Los entuertos del asilo de María del Pilar Hurtado

La opinión del Periodista…

ABDEL FUENTES
abdel.fuentes@yahoo.com

En noviembre del 2010 el presidente Ricardo Martinelli, concedió asilo territorial a María del Pilar Hurtado, una ex funcionaria colombiana que es procesada en su país por escuchas ilegales. El ex presidente Álvaro Uribe, estuvo tras el indulto. Así lo confirmó a CNN en español Daniel Coronell, director del medio independiente en Colombia, Noticias Uno, quien asegura haber sido confirmado de ello por Hurtado, antes que Panamá le concediera el asilo.

 

Recientemente, el viernes 21 de enero de 2011, el Tribunal Superior de Bogotá, ordenó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes hacer pública la investigación contra Uribe por las interceptaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), organismo de inteligencia del cual la señora Hurtado fue directora. La decisión del Tribunal es una respuesta a la negativa de la Comisión de Acusaciones ante la solicitud que le hizo un representante del Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo, de hacer público dicho proceso. El tribunal concluyó que la comisión está obligada constitucionalmente a adelantar las investigaciones de manera pública, permitiendo el acceso general al expediente y realizando sus deliberaciones de cara a la Nación.

 

Del 2003 al 2009 el DAS de Uribe interceptó ilegalmente las comunicaciones de jueces de la Corte Suprema, políticos opositores, periodistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.   Según la agencia EFE, el ex subdirector de Fuentes Humanas del DAS, William Romero, detenido actualmente, en diciembre del 2010 acusó a Uribe de ser el principal destinatario de las interceptaciones ilegales. Declaró a varias emisoras colombianas que recibió órdenes de Hurtado para darles seguimiento a magistrados de la Corte S uprema de Justicia. También reveló que la información era suministrada a Uribe, según lo manifestado por Hurtado.

 

Romero y la detective del DAS, Alba Luz Flórez Gélvez, detenida por el mismo proceso, le piden a María del Pilar Hurtado que regrese a Colombia, para que admita su responsabilidad en el espionaje ilegal realizado cuando fue directora del DAS entre agosto de 2007 y octubre de 2008.

 

Romero quien teme por su vida ha denunciado ser objeto de amenazas y asegura que Hurtado se asiló en Panamá para proteger a Uribe. De acuerdo al periodista colombiano Juan Cendales, no es la primera vez que a ex funcionarios de Uribe, investigados en procesos judiciales, tratan de encontrarles refugio. Asegura que este parece ser el camino diseñado por Uribe para quienes podrían terminar señalándolo como cerebro de sus acciones ilegales. Cita los casos de Jorge Noguera, primer director del DAS, hoy en prisión por sus vínculos criminales con el para-militarismo y quien fue designado cónsul en Milán, en medio del proceso que se le seguía. Salvador Arana, –actualmente en prisión–, fue enviado a la embajada de Colombia en Chile, cuando era acusado del asesinato de un alcalde del partido, ‘Polo Democrático Alternativo’. Varios jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos cuando sus confesiones empezaban a tocar el círculo más estrecho de Uribe.

El espectador.com de Colombia, del 24 de enero de 2011, informa que Luis Guillermo Pérez, representante de las víctimas de las ‘chuzadas’ del DAS, presentará una demanda constitucional en Panamá en contra del Gobierno de Martinelli por el asilo de Hurtado.   Este asilo, junto a una legión de barbaridades, obras de la administración actual, es más elocuente que sus propagandas de televisión. ¡Vamos bien !

 

Este artículo se publicó el  2  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Otro 19 de diciembre

La opinión del Jurista y Activista de derechos humanos…

Miguel Antonio Bernal

Pasado mañana se cumplirán 31 años de la salvaje golpiza que, con intenciones de matarme, perpetraron tenebrosos integrantes del G-2 y la Guardia Nacional. Torrijos y su Gobierno, habían aceptado gustosos la imposición del Gobierno de Jimmy Carter de “dar asilo” al Sha de Irán en Panamá.

Desde su arribo a nuestro suelo patrio, el sábado 15 de diciembre de 1979, la población panameña expresó su desagrado por tal decisión.

Algunos comentaristas radiales convocamos a una manifestación pacífica para el miércoles 19 ante la Iglesia Don Bosco, en repudio a su presencia.   El día anterior, habían secuestrado a Betito Quirós con intención de matarlo… Poco antes de las cuatro de la tarde de ese día, varias decenas de personas habían comenzado a reunirse en el atrio de la Iglesia Don Bosco. También fueron concentrándose, a cierta distancia, numerosos radiopatrullas y motociclistas de la Guardia Nacional, todos con arreos de combate. Se notaba también la presencia de un sinnúmero de agentes del G-2, la mayoría de ellos difíciles de identificar pues vestían de civil.

Los, entonces, mayores Julián Melo y Armijo nos comunicaron que “por órdenes superiores la manifestación no podía celebrarse”.   Al solicitarles que mostraran la orden legal que servía de fundamento a la prohibición, su sola respuesta, fue que eran “órdenes superiores” y que si había manifestación, “pagarán las consecuencias”.

No bien habíamos empezado a agruparnos para marchar, se dejó oír el ruido ensordecedor de más de 20 motocicletas, al tiempo que las mismas avanzaban hacia el público.   Como consecuencia se produjo el pánico y los manifestantes corrieron. Las motocicletas se detuvieron a escasos metros de dónde yo me encontraba. Megáfono en mano, caminé hacia los guardias con el propósito de parlamentar. En fracciones de segundo, con una ferocidad inaudita, manguera en mano y vociferando un torbellino de vulgaridades y a los gritos de: “Aquí está Bernal, pégale, mátalo”, los motociclistas se me echaron encima apoyados por numerosos G-2 y otra serie de elementos armados y en civil.   Unos a otros se empujaban para poder golpearme. Los manguerazos, puñetazos, puntapies, cayeron sobre mí con furia brutal. Eran demasiados, era una mancha inmensa con uniformes y mangueras que golpeaba y golpeaba, sin ningún escrúpulo, que me levantaban cuando caía para seguir golpeándome, que me arrastraban de un lado a otro impacientemente sin dejar de agredir una sola vez por todo el cuerpo.

La brutal golpiza alcanzó también a Victor Navas King, quien intervino en forma desesperada para tratar de sacarme del círculo mortal, como también lo hiciera Doña Elvia Lefevre de Wirz y otra dama desconocida. A lo lejos se escuchaban los gritos del público indignado e inerme que se confundían con las voces de los verdugos que repetían hasta el cansancio: “¡Pégale, Mátalo!”.   El más feroz de todos era el que comandaba la agresión y que luego se supo era conocido con el significativo apodo de “Sangre”.

En estado de inconsciencia se me condujo al Cuartel Central y mucho tiempo después, al Hospital Santo Tomás dónde los médicos me dieron, durante varios días, la atención que me salvaría la vida. La represión violenta que aquí narro no fue, lamentablemente, un hecho aislado, fue un capítulo que años más tarde se repetiría, con igual o mayor crueldad, contra numerosas víctimas. Los responsables directos de la agresión fueron debidamente denunciados públicamente por mí en numerosas oportunidades y, finalmente, ante las autoridades judiciales en 1990. A pesar de todas las pruebas testimoniales, fotográficas, médicas, videos y demás, se decretó la prescripción de la acción penal por los delitos contra las libertades públicas, libertad individual, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los funcionarios públicos, de asociación de malhechores y de lesiones personales. Por su parte, el dos de febrero de 1994, el Segundo Tribunal de Justicia, “administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley”, haciendo suyo el adagio “summum ius, summa iniuria”, negó la apelación y confirmó la decisión, dejando así en la más absoluta impunidad los delitos perpetrados. Treinta y un años después y con la reciente represión en Changuinola, siguen “los mismos con las mismas” y es doloroso constatar que… aún no hay jueces en Berlín.

<>Artículo publicado el  17  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Principios vs. maleantería

La opinión del Médico, Político y Ex Pre candidato presidencial

JORGE GAMBOA AROSEMENA
jgamboarosemena@hotmail.com

EL DR. Carlos Iván Zúñiga fue declarado por ley de la Asamblea Nacional como un patriota digno de ser ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Uno de sus mensajes que nos daba constantemente era que había que apegarse a actuar de acuerdo a los principios cívicos y cuando se está en crisis, más nos debemos apegar a ellos.

Hay ilusos, ignorantes o analfabetas morales que creen que el fin justifica los medios y así, para enfrentar una crisis, se apartan de principios y creen que está permitido actuar deshonestamente y hasta delictivamente.

Las comunicaciones entre personas o entre entidades, si estas no se hacen públicamente, son consideradas de carácter privadas y son protegidas por leyes y convenios internacionales como los de Derechos Humanos. Violar esta privacidad sin que medie orden de autoridad judicial competente es violar los derechos de las personas naturales o jurídicas y es penado por la ley.

La colombiana asilada por la estulticia moral de este gobierno es un vivo ejemplo de la maleantería política so pretexto de que ‘chuzar’ llamadas era necesario porque el Estado, a través del gobierno, tenían que conocer que hacían o decían en sus comunicaciones una serie de ciudadanos colombianos que la paranoia de un gobierno con proclividades dictatoriales realizaba. Interceptar llamadas sin orden judicial es un delito y los que lo hacen, ordenan o apadrinan son delincuentes porque violan leyes y principios que el Patriota Zúñiga y tratados internacionales nos dicen que no se deben quebrantar.

Nuestro gobierno ha concedido asilo político territorial a la chuzadora colombiana, haciéndose cómplices de este exabrupto, por acción, el presidente y el canciller, y por omisión, todos los demás miembros del gabinete. El jefe de la chuzadora, el que algunos analfabetas morales consideran un buen presidente, está vinculado a la acción delictiva, como Nixon lo estuvo con Watergate. Si no medió orden judicial, no podían pinchar teléfonos de ninguna manera y son delincuentes.

La razón parece estar en que el Ejecutivo colombiano la necesitaba fuera de Colombia para que no hiciera caer, como castillo de naipes, la inexistente institucionalidad confesada por Uribe. El Plan Colombia, aupado por los EUA y la derecha regional, cerraron filas como cuando cuadraron el círculo de justificar el golpe a Zelaya y el reconocimiento a Lobo.

Ni la derecha ni la izquierda pueden violar principios democráticos para mantenerse o hacerse del poder porque eso los convierte en delincuentes.

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<> Artículo publicado el 3 de diciembre  de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

 

 

 

 

El asilo

La opinión del Empresario y Político..

Samuel Lewis Galindo 

Panamá siempre ha sido un país muy abierto que ha brindado asilo a quienes en su nación se han sentido, por distintas razones, perseguidos. Hemos tenido refugiados como: Juan Domingo Perón, Raúl Cedrás, el Sha de Irán, y tantos otros. Su permanencia en nuestro país, además de darle seguridad personal a la persona, ha logrado con ello brindarle una mayor estabilidad a sus países de origen.

El Diccionario de la Lengua es muy claro al manifestar que el asilo significa “lugar privilegiado de refugio para los perseguidos”. Con motivo de la llegada a nuestro país primero como turista y luego, atendiendo su solicitud Panamá concedió el asilo a la Sra. María del Pilar Huertas lo que ha provocado toda clase de comentarios. Toca ahora al gobierno de Colombia, principalmente a las autoridades judiciales, el presentar los recursos por el delito o los delitos por los cuales se ha acusado a la otrora Directora del DAS en su país. No ha habido hasta ahora ningún pronunciamiento en firme contra la Sra. Hurtado, por consiguiente, nuestro gobierno no puede tomar otra decisión que la que tomó: brindarle refugio a quien se sentía perseguida.

Si mañana la Sra. Hurtado es considerada y condenada en su país por haber cometido un delito y solicitan su extradición, tocará entonces a nuestro gobierno tomar una decisión definitiva en cuanto a la permanencia de la Sra. Hurtado en Panamá. El Canciller Varela fue muy claro en este sentido al manifestar que el asilo a la Sra. Hurtado es temporal en espera de una decisión de las autoridades colombianas.

Se ha desatado en nuestro país una serie de comentarios en los cuales se ha inmiscuido al ex presidente colombiano Dr. Alvaro Uribe.    Es indudable que él que hizo mucho por su país, tuvo amigos como también enemigos. Estos últimos principalmente son las izquierdas que ahora se han movilizado para combatirlo.  Lo lastimoso de esto es que hayan escogido a Panamá como sitio para estos ataques afectando con ello una tradición panameña muy arraigada y con sus ataques a Uribe pretender enturbiar las buenas relaciones entre Panamá y Colombia. Las izquierdas entre los cuales están algunos movimientos estudiantes que han profesado sus lineamientos con las políticas del dictador venezolano, quien parece que se le olvidó que también estuvo exiliado. Moraleja: Ningún cura se acuerda cuando fue sacristán.

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<>Artículo publicado el  8  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Un asilo y muchas interpretaciones políticas

 

La opinión del Experto en Relaciones Internacionales….

 

GUILLERMO TATIS G., HIJO
gtatisg@gmail.com

El asilo territorial otorgado a la doctora María del Pilar Hurtado, ex directora general de la policía secreta (DAS) de Colombia ha generado una tempestad mediática de uno y otro lado de la frontera colombo-panameña, que no se justifica y que más allá del hecho mismo lo que desean sus detractores locales, aquí y allá, es aprovechar la oportunidad para golpear a sus gobiernos y ajustar cuentas políticas.

Por los lados de Bogotá se la tilda de una gran irresponsabilidad política y de un acto inamistoso con el gobierno del presidente Santos. La prensa colombiana sostiene que se ha hecho una interpretación torcida del asilo en la que se perjudica y lesiona la imagen de su país, además de constituirse en un golpe que lastima y va en claro detrimento de la justicia colombiana. Por su parte el gobierno, a través de su cancillería se lamenta de que no fuera informada y manifiesta oficialmente en un comunicado posterior que no habrá nota verbal de protesta.

De hecho el gobierno panameño ha aclarado que la medida tomada no puede interpretarse como de arreglo de recámara para proteger al ex presidente Uribe, a funcionarios de alto y mediano perfil, de este o del anterior gobierno que trabajaron o siguen trabajando para el gobierno del presidente Santos y pudieran en algún momento estar implicados en el caso de las ‘chuzadas telefónicas’, como se sugiere, y que se actuó con ‘el ánimo de contribuir a la estabilidad política y social de la región’, y en mi opinión, actuando soberanamente y ajustado a las normas establecidas en la Convención de Caracas sobre Asilo Territorial y el Pacto de San José, sobre la base de los Derechos Humanos, que expresa que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo.

Hay que tener claro que la ex funcionaria colombiana, si bien se la menciona en el caso de las ‘chuzadas’, no ha sido incriminada aún ni mucho menos indagada o vinculada judicialmente en ese proceso, como ya se da por hecho en Panamá. La base de su solicitud de asilo ni tan siquiera fue por ello. La doctora Hurtado invocó temores sobre su seguridad personal. Todos podemos recordar sin mayores esfuerzos todos los crímenes de lesa humanidad que las organizaciones delincuenciales han cometido contra sindicalistas, líderes comunales, ministros de Estado, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, candidatos presidenciales y ciudadanos de bien entre los que se cuentan comerciantes, industriales, ganaderos, inversionistas, labriegos, profesionales, en fin, la lista de los muertos y secuestrados, por las organizaciones criminales y cazarrecompensas es grande, muy grande, de manera que afirmar que la vida de la doctora Hurtado en Colombia está garantizada es ilusorio.

Pero la opinión pública vertida a los medios y reproducida por ellos, la rechazan y hasta hacen una insustancial e inicua comparación en cuanto a que por un lado el gobierno panameño ha concedido asilo a la doctora Hurtado, una persona procesada y acusada por supuestas víctimas de espionaje político y que por el otro condenó y destituyó a una ex procuradora Gómez, sin advertir, primero que ella fue investigada, encausada, juzgada y condena, y segundo que quienes llevaron todo el proceso que determinó su situación jurídica fueron las autoridades judiciales, no el Ejecutivo. La doctora Hurtado no está en una situación ni parecida con la de la licenciada Gómez, la ex directora del DAS no ha sido llamada a indagatoria en todo este proceso, situación que le permitió salir legalmente de Colombia, como naturalmente pudiera regresar de la misma forma si su vida no corriera peligro.

El Estado panameño conoce de la situación legal y política que rodea el sonado caso de las ‘chuzadas telefónicas’ y de la compleja situación política que vive Colombia. Los enemigos del sistema democrático llevan años tratando de socavar la democracia y el orden constitucional, desde dentro y fuera de sus fronteras, al ex presidente Uribe, al presidente Santos, al Ejército, a la Policía, al DAS y a todas las agencias de seguridad y defensa del Estado se les acusa de violadores de los Derechos Humanos, principios en los que estos denunciantes se escudan cuando son descubiertos. Ellos no son otra cosa que pregoneros solapados al servicio de su ideología, que es la de acabar con la democracia e instaurar una dictadura fascista vacía y falaz como la del Socialismo Siglo XXI. No le juguemos a los inocentes ni caigamos en sus emboscadas políticas. Para Colombia ha sido duro alcanzar la democracia y más difícil aún les ha sido conservarla, no vale la pena darle la razón a quienes la atacan desde las oscuras madrigueras.

Pudiera haber muchas más interpretaciones como opiniones diversas, pero lo cierto es que es al Estado que concede el asilo, territorial o diplomático, al que corresponde calificar las causas que lo motivan, así lo dice la letra y espíritu de todas las Convenciones y Pactos interamericanos vigentes sobre estos derechos, lo demás es paja, como dicen los colombianos.

 

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<> Este artículo se publicó el 10  de dicembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El asilo contra la opresión

La opinión de la Periodista…

CATIA ROJAS TORO
crojas@cwpanama.net

El coro del himno de Chile reza en una de sus estrofas ‘o el asilo contra la opresión’ idea que evoca el sentido de libertad y de protección y que ha sido usada para titular la experiencia que vivieron cinco sobrevivientes de Auschwitz y que terminaron en ese país sudamericano.

La acepción ‘asilum’ tiene su origen en Grecia y entraña lo inviolable. El concepto implica la protección a un individuo perseguido, pero además deja sentada esa protección en un lugar en que se sienta inmune y seguro de cualquier persecución.

Este principio está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, por citar las más elementales. En todas, el asilo se reconoce cuando hay una (s) persona (s) que es perseguida (s) por motivos ideológicos o políticos y por lo tanto se ve (n) obligada (s) a pedir protección a otro Estado. La Fundación Español Urgente advierte que asilo diplomático y político tienen distintos significados. El primero hace referencia al derecho que tienen los legaciones diplomáticas de ‘albergar y proteger a cualquier persona perseguida por razones políticas’, mientras que el político o territorial es la ‘acogida dispensada por un Estado en el territorio de su soberanía a los extranjeros que buscan refugio en él por encontrarse perseguidos en sus países de origen por razones políticas, raciales o religiosas’.

El asilo concedido a la ex jefa del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), María del Pilar Hurtado, ha generado una controversia que transgredió nuestra fronteras y ha colocado la política exterior en una mala posición, lo que como de costumbre no le quita el sueño al gobierno. No hubo necesidad de campaneo, para que, más rápido que ligero, Panamá le concediera la calidad de asilada a tan polémica figura.

No se puede soslayar que este asilo genera mucha suspicacia. Un asilo que sabe más a impunidad que a inmunidad. Sabemos —como lo confirmó la propia Hurtado— que la idea le fue dada por el ex presidente Álvaro Uribe, tal vez como medida que le permitiría evadir la investigación de las que es objeto la ex funcionario por ‘pinchar’ conversaciones de opositores, un delito por el que en Panamá se juzgó, condenó y destituyó a la ex procuradora Ana Matilde Gómez. ¿Acaso esto no es una incongruencia moral, jurídica y hasta política?

Pero no conforme con esto, el gobierno suma a sus argumentos que como país, tiene derecho soberano para reconocer la condición de asilo y lo comparan con otros dados a reconocidas figuras de relieve internacional.

Pues sí, es cierto que el país tiene el derecho soberano no solo de aceptar sino a rechazar la solicitud, pero, por favor, no sean necios con las comparaciones. Revisemos algunos ejemplo, con solo repasar algunas biografías en Wikipedia. Raoul Cedras, recibe asilo tras su derrocamiento en 1994 con la operación Restaurar la Democracia, ordenada por Bill Clinton; Jorge Serrano Elías termina asilado en Panamá luego de que se declarara inconstitucional el autogolpe de Estado llamado el ‘Serranazo’. Panamá tiene una tradición en esta materia y concedió asilo a víctimas de persecución política de las dictaduras militares surgidas durante la década de los ’70 en Centro y Sudamérica. El marco referencial de estos asilos es que los sujetos activos fueron víctimas de persecuciones políticas y en sus Estados no tenían garantizada la seguridad y protección personal. Los entornos en sus países eran violentos, represivos y con la consecuente ruptura del orden constitucional. Esta no se parece en nada a la situación argumentada por Hurtado.

Lo último que pensé que se podía sugerir es que Manuel Antonio Noriega debió pedir asilo para evitar la invasión, lo que es una ignorancia supina, porque no tenía los motivos para hacerlo, pues, no era perseguido. Todo lo contrario.

Los ejemplos más arriba descritos, se ajustan al principio internacional que reconoce el asilo y no deja a interpretaciones convenientes su aplicación, porque sería desvirtuar ese derecho universal. No se asila a delincuentes comunes, con el único propósito de que evadan la justicia y la rendición de cuentas menos aún si en ese Estado, la separación de poderes está claramente dividida y se respeta el debido proceso. Justificar la condición de asilo otorgada a Hurtado solo puede ser interpretado como una dicotomía moral, puesto que por un lado a la nacional la mandan a la cárcel y a la extranjera la protegen. La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo —le dijo el emperador a Pompeya— y agrego; por favor, pongan a esa ‘chuzadora’ en su lugar.

<> Este artículo se publicó el 10 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

¿Qué hay detrás de ese asilo?

La opinión de…

Mauro Zúñiga Araúz

Que Panamá les otorgue asilo político a delincuentes y violadores de derechos humanos no es nada nuevo. Recordemos al sha de Irán, a Cedras, a Serrano Elías; pero el concedido por Martinelli Berrocal a María del Pilar Hurtado, directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de Colombia, va a tener repercusiones muy graves para la población.

A Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia, se le vincula con el narcotráfico y con el crimen organizado desde la década de 1980. El libro de Joseph Contreras, editor de Newsweek, y Fernando Garavito, el Señor de las sombras, y el de Sergio Camargo, Álvaro Uribe Vélez, el narcotraficante No. 82, dan cuenta de esa relación. De igual manera, se le imputa ser el gestor de los denominados “falsos positivos”: la muerte de personas inocentes a quienes disfrazaban como miembros de las FARC. También es acusado por violar la libertad de expresión, perseguir a periodistas y violar la intimidad de figuras públicas.

Martinelli Berrocal se reunió el domingo 21 de noviembre, en Honduras, con Uribe. Según un boletín de prensa, la reunión fue para tratar sobre el tema de Hurtado; no obstante, el secretario de comunicación del Estado panameño al ser cuestionado por la ausencia de informe sobre la reunión, dijo que se trataba de un asunto “privado”. ¿Un asunto privado sobre el escándalo público más destacado y descarado de lo que va del siglo?

María del Pilar Hurtado está acusada en su país y contra ella se ha iniciado un proceso por violar los derechos humanos. Panamá la acoge. Martinelli Berrocal no se conforma con volver a ubicar a nuestro país en la lista de los países violadores de derechos humanos. La masacre que realizó contra la población indígena el pasado mes de julio ya fue denunciada en su momento en los respectivos organismos internacionales, como la violación de la libertad de expresión y la persecución a los periodistas. Ahora quiere que el mundo entero sepa que está dispuesto a aceptar a cualquier malhechor que solicite asilo.

El problema se complica con las declaraciones que dio Gustavo Preto, ex senador colombiano en un programa matutino. Dijo que en la Casa de Nariño (que es la casa presidencial en Bogotá) se planeó la implicación de un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia con los grupos de narcotraficantes y terroristas, coordinado por la señora Hurtado. Es decir que el señor Uribe mantenía unas relaciones tan cordiales con estos grupos que les iba a pedir el favor de hacer un montaje para involucrar al magistrado auxiliar con ellos.

¿Qué hay detrás de ese asilo? ¿Fue la susodicha reunión privada para entregar algún maletín por el favor? O hay algo peor: La panameñización del problema colombiano. ¿Se vendió a la población? ¿El escenario bélico que se vive en Colombia será traslado a Panamá? ¿La señora Hurtado va a ser incorporada a los organismos de seguridad del Estado? ¿Aparecerán ejecutados periodistas y opositores a la dictadura civil? ¿Se incrementarán los secuestros? ¿Se iniciarán actos terroristas en los sitios públicos? ¿Se implementarán los “falsos positivos”? ¿Conocía Martinelli Berrocal la gravedad del terrorismo de Estado que vivía Colombia bajo la presidencia de Uribe?

Panamá se ha mantenido al margen de esa guerra que está desangrando a los hermanos colombianos y ha sido exigente en el respeto de los derechos humanos de todos, sin distingos de clases, de ideologías, de cargos públicos o privados, etc., pero el excelentísimo, a saber con qué siniestros propósitos, insiste en que los panameños seamos víctimas de ese terrorismo programado. Señor Presidente: ¿hasta cuándo va a seguir jugando con la vida de los panameños? Usted es el responsable directo de todos estos actos delictivos que se van a iniciar e incrementar en Panamá.

Dentro de este devastador panorama me permito una línea para felicitar con mucho cariño a todas las madres panameñas y extranjeras que viven en nuestro país. ¡Feliz día!

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<> Este artículo se publicó el 8 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.