Institucionalidad: ¿defender qué y para qué?

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La opinión del Empresario, Jurista  y Ex Presidente de la APEDE….

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ENRIQUE ARTURO DE OBARRIO –
eobarrio@obarriolaw.com

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En días pasados aproveché una tarde sabatina asistiendo a interesante foro organizado por la Fundación por el Panamá que queremos, con el nombre que lleva el título de esta contribución. Para contestar la pregunta ‘¿defender qué?’, es obligante primero saber de qué estamos hablando.

La institucionalidad es mala o buena, según el gusto de cada quien, de cada pueblo, o del sistema de gobierno que favorezcamos o toleremos. Para nosotros es mala la institucionalidad de un sistema totalitario, de izquierda o de derecha; es buena la de un sistema democrático.   Mediante su análisis determinamos la calidad de instituciones que tenemos, y también el talante de nuestras decisiones éticas.   Así sabemos cuán débil o fuerte se encuentra nuestra institucionalidad y si en realidad ésta corresponde a la de un sistema democrático maduro. Uno, que presupone la existencia del Estado de Derecho, que requiere de ciertas reglas para funcionar en forma adecuada. En un sistema republicano, como el nuestro, el Estado está conformado por tres órganos con roles distintos, que deben actuar en forma independiente, pero en armónica colaboración.

Tenemos instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Tribunal Electoral, cuya institucionalidad debemos defender para tener un sistema de justicia confiable, blindado contra la impunidad, garante de la seguridad jurídica; para que los recursos públicos se utilicen prudentemente; para que la Ley sea aplicada en forma firme e imparcial, con certeza del castigo; para el perfeccionamiento de los partidos y el mejoramiento de la sociedad política. La democracia requiere de partidos que no sean electoreros y practicantes del clientelismo político, sino que inviertan en capacitación política de sus militantes, sobre todo en ética política y fomento de la vocación de servicio; una sociedad política conformada por personas que entiendan la política como la gran oportunidad de servir al bien común a través de la política, y no como la gran conveniencia de servirse de la política.

Importa también defender la institucionalidad misma del Estado de Derecho, para que en realidad exista separación de poderes, sistema de pesos y contrapesos, transparencia y rendición de cuentas, libertad de expresión y asociación.

Por todo lo anterior es importante una institucionalidad formal sólida, con pilares fuertes. Pero para ello hay que trabajar en fortalecer primero la institucionalidad informal. Esta última tiene que ver más con el pensar y actuar de los actores que inciden, para bien o para mal, en la calidad de la institucionalidad formal que podamos tener. Esos actores somos todos, principalmente quienes están o pretenden estar en posiciones de liderazgo. Me refiero a malos hábitos que llevan a decisiones equivocadas, por ilegales o inmorales; y a actores de todos los sectores de la vida nacional.

Ejemplos de cómo el mejoramiento de la institucionalidad informal fortalece la institucionalidad formal abundan. Se trata de adoptar la decisión correcta al nombrar personas probas, competentes, meritorias y con independencia de criterio, en instituciones como las señaladas párrafos atrás; al mantener como regla y no excepción los procesos abiertos y transparentes de selección de contratistas; al abrazar la participación ciudadana y el diálogo como el mejor mecanismo para encontrar las soluciones más acertadas y beneficiosas, y la concertación como la mejor forma para perfeccionar políticas públicas y construir, entre todos los sectores, una visión compartida del país que queremos; al fomentar la cohesión social y evitar la ruptura del pacto social; al ser tolerantes ante la crítica y opiniones distintas entre panameños, y evitar a toda costa utilizar el poder político, económico o de cualquier índole, para intimidar o ganar ventajas; desde el sector privado, al privilegiar la solidaridad sobre la indolencia, el involucramiento y participación sobre la indiferencia; desde los medios de comunicación, al utilizar correctamente y en forma conjunta ese enorme poder para transformar la cultura de violencia, en una de paz.

Luego entonces, si mejoramos la institucionalidad informal a través del actuar ético, en esa medida tendremos los actores correctos en los distintos sectores de la sociedad panameña (incluido por supuesto el sector público), quienes en virtud de las decisiones acertadas facilitarán el fortalecimiento de la institucionalidad formal.

La institucionalidad informal se nutre sobre todo de la educación, el ejemplo y el fortalecimiento de la más importante de todas las instituciones: la Familia. Es esto fundamentalmente lo que nos permitirá combatir con efectividad y sostenibilidad nuestros principales apremios, entiéndase pobreza y desigualdad, y lograr un desarrollo y crecimiento económico con equidad social, hacia la prosperidad y el Estado de bienestar.

Una vez logremos mejorar así la calidad de la institucionalidad formal la misma será, como en las sociedades maduras, garante de una institucionalidad informal de calidad.

No nos engañemos. El cambio no solo lo debemos esperar de los actores de turno en la esfera de lo público—político. El cambio debe darse en todos los sectores, con miras a la sociedad buena que anhelamos.

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<> Este artículo se publicó el 26 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/de-obarrio-enrique-a/

Sociedad civil y Sociedad política: Primero Panamá

No es saludable para la democracia que la credibilidad de toda la sociedad civil se vea minada por exceso de antagonismo y falta de objetividad por parte de voceros de algunas OSCs, quienes se anuncian como representantes de la sociedad civil panameña, pero lo suyo es solo criticar y protestar, pero nunca apoyar buenas iniciativas y proponer. Conozcamos, sobre este tema de la sociedad cividl, la opinión completa  del Empresario y Ex Presidente de la APEDE….

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ENRIQUE ARTURO DE OBARRIO

En sentido amplio, sociedad civil somos cientos de miles de ciudadanos que no pertenecemos a la sociedad política.   En un sistema democrático la sociedad civil puede organizarse, conformando las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Según Enrique Brito Velásquez, se trata del ‘conjunto de ciudadanos organizados como tales para actuar en el campo de lo público en busca del bien común, sin ánimo de lucro personal ni buscar el poder político o la adhesión a un partido determinado’.

En Panamá tenemos muchas OSCs, ciertamente representadas por más de ‘cuatro gatos’.    Por definición, en cualquier democracia la sociedad civil incluye a gremios, sindicatos, asociaciones profesionales, comunidades religiosas, ONGs, organizaciones comunales, clubes cívicos, universidades, poblaciones indígenas, afrodescendientes, etc. Entonces, hay que tener cuidado en pretender abrogarse la representación colectiva de la sociedad civil.

Los líderes de las OSCs en ocasiones se dedican a tiempo completo a estas faenas en forma asalariada y desde oficinas de la respectiva OSC, gracias a donaciones internas y externas; pero también hay líderes gremiales y activistas de la sociedad civil quienes, a costa de sacrificio personal, profesional y hasta familiar, aportan tiempo en forma gratuita, participando activamente en estos menesteres e impulsando propuestas concretas.

De acuerdo con Gonzalo Gamio Gheri, la función de las OSCs consiste en ‘articular corrientes de opinión pública, de actuación, deliberación ciudadana que permita hacer valer las voces de los ciudadanos ante el Estado en materia de vindicación de derechos y políticas públicas’… … ‘al Estado compete la administración del poder, la sociedad civil debe velar porque el Estado no desarrolle políticas autoritarias, respete la legalidad y escuche las voces de los ciudadanos’… … ‘configura el espacio desde el cual los ciudadanos participan —a través de la palabra y la acción— de la construcción de un destino común de vida’.

El artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana dispone que ‘La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia’.

Es importante que el Estado permita la participación de la sociedad civil dentro del sistema democrático, pero también es importante que las OSCs cuenten con: Representatividad legítima, organización transparente con la debida rendición de cuentas, un liderazgo que se renueve democráticamente, y actúe siempre con la mayor objetividad, en pos del bien común.

Así como importa que el Estado reconozca y dé cabida al rol de la sociedad civil organizada, importa que los líderes de las OSCs también sean las primeros en apoyar las buenas iniciativas, que las ha habido en este y todos los gobiernos democráticos anteriores.

No es saludable para la democracia que la credibilidad de toda la sociedad civil se vea minada por exceso de antagonismo y falta de objetividad por parte de voceros de algunas OSCs, quienes se anuncian como representantes de la sociedad civil panameña, pero lo suyo es solo criticar y protestar, pero nunca apoyar buenas iniciativas y proponer.

Muchísimas han sido las iniciativas y aportes que se han dado bajo la égida de la sociedad civil en nuestro país; solo para referirnos a época reciente, podemos señalar la Visión 20/20, Ley de Transparencia, Centro Nacional de Competitividad, Pacto de Estado por la Justicia y la Concertación Nacional. Es precisamente el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, institucionalizado por Ley, uno de los principales aportes de la sociedad civil en la historia republicana.

Para fortalecer la cohesión social y enrumbar a Panamá por el camino de la riqueza extendida, la equidad y el bienestar general, es esta última la instancia que sociedad civil y sociedad política, panameños todos, hemos de privilegiar.

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Este artículo fue publicado el  6 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito y la responsabilidad que les corresponde.

Cómo asegurar el cambio que favorecimos

La opinión de….

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ENRIQUE ARTURO DE OBARRIO –

Favorecimos el ‘cambio’, como la gran mayoría, y seguimos con la disposición de seguir apoyándolo. Lo hicimos públicamente al frente de ‘Fuerza Independiente’, movimiento integrado por personalidades verdaderamente independientes de la vida político—partidista;  conciudadanos de trayectoria propositiva, como Roberto Troncoso, Irving Hallman, Julia Suira, Bertilo Mejía, Geraldine Emiliani, Rafael Montes Gómez, Alexis Soto y varios más en todo el país.

Luego de un análisis sosegado, al principio optamos por la candidatura de Varela; después nos convencimos de que su candidatura no era del todo viable y que lo que más convenía a los intereses nacionales, dentro de la coyuntura política tal cual se presentaba entonces, era evitar la división del voto opositor y asegurar el triunfo del candidato Martinelli; por ello contribuimos al acercamiento entre Martinelli—Varela, que a la postre hizo fraguar la alianza por muchos considerada imposible, y como alianza se logró el respaldo electoral mayoritario.

Nuestra decisión se fundamentó en el anhelo de un cambio que permitiese, sobre todo a quienes se encuentran en la base de la pirámide, el presente y futuro al cual tienen derecho; en términos de mayores oportunidades para beneficiarse de un crecimiento económico con equidad social.   Para lograr lo anterior se hacía necesario eliminar las prácticas nefastas que han impedido el desarrollo de una Democracia Plena.

La Democracia Plena parte del sufragio popular y la elección de candidatos en forma transparente, a quienes por esa vía se confía un mandato; en el caso del presidente de la República, un mandato para gobernar, para administrar la Cosa Pública por un periodo determinado, pero no termina allí.

Esa confianza implica también que se actúe con sujeción al Estado de Derecho, respeto por la separación de los poderes; con un firme rechazo a la corrupción; favoreciendo los pesos y contrapesos; ejerciendo las funciones públicas con transparencia y rendición de cuentas; con énfasis en la consulta y los espacios de participación ciudadana, diálogo y concertación; asegurando la vigencia de los derechos humanos y libertades plenas; comprendiendo que todos somos panameños, y no caben rencores, revanchismos ni actitudes prepotentes sino, sobre todo, la vocación y determinación para resolver, entre todos, los principales apremios; sobre todo, con humildad, que no es sinónimo de debilidad.

Así entendimos y apostamos por el cambio; pero alumbrándolo con luces largas, en función de una visión de país compartida, construida por todos, no solo desde el sector público—político, porque es claro que el rol de los electores tampoco termina en las urnas.

El mandato presidencial no provino exclusivamente de las filas de CD y los partidos de la Alianza; fue posible también gracias a la confianza depositada por miles de independientes, de la sociedad civil, y de compatriotas sencillos que no están matriculados en ningún partido político. La gobernabilidad también habrá de encontrar su más fiel respaldo entre estos, quienes a final de cuentas inclinarán el péndulo de la confianza, factor tan crucial para cualquier mandatario.

Asimismo, es cuando más debemos tomarnos en serio el tema de la Concertación Nacional, y dar en consecuencia el mayor énfasis a la Ley 20 de 25 de febrero de 2008, que crea el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo y establece su mecanismo de verificación y seguimiento. Se trata de abrazar ese espacio de diálogo social institucionalizado, en función de lo que más conviene al interés nacional, al bien común; es la máxima instancia que como panameños hemos logrado, no para cogobernar, sino para apoyar a cualquier presidente y su gobierno a construir consensos, en una forma organizada y edificante.

A los ciudadanos de buena fe lo que nos interesa es que la actual administración sea lo más exitosa posible; pero nos interesa que la del 2014 y periodos sucesivos también lo sean. Lo nuestro nunca debe ser coyuntural, asimilándonos a las mieles del poder, como lo hacen esos aduladores y sanguijuelas que aparecen en todos los gobiernos.

Sería deseable, oportuno, que el presidente haga un ajuste de su equipo de trabajo al nivel ministerial. Corresponde al presidente rodearse de aquellas personas capaces, que de verdad tienen la convicción y el compromiso de anteponer a la patria y a los pobres primero.

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Este artículo fue publicado el 29 de julio de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Diálogo social y llamado a la unidad

La opinión de…..

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Enrique Arturo de Obarrio

Segunda proeza para el año 2010: El diálogo social, instituido a través del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, nacido desde la sociedad civil a la luz de la urgencia de tener una estrategia nacional de desarrollo verificable y continuada en el tiempo, más allá de cualquier administración debe ser remozado y convertido, en el seno de las discusiones más serias sobre el destino de nuestra Nación; una visión compartida, viable mediante la cohesión social.

El referéndum para la ampliación del Canal ofreció hace cuatro años la oportunidad para instar al gobierno Torrijos a crear un espacio de diálogo, donde la sociedad civil tuviera la oportunidad de recordarle al Gobierno que sus planes de corto plazo no han solucionado los problemas que aquejan a la patria desde su nacimiento.  

Nuestra patria está remendada, desde sus calles hasta su Constitución, y cada sastre quinquenal quiere hacer un remiendo más sobre su ya descosida geografía.

Urge retomar nuestra estrategia nacional de desarrollo, enriquecerla, actualizarla y hacerla verdaderamente visionaria al influjo de la experiencia de otros países, donde la sociedad civil logró concertar la soberanía popular y conminar a sus gobiernos a gobernar de acuerdo a una agenda de historia, y no de partidos políticos o liderazgos coyunturales que aparecen y desaparecen en virtud de intereses circunstanciales o de gamonales a quienes no les importa si la historia los va a juzgar o no, porque saben que el poder de sus dineros, cuando salen millonarios, sobrevive el tiempo necesario para manipular los textos y perpetuarse en placas y monumentos de bronce.

El gobierno de Martinelli, hoy mandatario gracias sobre todo a la sociedad civil, podría comportar un giro trascendental –ese verdadero cambio del que todos somos responsables– si rompe de verdad con las malas prácticas de la política tradicional; siempre dentro de lainstitucionalidad, el estado de derecho, abrazando las bondades del sistema de pesos y contrapesos, y favoreciendo en todo el sector público la instauración de una cruzada patriótica conformada por servidores públicos meritorios que se distingan por su honestidad, capacidad, criterio formado y auténtica vocación de servicio; dejando atrás esa complicidad de intereses obscuros, sobre todo, entre los poderes político y económico que siempre vieron a la sociedad civil como un enemigo y obstáculo, por lo que los innumerables avances que a pesar de todo se dieron bajo la impronta de la sociedad civil fueron posibles en gran medida por la perseverancia y presión constructiva y propositiva de sus distintos liderazgos.

La sociedad civil pudiera convertirse en el mejor aliado de la administración Martinelli para caminar juntos hacia la cristalización de una visión de país compartida, conformando una virtuosa amalgama de ilusiones, anhelos y firmeza de propósitos que nos deberían ser comunes.

Aplaudimos entonces el llamado a la unidad que hace el presidente Martinelli; la sociedad civil está lista y dispuesta, y la instancia idónea para hacer esto realidad es el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, que por ley preside el Presidente de la República.

Organicemos el futuro. Démosle a nuestro pueblo una opción permanente que rebase los periodos presidenciales, despierte en los gobernantes el afán de trabajar verdaderamente para el pueblo, conjure la ignorancia electoral, consolide la soberanía popular y piense en el mañana desde una perspectiva de planes a largo plazo.

El Gobierno es un actor más en nuestro drama social histórico; no tiene el principal papel protagónico, aunque podría ser el actor más querido. Un gobierno tiene que ejercer en forma diligente y responsable el mandato popular, que es el que le dio –condicionalmente– la alternativa quinquenal; y toda estrategia nacional de desarrollo tiene que supeditar sus planes, como el voto condiciona su periodicidad.

Para terminar les comparto una frase extraída del discurso de toma de posesión del nuevo presidente de la República Oriental del Uruguay, Pepe Mujica, quien ya asoma sus virtudes de gran estadista latinoamericano: “Miramos la radiografía, y lo que vemos adentro de la sociedad, son formas convexas y cóncavas, negociando el ajuste, porque se necesitan entre sí.

Entonces pensamos que sería contra natura, que los representantes políticos de esos retazos sociales, nos dedicáramos a separar y no a concertar. Queremos una vida política orientada a la concertación y a la suma, porque de verdad queremos transformar la realidad”.

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Publicado el 6 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Decisión en la Autoridad del Canal

La opinión del dirigente empresarial……

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Enrique A. de Obarrio

Quien dude que Panamá se encuentra en los albores de asegurar a mediano plazo la posibilidad del desarrollo humano y social de las mayorías, deberá hacer un viaje al pasado y convivir con los próceres, quienes arriesgaron sus vidas para legarnos nuestra independencia de Colombia dando a luz la República de Panamá, como un paso trascendental en el devenir histórico del istmo y de nuestra nación.

La onda sonora de la separación de Colombia –107 años después – reproduce escenarios políticos parecidos, si aceptamos que la República nació, creció y se desarrolló bajo el influjo material y espiritual del protagonismo de la ruta interoceánica.

Hoy debemos atender con patriótico celo lo que el presidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009 –2014) decidirá en cuanto a la elección de nuevos directores en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Y es que el destino –paradójico en asuntos de la Patria– le ha otorgado el nombramiento de seis miembros de la junta directiva de la ACP, adicionales a los ya elegidos Rómulo Roux –actual ministro del Canal – y Rafael Bárcenas.

Este 13 de febrero deberá reemplazar a Antonio Domínguez, Mario Galindo y Guillermo Quijano, convirtiéndose en el presidente que, además de haber sido ministro del Canal, tendrá enorme poder para proteger una institución modelo de la República y en el mundo, hasta ahora inoculada contra la presión político partidista y las inconfesables ambiciones del poder económico.

Martinelli y esa junta también deberán nombrar al próximo administrador una vez finalice el periodo de Alemán Zubieta, en el año 2012, y a solo dos años de concluirse la gran obra de ampliación.

A favor de los miembros que hasta ahora han ocupado las sillas de esa junta, hay que reconocer que sus ejecutorias han sido reputadas, manteniéndose apartadas del influjo político y defendiendo el prestigio bien ganado de ser una institución autónoma, cuyo único interés es mantener el Canal eficiente, seguro y con manejo transparente, haciendo sostenible su creciente rentabilidad.

Por si no se sabe, entre 2014 y 2025 el conglomerado de la ruta aportará unos 28 mil millones de dólares a las arcas del Estado.

Los panameños que votamos sí a la ampliación, lo hicimos después que el presidente Torrijos aceptara finalmente la propuesta de trabajar en una estrategia nacional de desarrollo, en virtud de un proceso de Concertación Nacional, que ha de ser tenida como hoja de ruta en la ejecución de los planes quinquenales de Gobierno, en forma continua por administraciones que se sucedan cada cinco años, con miras a superar la pobreza y corregir la desigualdad.

Los panameños que favorecimos a la opción del cambio en las pasadas elecciones, lo hicimos confiando en el liderazgo del presidente Martinelli, para transformar positivamente la forma de administrar la cosa pública, depurando un sistema político corrupto.

¿Cómo debe ser el perfil de los próximos directores de la ACP? Pido a la sociedad nacional que exprese su parecer por cuanto medio de comunicación social encuentre disponible. Se trata de preservar una institución libre de corruptelas, porque con la ampliación del Canal de Panamá y la ejecución solidaria de la estrategia nacional de desarrollo, estamos a un brinquito de salir de la pobreza, superar la inequidad, y codearnos con los países del primer mundo.

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Publicado el 3 de febrero de 2010  en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Proezas para el año 2010

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La opinión del Empresario……

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Enrique Arturo de Obarrio

No sé cuánta gente haya puesto sus barbas en remojo, tras las asonadas de las últimas semanas de 2009.  Pareciera que no va a quedar piedra sobre piedra, y que las columnas de los templos de la corrupción encontraron su Sansón panameño. Reconozcamos que es una guerra entre titanes que jamás se habría dado bajo el liderazgo de un gobierno resultante del bipartidismo cómplice de los últimos 20 años.

Nos atrevemos a soñar en el 2010, y hacemos nuestra lista de proezas, porque lo más importante es pensar en el país. Terminado el bullicio habrá que seguir trabajando en la reconstrucción, en la refundación de las cosas, para que los que tienen la responsabilidad de gobernar, por mandato del pueblo, siempre lo hagan realmente en los mejores intereses del pueblo.

1. En este enero de 2010 habrá que nombrar tres nuevos directores en la Autoridad del Canal de Panamá. Todavía no se oyen nombres, cuando es una de las tareas más conspicuas, porque la ACP es nuestro modelo de institución libre de corruptelas.   Que no se nos conculquen las últimas esperanzas, defraudadas por nombramientos recientes.

2. El diálogo social, instituido a través del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, nacido desde la sociedad civil a la luz de la urgencia de tener una estrategia nacional de desarrollo verificable y continuada en el tiempo, más allá de cualquier administración, debe ser remozado y convertido en el seno de las discusiones más serias sobre el destino de nuestra nación; una visión compartida, viable mediante la cohesión social.

3. La estrategia nacional de desarrollo debe saltar las barreras del silencio y protagonizar la vida nacional. Antes de que se inaugure el tercer juego de esclusas, los panameños debemos asegurar cómo invertiremos en el tiempo los cuantiosos ingresos que semejante obra dejará en las arcas públicas, para erradicar tanta pobreza y corregir tan profunda desigualdad.

Se necesita un estadista y un pueblo con elevada cultura política, para entender bien que nuestro principal proyecto histórico es lograr el desarrollo humano y social.

4. Urge la depuración de los partidos políticos, pilar fundamental y necesario en toda democracia. A falta de mejores propuestas, la democracia debe sobrevivir sobre la certeza de que en el seno de la partidocracia se asegure la elección de los mejores. Urge, asimismo, asegurar una oposición política madura, edificante, que sirva de sano contrapeso.

5. El cambio que prometió el presidente Martinelli no debe ser prerrogativa suya. Cuando le dimos el voto, ese prometido cambio pasó a ser una agenda de país, de todos los panameños. El cambio debe surgir de la gente, eso que se llama “pueblo”. Debemos pasar de la expectación a la acción transformadora.

6. Bajo la égida de la “sociedad civil” han salido propuestas concretas y previsoras, como la Ley de Transparencia, pacto de Estado por la Justicia, Centro Nacional de Competitividad, Concertación Nacional para el Desarrollo, y diversas iniciativas para visibilizar mejor y combatir más efectivamente el flagelo de la corrupción.

Es, en gran medida, gracias al trabajo tesonero y sacrificado de la sociedad civil que se han dado transformaciones importantes, conducentes incluso a la realidad de un gobierno de cambio. Así lo deben ponderar nuestras actuales autoridades, y también se impone una reingeniería positiva de la sociedad civil, pues toda democracia requiere de una sociedad civil que tenga representatividad real de abajo hacia arriba, con mejor organización y una coordinación con un liderazgo rotativo, más compartido y menos protagónico.

7. Urge pasar de la democracia electoral a la democracia plena. Una democracia con base en la cual los líderes electos acaten la ley y se desempeñen estrictamente de conformidad con la Constitución y los procedimientos legales; donde se permita el derecho de cada persona a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo el intercambio y recibo de ideas e información; donde exista un sistema de administración de justicia competente, independiente e imparcial, abierto al público.

Y me quedo en esta especie de lucky seven, porque quien mucho abarca poco aprieta. Si conseguimos algunas de estas proezas, sabremos que el cambio es posible.

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Publicado el 5  de enero de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El Sistema Interamericano ante la encrucijada

El Sistema Interamericano ante la encrucijada
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Enrique Arturo de Obarrio
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Debemos estar muy preocupados porque el desenlace de lo que acontece en Honduras sea uno que favorezca la causa de la democracia en su más amplio sentido; una democracia que asegure las más plenas libertades y la paz social.

Con base en viejos paradigmas se ha deplorado internacionalmente el «golpe de Estado», clamando por el inmediato retorno del «orden constitucional», entendido éste como el regreso inmediato al poder del presidente elegido por el pueblo. Un presidente que desde hace mucho tiempo dejó de gobernar en los mejores intereses del pueblo que le confirió un mandato claro; un mandato para gobernar respetando la institucionalidad, y no para anteponer sus intereses personales (y los de Chávez) por encima de los más caros intereses nacionales, pretendiendo perpetuarse en el poder.

Este «presidente» incurrió en causales suficientes para ser despojado del cargo. Hubo una decisión previa del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, que recibió el respaldo de otras instituciones del Estado hondureño y de varias organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en Honduras. De otro lado, tenemos una posición internacional influenciada por representantes de gobiernos supuestamente democráticos, seudolíderes neopopulistas que se dicen socialistas y solidarios pero que, en realidad, han jugado inmisericordemente con las reglas de la democracia para hacerse del poder y servirse ellos de la política, lejos de servir al bien común a través de la política. Sus acciones han devenido en regímenes narcisistas totalitarios que coartan las más puras libertades.

Ante la encrucijada, debemos esforzarnos por ser muy cautos en el análisis. Debemos estar muy claros en cuanto a para quién realmente luchamos, cuando abogamos por la promoción de la cultura de la democracia como una forma de vida. Quisiera pensar que luchamos por los pueblos oprimidos, que subsisten en la pobreza y la inequidad, sin libertades plenas. Es eso lo que lograremos haciendo, ahora, fuerza común con los Chávez, los Ortega, los Morales y los Correa? ¿Quieren ellos, en realidad, lo mejor para el pueblo hondureño? Estoy muy seguro que ¡no!

No tengo reparo alguno en atreverme a ir en contra de esa simplista «opinión internacional». No tengo reparo alguno, en defensa de la democracia hondureña, de optar por la ética de la responsabilidad. No manda en Honduras en estos momentos el ejército. Se ha posesionado en el cargo a nivel del Organo Ejecutivo a un civil, según lo prevé en estos casos la Carta Magna; todo lo anterior ha ocurrido como resultado de las pretensiones reeleccionistas de Zelaya -quien ahora cínicamente se presenta al mundo como la gran víctima-, y su quebrantamiento del «órden constitucional» al haber desconocido flagrantemente los dictámenes de la Corte y el Tribunal Electoral.

Lo ocurrido en Honduras NO ha sido un golpe de Estado militar. Fue una solución llevada a cabo por hondureños y sus instituciones, NO por una fuerza foránea. Fuerza foránea intervencionista es lo que se ha venido consolidando en los últimos días, so pretexto de la defensa de la institucionalidad, pero no exactamente para fortalecer la democracia y para favorecer las libertades plenas. Es una flagrante violación del sagrado principio de autodeterminación de los pueblos.

Así como en el caso de Panamá la comunidad internacional se burló de nuestra causa durante las atrocidades de Noriega, así también lo está haciendo en el caso de Honduras, facilitando el regreso del enemigo al poder.

Tengo la convicción de que si se flaquea en esta hora crucial, permitiéndose el retorno de Zelaya al poder, él se estará entronizando en el mismo con más fuerza que nunca, y será no sólo la desgracia de Honduras, sino también una estocada letal para el sistema interamericano.

El mismo Chávez y su nefasto proselitismo político-ideológico quedará consumado, y hasta legitimado por la comunidad internacional; y que Dios nos agarre a todos confesados.

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Publicado el 4 de julio de 2009 en el diario el Panama América a quien damos todo el crédito que le corresponde.

El Opus Dei y la política: Libertad y Responsabilidad

El Opus Dei y la política: Libertad y Responsabilidad

ENRIQUE DE OBARRIO

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Con motivo de celebrarse hoy, 25 de junio, la solemnidad de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, considero de provecho compartir parte de su pensamiento, particularmente lo concerniente a la participación política de los hombres y mujeres que conforman la sociedad.

Libertad y responsabilidad. Podría decir que estas dos palabras son las que resumen el pensamiento y reflexiones de San Josemaría Escrivá de Balaguer sobre la formación de la conciencia en materia social y política. Él tenía clara su misión y por ello en reiteradas ocasiones señalaba “yo no hablo nunca de política” , “mi misión como sacerdote es exclusivamente espiritual”.

Sin embargo, como sacerdote secular, fue consciente de la responsabilidad particular que recae sobre el cristiano común: Incidir positivamente en las estructuras temporales según los principios cristianos. Así, son estructuras temporales el trabajo, la cultura, la familia, la política, etc. en el ámbito de la vida cristiana. No solo en el templo, no solo en la participación de determinados actos de culto, sino en el gran entramado humano y profesional de los hombres y mujeres de este tiempo, incluida la política.

El Opus Dei no propone ni sugiere a sus miembros “ningún camino concreto, ni económico, ni político, ni cultural. Cada uno de sus miembros tiene plena libertad para pensar como le parezca mejor en esos terrenos [?]: caben en el Opus Dei personas de todas las tendencias políticas, culturales, sociales y económicas” , decía él en una de sus múltiples predicaciones. Es justamente esta característica la que pone de manifiesto la libertad de cada uno de sus miembros y de quienes frecuentan los medios de formación espiritual que allí se ofrecen.

Parte del pensamiento de la sociedad actual pretende arrinconar la vida espiritual de las personas —sin importar de qué religión se trate—, al ámbito privado. Para quienes hemos tenido la oportunidad de conocer un poco de la vida de este santo, es de gran alegría saber que tenemos el derecho y deber de formar parte activa de la sociedad civil, y saber que para ser cristiano no hay que dar la espalda al mundo, ser un derrotista o un acomplejado. No, al igual que todos los miembros de la sociedad, podemos y debemos dar nuestra opinión.

Se trata de actuar con conciencia, con responsabilidad personal, pero sobre todo respetando siempre la libertad de las personas y reconociendo que “en los asuntos humanos, también los otros pueden tener razón”. Así, la libertad personal es uno de los pilares en que se basan las enseñanzas de San Josemaría.

Según el profesor Ángel Rodríguez Luño, en los escritos de Escrivá la libertad aparece como un valor muy importante, indisolublemente unido al principio de responsabilidad, lo que conlleva a vivir también los principios de participación y solidaridad.

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Publicado el 25 de junio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos todo el crédito que le corresponde

Cohesión social y sociedad inclusiva

Cohesión social y sociedad inclusiva

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Enrique A. de Obarrio – Empresario
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La cohesión social ha ganado relevancia en los últimos años en el ámbito mundial, pero es un concepto que viene de antes (la Asabiyah, de Ibn Khaldun, un pensador tunecino del siglo XIV), que tiene que ver con solidaridad, interdependencia y visión compartida, hacia un destino común.

Para lograr una sociedad inclusiva mediante la cohesión social es fundamental actuar dentro del marco democrático, entendiendo también que el diálogo es el mejor mecanismo que ofrece nuestra imperfecta democracia para enfrentar los principales apremios, entiéndase pobreza, marginación y desigualdad.

Los panameños hemos demostrado que podemos trabajar juntos y alcanzar acuerdos sobre temas puntuales de beneficio común. En época reciente, lo logramos bajo la administración Endara en 1993 con el primer Compromiso Ético Electoral, convocado por la Comisión de Justicia y Paz, marcando el inicio de cambios importantes de la cultura electoral; también en 1993 se dan los Bambitos I a III.

Bajo la administración Pérez–Balladares en 1996 siguieron los diálogos de Coronado I a IV, definiéndose la Ley del Canal y su Título Constitucional; el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal y el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica. En 1998 se da la Visión Nacional 2020.

A partir de 2000 se dieron los diálogos bajo la administración Moscoso, sobre todo en materia de educación, y en 2005 bajo la administración Torrijos finalmente imperó la sensatez y se llamó a un diálogo para enfrentar los problemas de la Caja de Seguro Social.

En cuanto al afianzamiento de nuestra democracia, una vez recuperada en 1990, desde la sociedad civil y el sector productivo impulsamos importantes iniciativas, tales como: Ley de Transparencia en la Gestión Pública; Pacto Ético Empresarial; Código Uniforme de Ética para los Servidores Públicos; Pacto de Estado por la Justicia, aportando un mecanismo para hacer más transparente y con mayor escrutinio ciudadano el proceso de designación de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, y el Centro Nacional de Competitividad, entre otras.

Pero sin duda, la iniciativa más importante de cohesión social promovida desde la sociedad civil ocurrió en 2006, la estrategia nacional de desarrollo a través de un proceso de concertación, para avanzar hacia el desarrollo humano y social. Diversos y encomiables esfuerzos se dieron en el pasado, pero en esta ocasión logramos dar en el clavo.

Identificados los principales actores que debían y querían participar en el proceso (sector privado, sociedad civil, trabajadores, grupos indígenas, universidades, juventud, iglesias, partidos políticos, mujeres, entre otros), logramos priorizar sobre los ejes temáticos más importantes (ética, justicia, institucionalidad, educación, bienestar social y equidad, salud, crecimiento económico y competitividad). Logramos, asimismo, diagnosticar la situación sobre cada uno de estos ejes, y arribamos a consensos sobre metas concretas a corto, mediano y largo plazo.

Para hacer realidad los compromisos y metas más allá de cualquier administración gubernamental, como resultado del consenso tenemos la ley que crea el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, presidido por el Presidente de la República con una Unidad Técnico Administrativa y un Secretario Ejecutivo a su cargo, institucionalizando así un mecanismo para el diálogo social con miras a construir consensos sobre los temas más relevantes de la vida nacional; la ley de Responsabilidad Social Fiscal, que establece el fondo especial para el desarrollo y compromete más del 35% de los excedentes de la operación del Canal para la ejecución de las metas de desarrollo; el Consejo Nacional por la Cultura Ética, liderado por el Comité Ecuménico; la ley de Descentralización (en discusión), para asegurar mejor distribución de la riqueza, y la ley de Participación Ciudadana (en discusión).

La Concertación Nacional, por su naturaleza, participación, alcance y mecanismos de verificación y seguimiento, es el esfuerzo de cohesión social para el desarrollo incluyente más importante que se ha dado en nuestra historia republicana.

Existe la hoja de ruta, consensuada entre los sectores para superar todos los problemas. Existen también los recursos necesarios. Nuestro mayor deseo es concluir al final de cada quinquenio presidencial, que existió también el compromiso y liderazgo debidos por parte de los principales actores de la sociedad, de los distintos sectores pero en especial de quienes tienen el mandato y la responsabilidad de administrar la cosa pública, para dar continuidad y avanzar hacia la prosperidad colectiva y la paz social, desde el avance y cumplimiento de estos acuerdos.

Publicado el 6 de junio de 2009 en el diario La Prensa