Sobre la violencia en Colón

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La opinión de……

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Roberto Moreno Obando

Diariamente observamos, con mucha preocupación, cómo en las noticias que se difunden a través de los medios de comunicación se hace referencia a los elevados índices de violencia que aquejan a la ciudad de Colón.

La tasa de homicidios per cápita en Colón es la más elevada de la República y los robos a mano armada, junto con la posesión ilícita de armas de fuego, mantienen igualmente estadísticas alarmantes.

La mayoría de estos delitos graves está relacionada al hecho de que en Colón existen numerosas pandillas que se dedican a delinquir y sus disputas por el territorio no solo ocasionan bajas entre sus miembros, sino que con frecuencia afectan a terceros inocentes.

Las autoridades han redoblado esfuerzos por controlar el flagelo de la criminalidad en Colón, aumentando las capturas de drogas y las detenciones de delincuentes, sin embargo, los que estudian el tema de la criminalidad han concluido que la represión por sí sola no resuelve el problema, ya que sus causas son múltiples y, en consecuencia, su solución requiere de un enfoque multidisciplinario.

Es evidente para aquellos que viven o trabajan diariamente en la ciudad de Colón que las desigualdades sociales que se observan en la misma son impresionantes y, a nuestro juicio, inciden en los índices de criminalidad, pues por un lado se tiene la opulencia de los negocios de la Zona Libre y de los barrios adinerados de las áreas revertidas, con la pobreza que se respira en algunos sectores de las 16 calles de Colón y lo que se conoce como el área de la carretera.

Estas inequidades sociales, aunadas a problemas como la desintegración familiar, el desempleo, la deserción escolar temprana, la corrupción, entre otros, a los que no escapa esa hermosa provincia, son un caldo de cultivo propicio para fomentar la delincuencia.

Hay esfuerzos, tanto de las entidades públicas como de las ONG, tendientes a atacar la criminalidad desde otros ángulos, como programas de resocialización de ex pandilleros, capacitación para insertarse en el mercado laboral, charlas a menores, actividades deportivas, etc., pero hemos observado que en su mayoría se trata de iniciativas aisladas y con poca coordinación de esfuerzos entre unos y otros, por lo que una política unificada de Estado en materia de criminalidad, actuando sobre la prevención, la represión y la resocialización, de manera coordinada, es indispensable.

Igualmente, es necesario dotar de recursos adecuados a todos los partícipes activos en la prevención y el combate de la criminalidad, pues en muchas ocasiones carecen de los elementos mínimos necesarios para realizar su labor con algún nivel de eficiencia.

Basta con mencionar el hecho de que existen únicamente tres juzgados de circuito para atender los delitos que ocurren en la provincia de Colón, y dos personerías, cada una con cinco funcionarios, para iniciar las investigaciones de homicidios.

Por lo anterior, se comprende y justifica la imperativa necesidad de crear un Tribunal Superior de Justicia que atienda los procesos que se generan en la jurisdicción de Colón, tal y como existe en otras provincias que no tienen ni el volumen ni la complejidad de los casos que se dan en la que una vez fue conocida como “La Tacita de Oro”.

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Publicado en 30  de diciembre de 2009 en el diario La Prensa a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Independencia judicial

La opinión de….

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Roberto Moreno Obando

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Independencia judicial
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Una vez más nos acercamos al momento en el que, de acuerdo a nuestra Constitución, el Presidente de la República deberá nombrar a dos nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia.

En los países democráticos el poder judicial está llamado a ser el fiel de la balanza que provea a la sociedad la seguridad de que existe un organismo al que puede acudir en busca de equilibrio entre el poderoso, llámese Estado o sector económico y el ciudadano de a pie, quienes frente a la justicia deben ser iguales, siendo su única ventaja tener la razón.

Para que este equilibrio funcione, se requiere de una administración de justicia fuerte e independiente, con recursos propios, que le permitan ser eficaz al requerirse su concurso, aún cuando esa eficacia signifique ir en contra de intereses económicos o políticos, lo cual en términos generales aún no ocurre en nuestro país.

Pareciese que aún no hemos comprendido que la administración de justicia es tan importante para el desarrollo de un país como la educación o la salud, o peor aún, que hay sectores que prefieren mantenerla, además de ciega, sorda, coja y atada de manos para que no pueda hacerlos responder por sus actos.

Además de la necesidad de dotar al sector justicia de recursos suficientes para su eficaz funcionamiento, es de vital importancia lograr que quienes juzgan lo hagan atendiendo a lo que dice la ley y lo que es justo, sin ser susceptibles de ningún tipo de influencias externas, las cuales no solo pueden ser de carácter político, sino además tentaciones económicas o amenazas tanto a su persona como a su situación laboral.

Para ello necesitan la estabilidad en sus puestos que solo le brindará una carrera judicial basada en méritos, además de salarios adecuados y condiciones mínimas de seguridad personal. En días pasados leíamos con estupor que un organizador de eventos en la Alcaldía gana más que un juez que debe resolver conflictos millonarios o decidir sobre la libertad de una persona, además de que no tiene siquiera un escolta que lo proteja de los criminales a los que ha puesto tras las rejas.

En los últimos años ha habido algunos avances en materia de independencia judicial, e incluso se logró que se tomara en cuenta a la sociedad civil a la hora de la escogencia de los magistrados y que se prohibiera que estos salieran de los ministerios y la Asamblea, limitando un poco la total discrecionalidad del Ejecutivo en dicho sentido, sin embargo, pareciera que estos avances van a involucionar de ser cierto que se pretende incluir a miembros del Ejecutivo en la comisión que participa en la escogencia de los mismos.

Es oportuna la ocasión para mejorar nuestro sistema, garantizando mayor transparencia en la escogencia de magistrados independientes, de reconocida experiencia y larga trayectoria, preferiblemente en la administración de justicia, lo que garantizaría que fueran totalmente ajenos a la política partidista, como ocurre por ejemplo en el sistema brasileño, que tiene una sólida ley de carrera, en la que se contempla que los jueces escojan de entre ellos una terna que es presentada al Ejecutivo para la designación final.

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Publicado el 4 de octubre de 2009 en el diario La Prensa a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.