La desigualdad económica en Panamá

La opinión de….

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Raúl Moreira Rivera –

Recientemente la República de Panamá ha recibido importantes reconocimientos a su extraordinario desempeño económico. Las principales agencias calificadoras de riesgo otorgaron a nuestro país el tan ansiado grado de inversión.

Posteriormente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó que Panamá registró uno de los mejores índices de competitividad en América Latina. Estos reconocimientos fueron ampliamente divulgados en todos los medios, sin embargo un informe en el cual también aparecía nuestro país no recibió la misma publicidad, de hecho ha sido prácticamente ignorado.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló las cifras del Índice de Desarrollo Humano de 2010 en el cual Panamá aparece en la posición No. 60 de desarrollo a nivel mundial, ubicándonos como un país de desarrollo humano alto.

A pesar de todas las buenas nuevas antes señaladas, podemos ver que dentro de este informe el PNUD preparó una tabla de la desigualdad en el mundo, utilizando el instrumento de análisis conocido como el Coeficiente de Gini que va de 0 a 100, en el cual 100 es una desigualdad absoluta. En esta lista se señala que nuestro país con 54.9 se encuentra ubicado a nivel mundial en la posición número 11, con el peor nivel de desigualdad económica, con Namibia, Las Comoras y Bostwana encabezando la lista con un 74.3, 64.3 y 61.0, respectivamente, y en la posición No. 5 entre los países de América Latina por detrás de Colombia con 58.5, Bolivia 58.2, Honduras 55.3 y Brasil con 55.0.

La desigualdad antes señalada se refleja en la encuesta de niveles de vida de 2008 en la que se observa que el 20% de los hogares más pobres recibía apenas el 5.1% del ingreso total, mientras que el 20% de los más ricos acumulaba el 48.5% del ingreso. Esta situación, además de ser grave, refleja el empeoramiento de la misma, ya que con relación a la encuesta de 2003, los hogares más pobres recibieron 0.34% menos del ingreso total, mientras que los ingresos de los más ricos se incrementaron un 1.2%.

La historia de América Latina muestra cómo situaciones generadas por la distribución desigual del ingreso se convirtieron en el caldo de cultivo de conflictos armados en los cuales se buscaba el derrocamiento de las instituciones para instaurar mecanismos con una mayor perspectiva social.

Aun cuando hoy son pocos los que siguen este ejemplo, esta desigual situación ha dado paso a otros escenarios en los cuales se refleja esta delicada situación social. La delincuencia, violencia, narcotráfico y otras lacras sociales que corroen las entrañas de la sociedad utilizan a los sectores más desposeídos, ya sea como mercado o como instrumentos para incrementar su poder.

Si no recapacitamos y tomamos medidas que conlleven a la satisfacción de las necesidades sociales de la población más marginada, corremos el peligro de enfrentar la realidad de otros países en los cuales los ricos no pueden disfrutar de su riqueza por andar constantemente protegidos por ejércitos de guardaespaldas y viviendo en mansiones amuralladas, mientras que las familias de los más pobres se desintegran aún más, creando una espiral que nadie puede adivinar en qué ha de acabar.

Según algunos autores, en momentos en los cuales los países se disputan la atracción de la tan deseada inversión extranjera, resulta peligroso utilizar conceptos como la redistribución del ingreso, ya que el mismo lo asocian con regímenes en los cuales la empresa privada ve amenazada su existencia, sin embargo la realidad que enfrentamos nos obliga a tomar medidas urgentes, de lo contrario no nos quedará más que lamentar la destrucción de nuestra sociedad, incluyendo a estas empresas que se desean proteger, y añorar en el futuro lo poco que nos queda aún de seguridad en la actualidad.

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<> Este artículo se publicó el 20  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Nueve golpes a la dignidad legislativa

La opinión de….

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Raúl Moreira Rivera

Frecuentemente una buena parte de la población panameña se refiere en duros términos a la Asamblea Nacional, ya que su trayectoria se ha visto afectada por episodios de aprobación de leyes cuestionadas por grandes sectores de la sociedad.

A pesar de esta fama han existido espacios en los cuales se atisbaba un cambio en la forma de atender sus responsabilidades legislativas como durante la discusión de la ley sobre las tarjetas de crédito, en la cual la consulta y discusión fue la tónica. Lastimosamente pronto terminó la esperanza de que esto no fuera solo un espejismo.

El lamentable papel desarrollado durante la aprobación del Proyecto de Ley No. 77, por medio del cual se afectaban nueve leyes en una, ha herido de muerte la imagen de independencia y dignidad de la cual este órgano de Estado debiera hacer gala por su obligación de ser el garante de la institucionalidad constitucional en nuestro país a través de una efectiva separación de poderes.

No es posible que cada vez que la sociedad cuestiona la imposición de algún tipo de medida, se responda que en el gobierno anterior se hicieron cosas peores.

Acaso esa es la excusa que se pretende presentar a los que los eligieron confiados de que el tan ansiado cambio iba a significar un mejoramiento de los métodos de legislar, para que las leyes aprobadas representaran efectivamente un mejoramiento de las condiciones de vida de todos los panameños y no una repetición, o peor aun, un agravamiento de las prácticas más nocivas al momento de tomar decisiones que afectarán nuestras condiciones de vida.

Cómo es posible que con una excusa tan baladí, de que se pretendía aprovechar el poco tiempo que se contaba durante las sesiones extraordinarias, se juegue con la inteligencia de los que esperamos que la reforma de legislaciones tan fundamentales como la laboral, la ambiental, de la policía y otras seis más se hiciera a través de una real consulta y discusión con los sectores involucrados para que no quedara ninguna duda que estaba de por medio una real intención de actuar en beneficio de la sociedad. Si las propuestas presentadas son tan buenas, ¿por qué no las discuten una a una como debiera ser?

No se puede creer que se señale que como recientemente se han obtenido grados de inversión por parte de agencias calificadoras de riesgo ahora era necesario tomar estas medidas para garantizar la llegada de nuevas inversiones a nuestro país, aun cuando el nivel de crecimiento obtenido en los años anteriores cuando el esquema legislativo que se pretende cambiar estaba vigente, fueron los que permitieron esta calificación. No se debe perder de vista que esta prosperidad económica de la cual gozábamos incluso antes de obtener el grado de inversión se logró gracias a los niveles de estabilidad política y democrática con la que contábamos, ¿por qué arriesgar todo esto ahora?

Al parecer no se percatan de que el nivel de conmoción social que pueden generar prácticas como las realizadas, podrían dar al traste con esas posibles inversiones y por lo tanto hacer perder el grado de inversión alcanzado.

Solo la unión de todos los sectores de la sociedad puede hacer ver al Gobierno nacional que se hace necesaria una revisión de lo actuado, de lo contrario nos estaremos acercando a las puertas de una situación que pudieran dar al traste con todos los avances logrados en términos económicos y sociales en nuestra novel y frágil democracia.

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Este artículo se publico el 16 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Un nuevo modelo en los corredores

La opinión de…..

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RAÚL MOREIRA

El Gobierno Ncional ha anunciado para sorpresa de muchos la adquisición del 100% de las acciones de ICA Panamá, concesionaria del Corredor Sur y del 51% de las acciones de PYCSA a un costo de 420 y 280 millones, respectivamente, y que luego se creará una empresa para que sea la concesionaria y operadora de los corredores Norte y Sur.

Durante la campaña electoral del hoy gobernante, se criticó duramente la operación de estos corredores e incluso se comentó la necesidad de su nacionalización, sin embargo luego de entrar en conocimiento de la realidad contractual de estas empresas, se ha cambiado radicalmente el discurso hasta la propuesta dada a conocer ayer por el primer mandatario.

Definitivamente, negocios como los desarrollados por estas empresas son de lo más lucrativos que hay o sea se reciben tierras sumamente valiosas en uno de los sectores más exclusivos de la capital para compensar el riesgo de su inversión para que luego se le adquiera la parte más riesgosa del negocio, que es la operación del corredor.

El anuncio dado por el gobierno es tan amplio, que abre desde el punto de vista económico una gran cantidad de interrogantes. Existen muchas buenas intenciones que deben ser bien analizadas para prevenir que esas intenciones se conviertan en pesadas cargas que generen efectos peores que las situaciones anteriores que se pretenden resolver.

Por ejemplo, al anunciar una medida tan transcendental es conveniente contar con la plena seguridad sobre dónde van a surgir los recursos para sufragarlos sin generar sobresaltos.

Solamente el planteamiento de la utilización de los recursos del Fondo Fiduciario es un tema de amplia discusión porque se constituye en una de las bases de otorgamiento del grado de inversión a nuestro país por ser este parte del ahorro nacional que pudiera servir para enfrentar situaciones adversas de la economía.

Por otra parte, se señala la posibilidad, al parecer muy concreta, de que el Seguro Social sea socio de esta transacción sin que se tenga mucha claridad de que esta institución tenga o los recursos o la organización para participar en esta nueva empresa.

Esperamos que pronto se den las respuestas que hagan que este anuncio se convierta en buenas noticias para la economía tanto del país como de nuestros ciudadanos y no en una buena intención que sea peor que la enfermedad que se pretende curar.

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Artículo publicado el 26 de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.



Es ‘Curundú’, con tilde

Es ‘Curundú’, con tilde

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La opinión del economista…

RAÚL MOREIRA RIVERA

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Con el advenimiento de la República nuestro país se vio ligado política, económica, social y, de manera muy especial, culturalmente al gran poder de EUA.   La ejecución del Tratado Hay — Bunau Varilla permitió que en el corazón de nuestro país existieran policías, tribunales, un ejército extranjero y un sistema político que actuaban como si fueran soberanos y que, por tanto, administraban nuestro principal recurso económico de acuerdo a sus propios intereses. Casi a partir de ese momento una gran cantidad de patriotas iniciaron una lucha tenaz, en la cual muchos ofrendaron sus propias vidas, para que nuestro país pudiera ejercer de manera plena su soberanía en la franja canalera y en las zonas adyacentes.

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El rechazo a los tratados Filós – Hines, la siembra de banderas y especialmente la jornada histórica de enero de 1964, son algunos de los muchos capítulos que los panameños escribieron con su sangre, para que no solo nuestra bandera ondeara en la Zona del Canal, sino, también, para que en esa área se hablara español.   Pero parece que un sector ha olvidado muy pronto la lucha librada y que permitió que como tributo a los mártires de enero la avenida 4 de julio se transformará en la avenida de Los Mártires y que el área colindante con el sector de Balboa se pronunciara Curundú con tilde, como se hace cuando con mucho orgullo se habla español.

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Es realmente hiriente oír en nuestros medios de comunicación, principalmente televisivos, y en anuncios comerciales de radio y TV pronunciar esta palabra como si aún nos encontráramos viviendo la ignominia de los tiempos de la colonia, que terminó con la puesta en ejecución de los Tratados Torrijos – Carter de 1977.  La gran capacidad de penetración de estos medios pudiera permitir que si no se hacen las correcciones pertinentes nuestra juventud llegara a pensar que aquí no ha pasado nada y que esa área se llama tal como pronuncian nuestros comunicadores, principalmente los más jóvenes.

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Hago un llamado para que el gobierno nacional en conjunto con todos aquellos panameños que con orgullo vimos cómo se eliminó la quinta frontera de nuestro país, iniciemos una campaña digna y viril para que el nombre de esta área se pronuncie y se escriba en español y que a esos grandes letreros verdes de señalización vial se les añada la tilde que corresponde.

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Para nuestra juventud actualmente amenazada por la violencia y el flagelo de las drogas y embobada con los géneros musicales alienantes que difunden los medios, le podría parecer rara e intrascendente una campaña de esta naturaleza, razón por la cual a todos los que nos tocó vivir al menos parte de esta historia patria nos corresponde transmitir la importancia que para nuestras raíces como nación tiene que nuestros valores culturales no solo sean defendidos, sino divulgados.
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Publicado el 30 de agosto de 2009 en el Diario La Prensa y el 31 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.