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La opinión de…
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Stanley Muschett Ibarra –
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El Ejecutivo no ha ocultado su satisfacción por los resultados del reciente diálogo celebrado en torno a la Ley 30, mejor conocida como Ley Chorizo. Y en ello tiene razón. Un maratónico esfuerzo de tres meses, motivado por el rechazo que costó vidas y afectó familias por la forma en la que se elaboró dicha ley, hoy ofrece el resultado de leyes que de manera individual, como debió ser, trata cada uno de los temas que serán debatidos en la Asamblea. Consulta y consenso sigue siendo pues, el nombre del juego.
Consulta y consenso que los panameños hemos practicado de manera reiterada a partir del momento en que nos decidimos acometer la reconstrucción del Estado, la nación y la sociedad panameña tras la invasión que puso fin a los sucesivos regímenes militares iniciados en 1968.
Consulta y consenso expresados desde el primer intento encarnado en la convocatoria al compromiso ético de Santa María la Antigua, que guió la celebración de las primeras elecciones en libertad, pasando por el que dio origen a la Ley Orgánica y Título Constitucional del Canal de Panamá, hasta llegar a la Concertación Nacional para el Desarrollo.
Consulta y consenso, sobre las cuales se tuvo dudas en más de una ocasión, no tanto por el ejercicio y entrega de los hombres y mujeres que sentados debatían para llegar a recomendar lo que creían era mejor, sino dudas sobre el cumplimiento final por parte del gobierno y de las partes involucradas para hacer efectivos y reales los acuerdos producidos en cada uno de estos ejercicios. Pero esta vez, motivados por las lecciones anteriores y la necesidad, las cosas han sido diferentes, porque antes de sentarse a la mesa decidieron que se respetaría lo acordado y que se llevaría a las instancias correspondientes para que fueran realidad, y ya estamos viendo los primeros frutos de ello.
Esta vez hubo declaración y compromiso previo de voluntad política, lo que deja en clara evidencia que no han sido malos o inútiles los diálogos promotores de consenso realizados con anterioridad, como afirman muchos, incluidas autoridades de hoy, sino que lo que falló fue la ausencia de auténtica voluntad política de los responsables del momento.
Los ejercicios de consulta ciudadana, llámense como se llamen, no tienen identidad política ni bandería. No son ni expresión de debilidad por parte del gobierno ni aspiración de cogobernar por la ciudadanía. No tienen dueño, sino que pertenecen a la sociedad entera, a través de los actores de todos los estratos que deciden anteponer el bien común a cualquier otra consideración.
Han sido practicados desde el gobierno del presidente Endara hasta el actual y si miramos hacia atrás, podemos afirmar que hemos logrado mucho gracias a ellos, tanto en el campo de las cosas concretas como en el de la misma gobernabilidad, porque esta se ha vuelto más democrática cada vez que gobierno, partidos políticos y sociedad civil (aunque no guste el nombre a algunos) se han sentado a procurar el consenso.
Qué bueno ver los rostros que, aunque fatigados, transmitían ilusión y esperanza en las portadas de diarios e imágenes televisivas. Ahora, corresponde no olvidar la lección y poner en práctica lo aprendido. Voluntad política para de veras “hacer juntos un mejor Panamá”. Consulta y consenso es el método y voluntad política la fórmula.
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<> Este artículo se publicó el 24 de octubre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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