Falacias en torno a las sociedades anónimas

La opinión de:

Ana Elena Porras

El escándalo ocasionado por la divulgación de archivos del estudio de abogados Mossak Fonseca, por el volumen y gravedad de la información ventilada en medios internacionales, alerta sobre algo que no habíamos pensado: que el sistema jurídico de las sociedades anónimas, en general, y de las fundaciones de interés privado y los fideicomisos, crea un doble sistema jurídico, un blindaje legal para un grupo económico privilegiado, contra los derechos de terceros, en especial, de las clases populares. Y que la confidencialidad entre el abogado y su cliente que ahora defiende el Colegio Nacional de Abogados, citando una cadena de leyes (creadas por ellos y aprobadas por diputados) debe ser revisado frente a las múltiples evidencias sobre el carácter de interés público de gran parte de la información que se esconde tras esta “confidencialidad”.

Aparto de esta reflexión los casos más sonados de compañías offshore utilizadas para el blanqueo de capitales y corrupción internacional (con demasiada frecuencia como para decir que fueron prácticas excepcionales), porque incluso los abogados están de acuerdo en que deben ser castigadas una vez se comprueben sus faltas. Cuestiono otros argumentos pendientes de profunda revisión, porque todavía hay quienes defienden la moralidad de las sociedades anónimas, el secreto profesional de los abogados, la evasión fiscal y otras alimañas, arropándose en la soberanía nacional.

1. Con frecuencia vemos que la legalidad y la ética están en contradicción. Decir que algo sea legal no equivale a que sea justo, ético, democrático ni honorable. La esclavitud, la servidumbre, el derecho de pernada, las indulgencias, la decapitación, entre otras, fueron prácticas legales en tiempos pasados de la civilización occidental, a pesar de que hoy nos parezcan salvajes, indignas o reprochables.

2. Insistir en que evadir impuestos no es delito penal en Panamá, según declaraciones de la procuradora de la Nación, a pesar de que este acto hurte dinero al Estado y, en consecuencia, a obras sociales, equivale a una condescendencia inexplicable, y hasta auspiciadora, en beneficio de quienes evaden impuestos porque no están en planilla y compran sociedades anónimas.

3. Afirmar que las sociedades anónimas son un instrumento legal para protegerse contra la inseguridad por posibles secuestros de familiares a cambio de dinero es un argumento flojo, porque saber quién tiene dinero y quién no es fácil, basta una simple mirada a las mansiones de la ciudad y la playa, a los autos, yates, aviones o helicópteros privados de quienes buscan ocultar su dinero, dizque por miedo o, incluso, por pudor.

4. Defender la intimidad de las personas bajo la confidencialidad abogado-cliente con el argumento de que la privacidad es un derecho humano debe llevarnos a preguntar: ¿Cuál es la naturaleza del secreto de las sociedades anónimas que se guarda con tanto celo? Buena parte de la confidencialidad profesional de los abogados esconde información de interés público y de terceros, en la medida en que encubre a últimos beneficiarios de las sociedades anónimas y el origen, la cantidad y resguardo del capital del cliente. Las sociedades anónimas se convierten en un instrumento para esconder al cliente y su capital, lo que permite, entre los daños menores y menos escandalosos: evadir impuestos en caso de herencias y evadir posibles reclamaciones de esposas divorciadas o compañeras unidas, hijos ilegítimos, trabajadores, entre otros, en defensa de sus derechos sobre el capital del cliente amparado en una sociedad anónima. En estos casos, la sociedad anónima actúa como una entidad legal superpuesta dentro del sistema jurídico, creando una especie de doble sistema, una fortaleza jurídica para blindarse de obligaciones legales frente al Estado y frente a terceros. En analogía con una sociedad medieval, crea una especie de fortaleza intramuros para su nobleza, separada del territorio extramuros para campesinos. Es decir, blindan a sus clientes como si fueran los habitantes de una fortaleza y los sitúan en un subsistema legal por encima del jurídico general de los Estados, que sí aplican a la población “extra muros” de la clase media profesional y los trabajadores. ¿Es esto ético y democrático? No contamos con normas que estipulen la forma en que se procesa penalmente a las personas jurídicas, apenas permiten que se ordene la declaración indagatoria de su representante legal.

5. Ningún panameño desea que el escándalo de los Papeles de Panamá lleve el nombre del país. Sin embargo, continúa siendo política del Estado amparar una legislación que sigue protegiendo a corruptos.

6. Analicemos otra tesis: Que los paraísos fiscales responden a los infiernos fiscales. Si a los defensores de paraísos fiscales les parece que algunos de sus Estados cobran una proporción demasiado alta de los ingresos de sus ciudadanos en calidad de impuestos, ¿por qué no debaten sus leyes fiscales en las instancias políticas correspondientes, sea Asamblea, Parlamento u otros para defender el sistema fiscal que piensan más justo? ¿Y por qué ampararse en sociedades anónimas que los proteja solo a ellos? ¿Acaso es justo que esa misma proporción de impuestos sea pagada por los demás ciudadanos trabajadores? ¿Y les parece bien que los evasores de impuestos se beneficien de las obras públicas financiadas por quienes sí tienen que pagarlos?

7. La propuesta de limitarnos a crear o depurar leyes que regulan las sociedades anónimas para poder oxigenarlas y mantenerlas vivas es una solución cosmética que no resuelve el problema de fondo que identifica a ese instrumento o subsistema jurídico como fortaleza intramuros que protege y, por tanto, genera castas, al blindarlas y situarlas por encima del sistema legal que aplica a las mayorías. Este problema no se resuelve con aplicar una técnica legal más refinada para resolver los vicios más groseros de nuestra debilitada institucionalidad. Si bien el uso de una buena técnica legal es necesaria, el problema principal que enfrentamos es que carecemos de visión de país y, en consecuencia, de visión de nuestro país en el mundo, que defienda principios de solidaridad y derechos humanos.

El escándalo de los Papeles de Panamá permite entender mejor los mecanismos legales que conducen a la desigualdad, la impunidad, la injusticia y la concentración de la riqueza, al esconder el origen del dinero de las sociedades anónimas y a sus beneficiarios.

<> Este artículo se publicó en el diario La Prensa el 28 de mayo de 2016.  Panaletras le da al medio al igual que al autor todo el crédito que les corresponde.

Importante congreso de abogados

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La opinión de…

Silvio Guerra Morales 

Se está desarrollando en nuestro país el Primer Congreso Internacional de Abogados y el Décimo Congreso Nacional de Abogados.   El Presidente del Colegio, Licdo. Rubén Elías Rodríguez y los miembros directivos han agotado esfuerzos y recursos. Lo han hecho bien. El Presidente del Congreso, la persona del colega y profesor Francisco Vega, también lo ha hecho muy bien y bien hecha la designación. Sobre todo destaca el alto perfil de excelentes organizadores y anfitriones que han aquilatado ser.

Han concurrido distinguidos juristas de lejanas tierras: México con la persona de Alfonso Pérez Cuéllar del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México; del Dr. A.J. Bennazar Zequeira, del ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico, y la presencia de grandes maestros del derecho, siendo figura de relieve el Dr. Carlos Alberto Ghersi, quien en el mundo del Derecho Civil brilla con luz propia.

El ciclo de conferencias ha girado en torno a temas de actualidad y de singular importancia: El Libre Ejercicio de la Profesión de la Abogacía, la Ética Profesional del Abogado, la Defensa de la Profesión, el Derecho Civil de Daños, Panamá como Centro Financiero y de Seguros a nivel Internacional, el Sistema Acusatorio y las perspectivas de su entrada en vigencia, el tema de la justicia y su transparencia, el ejercicio de la abogacía pro bonus –pro societatis-; etc.

Aunque confieso que esperaba mayor interés y entusiasmo por parte de la clase forense panameña, cosa que no se advirtió en la asistencia. No culpo a nadie, para muchos abogados pagar cualquier suma de dinero para asistir o estar al día en sus cuotas, resulta ser una suma insuperable. Pero bueno, allí estaban abogados y abogadas, la mayor parte de ellos, jóvenes abogados. Interesados en seguir conociendo y aprendiendo, actualizándose, avispándose en el mundo jurídico para ser mejores.

La importancia de este evento radica en algo sencillo: hacer que la casta forense patria sea mejor y que la sociedad panameña se sienta, día a día, orgullosa de sus abogados como otrora lo estaba de un Ricardo J. Alfaro, José Dolores Moscote, Narciso Garay, César Quintero, Juan Materno Vásquez, en fin y como hoy día también lo está de juristas de la talla de un Jorge Fábrega, Julio Sousa Lennox, Eduardo Lombana y tantos otros. Ser mejores en el servicio de la profesión; ser mejores para dar lustre y defender siempre la academia, el conocimiento y que impere el Estado de Derecho, la Justicia y que se tenga bien claro que la profesión de Abogado es una profesión, tal vez, la más noble de todas las profesiones y que, como dije al final de mi conferencia, sin abogados la Patria se derrumba por faltar la voz del que conociendo la Ley y el Derecho, no haya quien diga qué es ilegal o qué es injusto. Felicidades Don Rubén Elías Rodríguez y a todo el equipo que trabajó arduamente para que Panamá se distinguiera con la celebración de tan importantes eventos de perfil jurídico.

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<>Artículo publicado el 28  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La conducción de las audiencias por parte del juez de garantías

 

La opinión del Magistrado encargado de la implementación del sistema penal acusatorio….

 
JUAN FRANCISCO CASTILLO
jcastillo@organojudicial.gob.pa

Ante la inminente entrada en vigencia del nuevo modelo de justicia penal de corte acusatorio, no cabe la menor duda que el Juez de Garantías, quizás el servidor más representativo del sistema, tendrá que asumir un papel más protagónico y dinámico en la conducción de las múltiples y variadas audiencias que presidirá.

Eso lo decimos aceptando que cómodamente nos hemos venido acostumbrando a servir de facilitador de las diligencias, a dejar que los intervinientes controlen a voluntad el desarrollo de las audiencias, limitándonos a señalar las etapas, a quien le corresponde el uso de la palabra y por qué terminó.   Pocas veces llamamos al orden o le señalamos al interlocutor que precise o concrete sus argumentaciones en función a los puntos en debate.   Igual postura asumimos en los interrogatorios o contrainterrogatorios, donde, en la mayoría de los casos, los abogados preguntan lo que sea sin que importe mucho el respeto del tiempo y la paciencia del ciudadano, prácticamente dejamos a los testigos a merced de las partes.   Así ha sido siempre muy a pesar que en nuestro ordenamiento hay varias normas que nos recuerdan los deberes en la conducción de la audiencia (ver artículos 2358, 2366, 2367, 2368, 2369 y 2372 y otras disposiciones complementarias del proceso oral que se encuentran en el Código Judicial).

Cabría preguntarse sobre las motivaciones que tenemos los juzgadores al hacernos de la vista gorda y no aplicar esas reglas de conducción. Bueno, en cierta forma esa complaciente comodidad se va transmitiendo como buena práctica debido a que así nos evitamos molestias e incomodidades con los abogados.   En general, el abogado que participa en las audiencias quiere lucirse ante su representado y el público presente, por lo que nada bien le cae el llamado de atención del Juez, aún cuando sea consciente que interroga o argumenta fuera del debate. Es más, en muchas ocasiones se responde al llamado de atención con la más clásica de las argumentaciones, esto es ‘que le están limitando el ejercicio del derecho de defensa’.

Ahora bien, ante la implementación del sistema penal acusatorio que, entre otras cosas, innova creando la figura del Juez de Garantías quien se encargará de dirigir y supervisar una buena cantidad de audiencias, en las que incluso tendrá que de una vez emitir su fallo, se hace sumamente necesario que todos, no sólo el Juez, inicien por definir sus nuevos roles y asuman la responsabilidad que tienen en el compromiso de dotar de una justicia penal más efectiva a nuestro país.   Y para eso, primero el Juez debe capacitarse en el dominio de las destrezas que sean necesarias para conducir las audiencias de un modo sencillo, práctico, sin formalismos pero en forma efectiva, estableciendo los tiempos y las oportunidades a cada parte para que expongan claramente sus puntos de vistas en torno al objeto debatido. De igual forma el Juez debe reforzar sus capacidades en materia de argumentación oral, o sea que si se le exige que de una vez emita su decisión, tiene que contar con las herramientas no sólo para hacerlo en el acto sino para sustentar argumentativamente su fallo.

Compromiso también tienen los intervinientes en el nuevo modelo de corte acusatorio, donde todo se resuelve en audiencias públicas. Primero con la claridad y la precisión en la presentación de sus peticiones, mociones o demandas, luego en las oportunidades que se le brinden al hacer uso de la palabra. En efecto, tanto a la acusación como a la defensa se le aplicarán las mismas reglas de participación en la audiencia, tratando siempre que el debate se centre en el punto sujeto a discusión, que no se aborden temas que si bien relacionados no se pueden considerar en el acto o que se ensayen defensas anticipadas. Pero, ante todo, con este nuevo modelo de juzgamiento los abogados tendrán que ser lo suficientemente comprometidos y solidarios para con el sistema de justicia, como para entender que no se puede perder el tiempo, que la idea es que los ciudadanos reciban una pronta y efectiva justicia penal, un modelo donde no hay espacio para las dilaciones ni para las argumentaciones fuera de lugar.

A dónde llegamos? Al convencimiento de que este nuevo modelo de justicia penal impone roles muy exigentes a los actores, pero sobre todo un firme compromiso de ‘cambiar de actitud’.   Y de la misma forma como el Juez debe prepararse para asumir esas nuevas responsabilidades, los abogados acusadores y defensores deben, por lo menos, irse acostumbrando a la idea que en las audiencias les pueden llamar la atención cuando se apartan del punto, sin que ese rutinario acto de dirección o conducción de la diligencia se convierta en un atentado al derecho de defensa.-

 

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<> Este artículo se publicó el 16 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

‘ La abogacia: profesión de alto riesgo’.

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

JORGE ZUÑIGA SÁNCHEZ
zuniga.js@gmail.com

El abogado ofrece al público una variada gama de servicios; sus honorarios los fija la ley, aunque se establecen en la práctica respondiendo a las leyes de la demanda y la oferta.    Si ya de por sí es difícil lidiar con problemas ajenos, presionado constantemente por el cliente, y si a eso le sumas la indolencia de los funcionarios y la incertidumbre del cobro de honorarios, a causa de ese desgaste físico, en poco tiempo terminará en un hospital o de por vida sometido a delicados tratamientos ‘anti stress’.

La relación cliente – abogado es una relación de confianza recíproca, pero si el cliente desconfía de la habilidades e integridad de su asesor, y si el abogado realiza el encargo con temor a no recibir su ‘paga’, el desenlace final quedará en manos de la suerte.   El común de la gente no contrata al abogado para que lo defienda, sino que lo busca para que ‘le mate un caso como sea’ , y si encuentra al ‘sicario de la ley’ buscado, gustoso pagarán la suma que pida. El cliente que busca una solución ‘arreglada’, a un asunto de difícil solución, inclinará su preferencia por el abogado que se jacte del ‘buen manejo’ con el funcionario, pues piensa que ese contacto es indispensable para tentarle con ‘proposiciones deshonestas’. En cierta ocasión escuchaba decir a un curtido litigante, que la gente paga sin chistear por todo lo inmerecido, y paga con regateo los honorarios del abogado. En la calle se percibe que el buen abogado no gana los casos por sus conocimientos ni habilidades profesionales, sino gracias a los contactos personales y al dinero disponible.

En otros tiempos, por el respeto dispensado al abogado, su compromiso de parcialidad profesional no le generaba ningún riesgo. Pero hoy al abogado se le ve como un aliado del ‘enemigo’, y como está en uno de los bandos, debe prepararse para las represalias. Resulta paradójico, pero he llegado a creer que bajo estas condiciones, el abogado tiene serias razones para no interesarle que el problema de la mora judicial sea superado, pues si ‘ganas’ o ‘pierdes’ el caso, lo que tienes asegurado es un gran problema. El desenlace del juicio, luego de una largo transitar termina satisfaciendo sus aspiraciones justicieras, a costa del riesgo constante de la salud y la integridad personal del abogado.

<>Artículo publicado el 3 de noviembre de 2010  en el diario El Siglo, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/zuniga-sanchez-jorge/

Cuando un país quiere ser de cómica

La opinión de….

EBRAHIM ASVAT
easvat@elsiglo.com
 

Contrario a todas las corrientes modernas que despenalizan la calumnia e injuria, un grupo de anticuados abogados panameños han presentando un proyecto de ley donde se penaliza a los periodistas que cometan delitos contra el honor.

 

En un país como el nuestro, típicamente folklórico, son los deshonrados los que más necesidad tienen que se respete la honra y la reputación por lo menos en forma cosmética. Transforman la ley en una especie de ungüento o pomada, tipo Max Factor o Esté Lauder, con la cual esconden las arrugas o las manchas faciales.   Diré faciales porque el honor, la honra, la reputación es algo que permite salvar la cara más cuando se es de concreto como la de muchos en nuestro país.   Los rostros angelicales, transparentes, joviales o hermosos no necesitan de una ley que los proteja porque el honor, la honra o la reputación irradia y difícilmente puede ser ultrajada.

 

En los países civilizados no meten a los periodistas en la chirola, como escarmiento por una pluma atrevida. Se privilegia el debate de ideas, la transparencia, la libertad de prensa y expresión e igualmente la libertad intelectual. Frente a la importancia de que estas garantías desenvuelvan la función coactiva del Estado, se limita privilegiando estas libertades más allá de conceptos no tan precisos de honor o reputación.

 

A nadie le parecería más insultante al honor y a la reputación que el conyugue infiel que en forma escandalosa y pública traiciona a su pareja.   No hay la tipificación delictiva de la conducta del cónyuge.   Lo que cabe es el divorcio civil.

 

El proyecto de ley de los poco ilustrados abogados pretende a la vez constituir en delito la injerencia arbitraria e injusta a la intimidad o a la privacidad de las personas.   Hace unos años atrás, la esposa de un primer ministro canadiense amaneció con uno de los integrantes del grupo de rock Rolling Stones. La prensa canadiense registró los hechos.   En Francia, la anterior consorte del Presidente se empató con un ciudadano en la ciudad de Nueva York siendo Primera dama. La prensa francesa registró el hecho. En Paraguay, varias madres solteras le reclamaron la paternidad de su prole al Presidente de turno, la prensa registró los hechos.   Pretendemos penalizar hechos notorios, y a veces públicos, aduciendo el derecho a la intimidad personal. No hay periodismo perfecto, así como no hay seres perfectos ni vida social perfecta.   La responsabilidad sobre los actos o las declaraciones y noticias siempre será reclamable, pero de allí a privar la libertad personal por ejercer la libertad de prensa es un oxímoron.

<> Este artículo se reprodujo de la publicación del 19 de octubre de 2010 en el diario El Siglo,  a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el credito que les corresponde.

Mas del autor:   https://panaletras.wordpress.com/category/asvat-ebrahim/-

Funcionarios del gobierno y la corrupción

Bitácora del Presidente.  La opinión del Jurista, Ex Director de la Fuerza Pública y presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario El Siglo…

EBRAHIM ASVAT

A pesar de que ya existen convenciones internacionales y leyes nacionales que combaten la corrupción la mayoría de los funcionarios de gobierno, también empresarios, abogados, agentes intermediarios y los cabilderos desconocen las consecuencias penales y civiles que pueden involucrarlos por la comisión de actos relacionados con el soborno, el engrase o el pago indebido a funcionarios de gobierno.

 

Los Estados Unidos, donde existe una legislación desde 1977 denominada el Foreign Corrupt Practice Act, ha reforzado a sus oficinas de instrucción con más personal para atacar las prácticas indebidas de empresas estadounidense y también extranjeras que cotizan en bolsas americanas en sus actividades en el exterior; el énfasis será sobre Latinoamérica, una de las regiones más cuestionadas en materia de falta de transparencia en las contrataciones públicas y la corrupción como método para hacer negocios e inversiones.

 

La Asociación Internacional de Abogados (IBA) realizó recientemente una encuesta, entre profesionales de derecho, donde el 78% de los abogados latinoamericanos consideran que la corrupción es un tema que afecta el ejercicio profesional.  Entre los temas más relevantes está la corrupción de los jueces en la preparación de las sentencias judiciales y el soborno de funcionarios del gobierno para conseguir contratos, concesiones o autorizaciones para hacer negocios.  Lo que la mayoría de los abogados desconocían era la posibilidad de ser enjuiciados en sus funciones por participar en la corrupción de funcionarios o su intermediación para entregar, esconder o estructurar los pagos o sobornos.

 

Las legislación de los Estados Unidos y el Reino Unido tienen aplicación extraterritorial y empresas norteamericanas o inglesas como sus ejecutivos podrían ser enjuiciados en sus países de origen por corromper o participar en pagos ilícitos a gobernantes extranjeros.

 

La lucha contra la corrupción está trasladándose a terceros. Las prácticas de buena administración y de conducta moral se están implantando en firmas de abogados, bancos, agentes intermediarios, empresas de cabildeo y comisionistas a fin de que entre sus buenas prácticas se evite el pago o soborno de funcionarios públicos. En la medida que los terceros se sometan a prácticas de buena conducta y las legislaciones nacionales de los países inversionistas persigan la corrupción internacional coadyuvará a mejorar los niveles de transparencia en la gestión pública.

 

Los esfuerzos se están incrementando. Por lo menos en los Estados Unidos y el Reino Unido, exigirán mayores niveles de integridad a sus empresas.   En Panamá falta la adopción de códigos de conducta entre abogados, banqueros y contadores contra la corrupción y, la promulgación de legislación que regule a los actores intermediarios en negocios con el Estado y la prohibición de que los honorarios se pacten en porcentaje

<>Artículo publicado el 12 de octubre de 2010  en el Diario El Siglo,  a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más  de este autor en:   https://panaletras.wordpress.com/category/asvat-ebrahim/

La gracia constitucional como instrumento de justicia

La opinión del Jurista …

Ramiro Guerra Morales

Hacen aproximadamente nueve meses, en nuestro país, a instancia de la Fundación Universitaria para la investigación y el Desarrollo, se realizó un encuentro de juristas panameños, para analizar desde una perspectiva penal, procesal y humana, el juicio y las sentencias, que tienen a cinco ciudadanos cubano, purgando penas en los Estados Unidos.
En dicho eventos, destacaron las ponencias de eximios abogados y juristas, como Benedicto De León. José Dídimo Escobar, Silvio Guerra, Jerry Wilson, Ramiro Guerra, Javier Quintero, Hernando Franco Muñoz, el especialista en Derecho Internacional Roko Setka, Carlos Méndez, Julio Berrío y la Dra. Nuris Piñero, del Equipo de la defensa, de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antoniuo Guerrero Rodríguez, Fernando Gonzalez y René Gonzalez La apertura de este encuentro estuvo a cargo del distinguido jurista, Rubén Elías Rodrigues, presidente del Colegio de Abogados de Panamá.

Los juristas citados, se explayaron en sus respectivas ponencias, revelando objetividad como en efecto lo demanda todo análisis e interpretación, dejando al lado cualquier motivación ideológica que pudiera empañar sus magistrales conferencias. Las conclusiones quedaron a la vista en el sentido, de que se trató de un proceso penal saturado de irregularidades y violaciones al debido proceso. Los cargos de terroristas que le imputaron, nunca fueron probados y lo que si quedó en evidencia, que estos ciudadanos de cuba, actuaron, movido por un sentido o causa de necesidad, en tanto que procuraban informaciones para evitar acciones de asociaciones anticubanas contra su país. En el proceso, no se probó y no se podía probar, que ellos atentaron contra la integridad y seguridad del Estado norteamericano.

Una de las ponencias que destacó, desde las perspectiva de los derechos humanos, fue la del Lic. Carlos Méndez, quién apoyándose en normas de derecho internacional, sustentó, de manera clara y ejemplar, la violación al Pacto de Derecho Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; a las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos; sobre la pertinente al derecho del detenido a relacionarse con su familia y sus amigos, derecho Este consagrado en la Constitución de los Estados Unido, Organizaciones de derechos humanos y personalidades de los Estados Unidos, andado testimonio, que el trato en prisión, dado a los nacionales de Cuba, ha violentado las normas mencionadas.

El contexto descrito, es el que le sirve al señor presidente de los Estados Unidos, DR, Barack Obama, para enviar un mensaje de humanidad y justicia, de tal suerte, de que valiéndose de la protesta constitucional de su país, le conceda un indulto a los nacionales de Cuba, injustamente encarcelados y permitir con ello el encuentro de ellos con sus familias.

 

 

<> Artículo publicado el 8 de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.