las telecomunicaciones, el sector eléctrico, los puertos, casinos, salas de máquinas tragamonedas y las centrales azucareras.

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A propósito de las últimas, en campaña electoral se quiso insinuar que las centrales azucareras fueron casi regaladas a sus operadores privados y en ese momento, como lo hizo ahora, el ex presidente , salió a negar esta versión bastante politizada de esa adjudicación pública.

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La referencia a las privatizaciones nos lleva a concluir que la ignorancia en muchas ocasiones tiene olor a falacia. Veamos por qué: en el caso del mercado eléctrico los componentes del régimen tarifario y las interpretaciones de los actores del mercado llevaron al surgimiento de las distorsiones. Nada más recordar la propuesta del entonces Ente Regulador de los Servicios Públicos de favorecer la generación térmica (“ Combustible antes que agua ”, La Prensa 4 de abril de 2001).

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El ex jefe del Ejecutivo encargó a un prestigioso buró de abogados un estudio de las disposiciones jurídicas en el caso señalado y de las que se concluyó que el antiguo Ente estaba en capacidad —como la tuvo la ASEP— de realizar las correcciones necesarias. Pero ahora nos salen con que inventaron el agua tibia.

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Aplaudo que el autor, destaque que los operadores de los servicios básicos de los cuales el Estado —o sea todos nosotros— es socio, paguen dividendos. Lo que resulta óptimo si comprendemos que el Estado dejó de invertir en estos sectores y eso se transforma en disponibilidad para emplear mayores recursos financieros en programas sociales. No está mal reconocer que la privatización nos ha dado ventajas competitivas como país. También es de valientes reconocer —como Pérez Balladares lo hizo públicamente— que se debe analizar el beneficio o no de este proceso y de ser necesario entonces tomar las acciones que el marco legal y la jurisprudencia nos permita hacer.

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Tal como afirma el articulista, corresponderá a las autoridades competentes realizar las investigaciones pertinentes en el caso que refiere, obviamente respetando el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia. Otra cosa distinta, es la discusión que a través de la opinión se hacen de estos temas en los que prevalece por la propia naturaleza del género y algunas otras motivaciones; lo subjetivo.

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Creo que si de lecciones de moral se trata, deberíamos empezar por analizar la conveniencia que tienen para el interés nacional las designaciones de embajadores que guardan vínculos familiares con ministros y el propio presidente de la República, a propósito de la cita que hace en relación a mirar la paja en el ojo ajeno.

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Le informo al letrado que, en el caso referido a las aspiraciones frustradas del candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en 1999; éste tomó la decisión acertada o no de desvincularse de la gestión presidencial.   El resto de su sustento es una mera especulación.

El ex mandatario tiene la facultad —como todos nosotros— de ejercer el derecho a opinar. Potestad que también tiene Usted —por muy incoherentes que sean sus ideas— y si se siente saturado, pues está facultado para hacer ¡“ swich off ”! Por último me reitero en que la opinión es ciertamente un derecho y es a través de ella que expresamos nuestro consenso o disenso en torno a asuntos públicos, y se aporta un flujo de información necesario.

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Sin embargo, la opinión no está fundada en una certeza o realidad, sino en el modo particular que tiene una persona de percibir las cosas, por lo que ese derecho también conlleva responsabilidades. La democracia es tolerancia, pero la tolerancia no significa permitir la difusión de falsedades.

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Publicado el 31 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que le corresponde