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La opinión de la Jurista…
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Priscilla Delgado –
Panamá por años ha sido catalogado como el país donde no se lee; se han esgrimido toda clase de razones para justificarlo y una de las más poderosas es que el libro aquí es muy costoso. Reconociendo que el libro es costoso en todas partes del mundo por las diferentes alzas en las cadenas que tienen que ver con este elemento cultural, es imperativo que se conozcan las razones de por qué no se puede gravar con un nuevo impuesto.
Panamá cuenta apenas con una docena de librerías y como mucho cinco editoriales nacionales que hacen grandes esfuerzos por editar sus obras y luego venderlas en un mercado local en el que la población lectora es inferior al 10%, debido a que aún, y pese a todos los esfuerzos colectivos que se han desarrollado en el sector privado, como las ferias del libro, no se ha podido llevar la lectura a la gran población y sigue siendo el privilegio de unos pocos.
Ahora bien, si nos vamos a argumentos rígidos que sustentan el no a un aumento a la tasa que se paga en todos los comercios y que no exime a las librerías, tendría que decir que Panamá es signatario del acuerdo de Florencia de 1950 y ratificado en 1976 por el protocolo de Nairobi, en el que se dice textual y literalmente que “ Los estados contratantes se comprometen a no imponer gravámenes a la importación y venta de libros, favorecer el conocimiento y facilitar la libre circulación de las ideas por medio de las palabras” Con este compromiso, esta ley viola lo firmado por nuestro país.
Pero además y para tal efecto la Cámara Panameña del Libro hace buen rato lleva adelante el proyecto de ley del libro que persigue eliminar todo tipo de trabas, tanto arancelarias como para-arancelarias, y establecer estímulos tributarios a fin de que este pequeño sector crezca y se fortalezca, tal como debe ser y es en la mayoría de países.
No puede ser que se miren todos los sectores involucrados en esta ley que aumenta el gravamen a los comercios sin mirar cada uno por separado y las implicaciones que tienen los diferentes gravámenes en la economía.
El Alcalde debería hacer excepciones con reglas muy claras y de una vez por todas dejar de manifiesto la eliminación del impuesto existente, toda vez que casi todas las empresas dedicadas a la venta de libros lo tienen que hacer a crédito, con un ingreso que no corresponde al real, debido a que al libro se le otorga crédito de meses y a en el caso del placismo (venta de libros de gran formato) hasta años. Con este nuevo impuesto, sin la menor duda, el pequeño sector del libro tendrá que cerrar muchas de sus puertas porque significa que no podrán continuar operando.
Por las razones arriba expuestas y porque la ganancia en el caso de que se vendiera al contado, tal vez es uno de los márgenes de ganancia más estrechos del mercado, en donde la utilidad de un libro no supera jamás el 30%.
Si queremos una población más inteligente, más productiva, más sensata y que tenga la opción a través de la lectura de focalizar mejor sus ideas y de tomar mejores decisiones, créame, Alcalde, el libro es un instrumento valioso y me parece que usted es un fiel creyente de esta teoría.
Dicho esto, le solicito respetuosamente, que no toque al libro, objeto consagrado por la Unesco como bien inmaterial de la humanidad.
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Este artículo se publicó el 27 de enero de 2011 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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