Agua, Idaan, privatización

La opinión de…

 

Miguel A. Boloboski Ferreira

No me consta y por lo tanto lo niego; pero por si las moscas (insectos de los que debemos resguardarnos por higiene, paz y salud) mejor estar alertas. Aun cuando soy de la opinión que la empresa privada es sin lugar a dudas mejor administrador que el Estado, hay algunas áreas, en especial las referidas a los recursos naturales pertenecientes a lo que los jurisconsultos denominan “de derecho colectivo y difuso”, que deben (y tienen) que ser administradas, protegidas y salvaguardadas por el Estado. Los derechos colectivos y difusos son aquellos que no le pertenecen a nadie en particular, pero sí a todos en general. Y el agua es uno de ellos.

La privatización de los recursos hídricos, en este caso el suministro de agua potable, es una posibilidad cierta en el tiempo; no importa cuanto lo nieguen. Las eventuales justificaciones de los que propugnan y patrocinan la privatización, como solución a los problemas presentes y garantía de abastecimiento futuro, parten de una falsa premisa que consiste en el Estado ineficiente per se (por sí mismo). Tan falsa es la premisa, que a partir de su supuesta veracidad podríamos construir un sofisma o falacia que acabaría con la mayor y mejor empresa estatal que poseemos: “El Canal de Panamá”. El Estado es pésimo administrador; el Canal es del Estado; por lo tanto el Canal es pésimamente administrado. Falsa conclusión.

Las presiones internacionales para que esto ocurra, se dieron, se dan y se darán. En 1999, presionado por el Banco Mundial el Estado boliviano privatizó el suministro de agua en la ciudad de Cochabamba. Corría el año 2000; a los campesinos no se les estaba permitido recoger agua de lluvia, pues la empresa en una interpretación absurda del contrato consideró que estas por ser fuente natural, le pertenecían. Al poco tiempo sobrevino el aumento exorbitante de la tarifa. Todas estas acciones culminaron en las denominadas protestas de la guerra del agua. Se declaró la ley marcial, la policía boliviana intervino con resultado de muerte y heridos. En medio del colapso de la economía nacional y los disturbios, el Gobierno finalizó el contrato de aguas. La empresa, por cierto, demandó al Estado por aquello de la seguridad jurídica.

Lo paradójico de esta situación (idea extraña e irracional que se opone al sentido común), es que aún a sabiendas que tenemos (imperativo) que transformar al Idaan en una empresa estatal eficiente, seguimos atentando contra ella, con el grave riesgo de imitar la paradoja de Abilene que se da cuando los límites de una situación particular presionan a un grupo de personas para actuar de una forma que es opuesta a sus deseos, todo porque ningún miembro está dispuesto a expresar sus objeciones.

<>
Este artículo se publicó el 3 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Agua, IDAAN, privatización

La opinión del Abogado,  Administrador de Empresa y Docente Universitario…

Miguel A. Boloboski Ferreira 

No me consta y por lo tanto lo niego;   pero por si las moscas (insectos de los que debemos resguardarnos por higiene, paz y salud) mejor estar alertas.   Aún cuando soy de la opinión que la empresa privada es sin lugar a dudas mejor administrador que el Estado; existen algunas áreas, en especial las referidas a los recursos naturales perteneciente a lo que los jurisconsultos denominan “de derecho colectivo y difuso”, los cuales deben (y tienen) que ser administrados, protegidos y salvaguardados por el Estado.   Los derechos colectivos y difusos son aquellos que no le pertenecen a nadie en particular, pero si a todos en general.  Y el agua es uno de ellos.

La privatización de los recursos hídricos, en este caso el suministro de agua potable, es una posibilidad cierta en el tiempo; no importa cuanto lo nieguen.   Las eventuales justificaciones de los que propugnan y patrocinan la privatización como solución a los problemas presentes y garantía de abastecimiento futuro, parten de una falsa premisa que consiste en el Estado Ineficiente Per se (por sí mismo). Tan falsa es la premisa, que a partir de su supuesta veracidad podríamos construir un sofisma o falacia que acabaría con la mayor y mejor empresa estatal que poseemos: “El Canal de Panamá”. El Estado es pésimo administrador; El Canal es del Estado; por lo tanto el Canal es pésimamente administrado. Falsa conclusión.

Las presiones internacionales para que esto ocurra, fueron, son y serán. En 1999, presionado por el Banco Mundial el Estado boliviano privatizó el suministro de agua en la ciudad de Cochabamba. Corría el año 2000; a los campesinos no se les estaba permitido recoger agua de lluvia pues la empresa en una interpretación absurda del contrato consideró que éstas por ser fuente natural, le pertenecían.   Al poco tiempo sobrevino el aumento exorbitante de la tarifa. Todas estas acciones culminaron en las denominadas protestas de la guerra del agua. Se declaró la ley marcial, la policía boliviana intervino con resultado de muerte y heridos. En medio del colapso de la economía nacional y los disturbios, el gobierno finalizó el contrato de aguas. La empresa por cierto demandó al Estado por aquello de la seguridad jurídica.

Lo paradójico de esta situación; idea extraña e irracional que se opone al sentido común, es que aún a sabiendas que tenemos (imperativo) que transformar al IDAAN en una empresa estatal eficiente, seguimos atentando contra ella, con el grave riesgo de imitar la paradoja de Abilene que se da cuando los límites de una situación particular presionan a un grupo de personas para actuar de una forma que es opuesta a sus deseos, todo porque ningún miembro está dispuesto a expresar sus objeciones.

 

<>Artículo publicado el  2 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La cultura del terror

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO….

 

GENARO LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

 

El 2011 ha iniciado con mayores cargas para el pueblo panameño: aumento de los precios de la canasta de alimentos; incremento del pasaje aunque ahora más usuarios van parados;   más de treinta días sin el servicio de agua potable aunque con el recibo por el servicio no prestado por el IDAAN;   agua embotellada sin control de precios ni de calidad; inundados de basura pese a los millones que corren de un lado para otro;   aumento del precio del combustible.    En medio de este cerco, se continúa con el asalto a la cosa pública (megaproyectos financiados por el Estado con nuestros impuestos) y los procesos de privatización de bienes y servicios públicos.

Aunado a ello las pretendidas reformas al Código Minero; más impuestos municipales; más subsidios a las monopólicas transnacionales del servicio de electrificación; los casos de corrupción y penetración del narcotráfico en la esfera pública (Ministerio Público); el decadente cuerpo exterior que exhibe un pobre acervo cultural y total desconocimiento de la historia patria.

Las cortinas de humo y show mediáticos del Ejecutivo para desviar la atención frente a los graves problemas por los que atraviesa el pueblo panameño y los cables de Wikileaks, no se han hecho esperar, tal fueron los casos de la reforma constitucional para abanicar la pretendida reelección inmediata y la imposición de la ley mordaza que buscaba penalizar, hasta con cuatro años de prisión a quienes ofendieran al Presidente o a funcionarios elegidos por el voto popular. Sobre el particular, no se puede negar que ambos proyectos formen parte de la agenda nada oculta de Martinelli, lo que explica su supuesto cambio de posición, que ‘obligaron’ a los diputados a archivar momentáneamente los proyectos.

Lo más abominable, en escasos cuarenta y cinco días (Diciembre 2010 – Enero 2011), la flagrante violación a los derechos humanos que dejó como saldo la muerte de tres de los siete menores que sufrieron quemaduras considerables durante el incendio en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen. Vídeos de las televisoras locales registran la conducta de los miembros de la Policía Nacional, cuando ante la suplica de los menores para que los auxiliaran, éstos se dedicaron a mofarse del sufrimiento de los jóvenes, con frases tales como ‘¿viejo, no son hombrecitos? ¿agua, no son hombrecitos? ¡Muérete!’.;   ello recordó la famosa frase del ministro de Seguridad Mulino, quien recién asumido su cargo, dio ordenes de ‘tirar a matar’ a los reclusos que pretendieran evadir las cárceles.

Se trata de otro capítulo de abusos y atropellos de la Policía Nacional contra el pueblo.   Se trata de una salvaje violación de los derechos humanos que ha horrorizado a la nación y que ha generado rechazo de los organismos internacionales de derechos humanos.

Es decir, estamos frente a un estado de terror e indefensión, puesto que las autoridades e instituciones llamadas a hacer cumplir las leyes, promover y defender los derechos humanos y proteger la vida de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés, son quienes transgreden las mismas.

Parafraseando a Eduardo Galeano, estamos frente a una cultura de terror visible, donde se ‘te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser’. Una cultura del terror que extorsiona, insulta, amenaza, abofetea y azota. En donde algunos métodos de penitenciaria y tortura consisten en prohibir salir, prohibir decir lo que se piensa, prohibir hacer lo que se siente y humillar públicamente.

Lo que no entienden quienes pretenden imponer esta cultura, es que jamás podrán detener la lucha de un pueblo, la dignidad y ética de quienes concebimos la organización social como la base de la transformación social. Pese a la represión, la intimidación, los carcelazos y las mordazas, los que creemos en los principios de humanidad, solidaridad, libertad y democracia seguimos trabajando en la construcción y consolidación de un instrumento político donde la esperanza de otro Panamá es posible.

 

*

<> Este artículo se publicó el  16 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Las venas abiertas de Panamá

*

La opinión del Profesor…

Rogelio Herrera

El título que utilizamos es semejante al empleado para América Latina, por el periodista, escritor y novelista uruguayo, Eduardo Galeano. Dice el citado autor: “soy un escritor obsesionado con recordar, a recordar el pasado de América, sobre todo, y sobre todo la de América Latina, la tierra íntima condenada a la amnesia.”

En las Venas Abiertas de América Latina el autor analiza la historia de América Latina de modo integral desde la colonización europea de América hasta la América Latina contemporánea, refutando el constante atraco de los recursos naturales de la región por parte de los imperios coloniales, entre los siglos XVI y XIX.

Naturalmente que en un sólo artículo de opinión no podemos exponer todo lo que le ha pasado a nuestro istmo en cada uno de los períodos históricos transcurridos hasta la fecha, por lo que en forma general exponemos lo siguiente:

El hombre apareció en el Istmo de Panamá hace 11 milenios, de acuerdo a expertos en el tema. En el período prehispánico fuimos víctimas de los aztecas, “los aztecas creían que el sol se apagaba si no se le alimentaba con sangre humana” Muchas de nuestras lindas mujeres en incursiones a nuestro territorio fueron capturadas y víctimas de esta creencias. Desde Nicaragua, grupos caníbales llegaron a Panamá con el propósito de cazar y comerse a nuestra gente. Gracias al cacique Parita, muchas de estas visitas fueron repelidas.

En el periodo hispánico, nuestro oro fue robado, tanto así, que recibimos del rey, el nombre de Castilla Del Oro. Fuimos víctimas de maltrato y saqueo en diversos aspectos.

En nuestra Unión a Colombia, el granadino Rufino Cuervo, al pasar por Panamá a mediados del S. XIX, lanzó la frase lapidaria: “El que quiere conocer a Panamá que venga, porque se acaba”. Debido al grado de postración en que se encontraba el istmo a causa de guerras, enfermedades y la poca atención del Gobierno.

En la Época Contemporánea, hemos sido víctimas de explotación canalera, intervenciones norteamericanas, algunas garantizadas hasta por la Constitución panameña, otras por tratados como el Mallarino-Bidlack, de hecho, cuando así lo interpretó el coloso norteño.

Las concesiones mineras, que antes que beneficios, son totalmente perjudiciales y destructoras de nuestro ambiente. Las reformas estructurales, privatizaciones de las empresas públicas como el Intel, IRHE, los puertos, los casinos, entre otros. Hoy los panameños somos víctimas de estas empresas explotadoras.

Para enero se nos informa del aumento de la energía eléctrica, que según el secretario de energía, no se justifica.  Apelamos a nuestro gobierno, para que se ponga un coto a estos abusos, se impone regular las ganancias de estas empresas lo antes posible. Antes de que nos quedemos no con las venas abiertas, sino sin venas.

*
<>Artículo publicado el 1  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El yugo neocolonial

*

La opinión del Comunicador Social…

Edwin Rodríguez

Bayano, importante en la emancipación de su raza durante la época de la colonia española en el Istmo.   El río de la región de Chepo y escenario de sus cruentas luchas y la hidroeléctrica respectivamente, fueron bautizadas con su nombre y posteriormente, entregadas, entre otros bienes estatales, a empresas multinacionales en bandeja de oro.

Esta colosal obra, fue inaugurada en 1976 en los tiempos que se promovía en el mundo, como una panacea del momento, la construcción de grandes represas en el tercer mundo y un modelo de salir del atraso económico en que nos encontrábamos.

Luego de 40 años, la historia de Bayano y la de las hidroeléctricas que se han impuesto a lo largo del país, sigue siendo triste.   Hoy seguimos pagando la deuda acumulada de los préstamos que se obtuvieron para el financiamiento, pero con una diferencia, los embalses y lo que generan son privados.   Pagamos la electricidad más cara de la región, a pesar de los excedentes en la producción.

Increíblemente la electricidad producida aunque sea de origen hídrica, se combina con la generada por combustible y supeditan el precio a los altibajos del costo del petróleo. O sea, cada mes las compañías eléctricas incrementan el precio de la electricidad a su antojo, mientras que los usuarios, históricamente, hemos carecido de tarifas claras de cobros.

El Estado, debe obligar a estas empresas a cumplir estándares estrictos de seguridad y reducir la energía un 40% menos de lo que se paga actualmente; eliminar el cargo por demanda; impulsar la creación de un impuesto por el uso del agua por parte de estas compañías; estimular la búsqueda de otras fuentes de energía; deben clasificar entre la energía hidroeléctrica y la energía generada con combustibles; revisar los contratos periódicamente; examinar los subsidios y sus márgenes de ganancias; que por cierto, son excesivos.

Gran parte del disgusto y el sobreprecio de todos los bienes y productos de primera necesidad se la debemos, de manera directa, a las privatizaciones que han estado impulsando los últimos gobiernos en Panamá. Las rentables y exitosas empresas de energía eléctrica (IRHE) y de comunicaciones (INTEL) fueron entregadas al capital transnacional para enriquecer a estas compañías. Las promesas de mejorar la calidad y bajar los costos de los servicios resultaron exactamente contrapuestas.

Las empresas transnacionales como en los tiempos de la conquista, sustraen las riquezas del país y saquean la población. El alto costo de la energía eléctrica constituye un freno al desarrollo y un pesado yugo sobre la población.

La historia nuestra nos habla de que durante la explotación colonial y neocolonial no sólo nos robaron el oro y esclavizaron la cultura; sino que ahora también, nos subyugan con nuestra propia agua.

Cuando los recursos hídricos son encarcelados los ríos agonizan y también mueren sus pueblos. Bayano, entre otras hidroeléctricas, es el vivo ejemplo de ello.

*
<>Artículo publicado el  31 de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Ex portuarios: 14 años de viacrucis

La opinión del Periodista…

 


ANTONIO GRAELL FLORES
agraell@hotmail.com

El 15 de diciembre de 1996, miles de trabajadores de la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional, hoy Autoridad Marítima de Panamá, fueron afectados por la privatización entre el Estado y la Sociedad Panamá Ports Co., S.A.

Desde entonces se inició el viacrucis de estos ex trabajadores para el pago por daños y perjuicios, salarios caídos, saldo a pagar, vacaciones proporcionales, prima de antigüedad, décimo tercer mes e indemnizaciones.

Cabe destacar que los daños y perjuicios no es solo para con los ex portuarios, sino que existe una lesión patrimonial con el Estado panameño, al violar el numeral primero del artículo 255 de la Constitución de la República de Panamá, que, de manera imperativa, expresa que los puertos y otros bienes del Estado panameño son de aprovechamiento libre y común y… ‘no pueden ser objeto de apropiación privada’.

No podemos soslayar el hecho de que mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia, fechada el 13 de junio de 2008, mediante la Ley Nº 12 de 5 de mayo de 2006, y mediante la Ley Nº 44 de 15 de mayo de 2003, el Estado y la Sociedad Panamá Ports Co., S.A., son solidariamente responsables, desde toda perspectiva jurídica, por los daños y perjuicios que le han causado a los ex trabajadores, tras la nefasta actitud de no cumplir con los requisitos sustanciales y fundamentales consagrados en el procedimiento de privatización, tal como lo establece la Ley Nº 16 de 14 de julio de 1992, también conocida como la ‘Ley Marco de Privatización’.

A pesar de que los ex trabajadores portuarios presentaron formalmente el pasado 6 de octubre de 2010, una solicitud a la Autoridad Marítima de Panamá para que instruyera a la Sociedad Panamá Ports Co., S.A. a realizar los pagos correspondientes, a la fecha, la Autoridad Marítima de Panamá no ha expedido las instrucciones a dicha sociedad privada.

Es nuestro deber recordarle al administrador de la AMP que, de conformidad al artículo 18 de nuestra Carta Magna, los funcionarios públicos están en la obligación de observar el principio de estricta legalidad y darle curso a los escritos de las partes interesadas, de acuerdo con lo que procede en Derecho.

En este sentido, existe una mora negligente por parte del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, al no darle el trámite debido a la solicitud de los ex trabajadores de los puertos de Panamá y Cristóbal, presentada el 6 de octubre pasado.

En este viacrucis que han tenido que recorrer estos ex trabajadores portuarios, muchos han fallecido en el camino, otros apenas pueden arrastrar los pies, ¡pero su sed y hambre de justicia los mantienen de pie!

 

<> Este artículo se publicó el 16 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Una privatización incorrecta

La opinión de la Arquitecta y Ex Ministra de Estado…

MARIELA  SAGEL
marielasagel@gmail.com

Recientemente se ha mencionado por parte de los personeros del gobierno que los Correos Nacionales van a ser privatizados. Correos y Telégrafos de Panamá (COTEL) es una dependencia casi olvidada del Ministerio de Gobierno y Justicia, que sobrevive gracias a que puntualmente llegan las cuentas a través de ese servicio y también la utilizan muchísimos jubilados para retirar sus cheques.

Yo soy muy partidaria de las privatizaciones, especialmente cuando se busca la eficiencia y la sana competencia. Sin embargo, en el caso de COTEL, he estado haciendo algunas averiguaciones y exhortado a la ex Directora inmediata, Marta Amado, a que brinde a los lectores información que sustente toda la modernización que ha atravesado esa entidad recientemente y su opinión será pública pronto.

Como ex ministra me siento obligada a emitir mi opinión en este tema. Me faltó tiempo para poder sacar COTEL del ministerio, como hice con medios de comunicación, registro público, tránsito y otras dependencias que por estar metidas en ese pozo sin fondo, nadie les pone atención. Pero reconozco que recientemente se hizo un esfuerzo para modernizar el servicio y para muestra un botón: ahora tenemos código postal.

Entiendo que la Unión Postal Mundial ha exigido a los países ajustes que uniforman las prácticas y Panamá los ha hecho con éxito. No veo entonces cuál es el apuro de privatizar el servicio, especialmente en medio de tantos otros problemas que atraviesa el país.

COTEL solo capta el 18.5% del mercado postal en Panamá, el resto está cubierto por el sector privado pero sin ningún tipo de regulación y solamente una minoría de la población aparece registrada en las zonas postales. Para nadie es un secreto que en las ciudades principales hay una gran cantidad de servicios postales que traen artículos que se compran por internet y toda clase de documentos.

Lo que hace falta es una regulación debida y darle autonomía a COTE, que cuente con un presupuesto acorde con las prácticas modernas y brinde servicios relacionados. En los Estados Unidos el servicio de correos sigue siendo público y el cartero es símbolo de estabilidad. Así se constató con los sobrevivientes del atentado a las Torres Gemelas: al restaurar el servicio, la población se sintió que la ciudad de Nueva York volvía a la normalidad.

El asunto no es privatizar por privatizar. En el caso de los correos y telégrafos, sería políticamente incorrecto hacerlo. La autora es arquitecta y ex ministra de Estado.

 

*

<> Artículo publicado el 29 de noviembre de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.