¿Es el momento apropiado para aumentar más impuestos?

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La opinión del Economista…

Rubén Lachman Varela

Las políticas públicas se pueden agregar en un conjunto de disciplinas, donde quizás las más conocidas sean tales como la economía, el derecho, la sociología y hasta la psicología. Lo medular de las políticas públicas se reduce a una pregunta simple: ¿qué acciones toman quienes nos gobiernan para lograr resultados y por qué medios? Las principales áreas de las políticas públicas, en un sentido muy amplio, atañen al desarrollo social dentro del cual los aspectos económicos son un elemento consustancial.

En un Estado de Derecho, las políticas públicas deben expresar, mediante leyes, cada materia producto de un objetivo. Uno de los tópicos a los que más prestan atención las Instituciones Internacionales (digamos el Banco Interamericano de Desarrollo) no es el contenido de las políticas públicas sino la manera en que cada país las formula y ejecuta. Y tanto la formulación como la ejecución de las políticas públicas deben mantener una visión de Estado, y no necesariamente responder al gobierno de turno o a alguna necesidad considerada urgente. Esto último está correlacionado con la credibilidad de una nación en el aspecto económico, que es el tema central de lo que ahora expongo.

En lenguaje popular, lo que pretendo anunciar es que si no hay reglas claras del juego, una minúscula pero dinámica economía en el entorno internacional (pensemos en el Canal, comercio, logística, etc.) como la panameña, puede verse afectada por la percepción de los inversionistas, especialmente los internacionales. Panamá ha recibido el grado de inversión, reflejado por una mejora sostenida en las finanzas públicas, deuda baja con respecto al Producto Interno Bruto y las reformas tributarias y fiscal, con un continuo compromiso de disciplina fiscal. En un ejemplo banal y más simple, en el caso de las fórmulas y ejecución de políticas públicas, si se va a construir un metro, es necesario conocer de antemano de dónde provendrán los fondos para dicha obra.   Si se van a subir pensiones de jubilados, es necesario conocer con anticipación de dónde se obtendrán los recursos. ¿Cómo sería percibida una nueva reforma tributaria de algún tipo para cumplir con algún nuevo objetivo cuyos recursos no están a la vista? Por lógica formal, se deduciría que se está quebrantando el estrecho vínculo entre los resultados y los medios para alcanzar objetivos o la manera como se formula y se ejecuta la política pública. Es decir, no mantendríamos la disciplina fiscal por la cual nos han premiado las agencias calificadoras de riesgo.

Panamá es una economía sui generis en materia de políticas públicas económicas. Lo usual es que las políticas de estabilización (en función de objetivos, que la economía opere de acuerdo a la visión del Estado) son monetarias y fiscales. En nuestro país no existe política monetaria como tal porque no hay banca central que pueda controlar la oferta monetaria ni la tasa de interés, que es el precio del dinero. Los panameños sólo podemos controlar la política fiscal.

La política fiscal consiste en cambios hechos a propósito para cambiar los niveles de los gastos gubernamentales, los impuestos y el endeudamiento. En Panamá los niveles del gasto gubernamental deben ser financiados, porque no controlamos la oferta monetaria. La única manera de aumentar los gastos del gobierno sería por medio del aumento de impuestos. El aumento de la deuda estaría descartado si queremos mantenernos en la situación elogiada por las agencias calificadoras y, por supuesto, por nuestra propia salud financiera.

Desde el punto de vista de la teoría keynesiana convencional, el incremento de los impuestos, al aumentar el gasto gubernamental ampliaría el Producto Interno Bruto debido al efecto multiplicador (dinero pasando de mano en mano), lo que aumentaría el gasto total en la economía. Pero debido al bajo multiplicador de la economía (caímos de un crecimiento de 10.7% en 2008 a 2.4% en 2009 y la deuda de los panameños oscila en alrededor del 140% del Producto Interno Bruto), dudo mucho que se de un efecto positivo, sino más bien negativo. Lo que sucederá es que el ingreso disponible para el gasto de los panameños se reduzca ante nuevos impuestos, con un multiplicador del impuesto negativo. En pocas palabras se reducirá el gasto en la economía, bajará el Producto Interno Bruto y aumentará el desempleo.

Ahora, desde otro punto de vista de la teoría convencional, se insiste en que existe una tasa óptima de impuestos que hace que los ingresos del gobierno, y consecuentemente sus gastos se maximicen. Si se cobran menos impuestos que ese óptimo, toda la sociedad pierde. Si se cobra de más, los inversionistas se desalientan y el ingreso disponible de los ciudadanos se reduce, lo que en conjunto provoca una reducción en las recaudaciones. Otra forma de ver esto mismo es que los impuestos encarecen el costo de transacción en las economías cuando se cobran impuestos de más; sobre todo si las economías no están estabilizadas y aprovechan al máximo sus recursos. Lo que se logra es debilitarlas aún más. Esto es especialmente válido cuando se reduce la actividad económica en sectores claves (por aumento de costos) que sí tienen enorme efecto multiplicador en el gasto nacional, por los estrechos vínculos que mantienen con importantes actividades del total de la economía.

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<>Artículo publicado el  7 de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Hoy el ‘factoring’ es un delito…

La opinión del Abogado y Ex Fiscal …

ARMANDO   FUENTES
armandofuentes@hotmail.com

¿ Mañana cuál será el nuevo delito en Panamá?.. El factoring es un financiamiento que otorga un banco, una financiera o un prestamista, al cliente que tiene una factura, contrato u orden de compra, cuya fecha de pago es a largo o mediano plazo.   Esta operación ayuda al cliente a obtener dinero en efectivo de inmediato, en vez de esperar el plazo de pago a cobrar a su deudor. Como se aprecia, es una simple operación de crédito en la que no hay nada fuera de lo común y que su génesis es ayudar a la pequeña empresa con fuente de financiamiento para enfrentar los retos del mercado comercial y lo único que evalúa el financista es la veracidad y solidez de su fuente de repago.

Por ser una actividad crediticia lícita, que se realiza frecuentemente en la plaza panameña, es totalmente incomprensible e inaceptable que conceder un financiamiento de esta naturaleza sea sustento para vincular a una persona a un proceso penal.   No obstante, eso es lo que está padeciendo Teófilo Gateno en el proceso que se le sigue, por la única y sencilla razón de haber otorgado un préstamo tradicional. En ningún momento Gateno intervino en el proceso de compra y venta de los suministros, que resultaron ser dietilenglicol.

Es incorrecto vincular a un financista a un proceso en dichos términos, dado que ello raya más allá de lo que se denomina la responsabilidad objetiva, que no está reconocida por el Código Penal panameño. Resulta aún más preocupante que, ante el panorama descrito, se impongan severas medidas cautelares y prolongadas, fundamentándose exclusivamente en apreciaciones subjetivas como la posible existencia del delito y la presunta vinculación, sin que existan las exigencias de cautelaridad, tales como peligro de fuga, de interferencia en la práctica de las pruebas o de comisión de delitos graves.

El uso inadecuado de medidas cautelares como penas anticipadas, hace que las mismas sean desproporcionadas e injustas, porque violan la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, que reconoce la Constitución Política de nuestro país.

Si la finalidad de las medidas cautelares personales es garantizar la presencia de la persona en juicio y no condenarla anticipadamente,   ¿por qué en la práctica suele aplicarse como primera medida la detención preventiva,   sin apreciar nada más que la pena establecida para el delito?

Si lo que se quiere es lograr que las audiencias se realicen, ¿por qué demora tanto la celebración de los juicios, manteniendo la privación de libertad?

Atribuirle cargos penales a una persona que tiene un único rol de financista y someterla a severas medidas cautelares, por el solo hecho de haber concedido un factoring, es poner en riesgo el ejercicio del negocio bancario y financiero, es censurable y deja mucho que desear de la justicia panameña.

En la actualidad es bastante largo el camino que transita una persona desde que es detenida hasta que es presentada ante un tribunal para una audiencia, por lo que la realidad reclama análisis más justos de las exigencias de cautelaridad por parte de un juez imparcial, así como la reducción de los términos procesales, para que se pueda, tal como lo expresa Alberto Binder, ‘fortalecer la capacidad del sistema judicial de reconocer los intereses de las partes y, en este sentido, humanizarlo’.

Teófilo Gateno, como financista, no hizo más que prestar un dinero para que un pequeño empresario pudiera pagar sus impuestos e importar una mercancía al país. Por esto, hoy es él quien se encuentra en esta lamentable situación, privado de sus libertades básicas como ciudadano.

Hoy es Teófilo Gateno, mañana podría ser cualquier banquero o financista responsable que se dedica al negocio de préstamos, cualquier abogado que representa a una sociedad anónima o simplemente cualquier directivo respetable haciendo su labor.   Hoy es un factoring lo que se considera una operación ilícita, mañana podría ser la aprobación de un leasing, préstamo comercial o préstamo personal o cualquier actividad económica que realiza un ciudadano, si así lo considera un funcionario en particular.

<> Este artículo se publicó el 2 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Jubilados, cotizantes y los próximos

La opinión de la Abogada y Ex Diputada de la República….


MIREYA  LASSO
mireyalasso@yahoo.com

El dilema que plantean las jubilaciones es que se necesita una solución justa, que resulte lo menos dolorosa, porque una medida, aunque sea equilibrada, siempre será traumática en Panamá, como en Inglaterra, en Argentina, en Estados Unidos o en Francia, donde hemos visto huelgas y protestas callejeras, cuando se ha intentado implementar medidas para evitar el inescapable colapso de un sistema que, por muy loable que fuera concebido, lleva el peligro congénito de su potencial extinción.

Sería ideal que cada trabajador ahorrara lo suficiente durante su etapa productiva para poder financiar sus necesidades al retirarse, pero sabemos que la realidad es otra. El problema estriba en poder asegurar un ingreso decente a personas que dejaron de trabajar, pero que —gracias a Dios y a los adelantos de la tecnología y la medicina— cada vez esa etapa de sus vidas dura más años.

¿De dónde saldrá el dinero? Hace seis años lo vimos en la Asamblea, última vez que se intentó apuntalar el sistema. El dinero proviene en primer lugar de dos fuentes: una, aportada por trabajador y patrono, como las cuotas obligatorias que siempre hemos conocido; la otra, un aporte voluntario de aquel trabajador que desee ahorrar algo adicional para incrementar su jubilación. Pero las cifras demuestran que aún así no se ahorra lo suficiente para financiar las necesidades durante todo el tiempo del retiro del trabajador, sobre todo con el aumento de la esperanza de vida.

Quedan dos fuentes adicionales que no son ahorros del propio jubilado. Unas, son las cuotas que pagan los trabajadores activos —los cotizantes actuales—, cuyos aportes permiten seguir pagando a los jubilados al agotarse los fondos que ellos mismos hayan ahorrado. Es el aporte solidario que cada generación hace para sostener el sistema, evitando su colapso; según el Seguro Social, la generación actual de 1,000,000 de cotizantes financia realmente el pago a 180,000 jubilados, en proporción de 5.5 cotizantes por cada jubilado, cifra peligrosamente inferior a la de hace cincuenta años.

La cuarta fuente son ganancias producidas por inversiones de reservas financieras de la CSS.

Estas distinciones no pueden ser ignoradas. La solución debe ser justa tanto para los jubilados de hoy, como para quienes aspiramos serlo mañana y las autoridades han advertido que tarde o temprano nuevamente se nos vendrá el problema encima. Debemos apoyar la iniciativa y conocer los estudios actuariales, evitando el exabrupto del 2005, cuando se discutió, aprobó, derogó, cambió y volvió a aprobar una reforma que siempre se supo tendría una vida útil limitada.

Muchos son los temas a considerar. Aumentar la edad de jubilación, porque hoy gozamos de mejor salud y mayor es nuestra esperanza de vida, pero ¿qué efecto tendrá en la oferta de empleos para los jóvenes? ¿Se producirían las mismas protestas que en Francia?

Aumentar la cantidad y monto de cuotas, pero ¿qué efecto tendría en la economía y el desempleo?

Cargar al presupuesto nacional, aumentando subsidios estatales, pero ¿se producirán las calamidades que hoy Europa trata de corregir?

Fijar ajustes periódicos según el costo de la vida, pero ¿cuáles cargas serían permanentes y sobre quiénes recaerían? ¿Podemos disponer igual que Estados Unidos?

Hacer mejores inversiones con los dineros de la seguridad social, pero ¿son seguras las inversiones en los corredores Norte y Sur?

Son apenas algunas preguntas, pero esas, y muchas otras, deben ser formuladas y respondidas oportunamente con información técnica confiable. Ahora es el momento de empezar; no debemos dejarlo para última hora como acostumbramos los panameños.

Mientras más esfuerzo le dediquemos hoy, mayores serán las posibilidades de consensuar las soluciones menos traumáticas en asunto tan humano y sensible. No olvidemos que, de aumentarse improvisadamente la pensión a los jubilados de hoy —lo que es justo—, se acortaría en proporción directa la vida de nuestro sistema de seguridad social —lo cual es peligroso. Por eso, con sensibilidad y sentido de responsabilidad con quienes hoy aspiramos a una jubilación decente mañana, todos debemos encontrar el balance que resulte menos doloroso y menos peligroso.

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<> Este artículo se publicó el 17 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la   autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/lasso-mireya/

Donaciones a campañas y democracia

La opinión del Comunicador Social, no vidente…

Edwin Rodríguez 

El tema de las donaciones a los partidos políticos en Panamá y el financiamiento de las campañas electorales es recurrente dentro de las organizaciones políticas, ya que por las grandes sumas de dineros que estos procesos implican, el funcionamiento del sistema político está condicionado por los aportes económicos que hacen tanto las personas como el Estado (subsidio electoral) a los partidos y los candidatos que compiten por la obtención del poder, por ende, el tema de la financiación electoral y política reviste gran importancia para el desarrollo de la institucionalidad democrática y para el perfeccionamiento del proceso político de Panamá.

Si bien, en nuestro país, En el 2009 los partidos recibieron B/ 39 millones, de los cuales B/ 25 millones fueron donaciones privadas y B/ 13.4 millones, subsidio electoral.

Sin embargo, el conjunto de gastos de los partidos políticos, sobre todo para los procesos electorales, en un momento especial de desprestigio de la clase política, de supuesta presencia del narcotráfico en el financiamiento, plantean problemas ligados a la democracia y a la gobernabilidad. Sin dudas, el financiamiento público y privado requiere en la actualidad una regulación cuidadosa.  Esa regulación responde a una necesidad democrática; involucra una solución integral del proceso político; reclama capacitación para la dirigencia de los partidos; acepta prohibiciones para determinadas fuentes; exige la transparencia en el proceso, con registros de contribuyentes e indicación de dónde provienen sus recursos; aboga por un equilibrio en las fuerzas para que la competencia se desarrolle en condiciones de igualdad entre partidos nuevos frente a los tradicionales; No existen soluciones perfectas. Las contribuciones ilícitas, por una parte y la incidencia en la toma de decisiones por la otra, justifican la transparencia y la publicidad de las contribuciones. También la prohibición de contabilidades paralelas así como también impedir que reciban directamente una ayuda los candidatos a la Presidencia de la República o a una curul parlamentaria, todo ello busca cerrar caminos del financiamiento ilícito y de la corrupción política.

Finalmente, una relación equilibrada entre el dinero y la política es la clave para el buen funcionamiento del sistema político y la calidad de la democracia. Por ello el factor más importante para generar equilibrio político y social en nuestro país es cuando los comicios -vistos en su dimensión política y económica entre los principales actores, que intervienen en el proceso político-electoral- son equilibrados entre las partes. Por ello, para la democracia, es vital que sea el sistema político el que controle el dinero y no que sea el dinero el que controle el proceso político; ya que si fuese el capital el que somete al sistema político a sus designios el sistema democrático sufriría mermas y deterioros en su funcionamiento y por tanto, en su crecimiento y desarrollo en el seno del sistema político representativo de Panamá.

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<>Artículo publicado el 30  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/rodriguez-edwin/

Cerco financiero

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La opinión del Periodista…

Aquilino Ortega Luna

“El dinero es la tarjeta de crédito de los pobres”, decía el pensador y escritor Herbert Marshall McLuhan y tiene razón… Ahora que el gobierno a través del Ministerio de Comercio e Industria pretende, en forma inconsulta, modificar las reglas de las financieras en el país, ya que estas suplen las necesidades de esa población que no tiene acceso a las tarjetas de créditos en la banca tradicional. 

Fundamento teórico de los microcréditos se han basado en que el otorgamiento de crédito a personas necesitadas para fines empresariales ayuda a mejorar el crecimiento económico de un país. Diversas teorías financieras han relacionado el impacto de la movilización del ahorro y el crédito de los intermediarios financieros con la tasa de crecimiento económico, al parecer el gobierno no se percata o no le interesa este factor importante en la economía.

En las últimas décadas hemos sido testigo de la revolución en las microfinanzas, como un posible camino para aliviar los estragos que ocasionaron los ajustes macroeconómicos y cambios estructurales necesarios para el cambio del paradigma económico, como es la pobreza que azota a vastos sectores del país.

Y prueba de ello es que en Panamá operan bajo leyes y reglas definidas, contribuyendo al fisco y generando plazas de trabajo, unas 156 financieras.

Los argumentos de las autoridades para entrar a modificar las reglas del juego que han trabajado perfectamente durante años, son que se unificará en un solo porcentaje el cobro de los gastos necesarios para otorgar un préstamo.

En el caso de las cancelaciones anticipadas, el cliente deberá pagar basado en el monto adeudado y no por la cantidad financiada. Para el pago de la deuda, a las financieras se les establecerá un precio tope que podría ser del 3% y 1.5% para jubilados.

Las financieras deberán entregar a sus clientes los estados de cuenta detallados, en tiempo establecido y con los montos a valor presente.

Todo esto puede ser, pero en común acuerdo con las partes interesadas.

Las empresas financieras desde hace 40 años, tuvieron la iniciativa de abrir el crédito a cientos de miles de panameños de todas las clases sociales, para que pudieran obtener bienes que satisfagan sus necesidades.

Hoy el MICI, en forma inconsulta, pretende transformar las reglas, afectando a personas de limitados recursos económicos, de la tercera edad, adultos mayores pensionados o jubilados.

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<>Artículo publicado el 27 de octubre de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/ortega-luna-aquilino/

El financiamiento público de los partidos políticos

La opinión de….

Mario J. Galindo H.

Con el anuncio de que se propone eliminarlo, el señor Presidente ha puesto en el candelero político el tema del financiamiento público de las actividades de los partidos.

La iniciativa presidencial –se nos informa– obedece a la necesidad de utilizar los fondos estatales que por esa vía se liberarían para aumentar el monto de las exiguas pensiones de vejez que la Caja de Seguro Social les reconoce a la gran mayoría de los asegurados.

Estoy seguro de que, sometida a un sondeo de opinión, la medida resultaría popular. Como también lo sería, sin duda, cualquier otra que, con el mismo propósito, suponga la eliminación de las muchas erogaciones estatales que representan, esas sí, un auténtico despilfarro de fondos públicos. La lista sería interminable. Cabe entonces preguntarse ¿con arreglo a qué criterio se seleccionó, entre las muchas otras posibilidades, la eliminación de la subvención oficial de los partidos políticos? La pregunta admite toda suerte de conjeturas.

Es de lamentar, eso sí, que un tema de tanta trascendencia para el perfeccionamiento de nuestra democracia política haya sido manejado desde una perspectiva eminentemente populista.

No es esta la primera vez que defiendo la conveniencia de dotar a las colectividades políticas de fondos públicos que les permitan desarrollar sus actividades con autonomía frente al Gobierno y a los grupos económicamente poderosos. Todas las democracias occidentales importantes lo vienen haciendo desde hace años no por ociosidad, sino porque entienden que es necesario.

Abogué por la medida hace 40 años cuando dicté en la Universidad de Panamá una conferencia, publicada en la revista Tareas, en la que, en plena dictadura militar, condené el ucase que en 1969 determinó la extinción de todos los partidos políticos y aplazó indefinidamente la constitución de nuevos partidos.

En ese entonces, luego de poner de presente las características negativas de los partidos políticos de la época, señalé que, en mi opinión, su patología obedecía, en gran medida, a la falta de un esquema financiero que les permitiera funcionar adecuadamente y agregué que no veía al respecto otra solución “que la de establecer un subsidio estatal obligatorio a favor de todos los partidos políticos legalmente reconocidos. Esta subvención, cuyo desembolso estaría condicionado a que el partido que la ha de recibir convenga en ceñirse al juego democrático para alcanzar sus fines, tendría que ser tasada adecuadamente, con la mira de dotar a dichos partidos de una renta anual que permita el adelantamiento de campañas permanentes de orientación y divulgación; el estudio sereno y serio de los problemas nacionales; la captación de adhesiones y, en fin, el conveniente desarrollo de las actividades que tipifican lo que debe ser el quehacer partidista”.

En 1974 dicté una conferencia que se publicó en la revista Diálogo Social en la que defendí una vez más la subvención estatal a favor de los partidos políticos, sin la cual, afirmé, éstos seguirían sumidos en la inopia ideológica y en la propensión al caudillismo que los había caracterizado históricamente.

Insistí en el tema cuando participé en un seminario convocado en el año 2005 por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) para analizar un anteproyecto de constitución elaborado por ese prestigioso gremio, en el cual figuraba una norma que prohibía tajantemente la financiación pública de las actividades partidistas. Discrepé entonces de la propuesta de la Apede.

Convengo en que en esta materia lo ideal sería que cada partido se autofinanciara mediante las cuotas de sus miembros y las donaciones privadas de sus simpatizantes, sometiendo estas últimas a límites razonables para desincentivar, en lo posible, el tráfico de influencias.

Lamentablemente ningún país democrático importante ha logrado siquiera aproximarse al referido ideal y de allí que casi todos hayan aceptado la necesidad de garantizarles a los partidos la financiación de sus gastos legítimos con fondos públicos.

El pro y el contra del sistema ha sido estudiado a profundidad por innumerables juristas y politólogos, que han llegado a la conclusión, prácticamente unánime, de que los beneficios de la medida pesan más que sus disfunciones.

En tesis general, se estima que si los Estados democráticos pluralistas tienen que apoyarse, inevitablemente, en partidos políticos y que éstos están llamados a cumplir cometidos de tanta envergadura como los previstos en sus respectivos ordenamientos jurídicos, resultaría incongruente y aun peligroso dejarlos librados a una financiación privada que, para algunos, nunca llegaría y que, para otros, sobraría.

Refiriéndose al caso de su país, los tratadistas mexicanos Raúl Morodo y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, (véase El ordenamiento constitucional de los partidos políticos, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2001, págs. 181–182), apuntan que “pecaría de ingenuo todo intento de limitar la financiación partidista a la que cada formación logre de sus afiliados y simpatizantes en forma de cuotas o de donaciones. Dar ese paso, equivaldría a desequilibrar gravemente las posiciones de partida de las fuerzas políticas, en grave perjuicio de las minoritarias, y favorecer en exceso las posibilidades de actuación de los grupos de presión. La realidad es la que es y no es previsible que cambie de la noche a la mañana”.

En Panamá no ocurriría nada distinto. Nuestra precaria cultura política y nuestras poco recomendables costumbres electorales, que solo ahora empiezan a sanearse paulatinamente, permiten vaticinar, con absoluta certeza, que la eliminación del financiamiento público de las actividades partidistas es tanto como crear una situación en la que el único provecho sería para los grupos que cuentan con recursos propios en cantidad suficiente como para servirse con cuchara grande.

Por ello no estuve en su momento de acuerdo con la propuesta de Apede y por ello estoy ahora en desacuerdo con la iniciativa del señor Presidente.

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<> Este artículo se publicó el 18  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor: https://panaletras.wordpress.com/category/galindo-h-mario-j/

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Financiamiento público a los partidos políticos

La opinión del Catedrático Universitario, Docente y Ex Vice Presidente de la República…

Ricardo Arias Calderón

Recientemente, el Presidente de la República anunció que eliminaría o reduciría el financiamiento del Estado a los partidos políticos, el cual desde hace trece años fue establecido mediante una reforma equilibrada que ha tenido vigencia durante tres torneos electorales con buen resultado para el funcionamiento de la vida partidaria, gracias a un sistema distribuye por igual, previo a las elecciones, el 40% del financiamiento que “corresponda a un proceso electoral” y después de éste el 60% de conformidad a la cantidad de votos que cada partido obtiene en las elecciones generales”(1).    Este último porcentaje queda condicionado por el pago en partidas trimestrales durante un quinquenio.

Sin embargo, el sistema para su perfeccionamiento requeriría que el Estado proporcione la totalidad del gasto electoral siendo así la “solución total” de la necesidad de financiamiento y de funcionamiento de estos organismos políticos; lo que daría un poder de supervisión cabal al Tribunal Electoral y los partidos podrían entonces, competir en igualdad de términos, según los atractivos de su liderazgo, programa y la calidad de sus candidatos, y no en base a los millones que logren recabar. De otro modo, no se consigue la equidad de condiciones bajo las cuales se debe competir por el poder público democrático.

Es necesario insistir en el rol de la capacitación política confirmada por el TE en la que según ley, debe invertirse como mínimo el 25% del financiamiento recibido. El Partido Popular ha sido el único que ha solicitado transferencia de fondos de la partida de operaciones a la de capacitación, porque valora lo imprescindible de la promoción de la cultura política, pero sería muy difícil lograr esta tarea fundamental sin el aporte económico que actualmente se recibe.

A consecuencia de una reducción del financiamiento electoral, los partidos perderían su disposición a aceptar un tope para las donaciones particulares, y bien sabido es que estas condicionan y merman, según lo elevado del monto, la independencia de algunos que las reciben y que incluso pueden tener dudosa procedencia a pesar de los mecanismos de control del Código Electoral. Aunque no todos los partidos demuestran esta proclividad, se haría difícil, por no decir imposible, establecer topes a gastos electorales, que si no se fijan, las disparidades económicas terminarían por hacer una burla de nuestra democracia.

Hay partidos en los cuales el papel del individuo acaudalado está injustificadamente por encima de los otros miembros. “La política es una competición de ideas, más que de chequeras”. Este concepto está lejos de la comprensión de quien posee un partido propio, equivalente a una sociedad anónima con un solo tenedor de acciones, que funciona dentro de un mercado determinado por la publicidad.

Si se hubiese previsto reducir los desmesurados gastos del Ejecutivo en compras directas, que ascienden a mil millones de balboas, compras éstas que han sido mayormente adjudicas, con olor a corrupción, a allegados del gobierno evadiendo con esta fórmula el trámite de la licitación -que ahorra al Estado grandes cantidades de dinero y fortalece la transparencia de las operaciones- y si de tantas otras maneras el Presidente hubiera sido austero, como en campaña le exigía a sus predecesores, sin duda habría podido elevar el monto de las jubilaciones sin tratar de hacer malabares con el financiamiento electoral, que es fruto de “un modelo consensuado entre las fuerzas políticas del país y el TE”(2), y que está fundamentado en normas constitucionales.

Lo que hay detrás de todo esto, lo que persigue realmente, es destajar a los partidos para que pierdan fuerza ante sus intenciones de hacer del suyo un PRI panameño de una sola voz.

1. Valdés Escoffery, Eduardo.    Acontecer Electoral Panameño, 2006, Imprelibros S. A., Colombia, p.378.

2. Erasmo PinillaC.   El Financiamiento de los Partidos Políticos en la República de Panamá, ponencia en IV Congreso Internacional De Derecho Electoral,  Michoacán México, 2002.

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<> Este artículo se publicó el 17  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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