Tecnología en la era del conocimiento

La opinión de…

 

Leonardo Alessandria

La globalización se ha basado en buena parte en lo que se denomina la “era del conocimiento”, caracterizada por la importancia que adquiere el conocimiento y la investigación como una alta proporción del valor de los bienes y servicios.   En un mundo tan versátil se hace imprescindible hacer uso de las tecnologías y de la información, lo que induce una mayor productividad y una reducción de los costos de producción. En tal sentido, el uso de las tecnologías es un elemento fundamental para lograr altos niveles de competitividad y agregar valor a la producción.

Uno de estos componentes es la llamada tecnología de la información y comunicación (TIC), que en Panamá juega un papel fundamental por la vocación abierta de la economía y el papel que tiene en ella la producción de servicios.

Sectores como el Canal, los puertos, la Zona Libre de Colón, la banca, los seguros, telecomunicaciones, el sector construcción y parcialmente el agropecuario, de hecho, usan tecnología de punta.

Precisamente, el Foro Económico Mundial en su último informe de competitividad tecnológica se enfocó en la importancia de las TIC. Este índice se mide a través de varios componentes y variables que incluyen el entorno del mercado, la infraestructura tecnológica, la intensidad en la utilización de las TIC, la habilidad y capacidad que tienen los usuarios y proveedores para el uso efectivo de las TIC y la prioridad que le confiere el gobierno al desarrollo de productos de avanzada tecnología.

Según el informe 2009–2010, Panamá avanzó ocho posiciones en tecnología con respecto al año anterior 2008–2009, pasando de la posición 66 a la posición 58, quedando así entre los tres primeros lugares en el ranking latinoamericano.

Las variables que mostraron mejoría incluían el desarrollo de clusters, libertad de prensa, la calidad científica de investigación de las instituciones, la sofisticación de los compradores, el gasto de las compañías en investigación y desarrollo, las conexiones telefónicas tanto de las empresas como las residencias, las suscripciones a telefonía móvil y la cantidad de suscripciones a internet.   Las variables que revelaron un retroceso incluían el tiempo requerido para el cumplimiento de contratos, la calidad del sistema educativo, la disponibilidad local para investigaciones y entrenamiento, la calidad de las escuelas de administración y el limitado acceso a internet de las escuelas.

Algunas entidades públicas han jugado un papel importante en este tema. Por ejemplo, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental ha promovido el uso de las tecnologías como la red nacional de internet, que consiste en ofrecer acceso a internet WiFi gratuito, de frontera a frontera, cubriendo cerca del 80% de la población nacional. Otro proyecto es “Panamá sin papel” que busca renovar la forma en que el ciudadano tramita con el Estado para que todos los procedimientos se hagan de manera ágil y transparente.

La Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, también ha estado enfocada en potenciar el desarrollo científico y tecnológico del país y cerrar la brecha de la desigualdad para fomentar un desarrollo equitativo que mejore la calidad de vida de los panameños.

Otras iniciativas realizadas entre 2008 y 2009 que contribuyeron al mejoramiento del índice de preparación tecnológica fueron Panamá Tramita, Panamá Emprende, Panamá Compra, la Gaceta Oficial Digital, por citar algunos casos.

Solo a través de la generación y aplicación de nuevas tecnologías, Panamá podrá imprimir a su crecimiento y desarrollo un carácter sostenible que le brinde una auténtica y sólida ventaja competitiva para mantener y mejorar su liderazgo económico y comercial a nivel mundial. La adopción y adaptación de tecnologías producidas en países más avanzados es el camino más provechoso para las empresas panameñas, ya que el país no cuenta con una capacidad instalada suficiente para producir tecnologías propias.

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<> Este artículo se publicó el  13  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Grado de inversión y desarrollo integral

La opinión de…

Leonardo Alessandría

En el mes de junio la deuda de Panamá recibió de la agencia evaluadora Moody’s su grado de inversión, que pasó de BB+ a BBB–. Para evaluar qué “grado” merece un país, las calificadoras toman en cuenta los estados financieros del país, condiciones del mercado, desempeño económico, coyuntura económica, política por la que atraviesan y otros factores relevantes.

Se trata de evaluar el riesgo que representa prestar o invertir en el país y sus empresas, lo que se conoce como riesgo soberano. Las calificaciones varían desde D, por incumplimiento, hasta una triple A, por máxima calidad. Estar en A significa ser un país prestigiado, digno de préstamos e inversión. En promedio, nuestro país se ha mantenido en la calificación BB+. Esta es la tercera calificadora que concede el grado de inversión a Panamá con BBB–. Ya en marzo y mayo, Fitch Ratings y Standard & Poor’s respectivamente hicieron lo propio. Pero qué implicaciones tiene para Panamá y su competitividad esta mejora. Veamos. El grado de inversión se ha otorgado en virtud de los sólidos fundamentos macroeconómicos que ha reportado el país en los últimos años y que se proyecta mantendrá en los venideros.

El sostenido crecimiento económico, el equilibrio de las finanzas públicas que produjo la reducción de la deuda pública (relativa al PIB, de 70.4% en 2004 a 45% en 2008), aunado a una sólida estabilidad política, han propiciado una mayor garantía de que la nación puede honrar sus obligaciones financieras de manera puntual. Importante en este logro ha sido el rol del gobierno actual, que le ha dado continuidad a las acciones que afianzan la posición de Panamá como centro de operaciones internacionales y ha diseñado un plan estratégico de inversiones sin mayor endeudamiento, conforme a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Adicional, al compromiso de reducir la deuda pública hasta un 35% del PIB nominal en los próximos cinco años. La nueva calificación coloca al país al nivel de Chile, México, Brasil y Perú, lo cual mejorará el clima de inversión, generará confianza entre los inversionistas y contribuirá a crear nuevas empresas y empleos. Sin embargo, el país se enfrenta al desafío de mantener este grado, lo que exige políticas fiscales adecuadas. Por ejemplo, requiere que el Gobierno ejecute su plan de gastos, tanto corrientes como de inversión, dentro del marco de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, particularmente en el cumplimiento de los topes de endeudamiento y déficit fiscal.

Si bien este grado de inversión es un positivo avance, constituye apenas una de las condiciones necesarias para que la población en general se beneficie de manera directa de éste y que la economía se desarrolle de forma integral. En efecto, la estabilidad económica es necesaria pero no suficiente para lograr crecimiento sostenido y bienestar social.

Este crecimiento sostenido se impulsa mediante políticas y estrategias que generan competitividad de parte de los principales sectores económicos. El propósito consiste en inducir ventajas competitivas que diferencien la calidad de los productos y servicios que Panamá ofrece al mercado mundial. Otro elemento crucial es que el Gobierno ejecute el Plan Estratégico 2010–2014 de manera sistemática y que, por ejemplo, las inversiones públicas programadas de casi B/.13 mil millones se ejecuten con transparencia y se prioricen los proyectos de acuerdo a criterios técnicos que garanticen un alto impacto económico y social.

En materia social, es imprescindible mejorar la calidad de la educación y salud entre otros, y que agreguen valor para beneficio sobre todo de la población de menor recurso. En lo económico, se requiere que los programas públicos hagan uso eficaz de los recursos, para que estén enfocados en producir crecimiento económico, reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos, asegurando una mejor calidad de vida para los panameños.

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Este artículo se publico el 12 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Competitividad a todo nivel

Sobre micro, pequeñas y medianas empresas, conozcamos la  opinión de….

Leonardo Alessandría

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Panamá solo generan el 30% de la producción nacional, pero representan más del 90% del total de firmas, y ocupan casi el 60% de la población económicamente activa. De allí el papel capital que juegan en pro del desarrollo, por su aporte a la economía, al empleo y a la mejor distribución de la riqueza (la mayoría son propiedad de, o trabaja en ellas personal de un nivel bajo de ingreso).

Son estos hechos los que explican la importancia de desarrollar políticas públicas que permitan consolidar y expandir estas empresas de cara a una economía crecientemente abierta o globalizada que exige eficiencia.

La competitividad conforma no solo un requisito sino, por excelencia, el desafío de estas empresas. A diferencia de las grandes organizaciones a quienes les resulta más fácil reducir costos a través de una mayor producción, las mipymes enfrentan la limitante de que su producción es más reducida. Esto hace más difícil lograr “economías de escala” que consiste en la posibilidad de reducir costos unitarios (costos de manufactura de cada bien) aumentando el volumen de producción.

La competitividad de las mipymes se logra reforzando entre ellas un sistema de cooperación o interacción, bajo el concepto de conglomerados que constituye un mecanismo efectivo para que estas organizaciones interactúen en aspectos de suministro de insumos, investigación tecnológica y coordinación de la producción.

Esta vinculación interempresarial genera una especie de “eficiencia colectiva”, que hace que cada empresa individuamente sea más eficiente de lo que hubiera sido de no haberse dado esta interconexión.

Hay varios ejemplos del papel predominante que jugaron los conglomerados de pequeñas y medianas empresas en la consolidación y desarrollo de economías de Asia como Taiwan y Japón, y de Europa como Italia, España, Francia y Dinamarca.

En el caso de Panamá, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), ha desarrollado una variedad de esquemas de apoyo financiero para la etapa inicial del negocio con el programa “capital semilla”, que prevé un beneficio de mil balboas a los emprendedores que presenten el mejor plan de negocios.

También se han creado fondos de garantía como el Profipyme, que fomenta la oferta de préstamos a través de entidades como el Banco Nacional, Mi Banco, MultiBank, Banco Delta, Microserfin, entre otros, respaldando a las empresas que deseen expandirse. En cuanto a capacitación, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano y la Ampyme han implementado proyectos que propician la creación y gestión de estas empresas.

En cuanto al mejoramiento y transferencia de tecnologías e innovaciones, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ha hecho esfuerzos por aumentar la cantidad de investigadores y potenciar el desarrollo científico y tecnológico del país en el tema de las mipymes.

Aparte de las acciones para aumentar el crédito, la capacitación y asistencia técnica para las mipymes, está el factor de las leyes, normas, reglas y servicios públicos para contribuir a incorporarlas a la economía formal de mercado, con los beneficios que estas pueden asegurarles, como ya lo hacen con las empresas de mayor tamaño.

A pesar de que en los últimos años se han ejecutado diferentes programas que buscan mejorar la competitividad de las micro y pequeñas empresas, a cargo de instituciones como Ampyme, Mici y Mida, son necesarios más programas integrados y orientados en esa dirección, porque aún hay serios obstáculos y deficiencias para su manejo eficiente. A pesar de que hay programas de financiamiento, falta mucho por hacer y a pesar de los programas de capacitación, aún falta mejorar en la educación básica.

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Este artículo se publico el 21 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a l autor,  todo el crédito que les corresponde.

Empresarios, motor del crecimiento económico

La opinión de…..

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Leonardo Alessandría


En nuestra cultura hay una propensión a ver la empresa privada y a los empresarios con cierta suspicacia. Existen diversas teorías sobre el origen de estas percepciones que se remontan a nuestros antecedentes políticos, sociales y hasta religiosos. Dicha visión, sin embargo, contrasta con los hechos y el papel fundamental que ha jugado la iniciativa privada en el devenir contemporáneo de la humanidad y el avance gigantesco del bienestar económico. El hecho es que durante los últimos 100 años, la creación e innovación amparada bajo la iniciativa privada, ha sido el motor del crecimiento económico de la humanidad. De hecho, este crecimiento es lo que en buena medida da origen hoy a esa gran brecha entre países ricos y pobres. En tal sentido, el tránsito de los países pobres a ricos ha ocurrido en un margen relativamente pequeño de tiempo.

Pensemos lo que se ha logrado con la nanotecnología, biotecnología, y la robótica. Con las computadoras, celulares y videojuegos. Solo la iniciativa privada y su afán por ser cada día más competitivos, pudo haber creado semejante desarrollo. Si damos por descontados estos avances, que redundan en un incremento de la calidad de vida de todos, es porque siempre es más fácil acostumbrarse a lo bueno. Hace solo 200 años no había diferencias apreciables, muchas naciones del mundo tenían un nivel similar de desarrollo y avance.

En efecto, el periodo que se inicia a partir del siglo XIX (1800), se conocerá como la era del crecimiento y la prosperidad. Antes de esa fecha solo había crecido la población, pero no la productividad por trabajador ni el ingreso per cápita. Lo anterior, no invalida el hecho de que también ha habido excesos de parte de grandes corporaciones y multinacionales, y que prevalece en muchas naciones un alto grado de inequidad. Todo ello se puede corregir a través de adecuadas políticas públicas que equilibren lo social y lo económico.

Las ganancias cuando son habidas por medios lícitos y en condiciones de competencia, son justificadas en la medida en que rinden beneficios a la sociedad estimulando la generación de empleos, y proveyendo bienes y servicios que suplen las necesidades de la población de manera eficiente. En alguna forma, la búsqueda del lucro privado se traduce también en un beneficio social y se da así una conciliación vital entre el bien particular y el bien común.

Es un hecho que el funcionamiento de una economía de mercado, donde genuinamente impere una libreta de oferta y demanda, requiere algunos ajustes en nuestros países, en los cuales ha prevalecido más bien un concepto de desarrollo basado en la acción directa del Estado, como el benefactor y eje del crecimiento y bienestar social. Dicho en forma simple, para que haya prosperidad se requiere una simbiosis Estado-empresas, con la inclusión de los estamentos sociales de mayor necesidad.

Evidentemente que nuestras sociedades exigen políticas de fomento de la competencia, que prevengan el abuso a los consumidores, y estimulen políticas que fomenten el surgimiento de la micro y pequeña empresa, lo que puede contribuir de manera sustancial a mejorar el bienestar particularmente de los sectores de menores ingresos.

Es mediante este cambio de cultura y de políticas que podemos transformar una visión tergiversada del llamado capitalismo salvaje, hacia un capitalismo social en donde mediante una economía de mercado, todos los sectores tendrán mayores oportunidades en un contexto de equidad y justicia social. Como lo plantearían algunos teóricos modernos, se necesita usar soluciones competitivas para la solución de problemas sociales y dar al traste con la falsa idea de que el mercado y las empresas son contrarios a lo social.

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Publicado el 8 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Cadenas de producción y Estado eficiente, clave de la competitividad

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La opinión de…..

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Leonardo Alessandria

Este artículo examina la competitividad como un fenómeno que integra a diversos actores en una misma cadena de producción, y analiza el impacto del Estado como uno de los agentes más importantes de estos eslabones.

La competitividad se define como la habilidad de un país y de sus empresas de agregar valor de forma sostenible a la producción de bienes y servicios generando calidad y precios competitivos.   Las cadenas de producción, por su parte, son exactamente lo que el término parece sugerir, “una cadena industrial constituida por un conjunto de procesos de producción que van desde las materias primas a la satisfacción de la necesidad final del consumidor”.

¿Pero qué define si una cadena es o no competitiva? En efecto, en la producción de un bien intervienen diversos insumos incluyendo trabajadores, maquinarias y equipos entre otros factores que se entrelazan a través del conocimiento (know how) tecnológico y gerencial.

Es evidente que esta dinámica o interacción productiva involucra diversas empresas u organizaciones que se entrelazan y en donde una firma actúa como proveedora de otra. Es lo que precisamente la teoría define como un conglomerado o cluster.

Es fácil anticipar entonces que la calidad y el precio de un bien o servicio final, va a depender de la eficiencia de todos y cada uno de los agentes que intervienen en el proceso. Se aplica de este modo la frase común que: una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Siendo así, podemos aseverar que una cadena de producción es tan competitiva como su eslabón menos competitivo.

A manera de ejemplo veamos el caso de un hotel. Para ofrecer servicios finales competitivos, este establecimiento debe ser internamente eficiente. Es decir, debe integrar a sus empleados mediante habilidades y competencias. Igualmente debe disponer de un adecuado conocimiento tecnológico para que este recurso humano utilice las instalaciones y los equipos varios de manera productiva.

Pero, igualmente eficiente deben ser los proveedores de insumo del hotel. Por ejemplo, en su fase de construcción el hotel requiere cemento, vidrio y varas de acero de alta calidad a buenos precios. A nivel de su funcionamiento va a requerir de alimentos y electricidad a tarifas competitivas.

En cuanto a los turistas, quizá el más valioso insumo, el hotel requiere de aerolíneas que ofrezcan tarifas económicas y convenientes que hagan atractivo el país como destino. Pero finalmente todo el concepto hotelero descansará de alguna forma en la existencia de vías de comunicación y de infraestructura nacional (interconectividad y logística) que ofrezca a los turistas un transporte expedito, así como un entorno libre de peligros a su seguridad e integridad personal.

Y así vemos cómo en la cadena, además de agentes privados, interviene el Estado proveyendo servicios públicos como el aeroportuario o la seguridad pública, y bienes como las infraestructuras físicas incluyendo carreteras, acueductos, alcantarillados, alumbrado entre otros.

Desde otra perspectiva, dentro de una concepción moderna de la economía, el Estado juega un papel crucial estableciendo un ambiente de negocios seguro, mediante políticas que faciliten la interacción comercial a través de normas y procesos que no resulten onerosas para la sociedad. Ya tendremos ocasión de hablar más del rol de formulador de política y normativo del Estado.

Pero, de momento, lo más relevante en cuanto a las cadenas de producción es que la competitividad integral exige, entre otros, un Estado que sea capaz de transformar los impuestos y tasas que se cobran a la población en servicios y bienes de alta calidad de forma eficiente. Visto desde este ángulo, el Estado constituye igual que cualquier otra empresa de la cadena, un agente activo que participa de manera directa agregando valor (valor público en su caso) al proceso de desarrollo y crecimiento de un país.

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Publicado en 26  de diciembre de 2009 en el diario La Prensa a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.