De cómo un pequeño país perdió su soberanía

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La opinión de…

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Daisy Chacón Aparicio –

Todavía no salgo de mi asombro al constatar lo fácil que ha sido para las autoridades firmar un tratado de intercambio de información con Estados Unidos. Creo que comparto el mismo sentimiento de muchos profesionales en nuestro país, de estar inmersos en una pesadilla de la que no podemos despertar. A pesar de que mi naturaleza insiste en buscar siempre lo positivo de las cosas, en ver el vaso medio lleno y no medio vacío, en esta ocasión me temo que debo darle la razón a quienes son pesimistas.

Lo más escalofriante de esta situación son las declaraciones que le restan importancia a los señalamientos que realiza el gremio “abogadil”, preocupados por la seguridad jurídica y la prevalencia de las normas locales versus las internacionales.

La principal preocupación de este gremio es genuina y más simple de lo que pareciera. Existen dos temas importantísimos que quizás nuestras autoridades no ven y lo expondré de manera sencilla. El primero es el sistema tributario. En Panamá, el sistema tributario es territorial, en Estados Unidos es universal. El segundo, es que en Panamá, los asuntos fiscales no son considerados delitos criminales, caso completamente contrario a lo que establecen las normas del país con el cual acabamos de firmar el tratado. Esto quiere decir, en términos transparentes, que nos acogeremos a lo que establece la norma del país con el cual se ha firmado el tratado por encima de lo establecido en la nuestra.

Debemos recordar que este tema no es nuevo. Los norteamericanos llevaban varios años presionando a Panamá para que se firmara este acuerdo pues ellos sí tienen claro los alcances del mismo. Y hasta ahora, la posición de nuestro país que nos hacía sentir orgullosos de nuestra fortaleza, era sencillamente no. Pero, ojo, hay personas que no entienden el verdadero significado de la palabra no. Y aunque esta palabra es igual en casi todos los idiomas, insisten con la intención de cansar a la contraparte para lograr su propósito. Tristemente, en este caso, han ganado por insistencia.

No puedo evitar sentirme traicionada, sentir que he mentido al enarbolar durante años la bandera de la confidencialidad, asegurando que la seguridad jurídica de nuestro país estaba por encima de cualquier interés particular. Lo peor es que ni siquiera se nos consultó, la decisión se tomó de manera unilateral, sin importar los resultados que esta traería.

No nos quedará más que sufrir en carne propia las consecuencias que traerá esta decisión sobre nuestro país, nuestro sistema bancario, nuestro sistema societario y el ejercicio del derecho mercantil y fiduciario.

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<> Este artículo se publicó el  3  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.