Otro exabrupto gubernamental

La opinión del  Secretarjo General del SUNTRACS…

GENARO LÓPEZ

Si las sesiones extraordinarias son convocadas para temas específicos, ¿cómo se explica que se reformen el Código Penal, Laboral y Judicial si esto no estaba en agenda, además de seis leyes adicionales: Ley General del Ambiente, Ley Orgánica de la Policía, la que crea el Tribunal de Cuentas, la Ley marco de Servicios Públicos, etc?   ¿Cómo la Comisión de Transporte puede aprobar un anteproyecto de ley sin consultar al resto de las comisiones en temas que le compete?   Tal como han señalado juristas del país, se entremezclan materias que debieran ser discutidas en forma separada por su especialidad.

No cabe duda de que esta actuación se suma a la larga lista de exabruptos del gobierno de Ricardo Martinelli, donde la Asamblea Nacional se convierte en cómplice del atropello contra el supuesto ‘Estado de Derecho’.

Lo actuado por la Asamblea, en la aprobación a tambor batiente del proyecto de Ley 177, que supuestamente promueve la aviación comercial, se convierte en una violación más a convenios internacionales y aspectos constitucionales en materia de derecho laboral, derechos humanos y ambientales. La forma en que se apresta a discutir y aprobar el proyecto es violatoria al reglamento de este órgano del Estado y a las normas constitucionales. De esta forma también se aprobó la denominada Ley Carcelazo, misma que ha sido demandada por inconstitucional.

Como en los mejores tiempos de la dictadura de Noriega, la Asamblea tiene que sesionar bajo el amparo de la llamada Policía Nacional, a la misma que le otorgan el derecho a la ‘Pena de Muerte’ al otorgarse impunidad a los policías asesinos y abusadores, quedará en las manos de estos el futuro de la vida de los ciudadanos panameños.

¿Cómo es posible que se le otorgue al Ejecutivo la potestad de prescindir de los estudios de impacto ambiental? En el mencionado proyecto, se pretende borrar gran parte del marco de protección que garantiza la Ley General de Ambiente, al excluir del requisito de estudio de impacto ambiental a ‘aquellas actividades, obras o proyectos estatales que sean declarados de interés social por el Consejo de Gabinete’. ¿Cuál será la actuación de estos mercaderes sobre la apertura del Tapón del Darién, la explotación minera, la venta de los ríos, playas y costas del país?

Ya la realidad ha demostrado que en ellos prevalecen sus intereses empresariales sobre el bienestar social de los panameños. Es decir, se pretende legalizar las catástrofes ecológicas, al colocar a la población en un estado de total indefensión, al atentarse contra el derecho a la vida.

El proyecto involucra reformas al Código de Trabajo, pretendiendo conculcar el derecho a huelga consagrado en la Constitución Política. Se elimina el derecho a arbitraje cuando los trabajadores salen en minoría en el conteo a favor de la huelga, la minoría que está en contra de la huelga podrá seguir laborando, afectando de esta forma el derecho a huelga.

Esta es la segunda oleada de reformas laborales bajo la conducción de Alma Cortés, pero ya está anunciada una tercera oleada.

Todo ello bajo el cinismo de Alberto Vallarino, quien ha señalado que en el debate a la reforma al Código de Trabajo nunca ha estado en la mente del Gobierno perjudicar a los trabajadores.

En un total irrespeto y menosprecio al pueblo, los diputados pretendía negar la participación de las diversa organizaciones, es a través de los esfuerzos de los obreros de la construcción, que se logra cinco minutos por grupo para plantear nuestras objeciones al proyecto de los mercaderes del gobierno.

Panameño, es hora de que expreses tu descontento ante la política del gobierno represor. El mismo se ha dedicado desde su arribo a imponer leyes antipopulares, como la del ITBMS, que desde julio incrementa en un 40% la carga impositiva al pasar de 5 a 7%, reduciendo el poder de compra de nuestros salarios.

No te dejes confundir, no se trata de actuaciones aisladas de ministros (Mulino, Molinar, Cortés, Vallarino, etc.), se trata de una política de gobierno, concebida bajo los intereses empresariales del grupo de poder económico que actualmente encabeza Martinelli, quien, al igual que lo hiciera Noriega, prefiere estar fuera del país (viaje 18 en 11 meses de gobierno) cuando se imponen leyes represivas, antipopulares y antidemocráticas.

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Artículo publicado el 13 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Reformas a los códigos nacionales

La de opinión de….

Elías Solís González

Las intenciones del Órgano Ejecutivo de reformar varios códigos nacionales han generado que ciertos sectores señalen, erradamente, que ese órgano del Estado no puede promover tales reformas porque es una facultad que la Constitución Política tiene reservada a la Corte Suprema de Justicia, al procurador general de la Nación y al procurador de la Administración.

Lo anterior implica un desconocimiento de las reglas de interpretación de la Constitución, particularmente del principio de unidad de la Constitución aplicable en este caso. Según ese principio, la norma constitucional no se puede interpretar en forma aislada, sino que debe considerarse dentro del conjunto constitucional. La interpretación tiene que estar orientada siempre a preservar la unidad de la Constitución como punto de partida de todo el ordenamiento jurídico.

En ese orden de ideas, al emplear el principio de unidad de la Constitución, nos queda claro que la Constitución Política no impide al Órgano Ejecutivo proponer a la Asamblea Nacional reformas a los códigos nacionales por las siguientes razones:

El artículo 159 de nuestra carta fundamental expresa que la función legislativa es ejercida por la Asamblea Nacional, que consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado. Dentro de la función legislativa, el numeral uno del artículo 159 incluye la expedición, modificación, reforma o derogación de los códigos nacionales.

Luego, el artículo 164 constitucional, relativo a la formación de las leyes, destaca que estas tienen su origen en la Asamblea Nacional y se dividen así: Orgánicas, las que se expidan en cumplimiento de los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 159; y ordinarias, las que se expidan en relación con los demás numerales de dicho artículo.

Seguidamente, el artículo 165 contempla la forma como serán propuestas las leyes a la Asamblea Nacional. Cuando sean orgánicas, como la expedición, modificación, reforma o derogación de los códigos nacionales, por: las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional; los ministros de Estado, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete; la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, siempre que se trate de la expedición o reformas de los códigos nacionales.

Lo anterior implica que tanto las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional como los ministros de Estado, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete, cuentan con iniciativa legislativa para proponer a la Asamblea Nacional cualquier ley orgánica, mientras que la Corte Suprema de Justicia, el procurador general de la Nación y el procurador de la Administración tienen restringida esa facultad, por cuanto sus propuestas de lege ferenda deben versar exclusivamente sobre la expedición o reforma de los códigos nacionales.

Por otra parte, nuestra historia constitucional y legislativa demuestra que el Órgano Ejecutivo cuenta con iniciativa legislativa para proponer leyes dirigidas a que la Asamblea Nacional expida, modifique, reforme o derogue los códigos nacionales. Por ejemplo, los nuevos Código Penal y Procesal Penal fueron propuestos a la Asamblea Nacional por el Consejo de Gabinete luego del trabajo realizado por las comisiones codificadoras, también designadas por el Órgano Ejecutivo.

De manera que el Órgano Ejecutivo cuenta con la facultad constitucional de proponer a la Asamblea Nacional leyes dirigidas a expedir, modificar, reformar o derogar los códigos nacionales, así como cualquier otra ley de naturaleza orgánica, mientras que la Corte Suprema de Justicia, el procurador general de la Nación y el procurador de la Administración solamente pueden proponer leyes orgánicas cuando sus iniciativas versen sobre la expedición o reformas de los códigos nacionales.

Ahora bien, estas reformas deben ser promovidas mediante leyes especiales destinadas a reformar cada código en particular y no mediante una sola ley modificar normas insertas en distintos códigos.

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Este artículo se publico el 11 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a l autor, todo el crédito que les corresponde.

Código Administrativo

La opinión del Abogado y Comentarista….
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Guillermo Márquez B.

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Código Administrativo

Nuestro Código Administrativo, desde hace ya buen tiempo, requiere una total revisión y sustitución, y sobre todo, que antes de mandarlo a imprimir sea revisado por una comisión de estilo apta para ello o por un catedrático del idioma español a fin de que su contenido no tenga párrafos oscuros y mucho menos, disparates. Tal debe hacerse también, muy escrupulosamente, con cuantas leyes sean aprobadas puesto que con la publicación de las mismas está en juego la imagen de nuestra Asamblea Nacional de Diputados y la de nuestro propio país.

Aparte de lo anterior, lastimosamente, a través de la lectura de nuestro Código Administrativo, puede el lector darse cuenta de que no pocos son los alcaldes que ha tenido el Distrito de Panamá que no lo han leído, y, peor aún, si es que lo leyeron, puesto que jamás hicieron cumplir varias de sus disposiciones. En virtud de ello, han dejado a miles de panameños, gente humilde, de escasa educación e impresionable, en manos de toda una pléyade de charlatanes y aventureros. Esos, a diario lo explotan haciéndose pagar dinero con promesas y ofertas de garantías para solucionarle sus problemas económicos, sentimentales y hasta de salud, a pesar de que, para su protección, esas son prácticas prohibidas y sancionables conforme a la ley.

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Publicado el 22 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Propuesta de reforma al Código Electoral

La opinión del Sociólogo y Político…..

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OLMEDO BELUCHE

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Propuesta de reforma al Código Electoral

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Una revisión somera sobre legislación electoral de otros países ilustra claramente que el Código Electoral panameño, al exigir 4% de adherentes de los electores que votaron en los últimos comicios, para inscribir un partido político, es uno de los más restrictivos y antidemocráticos del Continente.

Realizamos un estudio comparado con las legislaciones de Colombia, Costa Rica y México.   Costa Rica es el país más parecido a Panamá, por población y cantidad de electores. Además, es el país centroamericano de mayor tradición democrática.

El Código Electoral tico, artículo 64, establece: “e) Tres mil adherentes de electores inscritos en el Registro Civil a la fecha de la constitución del partido, si se tratare de partidos a nivel nacional. Para inscribir partidos de carácter provincial, se necesitará un número de adhesiones equivalente al uno por ciento (1%) del número de electores inscritos en la respectiva provincia?”. En números relativos, se exige para inscribir un partido político de carácter nacional aproximadamente el 0.12% de adherentes.

En el caso colombiano la Constitución Política establece las reglas para la inscripción de partidos políticos: “ Artículo 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos o movimientos políticos que se organicen para participar en la vida democrática del país, cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil firmas?”.

En las últimas elecciones presidenciales colombianas (2006) emitieron su voto 12,058,788 electores, que constituyen el 45% del padrón electoral. Lo que significa que solo se exige un aproximado del 0.2% de adherentes para inscribir un partido.

En México las reglas para inscribir partidos políticos se encuentran en su Código Electoral Federal, Título Segundo, Capítulo Primero, artículo 24: “b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados, en por lo menos, doscientos distritos electorales uninominales, ? en ninguna circunstancia el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del total del padrón electoral federal?.”.

Tres mil afiliados por 20 estados equivalen a 60,000 al igual que 300 afiliados por 200 distritos electorales. Si en 2003 estaban habilitados para votar 64.7 millones de ciudadanos, el requisito equivale al 0.09% del total de votantes.

En los tres casos mencionados la legislación exige menos de cuatro décimas del 1% (-0.04) adhesiones para registrar un nuevo partido político y el tope máximo es del 1% en los partidos cantorales y provinciales de Costa Rica.

El Partido Alternativa Popular propone que en la próxima reforma electoral de 2010, por motivos de semejanza regional y demográfica y por ser un modelo democrático, Panamá establezca los mismos parámetros exigidos por Costa Rica para inscribir partidos políticos nuevos: 3,000 adherentes.

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Publicado el 25 de septiembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre la seguridad nacional

Sobre la seguridad nacional

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La opinión del Pedagogo, escritor y diplomático…

PAULINO ROMERO C.

En primer lugar, iniciamos este escrito con una definición de seguridad nacional, que es la siguiente: “Seguridad nacional es la administración del poder nacional a fin de respaldar la obtención de nuestras aspiraciones institucionalizadas y mantener aquellas que conformen el patrimonio nacional”.

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En la antigüedad, con el nacimiento y organización de villas, pueblos y ciudades, la seguridad se circunscribía y se representó por las murallas fortificadas que rodeaban dichas urbes.   Cuando Roma se convirtió en el centro de la civilización y llegó a unificar los pueblos europeos y a los de la cuenca del Mediterráneo, la seguridad adquirió una nueva dimensión, haciéndose general.

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La comprensión de los conceptos de seguridad nacional, que han evolucionado con el correr de los años y las épocas que ha vivido la humanidad, serán, pues, un medio adecuado y útil para que los panameños, especialmente aquellos que han tenido acceso a una formación académica superior, distingan los factores que inciden esencialmente en la realidad nacional y así se forme una poderosa corriente de opinión, que nos impulse a obtener los objetivos nacionales, basados en principios democráticos y en el concepto de cultura occidental.

La estrategia para ello estará basada en el trabajo honesto, el orden, el estudio, la austeridad, la justicia social y la férrea unidad nacional, que se formará con el consenso de los panameños en materias tan importantes como las descritas.

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El desarrollo sociológico del ser humano, a través de las diferentes etapas históricas, lo conducen desde el más primario y simple grupo social, que es la familia, hasta las formas más complejas y sofisticadas, como son los actuales Estados. La seguridad es uno de los factores que determina este agrupamiento progresivo y simultáneamente también, se va adecuando a las nuevas necesidades que implica este crecimiento.

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En cuanto a las características de la seguridad nacional, podríamos enumerar algunas, tales como:

(1) La Seguridad Nacional es flexible y dinámica, para lo cual debe adecuarse a las características del Estado.

(2) Es una función de gobierno, que comprende la organización del poder para posibilitar que el Estado ejerza su soberanía.

(3) Es una función integral, porque debe emplear todas las fuerzas vivas de la Nación, correspondiéndole al gobierno la responsabilidad superior, puesto que solo él tienen autoridad y capacidad para hacerlo, coordinando, creando y ejecutando las acciones necesarias.
Derivado de esta característica, la seguridad nacional utiliza el poder nacional.

(4) Es una función esencial del Estado, dado que éste no se puede concebir sin la aptitud para proporcionarla. Ello significa prevenirlo contra ataques extranjeros y la subversión interna.

(5) Debe constituir una organización que permita plenamente apreciar, planificar, resolver y desarrollar todas aquellas políticas y estrategias conducentes a obtener los objetivos nacionales o para afrontar con buen éxito, cualquier interferencia o amenaza, incluyendo en ellas las de un conflicto bélico, cualquiera que sea su clasificación.

(6) Su organización y funcionamiento deben disponerse por leyes y reglamentos, reunidos sistemáticamente en un “Código de Seguridad Nacional” , cuyo origen debe estar establecido expresamente en la Constitución Política del Estado, evitando así acudir a la interpretación jurídica sofisticada para encontrar su raíz, como es de frecuente ocurrencia.

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Como conclusión a lo expuesto, reafirmamos aquellos puntos que hemos estimado esenciales sobre las características de la seguridad nacional.
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Publicado el 22 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Los concordatos penales: nuevo paradigma en la justicia penal

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Los concordatos penales: nuevo paradigma en la justicia penal
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Silvio Guerra Morales
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No hay duda alguna en sostener, cosa que he venido señalando en diversos congresos y conferencia que dictado a raíz de la inminente entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Punitivo, que al concluir o terminar el siglo XX, el enunciado que predicaba que:  “El Estado es el único administrador de justicia”, se encuentra en plena y patética crisis.

Cabe destacar, como cuestión imperiosa, que el propio sistema económico y político que auspició esta aparente verdad y que era de carácter convencional ahora está dizque preocupado por enmendarla y no solamente eso, sino que pretende sustituirla o abrogarla.

Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (representado por la sigla MARCS), integran el nuevo modelo que persigue reemplazar, a como dé lugar, al sistema aún vigente y su postulado fundamental de que : ”Para que haya administración de justicia debe estar de por medio la figura del Juez y un Fiscal que acuse”.

Esos mecanismos de resolución de conflictos se han dado en llamar la Nueva Justicia y que se encuentra caracterizada por el hecho de ser asumida por los propios involucrados en el conflicto o litigio.

De otra parte, dicha justicia programa toda su filosofía montada sobre dos conceptos pilares: 1. La idea del reconocimiento de la autodeterminación y 2. La autonomía de la voluntad del ser humano –principio basal heredado del Derecho Común- en sus relaciones como ente interactuante que es, de naturaleza gregaria, societaria, procurando mediante el diálogo y la confianza recíproca encontrar la paz que ha sido violentada tras el surgimiento del conflicto en el plano social.

Como ha sugerido algún autor, palabras que hacemos nuestras: “En términos sencillos, se propone generar una conversación sobre el conflicto y resolverlo en una proyección constructiva y no por la vía de “los pleitos”.

No cabe duda alguna en señalar que la administración de justicia a cargo del Estado, ha devenido en una especie de paradigma, casi absoluto, en los últimos tres siglos que ha demostrado innumerables desatinos y fracasos.  Sin embargo, corresponde ahora que nos preguntemos, a conciencia, si los medios alternativos de solución de conflictos devendrán en el nuevo paradigma del nuevo y próximo siglo y que los problemas del sistema de justicia actual en Panamá y en el mundo, realmente producirán un cambio en las orientaciones de “qué hacer con el acusado y con la víctima?

Al parecer, y todo lo indica, Panamá se adentra hacia ese nuevo sistema: El Artículo 220 del Nuevo Código de Procedimiento Punitivo –o Procesal Penal si se quiere- viene a entronizar, en nuestra justicia penal, la posibilidad concreta de que se negocie o concuerde la pretensión punitiva, aún así sea para neutralizar o enervar el ejercicio de la acción penal. Luego: ¿Qué sucederá con los jueces y los fiscales?. Tendrán cada día menos trabajo. Así lo vislumbro;  sin embargo,  confieso,  que amanecerá y veremos.

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Publicado el 31 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Urge una reforma electoral profunda

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Urge una reforma electoral profunda
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OLMEDO BELUCHE

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Quienes conformamos el Comité Ejecutivo del Partido Alternativa Popular (PAP), en formación, hemos enviado una Carta Abierta al presidente Ricardo Martinelli en razón de sus opiniones expresadas el domingo 21 de junio, en el sentido de alentar a los sectores populares y de izquierdas de Panamá a conformar un partido político, con miras a la participación cívica en próximos comicios.

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En el PAP estamos trabajando en esa dirección, pero le decíamos al presidente que el Código Electoral vigente está lleno de trabas que dificultan la formación de nuevos partidos, para quienes carecen de recursos económicos, en especial si sus componentes proceden de las capas medias y bajas de la sociedad.

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Para hacer realidad un avance en el proceso de democratización del país con la incorporación de sectores hasta ahora excluidos de participación, objetivo en que al parecer coincidimos, le solicitamos a Martinelli un compromiso formal para lograr una reforma profunda de la legislación electoral que incluya, entre otras cosas: Una disminución significativa de la cuota que se exige para la inscripción de nuevos partidos y candidaturas independientes; Una modificación de la forma onerosa en que se recogen las firmas de adherentes, con libros fijos o estacionarios, a libros móviles.

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La implementación democrática de la libre postulación presidencial, como establece la Constitución y ha certificado recientemente la Corte Suprema de Justicia; Establecimiento de topes y controles públicos a las donaciones privadas que reciben partidos y candidatos: Reglas claras que impidan la postulación de extranjeros o nacionales que hayan renunciado a la nacionalidad, así como personas investigadas por cualquier ilícito, postularse a cargos de elección popular.

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El desarrollo de estas reformas, y otras que se puedan sugerir, debe hacerse en un marco que escape al control de la partidocracia sobre la llamada Comisión de Reformas Electorales, que por ley debe reunirse seis meses después de los comicios, donde coartan persistentemente la participación de la sociedad civil.

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El presidente Martinelli, apoyado por una coalición que tiene clara mayoría legislativa, está en inmejorables condiciones para hacer realidad estas aspiraciones democráticas que comparte un gran sector de la ciudadanía. Por eso, un compromiso claro de su parte con el país, hacia estas necesarias reformas electorales, sería importante.

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Por nuestra parte, manifestamos que nuestra vertical oposición al programa social y económico diseñado por la Alianza por el Cambio, no será óbice para dialogar respecto a una materia tan importante para el futuro de nuestro país, como es la reforma profunda del Código Electoral.

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Publicado el 29 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Prescrito Caso CEMIS

Prescrito Caso CEMIS


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CARLOS A. HERRERA

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Este escándalo en el hemiciclo legislativo sobre un soborno para aprobar un proyecto que no lo necesitaba, más el otro asunto sobre la ratificación de dos magistrados de la Corte, tal vez como contraofensiva política, pero que involucraría a los legisladores contrarios al gobierno de ese entonces, quedo anulado y archivado.

Fueron tiempos muy tensos en el ambiente político legislativo, junto a lo ejecutivo y judicial, debido a la tormenta verbal desatada, que oscureció por completo el cielo de la patria.

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Si esto empezó en 2001, porque no me acuerdo de la fecha del escándalo, los que tenemos nociones en estas faenas procesales sabemos sobre la aplicación la Ley Constitucional, sustantiva y adjetiva, sin descuidar la competencia por la calidad de las partes, de modo que a los padres de la patria los juzga la Corte en Pleno y los magistrados de la Corte a su vez, son juzgados por los legisladores hoy diputados, en pleno.

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El Código Penal anterior que siempre vamos a usar, en el Libro Segundo, del Título X sobre Los Delitos contra la administración Pública , en el Capítulo Tercero Sobre Corrupción de Servidores Públicos , desde el artículo 331 hasta el artículo 335-B, que revisamos superficialmente, con el interés de publicar estos pensamientos, con el ánimo de alertar a la comunidad para que no se entusiasme sobre los resultados de esta segunda vuelta investigativa.

Prometo profundizar sobre este tema oportunamente. Volviendo al asunto que nos ocupa, ninguno de estos artículos tiene pena de prisión superior a los seis años.

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Vamos a copiar la primer norma del capítulo en cuestión: ”Artículo 331. El servidor público que personalmente o por interpuesta persona, acepte promesa, dinero u otro beneficio como retribución a sus funciones, que no se le deba, será sancionado con prisión de 2 a 4 años”.

Tiene la agravante hasta la mitad de la pena, lo que sería de 3 a 6 años, si el autor es funcionario del Ministerio Público o del Órgano Judicial.

El artículo siguiente no es pertinente, pero la sanción es de 2 a 6 años; el artículo 334 se refiere a particulares que ofrecen el dinero a los funcionarios públicos; el artículo 335 se refiere al servidor público que reciba dinero u otro beneficio con pena de 6 meses a 3 años o su equivalente en días multas; el 335-A es sobre enriquecimiento patrimonial y el que sigue tampoco es pertinente, pero la pena es de 6 meses a 4 años.

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La prescripción de la acción transcurre por el tiempo para instruir un proceso. El Artículo 94 establecía: “La prescripción de la acción penal comenzará a correr para los hechos punibles consumados desde el día de la consumación; para los continuados y permanente, desde el día en que cesaron, y para las tentativas desde el día en que se realizó el último acto de ejecución”.

Si esto ocurrió en el año 2001 y la prescripción no fue interrumpida con el auto de enjuiciamiento, el artículo 93 ordena la prescripción de este caso, cumplidos 6 años después de la comisión del hecho punible, si la pena señalada en la Ley es mayor de 6 meses y no excede de 6 años de prisión.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El estado de las autopistas y carreteras

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El estado de las autopistas y carreteras

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Luis Alberto Castrellón Oller
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La Constitución Política de la República y el Código Civil señalan que los bienes pueden ser de dominio público y de propiedad privada. La máxima norma de la Nación, distingue entre bienes patrimoniales que deben producir ingresos al Estado y bienes de dominio publico, pero estos últimos los divide en bienes destinados al uso público y los que son privativamente del Estado sin ser de uso público.

Para el ciudadano común lo anterior quizás sea puramente académico, doctrinal y jurídico, interesándole solamente lo que le resuelve sus problemas diarios y el servicio o utilidad que le pueda brindar esos bienes de manera práctica.

Me referiré a la preservación de algunos bienes de uso público, para cuyo uso se debe pagar una determinada suma de dinero que generalmente se denomina tasas, precios públicos o peajes, y que deben ser razonables. En principio, esos recursos económicos del Estado se deben utilizar juiciosamente para sufragar el costo de su construcción y, lo más importante, para su mantenimiento y reparación.

Un ejemplo de esto es la denominada autopista Arraiján–La Chorrera. Sin embargo, el ejemplo antes citado no es el mejor, pues el mantenimiento, conservación, reparación y ornato han brillado por su ausencia. Ocurre que durante casi todo el año la maleza abunda en las cunetas, desagües y orillas del pavimento, lo que trae como consecuencia que en la temporada lluviosa se produzca el deterioro acelerado de dicha carretera, algo inaceptable, ya que un sinnúmero de ciudadanos hemos usado la autopista, contribuido a su repago y pagado para el adecuado mantenimiento, reparación, limpieza y ornato, a fin de que esta vía durara el mayor tiempo posible y sólo sufriera el desgaste producto del uso y transcurso del tiempo.

Hay otros bienes como el ya señalado por los cuales los ciudadanos no hemos pagado directamente para su construcción, sino que lo hacemos mediante el pago de todo tipo de tributos. Pero, además de eso, el Estado se ha endeudado por sumas astronómicas para la construcción de infraestructuras, administración tras administración, como ocurre por ejemplo, con la vía Interamericana que atraviesa todo el país y las vías que fluyen hacia esa arteria de comunicación. Sin embargo, lo que hace falta es un programa intensivo para el mantenimiento, conservación, reparación, limpieza y ornato de esas vías.

Con este fin, se puede diseñar un programa sencillo para cuidar de estos bienes que forman parte del patrimonio del Estado y crear puestos de trabajo. ¿Cómo?, estableciendo juntas de caminos y carreteras en cada caserío, pueblo o ciudad por donde atraviesan esas vías y contratando a los lugareños, a través de las entidades estatales, provinciales o municipales para que realicen los trabajos de mantenimiento, conservación, reparación, limpieza y ornato de las infraestructuras.

Ahora bien, ¿de dónde saldrá el dinero?, pues del presupuesto de la Nación, revisando y reordenando las partidas que así lo permitan para salvaguardar los bienes del Estado, que son de todos los panameños. En el futuro se deben reorganizar las actividades y operaciones necesarias para lo aquí planteado.

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Publicado el  11 de julio de 2009 en el diario La Prensa; a quien, al igual que al autor, les damos todo el crédito que les corresponde.

El Tribunal Electoral en la mira

El Tribunal Electoral en la mira

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Rafael Spalding
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Los comentarios y preguntas que a continuación presento son con relación al Tribunal Electoral y las pasadas elecciones de 2009, toda vez que consideramos inapropiado que los magistrados del Tribunal Electoral promulgaran ganador al Sr. Martinelli por la televisión, cuando solamente se había contado un 40% de los votos.

Según los artículos 287 y 286 del Código Electoral, le toca a la Junta Nacional de Escrutinio proclamar presidente y vicepresidente a los candidatos con más votos; y solamente después de haber contado todos los votos emitidos.

Algunas personas comentaron que todos los votos ya se habían emitido, así que esa promulgación no influiría en la decisión del votante, y que estadísticamente el conteo de los votos ya indicaba convincentemente el resultado final. Estamos de acuerdo con que contar votos y predecir resultados es un asunto numérico que los matemáticos podrían explicar. Pero el número de votos es solamente uno de los requisitos para hacerse de un puesto de elección. La función de los magistrados del Tribunal Electoral no es de ser matemáticos sino de hacer cumplir y ellos cumplir con las leyes electorales. Me pregunto ¿sería apropiado que el árbitro de una carrera de larga distancia declarara públicamente virtual ganador al competidor claramente más aventajado antes de que completara el evento?

Referente a la elección del alcalde de la ciudad de Panamá, ¿por qué los magistrados del Tribunal Electoral no actuaron expeditamente, durante la campaña electoral, cuando se cuestionaba si el candidato electo Bosco Vallarino podía ser, en derecho, candidato a alcalde? Esto claramente es su responsabilidad, como especifican los artículos 142 y 143 de la Constitución Política de Panamá. Algunas personas comentaron que fue por incompetencia y otros que fue puramente una decisión política.

No creemos que los magistrados sean incompetentes. El 2 de julio de 2007, el Tribunal Electoral promulgó el Decreto No. 9, donde se actualizan las normas que les da derecho a votar en elecciones generales para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República a los ciudadanos panameños residentes en el extranjero. Una de las condiciones que dicho decreto especifica es que para votar es necesario que el ciudadano “No haya adquirido otra nacionalidad a la que no tuviere derecho por razón de su nacimiento”. Entendemos que miles de panameños en el extranjero no votaron por razón de esta condición. ¿Será posible que por adquirir otra nacionalidad se pierda el derecho ciudadano de votar, pero no se pierda el derecho ciudadano de ser candidato de elección popular?

Referente a la “decisión política”, se comentó que tener tres y no solamente dos candidatos podría diluir los votos, favoreciendo de una forma u otra a algún candidato. Si, en efecto, esto fue una razón por no aclarar expeditamente la condición del candidato Vallarino, entonces, se podría interpretar como un intento de manipular los votos.

Muchos ciudadanos piensan que la “inapropiada” promulgación y la tardía respuesta sobre la validez de la candidatura del Sr. Vallarino deberían ser investigadas. Ahora, según el Artículo 142 de la Constitución Política de Panamá, los magistrados del Tribunal Electoral son responsables ante la Corte Suprema de Justicia por las faltas o delitos que ellos cometieran. ¿Asumirá la Corte Suprema de Justicia su responsabilidad y aplicarán sanciones si fueran indicadas?

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Publicado el 7 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien, al igual que al autor, damos todo el crédito que les corresponde.

El proteccionismo programático no es conveniente

El proteccionismo programático no es conveniente

Alberto E. Fadul N. – Abogado

Sin duda alguna, y particularmente en materia de los trabajadores, el gobierno entrante debe modificar, vía reformas constitucionales, el propósito clientelista que promovió el general Torrijos en la Constitución de 1972, muy especialmente en materia laboral, a nivel constitucional y con la entrada en vigencia del Código de Trabajo, el cual ya ha sufrido algunas reformas en las cuales tuve ocasión de participar durante la presidencia del Dr. Ernesto Pérez Balladares. En aquella época, no se pudo hacer más por razón de las presiones abusivas interpuesta, sin justificación alguna, por el SUNTRACS. Ello produjo sus efectos negativos que le pusieron fin a una serie de cambios oportunos.

Creo que en materia de mi desempeño laboral, siempre he sido y seré respetuoso de los derechos de los trabajadores y de los organismos sindicales, los cuales considero necesarios en sus diferentes estructuras. Ese es un hecho probado; sin embargo, a nivel constitucional veo un proteccionismo programático que transgrede derechos y genera privilegios innecesarios e indebidos. El análisis limitado y recomendaciones formuladas abajo, respecto a cambios en el Capítulo Tercero de la Constitución actual, reflejan la objetividad con que debe tratarse tan vital temática.

El texto del Capítulo Tercero de la Constitución debe contener un solo artículo, enunciativo, en referencia al trabajo. El resto de lo contemplado, actualmente, en dicho capítulo (16 artículos), debe regularse mediante leyes especiales o formar parte del Código de Trabajo, donde falte algún tema, como lo es la protección de un año posterior al parto de la mujer (artículo 72 actual). También debo expresar que el propio Código de trabajo debe ser objeto de reformas, particularmente en lo referente a los efectos del cálculo piramidal, el cual es un tapón para el desarrollo, eficiente, de labores de carácter industrial y de otras empresas que laboran en turnos rotativos continuos.

El artículo 65, referente a la potencial participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, no es algo que procede dentro de nuestro sistema democrático representativo. Tal concepto debe quedar, exclusivamente, en manos de cada empresa y sus condiciones de viabilidad económica. Igual debe eliminarse el concepto expresado en el artículo 78, el cual se refiere a una “especial protección” en favor de los trabajadores. Tal concepto representa un privilegio desatinado, dentro del contexto genérico constitucional, que no reconoce privilegio alguno para personas o grupos.

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Publicado el 25 de junio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos todo el crédito que le corresponde.

La cuestión sindical: iniciativa importante de Torrijos

La cuestión sindical: iniciativa importante de Torrijos

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RAMIRO GUERRA MORALES- Abogado

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Hace algunos años puse a circular en el medio jurídico nacional un pequeño trabajo relacionado con uno de los elementos o pilares de la tríada del derecho a la organización sindical, la negociación colectiva como fuente de una de las instituciones más importante del mundo del trabajo y del derecho colectivo.

En el trabajo señalado, de manera enfática, acotaba que nuestro derecho positivo, el Código de trabajo, siguiendo los parámetros contenidos en los Convenios 87 y 98 de la OIT, contenía un conjunto de normas que no dejaban dudas en cuanto a quién se le tenía como el legítimo titular del contrato colectivo o convención colectiva de trabajo.

Las normas en el derecho positivo laboral panameño le otorgan la titularidad de la mismas a las organizaciones sindicales. En ese sentido, señalaba, que la relación sindicato-convención colectiva de trabajo, de acuerdo con los convenios aludidos y el derecho interno panameño, dan forma a una relación institucionalizada de cómo conducir las relaciones en el ámbito de las relaciones de trabajo, generadora de equilibrios y paz laboral.

Lo anterior, sin embargo, sufrió una grave ruptura cuando la Corte Suprema de Justicia, en algunos de sus fallos, resolvió asimilar al rango de Convenciones Colectivas acuerdos laborales negociados por grupos de trabajadores no organizados en sindicatos.

La Corte Suprema de Justicia con esos fallos introdujo un elemento de discordia y contradicciones en el seno de los trabajadores, perdiendo de vista que en nuestro derecho nacional el sindicato es reconocido como institución de la democracia y la cultura popular. A manera de denuncia, no faltaron empleadores que, tomando como referencia los fallos mencionados, promovieron acuerdos con trabajadores no organizados para debilitar la acción sindical.

En hora buena, el presidente Martín Torrijos emite el Decreto Ejecutivo No. 18 de mayo de 2009, mediante el cual, en forma reglamentaria, se deja establecido que los únicos que pueden negociar convenciones colectivas son los sindicatos. Consecuente con esta disposición el Ministerio de Trabajo queda autorizado para rechazar pliegos presentados por grupos de trabajadores no organizados que tengan la finalidad de negociar una convención colectiva de trabajo.

El Decreto Ejecutivo citado no vulnera el derecho de estos trabajadores a presentar pliegos para negociar acuerdos laborales contra empleadores, sin embargo la norma reglamentaria, haciéndose eco de la norma legal, señala que lo anterior no impide que un sindicato presente un pliego para negociar una convención colectiva de trabajo.

Como se pude observar el Decreto Ejecutivo promueve y estimula la importancia de la organización sindical y en ese sentido Torrijos le devuelve al mundo de la relación de trabajo la posibilidad real de estimular la negociación colectiva, sindicato-empresa, como creadora de paz y armonía laboral.

Publicado el 16 de junio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá.