¡Herencia!

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La opinión de…

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Luis Alberto Castrellón Oller –
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Distintos diccionarios y enciclopedias definen la herencia según varias acepciones, entre las cuales tenemos las de tipo biológico, legal o de derecho, cultural e histórico.

Desde el punto de vista biológico, herencia es el conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus progenitores, lo que se estudia a través de la genética, y que se dice es el conjunto de caracteres fenotípicos y del genoma que transmite un individuo a la descendencia.

Bajo la visual del derecho, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, al morir alguien, son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. En el aspecto cultural son los rasgos históricos, científicos, ideológicos, sociales que, habiendo caracterizado a alguien, continúan advirtiéndose en sus descendientes o continuadores.

A los tipos enunciados añado la herencia de valores, que es la que se debe transmitir al individuo o ciudadano desde el seno familiar, por ejemplo, los buenos modales y maneras. El respeto a nuestros semejantes, ya sean menores, coetáneos o mayores. La rectitud de ánimo, integridad en el obrar, ser decente o decoroso, probo, recto, que es honestidad. El ser claro es evidente que se comprenda sin duda ni ambigüedad, en definitiva, que es ser transparente. Con dedicación, ocuparse en cualquier actividad física o intelectual, que es trabajo o ser bueno, que no es más que obrar en beneficio del prójimo.

Estos valores y otros más son los que deben ser la inspiración para beneficio y futuro de nuestra sociedad, desde la célula fundamental de la misma, la familia y en la base de transmisión de conocimiento, que es la escuela a través de un nuevo sistema educativo; así podremos tener gente de bien en nuestra nación para combatir y eliminar el juega vivo y la corrupción que corroe los cimientos de nuestra sociedad. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Sencillo, dialogando, concertando y aprobando cambios profundos para nuestra sociedad.

Si queremos tener una mejor nación para las presentes y futuras generaciones de panameños, tenemos que realizar una tarea nacional impostergable, que es corregir todo lo ocurrido en los primeros 100 años de nuestra vida republicana, ya que en un siglo hemos tenido cuatro constituciones, la de 1904, 1941, 1946 (la mejor) y 1972 (la del retroceso histórico) y cinco emparchamientos a la de 1972 realizados por actos legislativos en 1978, 1983, 1993, 1994 y 2004.

Entre los asuntos que requieren corrección y reestructuración tenemos el Órgano Legislativo, con diputados provinciales y nacionales dedicados hacer las leyes adecuadas para el país. La elección de magistrados para cualquier corporación que requiera estos cargos. La designación de procuradores. La presentación de informes económicos, de administración de los bienes del Estado y rendición de cuentas trimestralmente de parte del Órgano Ejecutivo. Reorganización de todo el sistema educativo. Y aquellas circunstancias que ameritan ser revisadas y corregidas.

En consecuencia, si queremos dejarle a nuestros hijos, nietos, bisnietos y siguientes generaciones una herencia para un Panamá mejor, tiene que cumplirse la tarea de forjar una “nueva y moderna Constitución para los próximos 100 años y más, la cual debe ser producto del consenso nacional.

 

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<> Este artículo se publicó el 3  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor  en:   https://panaletras.wordpress.com/category/castrellon-o-luis-a/

¡Panamá!

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La opinión de…

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Luis Alberto Castrellón Oller –

Narran los libros escolares de historia de Panamá que el origen del nombre de nuestra nación tiene varios significados, uno porque había muchos árboles frondosos en esta región a los que los aborígenes le llamaban Panamá; el segundo, porque en la época que se descubrió Panamá, el mes de agosto, había abundancia de mariposas, lo que en lengua indígena se denomina Panamá y, finalmente, porque había una aldea de indígenas pescadores y ello significa “abundancia de peces”.

En años recientes, a los visitantes a nuestra ciudad y país les llama la atención la cantidad de árboles que aquí existen y lo han denominado “Panamá la Verde”, por tener bosques y flora que producen precipitación pluvial y, con eso, nuestras quebradas, riachuelos y ríos tendrán abundancia de agua. Sin embargo, en las últimas décadas propios y extraños han generado una corriente devastadora para realizar desarrollos comerciales, habitacionales e industriales que, si bien es cierto son buenos, sus efectos de mitigación del impacto de la deforestación, pareciera que no son los adecuados.

Además, cuando se sobrevuela el territorio de las provincias de Darién, Panamá, Veraguas y Chiriquí se observa la deforestación de nuestra flora y bosques naturales por actividades de pastoreo extensivo y lo más impactante es que en parte de las provincia de Veraguas y Coclé –donde se han realizado o realizan explotaciones mineras desde hace más de dos quinquenios– la deforestación es rampante y los caudales de los ríos cerca de las explotaciones mineras se tornan rojos, como si les hubieran arrancado un tajo a las entrañas de la nación, producto de la erosión de los suelos al quedar carentes de vegetación y bosques.

Los hechos indicados son ciertos e irrefutables y conducen a las siguientes preguntas y respuestas. ¿Tiene nuestra nación vocación minera como Chile, México o Perú, cuyas explotaciones mineras en su mayoría están en áreas desérticas? No.

¿Qué beneficio sustancial inmediato obtenemos como nación, si permitimos que se destruyan nuestros bosques, vegetación, flora y se alteren los ecosistemas? Ninguno.

¿Vale la pena devastar nuestros bosques, vegetación, flora y alterar los ecosistemas, so pretexto de todo el cobre, plata u oro del mundo? La respuesta es, un rotundo no.

Lo que debemos hacer para mitigar la deforestación es revisar las normas legales que brindan incentivos tributarios para reforestar, y las que establecen políticas y planes para mejorar el ordenamiento forestal y del ambiente.

Por ello, es de suma importancia que nuestro país adopte una política de Estado para continuar con los planes, programas, actividades de reforestación y mejoramiento ambiental de manera ordenada, buscando repoblar el territorio con especies nativas que permiten un cultivo adecuado y comercial de los bosques en todo su ciclo, con especies nativas como el cedro espino, cedro amargo, caoba; con especies ornamentales o de sombra como el espavé, corotú, guayacanes, y con especies frutales como mangos, marañón, guanábana o cacao. Todo esto permitirá que tengamos mayor precipitación pluvial, abundancia de agua, flora de un verde exuberante, fauna, peces y árboles, eso es Panamá, protejámoslo.

 

<> Este artículo se publicó el 3  de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Herramientas

Sobre las granjas sostenibles y crédito,  reproducimos el artículo de  opinión de….

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Luis Alberto Castrellón Oller .

Estimo que la sociedad anda como un vehículo, ya sea un auto o tren, con los elementos necesarios para que funcione adecuadamente; sin embargo, algunas veces esos elementos se desajustan y producen efectos negativos. Entre los desajustes tenemos la pobreza, el desempleo, y la falta de oportunidades económicas para que los ciudadanos tengan el sustento adecuado.

Por eso, el Estado debe contar con las herramientas necesarias para corregir los desajustes. Desde 1946 la Constitución establece que la economía nacional se realiza con “El ejercicio de las actividades económicas que corresponden primordialmente a los particulares; pero el Estado la orientará, dirigirá, reglamentará, remplazará o creará, según las necesidades sociales…, con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del país” .

Con este mandato los gobernantes deben hacer todo cuanto esté a su alcance dentro del marco constitucional y legal, para que los menos favorecidos económicamente no queden desamparados.

En el quinquenio 1999–2004 como política de Estado se crean dos herramientas, las granjas de producción sostenible y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), como parte de la agenda social del gobierno del referido quinquenio.

Dichas herramientas se aplicaron, pero quizás con el transcurrir del tiempo perdieron su efectividad, por eso hay que mejorarlas, apartándose de todo tipo de actitud política partidista, para que no ocurra lo sucedido en el quinquenio pasado, cuando un funcionario manifestó, que… “se mostró contrario al experimento de las granjas de desarrollo sostenible, aduciendo que… “Cada dólar que se invierte en nutrición, es un dólar que le das en comida a las personas y no así el dólar que se invierte en las granjas para ver qué sale, si es que no le cae un bicho a las cosechas o si el río no las inunda”, explicó. (La Prensa 23/02/05)

Si existe más de un programa que se complementa y que beneficia al ciudadano común desde niño hasta adulto, no hay que defenestrar a uno, sino realizar una reingeniería. Las granjas de producción sostenible son para que la comunidad produzca sus alimentos nutricionales, bajo el aforismo milenario “dar la caña y enséñale a pescar” para que el individuo siempre tenga alimento.

Lo que hay que buscar es la eficacia y crecimiento del programa de granjas de producción sostenible, pues allí confluye la sociedad civil por medio de las organizaciones no gubernamentales, la comunidad y el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Salud y otras entidades.

La otra herramienta, que no solo ha dado sus resultados, sino que se ha reenfocado y mejorado su rol, es la Ampyme con la promoción del crédito a las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes), para que el joven estudiante egresado, de escuela superior o de la universidad, el artesano, el técnico o el ciudadano común pueda capacitarse, desarrollar una actividad empresarial y acceder al financiamiento para eso.

De manera que solo resta que todos, sociedad civil y Estado, aportemos nuestros esfuerzos para combatir la pobreza y el desempleo.

<>Artículo publicado el  2  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa,   a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Libertad, el caso de afiliación sindical

La opinión de…

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Luis Alberto Castrellón Oller

Para definir la palabra libertad, diría que es el máximo sentimiento, expresión y derecho del ser humano en la sociedad civil.  Desde la antigua Grecia, cuna de la democracia, los filósofos Platón y Aristóteles nos dieron el concepto de libertad hasta llegar a la Revolución de las Colonias Americanas, en 1775, y la Revolución Francesa, de 1786, y, con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se reafirma con los conceptos de igualdad y fraternidad.

El Diccionario de la Real Academia define libertad, así: f. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. f. Derecho de manifestar, defender y propagar las opiniones propias.

De la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de 10 de diciembre de 1948, se derivan los conceptos de la libertad de pensamiento, expresión, reunión, asociación, culto, económica, sindicación y a la integridad de la vida. De manera que, si los ciudadanos trabajadores ejercen libre y voluntariamente sus libertades, no se les puede obligar a cumplir condiciones y requisitos impuestos por una minoría, so pretexto de la participación en un gremio, asociación o sindicato y pagar aportaciones económicas obligatorias, eso es contrario a la libertad que tiene toda persona de elegir o decidir si pertenece o no a un gremio, asociación o sindicato.

En los últimos días en nuestra sociedad se discute sobre la obligatoriedad o no de descontar de los salarios o ingresos que recibe un trabajador la cuota sindical para el gremio o sindicato, que se le quiere atajar a los trabajadores aunque no estén de acuerdo con su afiliación.

La justificación de la cuota es para mantener la organización del gremio, asociación o sindicato, lo cual parece correcto. Sin embargo, saltan las siguientes interrogantes: ¿Se realiza la auditoría y la rendición de cuentas sobre el manejo y administración de eso dineros que cada trabajador aporta? ¿En qué se utiliza? ¿Por qué tanta oposición de los dirigentes sindicales a que la cuota sindical sea por aceptación libre, espontánea y voluntaria de cada trabajador? ¿Por qué los llamados dirigentes sindicales son siempre los mismos?

Tema como el comentado, en la República de Argentina ha sido materia de fallo jurisprudencial, según el Nuevo Diario del 12 de noviembre de 2008: “Buenos Aires. En un fallo que hará historia, y con el voto unánime de sus siete jueces, la Corte Suprema defendió la libertad de agremiación de los trabajadores y declaró inconstitucional la exclusividad que tienen los sindicatos con personería gremial en la representación de sus afiliados…”.

Si actuamos y nos respetamos como seres en ejercicio de nuestras libertades al tomar nuestras decisiones, reafirmaremos todas y cada unas de las libertades que históricamente nos hemos ganado como sociedad civil. De lo contrario, estaremos en discusiones y manifestaciones insensatas contrarias a la convivencia real y pacífica en nuestro país.

Sólo resta la tolerancia y el diálogo.

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Este artículo se publicó el 2 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Gestión agrícola y extensión

La opinión de…

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Luis Alberto Castrellon Oller —

La agricultura es una actividad tan antigua como el ser humano, quien la ha desarrollado, perfeccionado y, cada día, actualizado con técnicas científicas avanzadas, tan es así que el Diccionario de la Real Academia Española la define como “labranza o cultivo de la tierra” y como el “arte de cultivar la tierra”, definiciones que describen esa actividad en cualquier época.

En el siglo XVIII, en la época en que se forjaban las naciones, tanto en Europa como en América encontramos dos definiciones sobre agricultura de manera llana y con tremenda proyección hacia el futuro, que hoy día son tan válidas como cuando se dijeron en su oportunidad.

En España, Gaspar Melchor De Jovellanos (1744–1811), quien realizara estudios en filosofía, leyes y se dedicara a la vida pública, hizo un análisis a la Ley Agraria de su época, denominado Informe sobre el expediente de la Ley Agraria (1794), de allí que se le atribuye la siguiente cita “La agricultura es el arte que enseña virtud al hombre y la base de la opulencia a todas las naciones”.

En lo que hoy es la república de Argentina, contamos con lo expresado por Manuel Belgrano (1770–1820), un economista, periodista, político, abogado y militar, quien señaló: “La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias primeras que dan movimiento a las artes y al comercio”.

Hoy es importante analizar ¿cuál es la visión para el desarrollo de la actividad agrícola? Así tenemos que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, en su página de internet, respecto a la gestión agrícola y la extensión, nos dice que: “La gestión agrícola consiente a los agricultores una elección correcta entre las empresas de cultivo de acuerdo a su propio nivel de disponibilidad económica, de mano de obra y de tierras y según el nivel de riesgos adversos que una u otra entrañen.

A medida que los agricultores se orientan cada vez más hacia el mercado cambian las necesidades de la capacitación y los extensionistas enfrentan nuevos retos para ofrecer un asesoramiento adecuado”. Y “La extensión en la gestión agrícola se refiere a la educación informal de adultos e incluye, también, programas de capacitación de carácter formal, lecciones, tutores y consejos prácticos.

La extensión en los servicios agrícolas contribuye a que los agricultores planifiquen nuevas empresas; examinen la sostenibilidad de nuevas prácticas; identifiquen cambios para las empresas existentes; comparen diferentes empresas e identifiquen las más adecuadas; examinen y comparen prácticas de agricultores en el tiempo”.

Dicho lo anterior, nuestra agricultura se debe enrumbar por derroteros más sólidos y firmes, aprovechando las infraestructuras que el Estado ha realizado en distintas administraciones, como lo son los sistemas de riego; independientemente de los trabajos, actividades o infraestructuras propias que tienen que construir los productores, para beneficiarse de las grandes infraestructuras realizadas por el Estado, pues tienen que analizar el riesgo que conlleva hacer o no hacer sus propias infraestructuras, ya que de eso dependerá si continúa o no en la actividad agrícola.

Sobre la base de lo anterior, se debe acelerar el programa que ha planteado la actual administración sobre la cadena de frío, para otros sectores dentro de la agricultura, pues con esa actividad se le permitirá a los agricultores mantener y conservar los productos que requieren de esa parte del proceso para su comercialización, tales como vegetales, cucurbitáceas o frutas, ya sea para consumo interno o exportación. Si mejoramos nuestra producción agrícola seremos un pueblo libre, soberano, independiente y podremos tener mayor crecimiento económico en el sector agrícola.

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Este artículo se publico el 13 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Una mejor calidad de vida en Panamá

La opinión de….

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Luis Alberto Castrellón Oller

Los que aquí vivimos, debemos tener un país con mejor calidad de vida y por ello hay que corregir los males que a la fecha nos aquejan, injustamente heredados de parte de administraciones anteriores que no cumplieron con su deber de hacerlo.

A pesar de que se jactaron de que reformarían todo cuanto a su paso encontraran, por ejemplo, los impuestos, la Caja de Seguro Social, la seguridad ciudadana y la Constitución, respecto a estos temas, ¿cuáles han sido los resultados?

De lo antes indicado podemos observar que las reformas sobre los impuestos resultaron, verdaderamente, ser “saca plata”.   La seguridad social continúa con problemas financieros, administrativos y médicos.   La cacareada mano amiga contra el crimen lo que produjo fue más delincuencia y corrupción; y las reformas a la Constitución realmente fueron cosméticas, no se profundizó en ellas, pues se mantienen las deficiencias de los parches constitucionales, cuando lo que se debió hacer es una nueva y moderna Constitución.

Ahora bien, ¿cómo se produce o se realiza una nueva estructura para nuestra Nación?   Sobre esto saldrán al ruedo los defensores de la Constituyente originaria o de la Constituyente paralela o del grupo de notables de la sociedad o dirán que nada se puede hacer sino es mediante las formas que establecen los artículos 313 y 314 de la actual Constitución. He ahí lo intrincado del sistema actual, pues al contrastar los referidos artículos con la realidad política de la Asamblea Nacional para que apruebe y adopte una nueva Constitución, prácticamente se hace inviable.

En consecuencia, los panameños no queremos más parches constitucionales ni discusiones estériles y participaciones abreviadas, en salones azules, blancos o amarillos, sobre quién decide qué hacer con el futuro de la Nación.   Tenemos la imperiosa necesidad de buscar una solución que sea la más adecuada, democrática y por voluntad popular para que adoptemos una nueva y moderna Constitución para los próximos 100 años y más.

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Este artículo se publicó el 17 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Programa nacional de pasantías

La opinión de…..

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Luis Alberto Castrellón Oller

Hace unos días, en la Universidad de Panamá se realizó la graduación de 54 nuevos abogados y en los días venideros durante lo que resta del año seguirán las graduaciones de las diferentes facultades de nuestra primera casa de estudios superiores y en número similar saldrán al mercado laboral nuevos profesionales, lo cual resulta halagador que los jóvenes puedan cumplir esa etapa de su vida para ejercer sus profesiones y posiblemente obtener algún otro título de postgrado. Igual situación ocurrirá en otros centros de enseñanza superior tanto públicos como privados.

Ahora bien, para que ocurra lo anterior, los estudiantes han debido presentar sus tesis de grado o haber realizado práctica profesional y posterior presentación y evaluación de sus trabajos ante un tribunal calificador para obtener su título universitario.

Si todo lo anterior ocurre en los centros de enseñanza superior de nuestro país, por qué no se impulsa el diseño de un programa nacional de pasantías, en el que los estudiantes que participen de manera voluntaria antes de terminar sus estudios obtengan experiencias que le sirvan para la preparación de sus tesis o en los informes de práctica profesional. Por supuesto, que esa participación de los estudiantes debe ser remunerada.

En la actualidad hay varias instituciones estatales de fomento y financiamiento que no tienen el suficiente personal que contribuya con el seguimiento y la fiscalización de los recursos económicos que el Estado pone a disposición de los ciudadanos, tales son los casos de los programas de reciente data en Ampyme, o en los de transformación agropecuaria que promueve y fomenta el Mida o en los financiamientos de los programas que otorga el BDA o en cualesquiera otros que el Estado tenga o que en el futuro implemente.

En ese programa podrían participar estudiantes de las más variadas carreras profesionales, entre las cuales podemos mencionar los de contabilidad y auditoría, administración de empresas, economía, arquitectura, ingeniería, ya sea civil o industrial, abogacía, agronomía, veterinaria o cualquiera que sea necesaria, con el fin de que los estudiantes vivan el ciclo completo de cada actividad económica, lo cual les permitirá obtener experiencia para que en escasos meses puedan incorporarse a la actividad profesional laboral.

Todas las pasantías deberán cumplir con el plan de administración y fiscalización que se desarrolle en el programa nacional de pasantías con las instituciones estatales que se designen en este programa y los centros de enseñanza superior tanto estatales como privados que se incorporen al programa, a fin de que se cumplan dos objetivos fundamentales: primero que los recursos económicos que el Estado pone a disposición de ciudadanos se le dé la fiscalización y seguimiento adecuados para que los ciudadanos usuarios de esos recursos tengan la rentabilidad deseada, y segundo, que los estudiantes obtengan de primera mano toda la información necesaria para hacer sus tesis o informes para obtener su título universitario.

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Este artículo se publicó el 17 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

‘Corporatización’

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‘Corporatización’

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Luis Alberto Castrellón Oller
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El término corporatización como que no le suena atractivo al ciudadano común y quizás lo considera hasta foráneo, pero para la administración pública puede ser una buena herramienta, aunque no faltarán los estudiosos de esa materia, que esa palabra y la utilización de esa herramienta no es más que el inicio de la privatización de los servicios públicos y otras actividades propias del Estado.

En realidad la corporatización hay que analizarla en el más amplio contexto, y si es viable realizarla al amparo de la Constitución, si ya se ha hecho en suelo patrio, qué resultados hemos tenido, si se ha perfeccionado y qué ha ocurrido en otras latitudes del mundo.

Nuestra Constitución, en su artículo 159, ordinal 13, establece la facultad que tiene el Estado para expedir los pactos sociales para empresas de economía mixta o empresas industriales o comerciales que se dediquen a la prestación de servicios públicos.

Si esta norma existe en los últimos 19 años, qué ha ocurrido en nuestro medio; se han creado varias sociedades anónimas para atender servicios públicos para la ciudadanía, es decir, sí se inició el proceso de corporatización en el país, en efecto, se dio con la creación de Intel, S.A.

El caso de esta corporación es único, debido a que la ley que la creó autorizó la venta del 49% de sus acciones y un régimen de administración de sus activos y negocio por parte del adquirente de la porción accionaria antes indicada, la fórmula utilizada tiene sus detractores y defensores, pero en todo caso lo que hay que analizar es el resultado de la venta y el beneficio que ha tenido la Nación.

Sobre la base de lo anterior, estimo que el proceso realizado con Intel, S.A. debe quedarse allí, por dos hechos, porque uno, no se completa la privatización y dos, el Estado obtiene buenos ingresos que retornan al Tesoro Nacional vía los dividendos, los impuestos de Itbms por los bienes y servicios que adquiere y el impuesto sobre la renta que paga.

Los otros casos son la Empresa de Transmisión Eléctrica – Etesa y la más reciente, Tocumen, S.A., ambas sociedades de derecho privado que desarrollan servicios públicos que tienen resultados económicos orientados por la demanda del consumidor o usuario, aplicando conceptos comerciales y empresariales para dar servicios de calidad y eficiencia.

También se aplica el concepto de optimizar las inversiones para beneficio del usuario (ciudadano común), de sus colaboradores (anteriores funcionarios públicos) que pueden obtener salarios según el perfil adecuado de cada posición e ingresos adicionales por resultados de funciones o primas de productividad y de sus accionistas (Estado).

Lo que persigue la corporatización de un servicio público, es un cambio en la estructura organizativa de la actividad que realiza la administración pública, dándole total independencia: administrativa y económica, pero con los controles corporativos de auditoría, fiscalización y rendición de cuentas permanente por resultados administrativos, económicos y financieros de la corporación, lo cual se traduce en transparencia, porque se aplican todas las técnicas de administración comercial y empresarial modernas y constante actualización.

Una “corporación” 100% propiedad del Estado con las características comentadas y las que ampliamente se practican en varias partes del mundo, como en Norteamérica, Europa, Sur África y Asia, puede utilizarse como una herramienta para resolver grandes escollos que tenemos en nuestro país, tales como la recolección y reciclaje de la basura, cobro oportuno del servicio de agua potable y alcantarillado, servicios hospitalarios y farmacéuticos, correos urgentes (courier) y principalmente el transporte público en toda su extensión.

Finalmente, los ciudadanos que ocupen las posiciones de carácter directivo, gerencial, ejecutivos y colaboradores en general no solo deben ser los mejores, sino los adecuados para que los servicios públicos a prestar tengan éxito mediante la corporatización.

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Publicado el 4 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El estado de las autopistas y carreteras

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El estado de las autopistas y carreteras

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Luis Alberto Castrellón Oller
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La Constitución Política de la República y el Código Civil señalan que los bienes pueden ser de dominio público y de propiedad privada. La máxima norma de la Nación, distingue entre bienes patrimoniales que deben producir ingresos al Estado y bienes de dominio publico, pero estos últimos los divide en bienes destinados al uso público y los que son privativamente del Estado sin ser de uso público.

Para el ciudadano común lo anterior quizás sea puramente académico, doctrinal y jurídico, interesándole solamente lo que le resuelve sus problemas diarios y el servicio o utilidad que le pueda brindar esos bienes de manera práctica.

Me referiré a la preservación de algunos bienes de uso público, para cuyo uso se debe pagar una determinada suma de dinero que generalmente se denomina tasas, precios públicos o peajes, y que deben ser razonables. En principio, esos recursos económicos del Estado se deben utilizar juiciosamente para sufragar el costo de su construcción y, lo más importante, para su mantenimiento y reparación.

Un ejemplo de esto es la denominada autopista Arraiján–La Chorrera. Sin embargo, el ejemplo antes citado no es el mejor, pues el mantenimiento, conservación, reparación y ornato han brillado por su ausencia. Ocurre que durante casi todo el año la maleza abunda en las cunetas, desagües y orillas del pavimento, lo que trae como consecuencia que en la temporada lluviosa se produzca el deterioro acelerado de dicha carretera, algo inaceptable, ya que un sinnúmero de ciudadanos hemos usado la autopista, contribuido a su repago y pagado para el adecuado mantenimiento, reparación, limpieza y ornato, a fin de que esta vía durara el mayor tiempo posible y sólo sufriera el desgaste producto del uso y transcurso del tiempo.

Hay otros bienes como el ya señalado por los cuales los ciudadanos no hemos pagado directamente para su construcción, sino que lo hacemos mediante el pago de todo tipo de tributos. Pero, además de eso, el Estado se ha endeudado por sumas astronómicas para la construcción de infraestructuras, administración tras administración, como ocurre por ejemplo, con la vía Interamericana que atraviesa todo el país y las vías que fluyen hacia esa arteria de comunicación. Sin embargo, lo que hace falta es un programa intensivo para el mantenimiento, conservación, reparación, limpieza y ornato de esas vías.

Con este fin, se puede diseñar un programa sencillo para cuidar de estos bienes que forman parte del patrimonio del Estado y crear puestos de trabajo. ¿Cómo?, estableciendo juntas de caminos y carreteras en cada caserío, pueblo o ciudad por donde atraviesan esas vías y contratando a los lugareños, a través de las entidades estatales, provinciales o municipales para que realicen los trabajos de mantenimiento, conservación, reparación, limpieza y ornato de las infraestructuras.

Ahora bien, ¿de dónde saldrá el dinero?, pues del presupuesto de la Nación, revisando y reordenando las partidas que así lo permitan para salvaguardar los bienes del Estado, que son de todos los panameños. En el futuro se deben reorganizar las actividades y operaciones necesarias para lo aquí planteado.

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Publicado el  11 de julio de 2009 en el diario La Prensa; a quien, al igual que al autor, les damos todo el crédito que les corresponde.

¿Ciudad gubernamental?

¿Ciudad gubernamental?

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Luis Alberto Castrellón Oller
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Desde hace muchos años en distintas administraciones se acaricia la creación de una ciudad gubernamental en áreas de la antigua Zona del Canal; la más desarrollada fue en donde está el aeropuerto de Albrook Field, hoy Marcos A. Gelabert. El otro lugar que se consideró fue el campo de antenas detrás de la base de Clayton.

En ambos lugares se ha podido hacer este tipo de ciudad, que requería ser dotada de todo tipo de infraestructura, además de los servicios conexos o ligados a la convivencia como la alimentación, el transporte y los suministros de bienes y servicios para los miles de funcionarios o contribuyentes que irían a las distintas oficinas ministeriales, entidades autónomas o semiautónomas, empresas estatales o simples dependencias gubernamentales.

De manera que, ante la realidad de no contar con ese tipo de ciudad, estimo que debemos de encontrar soluciones más prácticas, pero con visión de amplitud o crecimiento de oficinas que alberguen la mayor cantidad de entidades en lugares propios, en vez de pagar millones de balboas en concepto de arrendamiento en edificios que, la mayoría de las veces, no son los más adecuados ni para los funcionarios públicos ni para los ciudadanos.

Estimo que más que una ciudad gubernamental se debe hablar de un conjunto de edificios que albergue las oficinas de la mayor cantidad de dependencias. El asunto es, ¿dónde se construye y cómo se hacen los diseños de ese conjunto de edificios de manera rápida, eficiente, eficaz y de calidad para beneficio de la ciudadanía lo más pronto posible? El lugar, sencillo, dentro de la ciudad de Panamá.

El Estado, en su sentido amplio, es propietario de varias manzanas de terreno ubicadas en calles amplias y bien cuadriculadas en las avenidas México, Justo Arosemena, Cuba y Perú; allí encontramos las manzanas donde se ubicaron las extintas rentas y el edificio del Mivi en El Marañón.

Asimismo, encontramos cuadras en donde se pueden construir grandes desarrollos habitacionales que no se han realizado; concertando con sus dueños pueden ser adquiridas o acordar otras formas para la construcción de edificios de dependencias gubernamentales con tecnología avanzada, comodidad, estacionamientos y espacio para futuros crecimientos.

Además, se puede promocionar la construcción de edificios con el fin señalado en cualquier cuadra de particulares, y edificios para estacionamientos amplios, seguros y baratos (pues su repago es a largo plazo) para beneficio de los ciudadanos y los funcionarios que concurran a las dependencias gubernamentales u oficinas de servicios conexos.

La factibilidad y diseños se pueden obtener en la cantera de conocimientos y experiencia de la Facultad de Arquitectura, de la UTP, SPIA, Capac, la sociedad civil y en cualquier entidad privada, pública o no gubernamental que desee colaborar con este proyecto, porque todos haremos uso de las instalaciones de los bienes del Estado al hacer un trámite en las dependencias gubernamentales. Este proyecto es compatible con los proyectos de vialidad y transporte que se contemplan hacer desde las afueras hacia la ciudad.

Además, las áreas propuestas cuentan con todo tipo de infraestructura, solamente hay que actualizarlas y posiblemente sea más barato que llevar toda la infraestructura a las áreas de la antigua Zona del Canal.

Publicado el 10 de junio de 2009 en el diario La Prensa