Entre anzuelos, redes y atunes

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La opinión del Biólogo y Ex Subdirector de Recursos Marinos…

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GUSTAVO   JUSTINES –
gajustines@cwpanama.net

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Parece que el mar no tendrá calma por el momento. El sector pesquero nacional se encuentra a la espera de una mesa de diálogo y por esa sola razón ha suspendido las protestas públicas.   Sin embargo, no parece haber ninguna intención del Ejecutivo por resolver el problema y peor aún, la presentación del Anteproyecto de Ley No. 280 que permitiría la pesca con redes de cerco y el establecimiento de granjas atuneras en Panamá, se presenta como un ventarrón que vuelve a encrespar las olas nerviosas, de quienes están perdiendo la fe en las instituciones, que deberían ser garantes de los mejores intereses de todos los panameños.

Para empezar, las granjas atuneras representan una pesca para engorde, porque no controlan el ciclo completo del cultivo.   Es decir, pescan ejemplares de cierto tamaño y los ceban hasta un tamaño y contenido de grasa superior.   Siendo una actividad extractiva, contribuye a incrementar la mortalidad por pesca (F) de la especie. La propuesta de Ley en prediscusión pretende autorizar la captura de hasta 9,000 TM anuales de atún, por lo que tenemos que preguntar al gobierno, ¿cómo se justificaría la pesca de 9,000 TM con redes de cerco a barcos que no existen en la flota local y, sin embargo, se cercena la oportunidad de pescar el mismo recurso a la flota nacional de palangre, que en los últimos tres años ni siquiera ha promediado capturas de 1,000 TM anuales?

La pesca de atún con palangre ha fortalecido la estructura de procesamiento local, ha abierto un importante nicho de mercado de exportación, ha contribuido a la disminución del esfuerzo sobre recursos costeros, al convertir camaroneros a palangreros, además de generar numerosos empleos directos e indirectos, así como muchas otras oportunidades a panameños en todo el país.

¿Cómo es posible, entonces, que se pretenda favorecer una mayor mortalidad por pesca (9,000 TM vs 1,000 TM);   favorecer la pesca con cerco, que captura ejemplares de 19 libras promedio (juveniles) vs la de palangre que captura ejemplares de 84 libras promedio (adultos);   fomentar la granja atunera, que solo genera 100 empleos vs la pesca con palangre, donde han quedado cesantes más de 3,000 panameños como resultado del Decreto Ejecutivo No. 486?

El cierre de una pesquería es un asunto serio y solo puede darse si existe suficiente evidencia de que la actividad es insostenible.   Si ese fuera el caso y la evidencia científica no dejara dudas, todavía habría que seguir un protocolo establecido por la FAO específicamente para el ‘desmantelamiento de pesquerías’, en el cual se toman en cuenta los aspectos ambientales, sociales y económicos, una reducción gradual de la actividad y un cálculo de las posibles compensaciones a los usuarios. El DE 486 no contempló ni dio oportunidad a nada de lo anterior, además de estar basado en aseveraciones totalmente falsas e insostenibles desde el punto de vista de administración pesquera.

Otro elemento importante que deja sin sustento el Decreto Ejecutivo No. 486 y que es obligatorio exponer a la opinión pública, es el hecho de que Panamá tiene 80 barcos palangreros con bandera panameña de servicio internacional autorizados a pescar en el Pacífico Oriental Tropical, el mismo recurso que el mencionado Decreto Ejecutivo prohíbe pescar a los nacionales. Todos estos barcos de bandera son de más de 24 metros de eslora y algunos de más de 50 metros, los cuales capturaron en 2009 cerca de 3,000 TM de atún y 700 toneladas entre tiburones y peces de pico, porque estos barcos no tienen ninguna restricción para la comercialización de estas especies como sí la tiene la flota local.

El Decreto Ejecutivo No. 486, la pesca con redes de cerco, las granjas atuneras, entre otras cosas, parecen estar encaminadas a maniatar la pesca local a favor de intereses extranjeros, acabando con el trabajo honrado de muchos panameños. Señores, los pescadores son gente independiente, hecha de esa manera por su esfuerzo individual y entrega al trabajo, por consiguiente, no están acostumbrados a pedirle nada a los gobiernos. De hecho, los pescadores han salido a protestar por su derecho a seguir trabajando en una actividad dentro de la cual la mayoría nació y considero que es deber del Estado garantizarles que ese sea su legado.

Este artículo se publicó el  15  de febrero   en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Decreto contra la pesca y la libre competencia

La opinión del Biólogo y Ex Subdirector de Recursos Marinos…

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GUSTAVO JUSTINES –

gajustines@cwpanama.net

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La sorpresa y el repudio generalizado de todos los componentes del sector pesquero del país en contra del Decreto Ejecutivo No. 486 de 28 de diciembre de 2010, es una reacción natural de quienes ven afectados sus intereses y modus vivendi, sin que medie razón alguna, más que el querer imponer criterios muy particulares.

La promulgación del mencionado decreto, no solamente se hizo de manera inconsulta, como ha sido corroborado por las numerosas cartas de grupos nacionales ligados al sector, sino que carece de sustento técnico. No existe evidencia de sobreexplotación de los recursos en cuestión y yo añadiría que ni siquiera hemos alcanzado el punto de máximo aprovechamiento sostenible a largo plazo en las pesquerías de atún y dorado.

Esto quiere decir, que los beneficios sociales y económicos derivados de esta actividad pudieran ser mayores. Nos tomó mucho tiempo y un esfuerzo conjunto con administraciones pesqueras anteriores, para que se diera el desarrollo de una pesquería local de atún con palangre y esta resultara en el cambio de embarcaciones camaroneras (un recurso sobreexplotado) a la pesca de palangre, especialmente de atún fresco grado suchi. La presencia de esta flota panameña en la periferia del Golfo de Panamá, también ha servido de ojo previsor que ha ayudado a desalentar las incursiones de barcos pesqueros extranjeros, acostumbrados a robarnos nuestros recursos.

Trabajos recientes del Dr. Ángel Vega, de la Universidad de Panamá, (2009) y del Dr. Héctor Guzmán, investigador del Instituto Smithsonian (2010), concluyen de manera muy preliminar que la pesquería de dorado no presenta signos de sobreexplotación. La pesquería de atún aleta amarilla se encuentra saludable y las restricciones que impone la CIAT, se basan en restringir la pesca con redes de cerco, que ejercen un esfuerzo mayor sobre peces pequeños asociados a objetos flotantes.

El Estado esgrimió el tema de los peces de pico como otra razón para tratar de justificar la emisión del decreto, aduciendo que la flota de palangre nacional mata estas especies, además de tortugas y delfines, de manera indiscriminada. Otro argumento sin sustento, ya que Panamá fue el primer país de la región que prohibió la comercialización de los peces de pico hace 14 años y utiliza los anzuelos circulares desde hace 15 años, mucho antes de que la World Wildlife Fund (WWF) y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) establecieran hace 5 años un programa regional para el cambio de anzuelos tipo ‘J’ por anzuelos circulares. Estos permiten liberar con vida un alto porcentaje de los peces de pico y tortugas capturados incidentalmente. El palangre como arte de pesca no captura delfines.

Sobre este tema la Comisión Internacional que regula las pesquerías en el Pacífico Centro Occidental (WCPOC), en su más reciente informe de situación de los recursos, concluye que ninguna de las especies de peces de pico se encuentra sobre-explotada. Esta información deja sin sustento el argumento de que la flota nacional está acabando con los peces de pico, cuando el impacto de la pesca nacional de palangre representa solamente el 0.001% del esfuerzo pesquero de superficie en el pacífico oriental y menos de la mitad de ese porcentaje en todo el pacífico tropical que constituye el hábitat de estas especies altamente migratorias.

El tercer y más reciente argumento utilizado por la administración pesquera para tratar de justificar el nefasto Decreto Ejecutivo 486, es el de ‘viene el cuco’, refiriéndose a un programa bianual de rendición de informes y acciones que solicita el Departamento de Estado de los Estados Unidos, basado en reportes del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS), sobre el desempeño de los barcos pesqueros de bandera panameña de servicio internacional que pescan en aguas internacionales, aguas de otros estados o aguas reguladas por organizaciones internacionales o regionales (fuera de las aguas jurisdiccionales de Panamá). Esto es parte del compromiso internacional en el marco de las Naciones Unidas sobre pesca responsable para erradicar y desalentar la pesca Ilegal, no regulada, no reglamentada que ocurre en altamar.

La administración pesquera no tiene argumentos válidos para mantener vigente este decreto. Violó todos los pasos administrativos para su emisión incluyendo a su máximo organismo de decisión, la Junta Directiva. Aferrarse a este exabrupto jurídico y técnico no tiene explicación alguna. Llamamos a un diálogo constructivo entre todas las partes, deponiendo intereses y evitando pescar en tiempo de aguaje.

 

Este artículo se publicó el 1 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.