Jornadas Escolares

La opinión del economista…

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Francisco Bustamante 

El Instituto Nacional fue uno de los últimos colegios que tuvo jornadas de clases completas, mañana y tarde. Y estoy casi seguro que pertenezco a la última generación que estudió bajo ese sistema toda la secundaria.

Las necesidades de escuelas ante la creciente población estudiantil, la falta de docentes en algunos casos, y en otros inclusive profesores del mismo Instituto que se quejaban que tenían que ir dos veces al colegio mientras sus colegas de otros colegios trabajaban una sola jornada, incidieron en que este último bastión de la doble jornada desapareciera.

Hoy día se plantea la posibilidad de que se vuelva a la doble jornada o jornada completa. Y estoy seguro que habrá docentes que pedirán más dinero, por volver a enseñar más minutos por horas de clases.  Cuando en el pasado lo hacían, y cuando se redujeron a jornadas únicas no devolvieron dinero por  estos ajustes.

Yo sé que te puedo parecer extremista. Pero pienso que uno le debe lealtad al trabajo. Yo mismo he renunciado varias veces en mi vida, cuando creo que mi integridad con la empresa con la que trabajo ha estado comprometida por mis ideas. Incluido mi último trabajo con un organismo internacional. Pero la verdad, me parece que los educadores panameños presentes viven más pensando en sus “derechos adquiridos” y menos en los derechos de los estudiantes y padres de familia que con sus impuestos pagan sus honorarios.

Mientras más tiempo esté un estudiante en el recinto educativo, compartiendo con sus colegas y buenos maestros, con acceso a internet que no existía en mi tiempo, o practicando deportes, más lejos estará de la delincuencia y más cerca de la excelencia académica y humana.

Obviamente, esto supone una inversión cuantiosa en planteles educativos, laboratorios, internet, bibliotecas digitales y campos deportivos. Prefiero ver los dineros del Fondo de Desarrollo o de la Caja de Seguro Social invertidos en esto, que resolviendo problemas de flujo de caja a los operadores de los corredores viales, como pretende el gobierno.

Creo que esta es una oportunidad de oro para que los educadores muestren su valía. Que contribuyan a la definición de una educación del siglo XXI. Que la humildad prevalezca y si están atrasados, que se actualicen. No conozco ninguna profesión en la que uno pueda mantenerse competitivo, si no hay una actitud personal de constante mejoramiento, estudio y preparación.

Ojalá que los gremios magisteriales olviden la confrontación  y le den una lección de civismo al gobierno. Asumiendo un compromiso con las clases más desposeídas, no en el verso de barricada o la arenga vocinglera, sino en el trabajo diario, esforzado, en el estudio y la dedicación a la juventud y niñez de nuestro país. Ese es el liderazgo que esperaría de nuestros educadores. De nuestros médicos, de quienes se dan golpes de pecho por el pueblo, pero llegados al Poder, lo usan en beneficio propio. Se dejarán tomar esta bandera también, como ha sucedido con otras causas populares? El tiempo lo dirá.

Francisco Bustamante economista 06/24/2010 05:46 p.m.

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Artículo enviado para su publicación  a Panaletras por el autor a quien damos todo el crédito y la responsabilidad que le corresponde.

Otro atraco a los ingresos del pueblo

La opinión de…

GENARO LÓPEZ

Continúan los atropellos del gobierno de Martinelli contra el pueblo trabajador.   En esta ocasión, de manera inusual el ministro Alberto Vallarino, conocido por su arte de evadir el pago de impuestos, presentó por la puerta de atrás (por correspondencia) el Proyecto Ley 178, aprobado también a tambor batiente por la Asamblea de Diputados.

El Proyecto de Ley 178 que reforma el Código Fiscal, cuatro leyes y dos decretos, tiene como verdadera intención reformar la ley que creo el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, para que el Gobierno pueda utilizar hasta el 35% de ese ahorro para comprar los corredores Norte y Sur (unos 237.5 millones de dólares para completar la compra de los corredores).

Es claro que el uso de los recursos del FFD, tal como está hoy la Ley, era una violación a la normativa, por lo cual el gobierno procede a modificarla para legalizar el atraco.

Otra parte del financiamiento provendrá del fondo del Programa de IVM de la CSS, a la que se le pretende atracar unos 237.5 millones de dólares, en una inversión de alto riesgo, que pone en peligro las pensiones y jubilaciones de las actuales y futuras generaciones.

El director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, luego de conversación con Martinelli, compromete los recursos financieros del Programa de IVM, sin consulta a los asegurados y beneficiarios, verdaderos dueños de la institución. Es decir, que basta una reunión con el presidente, para tomar tan riesgosa decisión que afecta los fondos de cientos de miles de asegurados.

Es claro que dicha ‘inversión’ viola la Ley Orgánica de la CSS, situación que al parecer no le preocupa, pues sabe que con otro madrugonazo y camarones legislativos podrá modificar la conocida Ley de la Muerte y lograr su cometido.

La compra de los corredores, se trata de la más grande y peligrosa inversión de la CSS, institución objeto de muchos robos y peculados en el pasado, en un proyecto que, como se ha denunciado, tienen especial interés personal el propio Martinelli y su ministro de Finanzas, Alberto Vallarino.

El resto del financiamiento, y aproximadamente 600 millones de dólares, será obtenido a través de deuda que asumirá la Empresa Nacional de Autopistas.

Todo ello mientras se le adelantan ganancias extraordinarias a empresas transnacionales como Pycsa (100% de las acciones del corredor Sur a 420 millones de dólares) e ICA (51% de las acciones del corredor Norte a 280 millones de dólares), y funcionarios de gobierno y allegados entran al negocio.

No cabe duda de que es otro atraco, donde cada kilómetro de construcción absorberá cifras millonarias de dinero, donde los mercaderes enquistados en el gobierno pretenden hacer otro gran negociado.

Los 1070 millones de dólares que serán utilizados para adquirir estos corredores, sobre los que no pesan estudios serios de ingeniería (costo de mantenimiento de la obra) y de rentabilidad financiera, podrían ser utilizados para obras que la población está demandando, como la construcción de escuelas y hospitales, reparación de la infraestructura vial a nivel nacional.

Las expectativas de los panameños de renacionalización y reversión del proceso privatizado son ignoradas una vez más por los gobernantes. Se favorece el enriquecimiento de las grandes transnacionales, mientras que la población seguirá pagando altos peajes por el uso de los mismos.

Es decir, continúan los grandes negociados con los recursos del Estado para favorecer a los gobernantes y a sus allegados a nivel nacional e internacional. Este es el caso de la compra de los corredores, del Metro, Metrobús, Canal, entre otros proyectos del Estado, así como los proyectos mineros e hidroeléctricos que atentan contra la población y el ambiente. Sin duda, trabajan bajo la consigna ‘Entran millonarios y salen billonarios’.

Estamos ante un gobierno mentiroso, autoritario, racista, pro patronal, corrupto y prepotente, que en menos de un año desencantó a quienes creyeron en sus falsas promesas de campaña.

Frente a la Ley Pinchazo, la Ley Carcelazo, la Ley Camarón, la Ley Atraco y el pago de ITBMS de 7% a partir del 1 de julio, todos este martes 29 de junio a las 4:00 p.m., a la gran movilización nacional que partirá de la Plaza Porras a la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentran los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 30.

Los sectores populares, organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y el pueblo general nos hemos unidos para decir ‘¡Basta!’ y luchar por la derogación de estas leyes criminales.

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Artículo publicado el 27 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El FFD y la tozudez de los gobiernos

La opinión de la periodista…

CATIA ROJAS TORO

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) fue creado por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares en 1995 —no por generación espontánea— con la finalidad de que los dineros de la privatización revirtieran en obras sociales en pro del país, al mismo tiempo que se constituía la única fuente de ahorro nacional.

El FFD se compuso por los ingresos provenientes de la privatización de empresas públicas —IRHE, INTEL y puertos— y de los activos de la Región Interoceánica. Las disposiciones sobre su uso prohibían la utilización del capital, que a finales de la administración Pérez Balladares totalizaba mil trescientos (1300) millones de dólares, cantidad equivalente en acciones que el Estado tiene en las empresas operadora. Se estableció una política de inversión de bajo riesgo, para lo que se ordenaron depósitos a corto plazo en bancos solventes.

Desde el año 2000 sufrió modificaciones, que resultaron en importantes mermas a su capital. Mientras que a finales de 1999 el 95% del capital era líquido, a mediados de la administración Torrijos solo el 5% del monto total cumplía con esa condición. Mientras el monto total del FFD sumó en 1999 mil trescientos millones; en 2007 la cuantía se desmejoró sustancialmente para totalizar unos 1120 millones.

La ex presidenta Mireya Moscoso fue la primera en proponer una modificación a la ley original, cuando impulsó un cambio que permitiera usar el capital del Fondo Fiduciario para el Desarrollo en obras sociales con el pretexto de reactivar la economía. La Asamblea Nacional aprobó el uso de 200 millones en una diversidad de obras, entre ellas el proyecto de riego en la provincia de Chiriquí Remigio Rojas, que terminó siendo financiado con un préstamo de un banco local. A la fecha no se han rendido cuentas, no solo del uso sino del destino de fuentes que debieron ir a ese fondo durante los gobiernos de Moscoso y Torrijos.

Una investigación del diario La Prensa, en el año 2007, evidenció que durante esos períodos gubernamentales se dejaron de depositar cerca de 229 millones producto de ventas de activos de la Región Interoceánica; mermando el capital del FFD y contraviniendo la Ley que lo creó.

Incluso un Torrijos, que dedicó gran parte de su discurso presidencial a destacar su gestión por encima de los gobiernos anteriores, utilizó 10 de los 200 millones en el año 2007 argumentando que se requirieron para activar la economía, una excusa que ese año perdía validez. Este gobierno, cuantifica los montos que no fueron depositados en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo por la administración Torrijos en 520 millones.

Aunque la salida al mercado liderada por la Administración Martinelli aumentó su capital y le devolvió liquidez, reavivar iniciativas como la de Moscoso, puede arrojar resultados más drásticos que los vistos —mejor dicho, no vistos— en ese momento.

Proponer el uso de cerca de 400 millones para la compra de los corredores es un cambio en sentido de retroceso y por demás incoherente, si el principal motivo que se tuvo para que estos pasaran a manos del Estado fue una reducción en el costo del peaje, lo que fue descartado inmediatamente por el presidente de la República.

El Estado panameño traspasó a manos de operadores privados los servicios públicos, los que, además de invertir en infraestructura, respondían por la eficiencia y eficacia en la prestación de estos servicios.

Lo ideal sería que, así como la ampliación del Canal se consultó en un referéndum, el uso de los dineros del Fondo Fiduciario para el Desarrollo sea una decisión de todos y no una cuestión dejada a la tozudez que tienen los gobiernos en meterle la mano. Aunque he de reconocer que la idea da escalofríos. No vaya a ser, al paso que vamos, que quedemos aprobando la reelección a 5 años.

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Artículo publicado el 25 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

Meter la mano al fondo

La opinión de….

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Catia Rojas Toro

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) fue creado por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares en 1995 –no por generación espontánea– con la finalidad de que el dinero de la privatización se revirtiera en obras sociales en pro del país, al mismo tiempo que se constituía como la única fuente de ahorro nacional.

El FFD se compuso por los ingresos provenientes de la privatización de empresas públicas –IRHE, Intel y puertos– y de los activos de la Región Interoceánica. Las disposiciones sobre su uso prohibían la utilización del capital que, a finales de la administración Pérez Balladares totalizaba mil 300 millones de dólares, cantidad equivalente en acciones que el Estado tiene en las empresas operadoras. Se estableció una política de inversión de bajo riesgo, para lo que se ordenó depósitos a corto plazo en bancos solventes.

Desde el año 2000 sufrió modificaciones que resultaron en importantes mermas a su capital. Mientras que a finales de 1999, el 95% del capital era líquido, a mediados de la administración Torrijos solo el 5% del monto total cumplía con esa condición. Mientras el monto total del FFD sumó en 1999, mil 300 millones; en 2007 la cuantía se desmejoró sustancialmente para totalizar unos mil 120 millones.

La ex presidenta Mireya Moscoso fue la primera en proponer una modificación a la ley original, cuando impulsó un cambio que permitiera usar el capital del FFD en obras sociales con el pretexto de reactivar la economía. La Asamblea Nacional aprobó el uso de 200 millones en una diversidad de obras, entre ellas el proyecto de riego Remigio Rojas que terminó siendo financiado con un préstamo de un banco local. A la fecha no se han rendido cuentas no solo del uso sino del destino de fuentes que debieron ir a ese fondo; durante los gobiernos de Moscoso y Torrijos.

Una investigación de La Prensa en 2007 evidenció que durante esos períodos gubernamentales se dejaron de depositar cerca de 229 millones producto de ventas de activos de la Región Interoceánica; mermando el capital del FFD y contraviniendo la ley que lo creó.

Incluso un Torrijos que dedicó gran parte de su discurso presidencial a destacar su gestión por encima de los gobiernos anteriores, utilizó 10 de los 200 millones en el año 2007, argumentando que se requirieron para activar la economía, una excusa que ese año perdía validez. Este gobierno cuantifica los montos que no fueron depositados en el FFD por la administración Torrijos, en 520 millones.

Aunque la salida al mercado liderada por la administración Martinelli aumentó su capital y le devolvió liquidez, reavivar iniciativas como la de Moscoso, puede arrojar resultados más drásticos que los vistos –mejor dicho no vistos– en ese momento. Proponer el uso de cerca de 400 millones para la compra de los corredores es un cambio en sentido de retroceso y por demás incoherente sí, el principal motivo que se tuvo para que estos pasaran a manos del Estado fue una reducción en el costo del peaje; lo que fue descartado inmediatamente por el Presidente.

El Estado panameño traspasó a manos de operadores privados los servicios públicos, quienes además de invertir en infraestructura respondían por la eficiencia y eficacia en la prestación de estos servicios. Lo ideal sería que, así como la ampliación del Canal se consultó en un referéndum, el uso de los dineros del FFD sea una decisión de todos y no una cuestión dejada a la tozudez que tienen los gobiernos en meterle la mano. Aunque he de reconocer que la idea da escalofríos. No vaya a ser que al paso que vamos, quedemos aprobando la reelección a cinco años.

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Este artículo se publico el 22 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a l autor,  todo el crédito que les corresponde.

Prioridades del Estado

La opinión del Catedrático y Analista Internacional….

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Jairo Henri Pertuz Suárez

Desde la década de los 90 vengo refiriéndome  en mis columnas de prensa a la rentabilidad de las reservas y depósitos de la CSS.   Desde el 2000,  las de la ACP.

Para esas fechas reclamé que nuestros fondos de la CSS en el Banco Nacional, producen pérdidas, por la irrisoria tasa de interés, peor aún con un dólar en crisis.

Sin abandonar el tema he criticado las “concesiones” y acuerdos leoninos pactados con los corredores. Exigí que el Banco Nacional pagara intereses cónsonos y, que se renegociaran o nacionalizaran esas vías.

Las gerencias generales y juntas directivas de la Caja y del Banco no cumplen con su labor y son cómplices de tales irregularidades.

Reclamaba y reclamo, además, seguridad para los fondos de la CSS y de la ACP ante la crisis financiera mundial.   Propuse buscar oportunidades de mejor rentabilidad con seguridad de rescate.

Quienes otorgaron estos absurdos y firmaron estos mamotretos de “concesión” (dicen fueron: G. Chapman y Luis Blanco) deben explicaciones y tienen que ser investigados. Estas vías no fueron construidas con calidad. Su mantenimiento, vida útil, rentabilidad, adendas y rescate real, así como el repago a ICA y PICSA hoy, serían un salteo.

Hace pocos días continué en la palestra con el tema de la inversión, necesaria y urgente, de la Ciudad Gubernamental, cuya construcción se estima en 450 millones, que también puede financiarse sin endeudamiento externo ni regalo de tierras del pueblo, que cada día valen más.

Si gastamos 48 millones anuales en alquileres, es elemental que debemos invertirlos como amortización a capital e intereses, con financiamiento interno y sin enajenar la patria.

Otro tema importante es la reciente “calificación” por obtener el “grado de inversión”, cuyos parámetros exigen requisitos que garanticen las inversiones extranjeras donde tenemos que considerar que existen “inversionistas” inescrupulosos y funcionarios gubernamentales corruptos. Inversión sí, depredación no.

La “seguridad jurídica” no puede estar por encima de la seguridad social cuando se dan acuerdos lesivos. Los gobiernos decentes tienen la responsabilidad primaria de defender los derechos del pueblo que los eligió. Las consultas populares son necesarias sin recargar el presupuesto nacional con más gastos burocráticos.

Las reformas  planteadas para “reestructurar el mercado” inicialmente deberían reestructurar las Superintendencias Bancaria y de Seguros así como la Bolsa.

Las dos primeras solo son asociaciones totalmente inoperantes. No han impedido la quiebra de dos bancos ni los abusos con los tarjetahabientes y usuarios de la banca y los seguros, causando grandes daños. Obama ya se ocupó de esto en su país.

Por último, si concedemos permanencia a los haitianos (que reciben suficiente ayuda en su país) tendremos que concedérsela a otros inmigrantes y sus familias, recargando nuestros gastos en salud y educación, agravando la inseguridad. Ya tenemos suficiente.

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Artículo publicado el  4 de abril de 2010 en el diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Cuidado con el fondo fiduciario

La opinión del Primer subsecretario de Relaciones Internacionales del P.R.D. y ex presidente del Parlacen

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JULIO PALACIOS SAMBRANO

He leído con mucha preocupación la noticia que indicaba que el fondo fiduciario estaba generando perdidas por el orden de los $5 millones, solo entre septiembre del 2009 a la fecha, según el audito de la empresa consultora internacional KPMG.

Según la noticia, la cartera de inversión de dicho fondo está en manos de las empresas internacionales Goldman Sachs Asset Management, BackRock Financial Management Inc. y Morgan Stanley Dean Witter Investment Management Inc.

Creo que esta información deberá de ser objeto de atención inmediata por parte de las autoridades competentes y del pueblo en general, porque estamos hablando del fondo de ahorro de todos los panameños.

Es importante recordar que a lo largo de nuestra historia, ya han ocurrido serios atentados a los fondos de ahorros del pueblo, los cuales nacen con la República, cuando en 1904 el gobierno de EE.UU. le dio al gobierno de Panamá, en calidad de compensación por la firma de los tratados a perpetuidad del canal en 1903, la suma de $10 millones. ¿Qué hizo el gobierno de la época?, depositó seis millones, de los diez millones que originalmente había, y los puso a jugar en la bolsa de valores de Nueva York, con la buena intención de que diera más beneficios para el pueblo. Ese fondo se conoció como el “ Fondo constitucional de los Millones de la Posteridad ”.

Lo que no se pudo prever en ese entonces fue que el mundo tendría la primera guerra mundial, luego vendría la crisis de 1929 y por último la segunda guerra mundial.   Fueron varios los gobiernos que trataron de rescatar los ahorros del pueblo panameño en las décadas del 30 y 40, hasta que finalmente se logró en el segundo periodo presidencial del Dr. Arnulfo Arias, a través de la Ley 14, de febrero de 1950, mas solo pudo recuperarse el 25% de la suma original, y solo Dios sabe dónde terminó el resto o cómo se extravió.

Son pocos los panameños que saben que una vez tuvimos la oportunidad de tener un fondo de ahorro nacional y que lo desperdiciamos por tratar de sacarle mayor provecho, como dice el viejo refrán “ fuimos por lana y salimos trasquilados ”.

Pero lo más triste es que si no le pelamos bien el ojo, estamos a punto de que nos ocurra lo mismo, porque nuestro actual fondo fiduciario está en manos de empresas financieras internacionales y no creo que el pueblo sepa con claridad cómo están funcionando, lo que sí sabemos es que a la fecha hemos tenido pérdidas.

Debo recordar que el actual fondo fiduciario es el producto del proceso de privatizaciones que inició el gobierno del presidente Endara, que sin ningún reparo privatizo el 100% de algunas de las empresas estatales, y que fue el gobierno del Dr. Ernesto Pérez Balladares el que mejoró el programa, salvando la mitad de las acciones del resto de las empresas privatizadas a favor del Estado panameño.

Nuestro fondo fiduciario para el desarrollo, no es más que el fondo de ahorro del pueblo panameño y bajo ninguna circunstancia debemos cometer los mismos errores del pasado.


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Este artículo se publicó  el  29 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá,a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.