Víctimas de la discriminación

La opinión de…

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Dialys Ehrman –

Los hechos acaecidos en la provincia de Bocas del Toro traen nuevamente a colación el tema de la discriminación racial de la cual somos objeto diferentes actores de la sociedad en su conjunto, especialmente, los indígenas y negros.

Después de más de 10 años de la mora del Estado panameño en rendir su informe ante la Organización de Naciones Unidas sobre este tema, por los compromisos asumidos en el marco de la Convención Sobre Todas las Formas de Discriminación Racial, me permito hacer la siguiente reflexión sobre el tema.

A pesar de los avances cualitativos y cuantitativos en materia indígena, es evidente que la intolerancia y la discriminación racial persisten en nuestro país, lo cual ha impedido notablemente el desarrollo social, económico y político de nuestros pueblos indígenas de Panamá, y se manifiesta en diferentes formas que paso a explicar.

1. Discriminación en el empleo: Los trabajadores indígenas son objeto de explotación y constituyen la mano de obra barata en Panamá, en la mayoría de los casos no le pagan seguro ni prestaciones laborales.

2. Discriminación en la educación: En la esfera de la enseñanza, en los planteles educativos de las ciudades existe un sistema que tiende a relegar a los niños y niñas indígenas y en especial si asisten al plantel con su vestimenta originaria; reciben malos tratos y marginación por parte de educadores y compañeros de salón.

El Estado al permitir esta marginación desde una etapa muy temprana atenta contra la armonía social entre los distintos integrantes de un plantel educativo.

3. Prejuicios racistas: Más allá de los factores económicos y sociales, la situación de los indígenas en Panamá es consecuencia de prejuicios seculares extendidos en la sociedad, así como de ciertas prácticas de los agentes de Estado que nos consideran ciudadanos de segunda categoría. Es decir, hay un marcado estereotipo que se manifiesta en los materiales de estudio (libros, etcétera), los medios de comunicación (radio, televisión, etcétera). Estas prácticas se basan en la ideología de superioridad del mundo occidental.

4. Discriminación en la salud y vivienda: La exclusión de nuestros pueblos indígenas de los derechos sociales, como salud y acceso a la vivienda, contribuye a un mayor empobrecimiento, falta de hospitales y centros de salud, escasez de medicamentos, y a la desvalorización de nuestra medicina tradicional.

La escasez de viviendas en Panamá es uno de los grandes problemas que atraviesa el país; los pueblos indígenas no escapan de ese flagelo. Según el sociólogo Manuel Canales: “La intolerancia es una disposición cultural que tiende al rechazo, en cualquiera de sus formas de la diversidad sociocultural. La discriminación por su parte, se entiende como la disposición cultural a reconocer desiguales derechos de las personas, atendiendo a criterios externos a la esfera propia de responsabilidad de los individuos, tales como etnia, edad, grupo socioeconómico de pertenencia, etc”.

Igualmente Manuel Osorio, en el Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales, define desde el punto de vista social, “dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos u otros”.

El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas de intolerancia son propias de la ideología occidental y se reflejan en la relación que la sociedad dominante ha mantenido con los pueblos indígenas en América, la cual se constituye como un problema histórico que tiene profundas raíces en el colonialismo que comienza con la invasión de 1492, practicada por el Estado y la sociedad panameña occidental desde entonces.

Finalmente, hacemos un llamado de reflexión al Gobierno Nacional, a definir las políticas públicas que garanticen el ejercicio de nuestro derecho al desarrollo, que los diputados empiecen a elaborar las leyes necesarias que tipifiquen y sancionen penalmente las conductas y prácticas discriminatorias, xenofóbicas y racistas, vengan de donde vengan; a establecer procedimientos y recursos para una efectiva atención de las denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y problemas de racismo en general; que los tres órganos del Estado empiecen a promover políticas realmente pluriculturales y plurilingües, con el pleno reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y la promoción de relaciones interculturales en el marco de los derechos colectivos e individuales.

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Este artículo se publicó el 29 de julio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Reflexiones sobre el tema indígena

La opinión de….

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DIALYS  EHRMAN

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Reflexiones sobre el tema indígena

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El pasado 12 de octubre, “día de la resistencia” para los pueblos indígenas del mundo, después de un impasse de cuatro años en cuanto a marchas a la Presidencia, los diversos sectores volvieron a organizarse, esta vez bajo el liderazgo de nuevos dirigentes del pueblo ngäbe-buglé, quienes con el apoyo de otros actores de los pueblos indígenas y no indígenas caminaron a la Presidencia, pero no fueron recibidos por situaciones que se dieron in situ.

En la última marcha, realizada en octubre de 2004, fue toda una odisea lograr que, finalmente, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip) lograra un acuerdo con Frenadeso en torno a la marcha. Representantes de ambos grupos fueron recibidos por el Ministro de Trabajo de ese año y presentaron sus respectivos pliegos, por separado, de los cuales se cumplió lo relativo al reconocimiento de “las tierras colectivas”.

A mi juicio, dos son las razones por las cuales se dieron los hechos del 12 de octubre pasado:

1. Desde el Gobierno, la ausencia de una estrategia para recibir y atender a los dirigentes y autoridades dio lugar a las críticas de diversos sectores por la falta de tacto y atención de los nuevos gobernantes al tema indígena, toda vez, que los hechos fueron publicitados a través por los diversos medios de comunicación.

La nueva gestión gubernamental no debe ver el tema indígena desde lo puramente social, es una obligación de los Estados nacionales dar respuestas en materia de salud, educación y empleo a todos sus conciudadanos, en especial, a los sectores vulnerables y con características muy particulares como las mujeres, niños, discapacitados e indígenas. Hoy las demandas y derechos de los pueblos indígenas van más allá de las demandas sociales, por ello se requiere de otra mirada y un replanteamiento del tema indígena, de manera transversal y con visión compartida, a fin de que las políticas públicas en materia indígena sean el producto de una verdadera consulta y se atienda como tema de Estado.

2. Desde el movimiento indígena, porque la crisis de gobernabilidad que enfrentan nuestros pueblos a lo interno de nuestros autogobiernos, ha dado lugar en algunos casos a que los nuevos liderazgos rebasen a sus autoridades tradicionales, quienes fueron irrespetadas, impidiéndoles entrar a la Presidencia, so pretexto de no ser ellos los organizadores de la marcha y otras motivaciones.

Esto resalta los momentos difíciles de gobernabilidad e, incluso, agregaría de lucha de poder, lo que también requiere de una mirada retrospectiva para que a lo interno de nuestros pueblos tengamos la capacidad de análisis y voluntad para hacer los ajustes y propuestas que requieren los cambios y reestructuraciones a lo interno, para fortalecer nuestros propios procesos.

Los pueblos y culturas no son estáticos, también evolucionan; el nuevo escenario nacional e internacional requiere de un replanteamiento de nuestros autogobiernos, de la rearticulación de espacios de concertación (Coonapip, instancia de concertación y articulación de los siete pueblos indígenas de panamá) y la reconstrucción de nuevos paradigmas, desde los niveles locales y nacionales, garantizando a nuestros pueblos el ejercicio de autoridad. Esto, porque a diferencia de otros pueblos en el mundo, en Panamá son las autoridades tradicionales los interlocutores ante los Estados nacionales, organismos multilaterales y sectoriales y organismos de cooperación, quienes constituyen la fortaleza de los autogobiernos indígenas, los cuales tienen un gran compromiso con las nuevas generaciones.

Para los pueblos indígenas, sigue constituyendo un desafío la construcción de Estados democráticos, inclusivos, multiculturales y equitativos en el marco de los nuevos modelos de estado. El nuevo escenario político a nivel nacional e internacional exige la capacidad de autocrítica permanente de los gobiernos y el movimiento indígena. Ha llegado el momento de la reflexión profunda de lo que queremos y hacia dónde vamos, pasemos de la retórica a las propuestas.

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Publicado el 14 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Políticas públicas y pueblos indígenas

Políticas públicas y pueblos indígenas
Dialys Ehrman
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En el contexto nacional e internacional hay todo un movimiento indígena que data desde la década de 1970, movimiento este que ha tenido un proceso organizativo y progresivo en la lucha por las demandas de los pueblos indígenas a nivel internacional y que, en muchas ocasiones, ha incidido en la demanda y reivindicaciones de derechos a nivel nacional y local.

Muchos acontecimientos trascendentales se han dado durante los últimos 20 años en relación a los pueblos indígenas del mundo.

La década de 1990 está caracterizada por el despertar indígena en América Latina. La irrupción de los pueblos indígenas en el escenario local e internacional ha logrado que se escuche su voz, desde una pequeña comunidad hasta la máxima tribuna internacional.

La participación indígena en diferentes espacios nacionales e internacionales tiene cada vez más fuerza e impacto en las políticas gubernamentales de varios países de América Latina.

Latinoamérica vive una experiencia inédita en la apertura de espacios en la administración pública en diversos países de la región a fin de ir definiendo las políticas públicas en los diferentes órganos de los Estados nacionales.

Por ello es importante destacar que en Panamá, en el marco del Proyecto de Modernización y Fortalecimiento del Órgano Judicial, en el componente de acceso a la justicia, se plantea por primera vez al más alto nivel de un órgano del Estado, el tema indígena, trayendo a colación la necesidad de abordar como un primer momento, un diagnóstico de la realidad de acceso a la justicia en los pueblos indígenas y por otro lado un análisis de su propia justicia.

Para lograr los resultados de este primer diagnóstico, se llevaron a cabo talleres deconsulta con las autoridades indígenas, lo cual trajo como un primer momento un documento base para el Órgano Judicial.

Hoy después de tres años de trabajo y con el apoyo de la Asociación de Abogados y Abogadas Indígenas de Panamá (Unaipa), se logra por primera vez en el país, bajo la presidencia del Dr. Harley Michell, el Acuerdo No. 424 de 2009, mediante el cual se crea el Departamento de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas en el Órgano Judicial, resaltando con ello un hecho histórico, al desarrollar políticas públicas en materia de administración de justicia por y para los pueblos indígenas de Panamá.

Igualmente es importante destacar que en el Órgano Legislativo tenemos la Comisión de Asuntos Indígenas desde 1995, logro que se dio por el impulso de las mujeres indígenas de Panamá y la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), bajo la presidencia de Balbina Herrera.

Finalmente queda pendiente que el Órgano Ejecutivo, replantee el tema indígena, donde ya existen muchos documentos como el denominado el “Resumen Ejecutivo”, la Consultoría del BID, el trabajo realizado por dirigentes y lideresas indígenas, todos referentes a la necesidad de transformar la Dirección Nacional de Política Indigenista, hacia una nueva institucionalidad, que marque una nueva relación Estado-pueblos indígenas, que permita con una visión compartida desarrollar los cambios necesarios acorde con los tiempos modernos para la consecución de las políticas públicas de desarrollo con identidad para los pueblos indígenas de Panamá.

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Publicado el 20 de junio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos todo el crédito que le corresponde.