¿Quiénes comen soberanía?

La opinión de historiador y escritor

Ricardo Arturo Ríos Torres

La juventud universitaria panameña realiza, el 2 de mayo de 1958, un acto heroico, inédito y trascendental en el devenir republicano.

La Unión de Estudiantes Universitarios (UEU), presidida por Carlos Arellano Lennox, con la Operación Soberanía, siembra 75 banderas panameñas en el enclave colonial del imperio de Washington en la zona canalera.

La acción patriótica sorprende a los zonians , a la CIA y FBI como a las fuerzas de seguridad de la Guardia Nacional al servicio de los estadounidenses. Los jóvenes, más de cincuenta, entran en el área de Balboa en forma pacífica, sin consignas y en un silencio que grita nuestro reclamo, siembran banderas de dignidad y honor en lugares previamente seleccionados, lo hacen en forma simultánea a las 10 a. m., hora del ‘coffee break’ de los gringos. Los estudiantes van de saco y corbata nadie los puede acusar de vagos o maleantes.

Panamá vence así la agresión psicológica del Coloso del Norte, la cual, desde la firma del oprobioso Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, se empeña en hacerle sentir a los panameños que el área canalera es otro país con sus propias leyes, una zona prohibida para nosotros, que ellos, intocables y poderosos, tienen el derecho a discriminarnos con su Gold y Silver Roll .

La juventud le dice al imperio de Wall Street que no le tenemos miedo, que la decisión de recuperar la plena jurisdicción nacional en todo el territorio del país es irrenunciable, que rechazamos cualquiera exclusión y sobre todo la impuesta por el Panamá Cede.

La policía de los zonians , afectada en su arrogancia, reacciona con un comunicado en el cual afirma que nunca más permitirá otra manifestación al estilo de la Operación Soberanía en el enclave colonial.

La siembra de banderas del 2 de mayo de 1958 determina un cambio de rumbo en las negociaciones canaleras, de la revisión se exige la abrogación del infame Tratado de 1903. Los Tratados Torrijos-Carter hacen posible la eliminación del enclave canalero, la perpetuidad y los zonians. El Canal es administrado por los panameños y forma parte del patrimonio nacional.

La Unión de Estudiantes Universitarios, dirigida por Ricardo Arturo Ríos Torres, y con el aval de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP), le responde a las águilas imperiales con la Marcha Patriótica del 3 de noviembre de 1959 en la avenida 4 de julio, hoy avenida de los Mártires.

La policía y el ejército de Estados Unidos desarrollan una violenta represión con más de cien heridos de bala, perdigones, culatazos y bombas lacrimógenas. Ezequiel González Núñez del Instituto José Dolores Moscote y Ezequiel González Meneses de la nocturna y activista de la Generación del 58 son detenidos y juzgados por un juez norteamericano con las leyes de Louisiana.

El pueblo panameño indignado reacciona e incendia la estación del Ferrocarril y el USIS e invaden la Embajada norteamericana e izan la bandera panameña.

La Marcha Patriótica del 3 de noviembre de 1959 es el antecedente directo del 9 de enero de 1964 con sus 21 mártires y cientos de heridos. Panamá rompe sus relaciones con los Estados Unidos.

La épica de la soberanía iniciada en la década de 1920, se reafirma con el rechazo del Convenio Filós-Hines de 1947 y es sellada con la Operación Soberanía de 1958, la Marcha Patriótica de 1959 y el 9 de Enero de 1964.

La épica de la soberanía es adversada por panameños con mentalidad de protectorado. La elite dominante con sus partidos políticos expresan en sus medios de radio, prensa y televisión que la soberanía no se come , que nos moriremos de hambre sin los gringos, que miles quedarán desempleados, que esa gesta nacionalista es de comunistas y revoltosos.

Hoy, gracias al sacrificio de nuestros mártires y a la actitud patriótica de los estudiantes, tenemos un país con un alto índice de crecimiento económico, un desarrollo financiero envidiado por los latinoamericanos, una metrópoli impresionante por su belleza y magnitud, el Canal es nuestro sin enclave ni zonians .

Hoy comen soberanía los herederos de los ilustres próceres, la plutocracia, los políticos y empresarios que ayer manifestaban no se come soberanía. Los apellidos de los privilegiados no están entre los 21 mártires del 9 de Enero, esos apellidos de los rabiblancos están en la Junta Directiva del Canal y entre los directivos administrativos. Ellos sí comen soberanía y en grande con sus negociados y prebendas. ¿Dónde están los millones del Canal?

La épica de la soberanía continúa, tenemos que sembrar banderas de decoro y equidad, en el corazón como en el alma, de los que sí comen millones con un canal que se conquistó con la sangre y las vidas de una ciudadanía militante. Un canal para los panameños.

<> Este artículo de Opinión lo publicó la Estrella de Panamá el martes 2 de mayo de 2017.

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El acuerdo minero Martinelli—Lee

La opinión del Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado al CELA

MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO
gandasegui@hotmail.com

El acuerdo minero (2011) entre los presidentes Ricardo Martinelli y Lee Myung—Bak (de Corea del Sur) tiene similitudes con el Tratado del Canal Hay—Bunau Varilla (1903). En primer lugar, la concesión minera de Panamá a favor de Corea, acordada por los ejecutivos, debe ser aprobada por la Asamblea de Diputados. En segundo lugar, los diputados tienen que cederle a Corea parte de la soberanía panameña, prohibido expresamente por la Constitución Política. El proyecto de ley minero, actualmente debatiéndose en la Asamblea, permitiría que una bandera extranjera se izara soberana en una parte de nuestro territorio. Además, tiene otros dos problemas que han sido denunciados por los panameños sin que el gobierno quiera escuchar: El proyecto permite la depredación de la naturaleza y no contempla el desarrollo social y económico del país.

El proyecto de ley minero refleja la tendencia antinacional de los últimos gobiernos, llevada a su extremo por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Ignora la importancia del concepto de soberanía que fue defendida por todas las generaciones de panameños en el siglo XX. Entrega los instrumentos legales a gobiernos extranjeros para que exploten los recursos del país sin retribución alguna. Destruye el ambiente panameño, poniendo en peligro el Canal de Panamá y todas las actividades económicas del país.

La contradicción constitucional estriba en que ‘la propuesta permite a gobiernos extranjeros participar de empresas privadas, eliminando la prohibición actual’. El proyecto ignora el artículo 290 de la Constitución que dice:  ‘Ningún gobierno extranjero podrá adquirir dominio sobre parte del territorio nacional’, definido ‘dominio’ como ‘la facultad de aprovechar las utilidades o beneficios de las cosas’.

Panamá inauguró el siglo XX concediendo la ruta de tránsito a EE.UU. para que construyera el Canal de Panamá. Ahora a principios del siglo XXI, el gobierno pretende cederle el subsuelo del territorio nacional al gobierno de Corea del Sur.

Además, el artículo 20 reescribe el texto constitucional y asegura que ‘los recursos minerales de todo tipo, podrán ser explotados directamente por el Estado, a través de empresas estatales o mixtas, así como para formar empresas privadas para este propósito o participar dentro del capital accionario de empresas privadas’ (Artículo 257). El abogado Harley Mitchel plantea que ‘la ley solo puede reglamentar ‘las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal’, no sobre las maneras en que el Estado puede explotar las minas. El mismo Estado crearía empresas mineras, con dinero público, cuyo patrimonio no sería del Estado, sino de la empresa, la cual puede trasladar acciones a otras empresas con capital y apoyo público de otros países’.

Desde el punto de vista económico, el proyecto de ley le entrega directamente a concesionarios extranjeros las riquezas del país. Según el médico Alessandro Ganci, las empresas que operan en el país proyectan una producción anual equivalente a 2,300 millones de dólares a partir de 2016. (Una producción anual de 255 mil toneladas de cobre, 90 mil onzas de oro y 1.5 millones de onzas de plata). Panamá recibirá solo un 4% en regalías; es decir, 92 millones de dólares al año. Chile recibe el 14% en regalías de las empresas cupríferas que explotan a cielo abierto las minas en el desierto de ese país. Los países del llamado primer mundo reciben el 50% o más por concesiones de este tipo.

El proyecto de ley pone en peligro el ambiente al modificar reglamentos y ordenamientos institucionales para favorecer a las empresas mineras. Por un lado, transfiere las responsabilidades ambientales de la ANAM a la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias. Por el otro, el proyecto ordena a la ANAM a realizar auditorías ambientales, sin que exista regulación al respecto, toda vez que no es este organismo, sino la Contraloría General de la República la que tiene la potestad gubernamental para hacerlo. Además, impide que las instancias gubernamentales puedan suspender las actividades de las mineras que no cumplen con sus responsabilidades ambientales.

El proyecto también promoverá la corrupción entre los funcionarios públicos, colocados en posiciones de mando, quienes puedan enriquecerse en forma contraria a las leyes. Según la Alianza Ciudadana, ‘el proyecto deroga el artículo 165 del mismo Código, que ordena colocar en Gaceta Oficial los nombres y domicilios de los servidores públicos que reciban las solicitudes de concesión y sus correspondientes pagos, mientras evita el derogar artículos que posibilitan que personeros de gobierno mantengan intereses en concesiones mineras’.

Este artículo se publicó el 11 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

A la caza del cobre de Cerro Colorado

La opinión del Periodista…

CARLOS CAMARENA MEDINA
ccamarena2004@gmail.com

Al ver el anuncio en el cual el ministro de Comercio e Industria promueve, con un discurso poco convincente, las bondades del proyecto de ley que modifica el Código Minero, me pregunté sobre el afán —tanto durante el período de consultas en la Comisión Legislativa de Comercio, como en los medios de comunicación social— de engañar a la población, de que el verdadero trasfondo de estos cambios no es meterle el diente a la reserva cuprífera de Cerro Colorado.

Si algún calificativo hay que poner a esta norma, es ‘a la caza del cobre en Cerro Colorado’, tanto que en un acto de torpeza mediática, el gobierno ha utilizado a sectores de la comarca Ngäbe Buglé, para que promuevan la explotación de este yacimiento metálico, a cambio del 50 por ciento de los beneficios generados.

Torpeza que raya en el descaro, pues han publicado páginas enteras en diarios, respaldando la explotación minera y todo mundo sabe quién paga esos costosos anuncios. Más, cuando en el periodo de consultas, desfilaron representantes indígenas ngäbe buglés, que apoyaron las modificaciones al Código Minero, lanzando petardos a los grupos ambientalistas, a quienes les espetaron que al rechazar los proyectos mineros, limitan el desarrollo de su comarca.

El denominado período de consultas fue el montaje para una decisión ya tomada, y que han querido maquillar con espejitos para llevarse las monedas de oro: que si el porcentaje de las regalía aumentarán de 2% a 4%, que las multas por daños ambientales serán mayores, mientras que la bonanza metálica permitirá sacar a los indígenas de la pobreza. ¡Y eso que las modificaciones no se imponen para explotar Cerro Colorado!

Mientras, los grupos ambientalistas, expresaron su ‘más profunda’ preocupación sobre el proceso y el contenido del polémico y nefasto Proyecto de Ley No. 277 que modifica el Código Minero, y que atenta contra la seguridad ambiental y la soberanía de Panamá.

Falta de consulta previa a la presentación de un proyecto que fue elaborado en secreto y a puertas cerradas, hicieron que las consultas ante la Comisión de Comercio fueran extemporáneas e improductivas, ‘ya que las bases de estas modificaciones no fueron previamente consultadas con los diversos sectores de la sociedad civil y comunidades afectadas’. Tampoco se divulgaron los borradores y los textos científicos (en caso de existir) o las opiniones de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), todo ello a pesar de numerosos intentos de obtener tales datos por parte de grupos interesados.

A pesar de la trascendencia del tema, ni en el período de consultas, ni en la aprobación a tambor batiente en primer debate, asistió la administradora de la ANAM, institución que estuvo representada por un funcionario de tercera categoría.

Los ambientalistas plasmaron su preocupación por la posición recalcitrante del gobierno de no integrar de manera efectiva los aportes de la sociedad civil en su conjunto. ‘Es desconcertante, y ante todo antidemocrático, que la Comisión competente en la Asamblea y el Ministerio de Comercio e Industrias hagan caso omiso a una propuesta de trabajar en comisiones para un profundo análisis y mejoramiento del Proyecto de Ley, tal cual fue planteado ante el ministro de la Cartera por las asociaciones civiles antes de que la Comisión iniciara las ‘consultas’ sobre el Proyecto’, destacaron.

A pesar de ser mercadeado como una norma ‘para el ambiente’ o para ‘darle herramientas a la ANAM’, este documento está plagado de errores de redacción que complican el entendimiento de las funciones de esa institución para el control ambiental de la minería, condicionando las inspecciones que hoy hace la ANAM, por razón de su competencia, al requerimiento de la Dirección de Recursos Minerales del MICI.

Los planteamientos de los ambientalistas son contundentes al señalar las inconsistencias de las modificaciones al Código Minero; tanto que dan para otro artículo. Por ahora, recomiendo a los voceros del gobierno no insistir en mentir, al decir que la aprobación de esta norma no tiene como finalidad explotar el yacimiento cuprífero de Cerro Colorado; porque con sus torpezas ellos mismo le han dicho a la comunidad que ese es el objetivo principal.

 

Este artículo se publicó el  11  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Es realmente necesario el nuevo Código Minero?

La opinión del Ingeniero …

Eduardo A. Esquivel R. 

Recientemente escuche en un programa de televisión al ministro Roberto Henríquez,  llamado por los ambientalistas “El Ministro Minero”, por causas obvias, explicar y defender con entusiasmo exagerado, el nuevo Código Minero, y tras la enclenque exposición, no me quedan dudas de que este es totalmente innecesario .

Desde luego que los burdos “señuelos” de esta Ley, para convencer a los ambientalistas y el pueblo en general son los aumentos en las regalías que recibe el estado, y los aspectos ambientales específicos en la minería.  Pero para esto no es necesaria una ley especial.  La Ley General del Ambiente es clara en que la ANAM puede regular por decreto todos los aspectos ambientales de la minería. Asimismo el Ministerio de Economía y finanzas puede regular las regalías de las mineras, como lo ha hecho anteriormente.

Es por esto falso que si no se aprueba el nuevo código minero, las mineras que actualmente tienen concesiones con el Estado, seguirán pagando lo mismo o perjudicando el medio ambiente, como alega el ministro Henríquez. Bastaría un par de decretos ejecutivos para arreglar este asunto.

De hecho el proyecto de Código Minero de marras, trata blandamente los aspectos ambientales y de las regalías que deben pagar las mineras. Cómo es posible que una empresa minera pague el 4% del oro extraído (o que dice que extrajo), cuando en otros países deben pagar hasta el 25% o más.   Cómo es posible que las empresas mineras contaminen y destruyan ecosistemas, y perjudiquen la salud de ciudadanos, y se burlen de las autoridades a través de tretas legales.   La flamante Ley de Delitos Ecológicos no se ha aplicado una sola vez en casos relacionados con la minería, a pesar de que existen muchos y con abundantes evidencias.

La verdadera finalidad del Código Minero, como dijo un medio recientemente, es “Permitir obtener concesiones a personas jurídicas en las que participen financieramente otros países”. Esto tiene un tufillo a inconstitucionalidad.

Si esto sigue así, en pocos años todas las empresas importantes de Panamá y gran parte del territorio nacional estarán en manos de extranjeros. Esta política económica malinchista puede que beneficie a algunos, para los que no tiene significado la soberanía, la identidad nacional o nuestra cultura. Es el “Himno Nacional” de las cajas registradoras de los neo-fariseos que nos acosan ahora. Hasta que el pueblo lo permita.

<>Artículo publicado el  1 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Minería, ambiente y soberanía

La opinión de…

Juan Jované

jovajun@yahoo.com

La propuesta que actualmente se debate en torno a la modificación del Código Minero merece, dado su posible efecto sobre el estilo de desarrollo nacional, ser analizada en base a su impacto ambiental y económico, así como desde la perspectiva de la soberanía sobre los recursos naturales de la nación.   En relación a los posibles impactos ambientales, la minería, principalmente la de cielo abierto, provoca un conjunto de huellas negativas entre las que se destacan las siguientes: infiltración de agua ácida; erosión y sedimentación; emisiones de partículas al aire; modificación del hábitat y pérdida de biodiversidad; contaminación de las aguas superficiales y subterráneas; y la emisión al ambiente de elementos químicos. En esto están involucrados procesos masivos de contaminación, tal como se desprende del hecho de que la producción de un solo anillo de oro de 18 quilates produce desechos mineros equivalentes a 20 toneladas, mientras que, por su parte, cada tonelada de cobre extraída genera 99 toneladas de residuos. Se trata, se debe agregar, de formas de contaminación que por su manera de actuar tienen generalmente efectos persistentes. Es así que, de acuerdo a los economistas ecológicos Joshua Farley y Herman Daly, las minas explotadas por los romanos hace más de 1,500 años siguen generando infiltración de aguas residuales ácidas hacia el suelo y el manto freático.

Así mismo, se trata de procesos costosos de controlar y revertir. De acuerdo a los autores citados la limpieza en Estados Unidos de cerca de 500,000 minas abandonadas se puede calcular entre 32 y 72 miles de millones de dólares. Por su parte Jared Diamond en su libro Collapse, en el que analiza un conjunto de casos en los que la sociedad colapsa por abusar del medio ambiente, llama la atención sobre el hecho de que una sola explotación minera en Montana puede llevar a generar un pasivo ecológico de cerca de mil millones de dólares. Conociendo esto los países desarrollados han venido poniendo en práctica leyes por medio de las cuales obligan a las empresas a hacerse responsables y a asegurar financieramente el pago de todos los daños generados no solo durante la construcción y la explotación de las minas, sino los que puedan generarse cuando esta se cierre. Se trata de un costo tan alto que ha motivado un relocalización de la minería hacia países que tienen leyes permisivas para la explotación. El hecho de que en la reforma al Código de Minería no se incluyan este tipo de provisiones coloca a Panamá entre los permisivos en relación al uso de su medio ambiente. Esto resulta especialmente preocupante en condiciones en las que, además, se permite que de manera explícita los Estados extranjeros logren, vía empresas que son dominadas por los mismos, hacerse dueños de los recursos mineros del país. La idea que la mismas no generarán presiones diplomáticas es ingenua. En la realidad la lógica de la explotación no será la del desarrollo panameño, sino la acumulación de quien instale en nuestro país un enclave minero.

<>Artículo publicado el  1 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Modificaciones al código minero

La opinión de…

 

Harley J. Mitchell Morán

El debate social sobre el Proyecto de Ley Nº 277, relativo a las reformas al Código de Recursos Minerales, se ha limitado a ser político, ignorando las enormes lesiones al sistema jurídico que este tendría de verse aprobado.

La propuesta permite a gobiernos extranjeros participar de empresas privadas, eliminando la prohibición actual del código. Evadiendo el artículo 290 de la Constitución que dice: “Ningún gobierno extranjero ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrá adquirir dominio sobre ninguna parte del territorio nacional”, definido “dominio” como “la facultad de aprovechar las utilidades o beneficios de las cosas”.

Por su parte, el artículo 257.6 de la Carta Magna señala que los yacimientos “podrán ser explotados directamente por el Estado, mediante empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesión u otros contratos para su explotación, por empresas privadas. La ley reglamentará todo lo concerniente a las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal”.

Pero, ignorando el principio de estricta legalidad, el artículo 20 de la propuesta de ley trata de reescribir el texto constitucional mencionado así:   “En virtud de lo dispuesto por el artículo 257, numeral 6 de la Constitución Política los recursos minerales de todo tipo, podrán ser explotados directamente por el Estado, a través de empresas estatales o mixtas, así como para formar empresas privadas para este propósito o participar dentro del capital accionario de empresas privadas, titulares de concesiones para exploración o explotación de los recursos minerales”.

La ley solo puede reglamentar “las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal”,   no sobre las maneras en que el Estado puede explotar las minas o autorizar la misma. Esto no es un error de redacción.

El mismo Estado crearía empresas mineras, con dinero público, cuyo patrimonio y responsabilidad no sería del Estado, sino de la empresa, la cual puede fusionarse, quebrarse o trasladar acciones a otras empresas con capital y apoyo público de otros países. ¿Quiénes serían sus dignatarios? ¿Su agente residente? ¿Serán funcionarios, o empresarios privilegiados por encima de otros empresarios? ¿Los actuales emprendedores mineros no se verían también afectados?

Las distorsiones de poder así creadas serían inmensurables: Los pobladores, la muy debilitada Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), los ecologistas y gobiernos locales ya no contenderían con empresas apoyadas extrajurídicamente por el Estado ante riesgos o peligros ambientales, como ha pasado durante los últimos años, sino contra “súper empresas” que tendrían a disposición diversos poderes extrajurídicos sobre los ciudadanos comunes y autoridades: lobbies, presiones, encuentros diplomáticos, empresariales e industriales dentro o fuera de nuestras fronteras, donde se mezcla lo que Michel Roberts llamó “la Élite del Poder”.

Los proyectos de ley deben ser evaluados sobre si su aprobación no cause desarmonía con el resto del ordenamiento legal, no únicamente con base en las opiniones personales, políticas o económicas de quienes participan, solicito a quienes tienen esta responsabilidad, que analicen ante la Carta Magna y la ley, los numerosos errores legales que plagan esta norma tan superficialmente discutida por nuestra sociedad.

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Este artículo se publicó el 29  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.